Hace
unos
días,
en
la
inauguración
de
la
nueva
sede
de
la
Audiencia
Provincial
de
Alicante,
nuestro
entrevistado,
presidente
de
este
órgano
judicial,
comentaba
con
el
Ministro
Catalá
de
la
necesidad
de
romper
la
idea
del
ciudadano
de
que
todo
asunto
debe
acabar
en
el
juzgado.
“No
le
quepa
duda
hay
casi
un
millón
novecientos
mil
asuntos
que
entran
por
la
vía
civil
lo
que
también
hace
que
se
congestionen
nuestros
juzgados.
Potenciando
la
mediación
desde
la
Administración
Central
podrían
derivarse
sobre
los
700.000
asuntos
anuales.
El
resto
podría
tener
salida
desde
los
órganos
judiciales”,
comenta
Vicente
Magro,
magistrado
responsable
de
este
órgano
judicial
doble
noticia
en
estos
días.
Junto
al
acto
de
inauguración
de
la
nueva
sede
de
la
Audiencia
hemos
conocido
que
el
CGPJ
ha
premiado
la
llamada
Oficina
de
Medidas
Alternativas,
un
proyecto
suyo
impulsado
en
la
citada
Audiencia
para
reeducar
a
maltratadores
y
asuntos
de
tráfico
no
relevantes,
con
el
premio
Calidad
en
Justicia
que
otorga
el
órgano
de
gestión
de
los
jueces
de
forma
anual.
Desde
su
punto
de
vista
“.
Hay
muchos
proyectos
pilotos
de
mediación
penal
en
marcha.
Echamos
en
falta
una
Ley
de
Mediación
Penal
a
similar
de
la
Civil
que
cumplió
dos
años
de
existencia”,
comenta
a
este
periodista.
A lo
largo
de
esta
entrevista
también
abordamos
la
reforma
penal
que
impulsa
el
Ministro
Catalá
y el
problema
de
la
violencia
de
género
en
nuestro
país
con
cifras
altas
de
muertes
de
mujeres
aún.
En
primera
persona
“Este
año
2014
que
se
cierra
ha
sido
importante
para
la
Audiencia
Provincial
de
Alicante.
Se
reconoce
nuestro
trabajo
y el
de
nuestra
Oficina
de
Medidas
Alternativas
por
el
CGPJ
a
nivel
del
Premio
Calidad
en
Justicia
como
oficina
pionera
que
ya
está
en
marcha
desde
hace
diez
años
orientada
a
buscar
la
empatía
del
penado
hacia
la
víctima.
Esta
oficina
que
se
puso
en
marcha
en
mayo
del
2004
es
un
servicio
común
destinado
a
implementar
en
la
propia
Audiencia
una
entidad
de
coordinación
con
los
órganos
judiciales
en
el
orden
penal
de
medidas
alternativas
a la
prisión.
Así
empezamos
con
reinserción
de
maltratadores
y en
delitos
contra
la
Seguridad
Vial.
La
eficacia
de
esta
actividad
ha
sido
notable,
del
cero
por
ciento
en
seguridad
vial
de
reincidencia
y
entre
un 5
y 7%
en
materia
de
violencia
de
género.
Estos
datos
dejan
claro
que
la
reeducación
es
una
pieza
clave
para
luchar
contra
la
delincuencia
leve.
Hay
otra
más
grave
que
debe
realizarse
dentro
de
prisión.
Nuestro
trabajo
se
dirige
a
aquellas
personas,
primerizas
en
delitos
no
superiores
a
dos
años
de
prisión
con
los
que
ponemos
en
marcha
estos
programas
de
reeducación.
A
nadie
se
le
escapa
que
esta
medida
ayuda
a
que
los
juzgados
no
se
colapsen
y se
centren
en
los
temas
más
graves.
Las
nuevas
instalaciones
de
la
Audiencia
Provincial
de
Alicante
pertenecen
al
Plan
de
Intervención
en
Edificios
Judiciales
(PIEJ)
2014-2018,
de
la
Generalitat
de
Valencia
que
con
una
inversión
estimada
de
44,5
millones
de
euros,
tiene
la
finalidad
de
mejorar
las
infraestructuras
judiciales
de
la
Comunitat
Valenciana.
Con
este
cambio
esperamos
atender
a
las
nuevas
necesidades
de
la
organización
judicial".
Sr.
Magro,
usted
que
ha
estado
hace
unos
días
con
el
Ministro
Catalá,
¿le
convence
la
reforma
penal
que
tiene
pensada
poner
en
marcha
en
unas
semanas?
Es
una
reforma
importante
porque
se
tocan
cerca
de
doscientos
artículos.
Es
cierto
que
la
jurisdicción
penal
no
funciona
todo
lo
bien
que
pudiéramos
pensar,
de
ahí
que
se
haga
esta
reforma
del
ordenamiento
penal
que
va
acompañada
de
la
reforma
procesal
penal
correspondiente.
Sabemos
que
la
reforma
del
proceso
penal
la
está
presentando
por
trámite
de
urgencia
y
ahí
podemos
destacar
la
reducción
de
los
plazos
de
los
procedimientos
a
nivel
de
instrucción.
Veremos
si
se
logran
cumplir
los
plazos
establecidos
Ahora
en
el
mismo
juzgado
de
instrucción
penal
llegan
junto
con
el
macrojuicio,
asuntos
pequeños
que
lo
colapsan
y
que
evitan
que
el
juez
de
instrucción
dedique
tiempo
a
esos
asuntos
que
son
importantes.
Con
esta
reforma
penal
salen
las
faltas
del
ordenamiento
tal
y
como
las
conocemos
derivándose
a
otro
tipo
de
solución
de
conflictos,
al
mismo
tiempo
se
introduce
la
mediación
penal
como
solución
de
conflictos.
Al
final
se
trata
que
el
juez
se
quede
con
los
delitos
que
tiene
que
investigar
y
tramitar.
La
reducción
de
los
plazos
vendrá
a
medio
plazo
cuando
los
jueces
tengan
menos
procedimientos
que
enjuiciar,
así
los
que
queden
serán
más
ágiles
en
la
tramitación
posterior.
Usted
ha
señalado
recientemente
el
problema
de
los
macrojuicios
en
Alicante,
procesos
que
pueden
llegar
a
colapsar
la
actividad
de
esta
entidad.
Es
cierto,
a lo
largo
del
pasado
año
uno
de
cada
cuatro
juicios
tuvo
que
suspenderse
por
la
especial
complejidad
del
mismo.
Tenga
en
cuenta
que
hasta
la
fecha
es
sencillo
suspender
juicios
penales
en
las
Audiencias
Provinciales
si
hablamos
de
macrocausas.
Cualquier
juicio
con
diez
acusados
y
otros
tantos
abogados
complica
mucho
la
tramitación
de
esos
procedimientos.
"A lo largo del pasado año uno de cada cuatro juicios tuvo que suspenderse por la especial complejidad del mismo." |
Necesitamos
una
reforma
legal
que
evite
la
picaresca
de
las
suspensiones
y
sobre
todo
dar
prioridad
a
los
macrojuicios.
Nosotros
hemos
celebrado
unos
90 a
lo
largo
del
2014
y
nos
quedan
otros
80
para
el
próximo
2015.
Estamos
trabajando
en
plazos
razonables
a
raíz
de
que
el
Ministerio
nos
haya
enviado
cuatro
magistrados
más
de
apoyo.
Tendremos
secciones
penales
con
cuatro
magistrados
que
ayudarán
a
dar
salida
estos
procedimientos
¿Por
qué
cree
que
han
crecido
los
macroprocesos
en
nuestro
país?
En
una
provincia
como
Alicante
si
se
nota
el
crecimiento
de
este
tipo
de
causas.
Gracias
a la
eficacia
de
nuestras
fuerzas
de
seguridad
se
descubren
tramas
organizadas
que
acaban
en
los
juzgados
de
toda
España.
Un
macrojuicio
es
complicado
para
cualquier
Audiencia
Provincial.
En
nuestro
caso,
como
en
otras
que
hay
en
España
si
se
nos
dota
de
medios
podremos
hacer
el
trabajo
que
se
nos
encomienda
por
muy
complejo
que
sea.
Hablamos
de
reformas,
pero
comparte
la
opinión
de
otros
colegas
que
otra
de
las
soluciones
de
la
justicia
pasa
por
gestionarla
como
si
fuera
una
empresa
privada.
Es
una
solución
que
hay
que
tener
en
cuenta.
Es
evidente
que
en
el
caso
de
la
justicia
no
vamos
a
dar
resultados
económicos.
Sí
sobre
resultados
de
procedimientos
que
ayudarán
de
alguna
manera
a
hacer
la
vida
más
sencilla
al
ciudadano.
Cuanto
más
eficaz
sea
el
sistema
de
administración
de
la
justicia
más
seguridad
habrá
en
nuestro
país,
eso
no
cabe
duda.
Ahora
muchos
pequeños
asuntos
dificultan
la
agilidad
de
nuestros
juzgados
penales.
Se
ha
dado
la
circunstancia
que
en
los
casos
de
abogados
que
comparten
casos
sencillos
con
macrojuicios
ha
habido
que
suspender
estos
últimos
porque
la
fecha
de
los
primeros
coincidía
con
la
de
los
segundos.
Somos
conscientes
que
este
tipo
de
asuntos
se
podrían
derivar
a
sistemas
como
el
de
la
mediación.
El
mediador
penal
junto
con
el
civil
son
claves
para
resolver
de
forma
eficaz
los
problemas
de
la
justicia.
En
países
como
Inglaterra
o
Australia
tienen
claro
el
papel
de
la
mediación
más
rápido,
ágil
y
eficaz.
Usted
que
es
miembro
del
Consejo
Asesor
del
Observatorio
contra
la
Violencia
de
Género
del
CGPJ,
¿a
qué
achaca
el
repunte
de
esta
lacra
en
nuestra
sociedad
este
año?
Las
cifras
se
mantienen
en
cuanto
a
denuncias
respecto
a
otros
años.
Hay
que
aprovechar
la
reforma
del
Código
Penal
para
hacer
algunos
retoques
en
la
actual
Ley
Orgánica
que
data
de
diez
años.
Así
el
nuevo
Código
aplica
medida
de
libertad
vigilada
para
aquellos
que
ya
hayan
cumplido
su
pena,
cuestión
que
agradecerán
las
mujeres
maltratadas.
Junto
a
ello
hay
que
seguir
poniendo
medios
en
la
reeducación
que
está
siendo
muy
eficaz.
Nuestro
centro
en
Alicante
tiene
datos
reveladores
como
antes
le
señalé.
Muchos
cuando
salen
del
Programa
repiten
y se
dan
cuenta
de
su
problema.
Lo
primero
que
intentamos
con
nuestros
programas
es
que
se
den
cuenta
que
son
maltratadores
y
que
actuán
como
si
la
mujer
fuera
una
propiedad
suya.
¿Entonces
es
partidario
del
cambio
de
la
Ley
Orgánica
1/2004,
de
28
de
diciembre,
de
Medidas
de
Protección
Integral
contra
la
Violencia
de
Género?
Desde
luego.
Hay
materias
que
se
tienen
que
definir
mejor.
Es
el
caso
de
la
negativa
de
la
víctima
a
declarar
pese
a
que
la
denuncia
la
interpone
un
vecino
o
familiares.
Hay
que
definir
mejor
estos
tipos
penales
que
algunos
están
fallando.
La
reforma
que
encabeza
la
vocal
Ángeles
Carmona
del
CGPJ
es
fundamental.
Que
la
incitación
a la
violencia
machista
sea
un
nuevo
tipo
penal
como
ya
se
ha
conocido
por
los
medios
de
comunicación
es
lógico
y
necesario.
"La reforma que encabeza la vocal Ángeles Carmona del CGPJ es fundamental." |
Tenga
en
cuenta
que
la
situación
en
nuestro
país
es
grave.
Pese
a
las
100.000
denuncias
interpuestas
en
estos
últimos
años,
aún
hay
mujeres
que
siguen
sin
denunciar,
se
callan
ese
maltrato
y no
están
en
las
estadísticas.
Hay
que
seguir
trabajando
en
esta
línea.
Desde
el
Observatorio
se
ha
hecho
un
estudio
a
fondo
de
cada
muerte
para
saber
qué
ha
pasado
y
porque
surgió
el
problema
y su
desenlace
fatal.
¿Cómo
encaja
el
programa
de
mediación
penal
dentro
de
esta
Oficina
de
Medidas
Alternativas
de
la
Audiencia
Provincial
de
Alicante?
Esta
es
una
iniciativa
que
ya
lleva
dos
años
funcionando
en
varios
juzgados
con
una
eficacia
del
57
por
ciento
de
los
expedientes
que
gestionamos.
Los
jueces
de
instrucción
nos
enviaban
asuntos
leves
como
son
el
pago
de
pensiones,
peleas
o
delitos
de
lesiones
entre
vecinos;
pequeñas
estafas
o
hurtos.
En
todos
ellos
se
ha
intentando
la
mediación
y
con
ella
una
rebaja
penal
con
la
obligación
de
indemnizar
las
posibles
responsabilidades
que
se
hubieran
causado.
Empezamos
en
los
juzgados
de
lo
penal
pero
abrimos
una
línea
para
que
estos
asuntos
no
acabasen
en
dichos
juzgados.
De
esta
forma
los
jueces
de
instrucción
de
Alicante
nos
mandan
expedientes
que
pueden
ser
objeto
de
mediación
desde
ese
listado
de
delitos
que
antes
ya
le
comenté.
Hay
muchos
proyectos
pilotos
de
mediación
penal
en
marcha.
Echamos
en
falta
una
Ley
de
Mediación
Penal
a
similar
de
la
Civil
que
cumplió
dos
años
de
existencia.
¿Qué
ventajas
tendría
esta
reforma
en
la
mediación
penal?
Nadie
duda
que
los
juzgados
de
lo
penal
están
colapsados.
Anualmente
entran
en
estos
juzgados
seis
millones
de
casos.
Sabemos
que
las
reformas
del
Ministro
de
Justicia
van
en
la
dirección
de
discriminalizar
los
asuntos
menos
importantes,
como
va a
pasar
con
las
faltas
o
derivarlos
a
otros
asuntos
como
el
administrativo
o
civil.
"Al mismo tiempo existiría la posibilidad que muchos de esos asuntos se derivasen a mediación en la vía penal." |
Al
mismo
tiempo
existiría
la
posibilidad
que
muchos
de
esos
asuntos
se
derivasen
a
mediación
en
la
vía
penal.
Hay
que
romper
la
idea
que
todo
proceso
penal
debe
acabar
en
juicio
y en
una
ejecución
de
sentencia.
Esto
no
puede
ser,
tenemos
los
juzgados
colapsados.
Sin
embargo
da
la
sensación
que
la
mediación
como
método
alternativo
no
acaba
de
cuajar.
Se
piensa
por
el
ciudadano,
no
siempre
de
forma
acertada,
que
todo
debe
acabar
en
un
juzgado
con
una
sentencia
y
ejecución
de
sentencia.
Y
esta
mentalidad,
que
ya
hemos
comentado
con
el
Ministro
Catalá
hay
que
cambiarla.
Se
trata
de
dotar
de
medios
para
que
realmente
se
pueda
utilizar
la
mediación
civil
y la
penal.
Impulsando
la
mediación
penal
podríamos
eliminar
dos
millones
de
asuntos.
Hay
que
darse
cuenta
que
los
asuntos
que
llegan
al
juzgado
tienen
un
coste
importante
para
el
Estado.
Desde
fuera
da
la
sensación
que
el
Estado
debería
dar
un
empujón
a la
mediación
con
alguna
campaña
institucional
de
calado,
como
las
que
hace
Tráfico.
Es
evidente
que
una
campaña
de
este
tipo
sería
ideal
para
dar
a
conocer
los
valores
de
la
mediación.
Tendría
que
hacerse
tanto
a
nivel
de
Administración
Central
como
de
Comunidades
Autónomas.
Pese
a la
ley
5/2012
y su
Reglamento
los
ciudadanos
desconocen
lo
que
es
la
mediación
civil.
Muchos
no
sabrían
que
contestar
si
les
invitamos
a
mediación
a
resolver
sus
conflictos.
En
otros
países,
sobre
todo
anglosajones,
no
es
necesario
este
tipo
de
campañas
promocionales,
ya
saben
desde
sus
ancestros
que
es
un
método
más
rápido
y
ágil
que
el
procedimiento
ordinario.
¿Haría
falta
algún
cambio
normativo
más
para
potenciar
la
mediación
como
tal?
No
estaría
mal
que
hubiera
alguna
reforma
en
el
Reglamento
que
ayudase
a
los
profesionales
que
ahora
ejercen
de
mediadores
y
que
tienen
sus
cien
horas
de
mediación
realizadas
para
reconocer
su
trabajo
como
tales.
En
el
caso
de
la
abogacía
ya
ha
entendido
que
la
mediación
no
supone
que
pierda
a
ese
cliente.
Todo
lo
contrario
muchos
Colegios
de
Abogados
han
puesto
en
marcha
cursos
de
formación
porque
de
esa
forma
sus
colegiados
se
les
forma
en
esta
práctica.
Los
abogados
ya
han
visto
que
la
mediación
puede
hacer
rentable
los
asuntos.
Sin
la
presencia
del
abogado
la
mediación
en
nuestro
país
está
condenada
al
fracaso…
Hay
que
ver
su
participación
más
activa.
Ahora
se
acude
a la
mediación
en
la
mayor
parte
de
los
casos
desde
la
mediación
intrajudicial.
El
procedimiento
entra
en
el
juzgado
y el
juez
ve
que
ese
asunto
puede
ser
mediable.
En
ese
contexto,
de
derivación
de
la
mediación
el
abogado
puede
pensar
que
si
se
acepta
esa
mediación
pierde
al
cliente.
En
una
posible
reforma
la
ley
debería
recoger
el
derecho
del
abogado
de
seguir
interviniendo
en
el
proceso
de
mediación.
De
lo
contrario
es
muy
posible
que
ponga
pegas
a
acudir
a la
mediación.
La
presencia
del
abogado
en
el
proceso
de
mediación
no
está
contemplada
en
la
ley.
Tampoco
esta
prohibida,
pero
una
reforma
de
este
tipo
favorecería
esa
derivación.
De
hecho
con
la
ley
en
la
mano
si
el
proceso
que
entra
en
el
juzgado
va a
mediación
se
devuelve
un
60
por
ciento
de
las
tasas
judiciales
y se
resuelve
en
periodo
entre
uno
y
dos
meses
por
asunto.
También
la
jurisdicción
civil
se
podría
beneficiar
de
la
mediación,
¿verdad?
No
le
quepa
duda
hay
casi
un
millón
novecientos
mil
asuntos
que
entran
por
la
via
civil
lo
que
también
hace
que
se
congestionen
nuestros
juzgados.
Potenciando
la
mediación
desde
la
Administración
Central
podrían
derivarse
sobre
los
700.000
asuntos
anuales.
El
resto
podría
tener
salida
desde
los
órganos
judiciales.
¿Es
partidario
que
la
mediación
sea
obligatoria
como
algunos
colegas
suyos
piensan?
Habría
que
verlo
con
calma
y
según
que
cada
casos.
En
países
como
Argentina
lo
es
para
muchos
asuntos.
Bajo
mi
punto
de
vista
en
temas
arrendamientos
urbanos;
propiedad
horizontal,
derecho
de
familia,
consumidores
y
usuarios
y
aquellos
asuntos
de
tráfico
que
no
sean
delictivos
podrían
tener
ese
carácter
obligatorio
desde
esa
sesión
informativa.
Estas
materias
suponen
el
25
por
ciento
de
los
procedimientos
civiles
que
hay
en
los
juzgados
podrían
entrar
de
forma
obligatoria
en
la
mediación
y no
entrarían
en
los
juzgados
españoles.
Con
la
obligatoriedad
los
ciudadanos
se
darían
cuenta
de
la
eficacia
e
importancia
de
la
mediación
en
estos
temas
que
acabo
de
citarle,
ahora
mismo
se
duda
de
esa
eficacia
porque
no
se
conoce
bien
sus
ventajas. |