La reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llevada a cabo por el Ministro Alberto Ruiz-Gallardón tenía como objetivo anular esta institución como pieza clave de la independencia del Poder Judicial. Aunque desde su creación su funcionamiento no ha sido muy eficiente, especialmente como garante de la independencia judicial, el Gobierno quería un órgano todavía más sumiso y fácilmente controlable de lo que ya era. Y desde este punto de vista la reforma ha sido un éxito total.

A lo largo de este año el CGPJ ha quedado reducido en buena medida de 21 miembros a sólo 6, puesto que la distribución, inconstitucional, de competencias que hace la reforma excluye al Pleno de la mayor parte de las decisiones relevantes, quedando éstas en la Comisión Permanente (CP). Si a ello añadimos el peso que se ha otorgado en su composición a Magistrados del Tribunal Supremo, cuyo nombramiento es discrecional, y a vocales de procedencia política, y que los 15 vocales que no están en la CP tienen serias dificultades para compaginar sus tareas profesionales con su labor en el CGPJ, es evidente que la facilidad del Gobierno para controlar su labor ha aumentado considerablemente.

Todo ello se ha visto agravado por la forma en que ha entendido su cargo el Presidente, formalmente designado por los Vocales, pero cuyo nombramiento, como viene siendo ya costumbre, fue previamente anunciado por el Gobierno. Con un control sorprendente sobre los privilegiados Vocales de la Comisión Permanente, los únicos con dedicación exclusiva y un sueldo notable, ha hecho una interpretación extensiva de las atribuciones de la CP y restrictiva de las competencias del Pleno, ha marginado a los vocales que no forman parte de la CP, privándoles de medios e información para realizar su labor, y ha conseguido de esta forma imponer sus decisiones y convertir el CGPJ en una auténtica Dirección General del Ministerio de Justicia.

El portal de transparencia no es más que una maniobra publicitaria; la oscuridad y la manipulación en los nombramientos es mayor que nunca, llegando a producirse alguno relevante con el apoyo sólo de una minoría de Vocales por primera vez en la historia del CGPJ.

La acción disciplinaria ha incrementado su agresividad, imponiendo sanciones con frecuencia contra el criterio del instructor, filtrando los datos personales de los jueces afectados a la prensa y partiendo de una especie de presunción de culpabilidad del juez objeto de una queja o denuncia.

El CGPJ ha recibido notorios correctivos del Tribunal Supremo en nombramientos y acción disciplinaria.

Las reacciones frente a ataques por partes de otras instituciones, colectivos o entidades políticas contra la independencia de los jueces han sido inexistentes o, como mucho, tibias y en todo caso ineficientes.

Se ha suprimido sin argumentos serios y con pretextos la protección mínima que había otorgado el anterior CGPJ frente a las demandas de responsabilidad civil a que quedan expuestos los jueces, situación insólita en el resto de Europa y en la propia Administración Pública española.

Este CGPJ se ha desentendido de las graves carencias materiales de la Justicia, de los problemas de sobrecarga de trabajo, que se ignoran o niegan, y de los peligros que todo ello conlleva para la salud de los jueces.

No ha exigido la creación de órganos judiciales, paralizada desde años, con el consecuente incremento del colapso. Las plazas que se han creado para dar salida a los nuevos Jueces, que estaban trabajando en condiciones de precariedad y cuyo concurso ha sufrido un retraso importante por discusiones políticas en torno a determinadas plazas, implican en muchos casos que estos acceden a puestos sin destino fijo, con la provisionalidad que ello implica, dependiendo de decisiones discrecionales, con quebrantamiento de los principios del juez predeterminado por la Ley y de inamovilidad. Jueces sin experiencia suficiente terminan o van a terminar en órganos sumamente complicados incluso para jueces expertos. Es una situación que cada vez más se aproxima al caos.

En resumidas cuentas, la valoración de este año no puede sino ser negativa, porque, como viene ocurriendo con pocas excepciones desde su creación, este CGPJ es claramente peor que el anterior.

Desde nuestro punto de vista y es algo de imperiosa necesidad, la Justicia necesita urgentemente una reforma en profundidad que mejore su independencia y eficacia, para lo cual hacen falta un plan que pueda desarrollarse por Gobiernos de distinto signo, porque ello requerirá tiempo, y medios y recursos para llevarlo a cabo.

De momento, por desgracia,  ni hay un plan, ni existen recursos suficientes, ni es previsible por ello que en el próximo año electoral mejore la situación. No obstante habrá que seguir luchando porque algún día, cuanto antes, este panorama mejore y eso es lo que haremos desde el Foro Judicial Independiente.