|
Demandan
que
se
garantice
la
cualificación
de
los
intérpretes
y
que
no
se
ceda
ante
la
presión
de
las
macroempresas
que
actualmente
prestan
este
servicio
y
que
envían
a
personas
no
profesionales,
en
algunos
casos,
incluso
con
antecedentes
penales.
 Una mujer
extranjera
víctima
de
violencia
machista
a la
que
su
intérprete
aconseja
volver
con
su
maltratador.
Un
marinero
senegalés
a
quien
el
intérprete
extorsiona
en
un
caso
de
tráfico
de
drogas.
Un
intérprete
que
filtra
información
al
proxeneta
tras
asistir
a
una
víctima
nigeriana
de
trata.
Estas
situaciones
se
están
produciendo
en
nuestros
tribunales
y
comisarías
sin
que
hasta
ahora
se
haya
hecho
nada
por
evitarlo.
El
Partido
Popular
podía
atajar
el
vacío
legal
que
hoy
en
día
permite
que
cualquier
persona
sin
la
formación
adecuada
actúe
como
traductor
en
las
comisarías
y
juzgados
españoles,
mediante
la
aplicación
de
la
reforma
de
la
Ley
de
Enjuiciamiento
Criminal
(LECrim).
Sin
embargo,
la
pasada
semana
el
partido
del
Gobierno
rechazó
en
el
Congreso
de
los
Diputados
las
enmiendas
presentadas
por
todos
los
grupos
políticos
de
la
oposición
al
proyecto
de
ley
que
reforma
la
LECrim
con
la
finalidad
de
transponer
la
normativa
europea
al
respecto.
Esta
total
ausencia
de
voluntad
de
consenso
ha
sorprendido
al
resto
de
grupos
políticos,
al
tratarse
de
una
cuestión
que,
por
su
importancia,
no
debería
plantear
confrontación
ideológica
alguna.
Actualmente
el
servicio
de
intérpretes
en
las
comisarías
y
juzgados
españoles
lo
gestionan
macroempresas
que
envían
a
personas
no
cualificadas,
en
algunos
casos
incluso
con
antecedentes
penales,
para
intervenir
en
tomas
de
declaración
y
juicios.
Son
muchos
los
profesionales
con
formación
que
se
niegan
a
trabajar
para
dichas
empresas,
que
pueden
cobrar
hasta
50
euros
por
hora
de
la
administración
de
justicia
y,
sin
embargo,
abonan
8
euros
por
hora
a
los
intérpretes
que
realizan
el
servicio.
La reforma
de
la
LECrim
que
plantea
el
PP
no
recoge
ninguno
de
los
mecanismos
expuestos
en
las
directivas
aprobadas
por
la
UE
para
garantizar
la
calidad
de
los
traductores
e
intérpretes
que
trabajan
en
comisarías
y
tribunales,
un
sector
profesional
nuevo
con
un
gran
intrusismo
profesional
que
supone
además
una
gran
amenaza
a
los
derechos
de
las
personas
que
se
ven
inmersas
en
un
proceso
penal.
Rechazo
de
los
profesionales
y
académicos
al
proyecto
de
ley
Ante esta
situación
y
respaldados
por
la
Conferencia
de
Rectores
(CRUE)
y
ONG
internacionales
como
FairTrials,
numerosos
colectivos
de
intérpretes
y
traductores
profesionales,
aglutinados
bajo
la
Red
Vértice
y
FILSE,
y
las
facultades
de
traducción
e
interpretación
de
las
universidades
españolas,
reunidas
en
la
CCDUTI,
muestran
su
total
rechazo
al
actual
proyecto
de
ley
y
piden
al
Ministerio
de
Justicia
que
tenga
en
consideración
las
enmiendas,
que
permita
a
los
ponentes
del
Partido
Popular
negociarlas
con
los
otros
partidos
y
que,
por
tanto,
no
se
someta
a
las
presiones
de
las
empresas
que
gestionan
actualmente
los
servicios.
«Hay que
aprovechar
la
oportunidad
de
reformar
la
LECrim
y
regular
como
es
debido
un
servicio
de
calidad
según
la
normativa
europea,
o no
se
podrá
impartir
justicia
con
garantía
alguna
si
son
personas
no
cualificadas
las
que
realizan
este
trabajo»,
indica
Juan
Miguel
Ortega,
Presidente
de
la
Asociación
Profesional
de
Traductores
e
Intérpretes
Judiciales
y
Jurados
(APTIJ).
Si el
jueves
18
de
diciembre
el
PP
aprueba
con
sus
votos
en
el
pleno
del
Congreso
la
reforma
de
la
LECrim
en
los
términos
actuales,
permitirá
contratar
a
las
personas
no
profesionales
que
están
trabajando
actualmente
solo
con
acreditar
su
experiencia
en
juzgados
y
comisarías
y
sin
necesidad
de
que
se
sometan
a
prueba
alguna
para
demostrar
su
competencia
mínima
como
intérprete
judicial. | 
