Es seguro que las valoraciones que se van a hacer del primer año del Presidente Sr. Lesmes, no se van a alejar de las apreciaciones que se han venido haciendo durante toda esta legislatura sobre otras cuestiones judiciales. Algunas asociaciones judiciales –haciendo precisamente lo contrario de lo que proclaman- han optado por una creciente politización, sustituyendo en sus análisis la ecuanimidad judicial, por tremendas críticas de todo lo que afecta al mundo de la Justicia. No han sugerido mejoras, ni participado en los proyectos, pero desde el inicio de la legislatura han desbordado la crítica –buscando incluso movilizaciones colectivas y en la calle- para tratar de deslegitimar ante la opinión pública la actuación de política legislativa de las cámaras y de un gobierno.
El actual discurso desabrido sorprende porque la situación de la Justicia se arrastra –no sin mejoras- durante las últimas décadas y porque el descontento de la Carrera Judicial arranca de esa tradicional deficiencia y –fundamentalmente- de una disminución salarial que se decidió y aplicó en la anterior legislatura; máxime si observamos que además se optó por rebajarnos el salario en el doble de porcentaje que a la media de los servidores públicos, cuando lo procedente hubiera sido que se hubiera optado por rebajar el mismo porcentaje a todos los profesionales y trabajadores públicos.
Esta última alternativa era la que la APM entendía adecuada, pues el sueldo de cada profesional era el previsto para su responsabilidad y si la disminución salarial se adoptaba por oportunidad y solidaridad, debía ser distribuída en igual proporción. La progresividad es lo adecuado para la política impositiva, pero no para disminuir el salario justo en aras a no aumentar los impuestos.
Sólo ésta finalidad de deslegitimación política explica la alimentación de una indignación retardada o que se denuncie que se está politizando la justicia precisamente por aplicarse la morfología de Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que los críticos reclamaban desde hace años. Sólo esta deslegitimación explica la ácida crítica a unos tribunales de instancia que antes se alabaron o que reclame hoy la creación de nuevos juzgados, aumentando así una estructura judicial que proclamaban caduca.
Así pues, lo expuesto permite intuir cómo será (y cómo habrá de valorarse) cierta crítica. Es más, alejados de una intencionalidad política, lo primero que debe destacarse es que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es un órgano colegiado, por lo que la evaluación de éste último año viene referida al conjunto de vocales que han participado en las decisiones del Consejo y no tanto a la sola actuación de un Presidente, cuya voluntad sólo pesa en la medida en que sea compartida por la mayoría de los vocales.
Abordando así un análisis del global del Consejo, lo primero que destaca es que el órgano no ha despejado las dudas de influencia partidista que se le han atribuido en los últimos treinta años. La designación política de los doce consejeros de extracción judicial determina que la opinión pública esté descreída de la neutralidad técnica del órgano y esta visión se ha potenciado por el hecho de que el Partido Popular –una vez en el gobierno- no impulsara la reforma de despolitización que defendía en la oposición y que incorporó en su programa electoral.
Por otro lado, la creación de una Comisión Permanente cuyas decisiones no pueden ser revisadas por los vocales en pleno, unido a que el resto de los consejeros limiten su actuación a escasas materias y momentos, ha desnaturalizado el esbozo que la Constitución hacía del órgano, tal y como denunciamos en su día.
No obstante, nuestro rechazo a esta concepción no puede proyectarse contra quienes integran el actual Consejo General del Poder Judicial, habiendo de ajustarse la valoración a lo que han sido sus decisiones de ejercicio.
En el plano de la actividad cotidiana, el CGPJ ha sufrido la desaceleración propia del cambio estructural al que se enfrentaba. Se ha abordado una profunda renovación de los cargos discrecionales existentes en el seno del Consejo, lo que no sólo es habitual cuando se trata de una gestión de confianza, sino que resulta lógico si –como ha ocurrido- se modifica de manera sustantiva el modo de funcionamiento del órgano.
Y por más que lamentamos que algunos compañeros de particular valía hayan dejado de prestar sus servicios en el Consejo, la renovación no deja de responder a la lógica de las cosas si sabe nutrirse de otros magistrados igualmente expertos. Precisamente, la falta de esa renovación es una de las razones por las que la APM critica abiertamente la creación de un cuerpo de letrados permanentes en el seno del Consejo.
Pese a esta ralentización de actividades -reforzada por un importante control presupuestario-, se ha apreciado un marcado esfuerzo en la política de nombramientos judiciales. Aunque en cada nombramiento se rechaza a una pluralidad de magistrados singularmente destacados, lo cierto es que los vocales –desde su propia concepción- se esfuerzan en trasladar a la carrera judicial que cada designación responda a méritos objetivos. Obviamente nunca habrá consenso sobre los méritos de los elegidos y de los excluidos, pero tampoco es legítimo que haya quien proclame una política de distribución por cuotas y que construya su discurso silenciando los numerosos nombramientos que reflejan lo contrario.
Se ha impulsado también que los informes reflejen las convicciones individuales de cada vocal, lo que se constata en proyectos de ley de materias tan importantes como el aborto o nuestra propia ley orgánica. Y creo que nadie pondrá en duda el esfuerzo que se ha desplegado en ordenar la planta judicial y su provisionalidad; algo que se ha hecho para solventar una realidad judicial heredada, en un momento particularmente complejo y careciendo de significadas competencias para ello.
En todo caso, la actuación de estos meses apunta tres aspectos que sería bueno impulsar en los próximos meses: 1) Mejorar las condiciones de discusión y debate en el Pleno y en la Comisión Permanente, no sólo incrementando el número de integrantes de ésta, sino fundamentalmente divulgando con mayor antelación las cuestiones que se van a someter a decisión y los informes técnicos que les afectan; 2) Asumir que el presupuesto no es un objetivo en sí mismo, sino el instrumento para una actuación; de suerte que no sea el gasto el argumento nuclear que justifique eliminar determinadas actuaciones y 3) Desarrollar un reglamento que regule el estatuto profesional de los Jueces de Adscripción Territorial.
No puede terminarse esta evaluación sin lamentar tremendamente la desacertada decisión del CGPJ de dejar sin efecto la póliza de aseguramiento colectivo de la responsabilidad civil de jueces y magistrados. Una decisión innecesaria e inoportuna que -como informó la APM a la Comisión Permanente del CGPJ- convierte a los Jueces y Magistrados en los servidores públicos de peor condición en este aspecto.
