ENTREVISTAS

Hace unos días, en la inauguración de la nueva sede de la Audiencia Provincial de Alicante, nuestro entrevistado, presidente de este órgano judicial, comentaba con el Ministro Catalá de la necesidad de romper la idea del ciudadano de que todo asunto debe acabar en el juzgado. “No le quepa duda hay casi un millón novecientos mil asuntos que entran por la vía civil lo que también hace que se congestionen nuestros juzgados. Potenciando la mediación desde la Administración Central podrían derivarse sobre los 700.000 asuntos anuales.  El resto podría tener salida desde los órganos judiciales”, comenta Vicente Magro, magistrado responsable de este órgano judicial doble noticia en estos días. Junto al acto de inauguración de la nueva sede de la Audiencia hemos conocido que el CGPJ ha premiado la llamada Oficina de Medidas Alternativas, un proyecto suyo impulsado en la citada Audiencia para reeducar a maltratadores y asuntos de tráfico no relevantes, con el premio Calidad en Justicia que otorga el órgano de gestión de los jueces de forma anual.  Desde su punto de vista “.  Hay muchos proyectos pilotos de mediación penal en marcha. Echamos en falta una Ley de Mediación Penal a similar de la Civil que cumplió dos años de existencia”, comenta a este periodista.  A lo largo de esta entrevista también abordamos la reforma penal que impulsa el Ministro Catalá y el problema de la violencia de género en nuestro país con cifras altas de muertes de mujeres aún.

En primera persona

“Este año 2014 que se cierra ha sido importante para la Audiencia Provincial de Alicante. Se reconoce nuestro trabajo y el de nuestra Oficina de Medidas Alternativas por el  CGPJ a nivel del Premio Calidad en Justicia como oficina pionera que ya está en marcha desde hace diez años orientada a buscar la empatía del penado hacia la víctima.

Esta oficina que se puso en marcha en mayo del 2004 es un servicio común destinado a implementar en la propia Audiencia una entidad de coordinación con los órganos judiciales en el orden penal de medidas alternativas a la prisión. Así empezamos con reinserción de maltratadores y en delitos contra la Seguridad Vial.

La eficacia de esta actividad ha sido notable, del cero por ciento en seguridad vial de reincidencia y entre un 5 y 7% en materia de violencia de género. Estos datos dejan claro que la reeducación es una pieza clave para luchar contra la delincuencia leve. Hay otra más grave que debe realizarse dentro de prisión.

Nuestro trabajo se dirige a aquellas personas, primerizas en delitos no superiores a dos años de prisión con los que ponemos en marcha estos programas de reeducación. A nadie se le escapa que esta medida ayuda a que los juzgados no se colapsen y se centren en los temas más graves.

Las nuevas instalaciones de la Audiencia Provincial de Alicante pertenecen al  Plan de Intervención en Edificios Judiciales (PIEJ) 2014-2018, de la Generalitat de Valencia que con una inversión estimada de 44,5 millones de euros, tiene la finalidad de mejorar las infraestructuras judiciales de la Comunitat Valenciana.  Con este cambio esperamos atender a las nuevas necesidades de la organización judicial".

Sr. Magro, usted que ha estado hace unos días con el Ministro Catalá, ¿le convence la reforma penal que tiene pensada poner en marcha en unas semanas?

Es una reforma importante porque se tocan cerca de doscientos artículos.  Es cierto que la jurisdicción penal no funciona todo lo bien que pudiéramos pensar, de ahí que se haga esta reforma del ordenamiento penal que va acompañada de la reforma procesal penal correspondiente.

Sabemos que la reforma del proceso penal la está presentando por trámite de urgencia y ahí podemos destacar la reducción de los plazos de los procedimientos a nivel de instrucción.  Veremos si se logran cumplir los plazos establecidos

Ahora en el mismo juzgado de instrucción penal llegan junto con el macrojuicio, asuntos pequeños que lo colapsan y que evitan que el juez de instrucción dedique tiempo a esos asuntos que son importantes.

Con esta reforma penal salen las faltas del ordenamiento tal y como las conocemos derivándose a otro tipo de solución de conflictos, al mismo tiempo se introduce la mediación penal como solución de conflictos. Al final se trata que el juez se quede con los delitos que tiene que investigar y tramitar.

La reducción de los plazos vendrá a medio plazo cuando los jueces tengan menos procedimientos que enjuiciar, así los que queden serán más ágiles en la tramitación posterior.

Usted ha señalado recientemente el problema de los macrojuicios en Alicante, procesos que pueden llegar a colapsar la actividad de esta entidad.

Es cierto, a lo largo del pasado año uno de cada cuatro juicios tuvo que suspenderse por la especial complejidad del mismo.  Tenga en cuenta que hasta la fecha es sencillo suspender juicios penales en las Audiencias Provinciales si hablamos de macrocausas. Cualquier juicio con diez acusados y otros tantos abogados complica mucho la tramitación de esos procedimientos.

Necesitamos una reforma legal que evite la picaresca de las suspensiones y sobre todo dar prioridad a los macrojuicios.  Nosotros hemos celebrado unos 90 a lo largo del 2014 y nos quedan otros 80 para el próximo 2015.

Estamos trabajando en plazos razonables a raíz de que el Ministerio nos haya enviado cuatro magistrados más de apoyo. Tendremos secciones penales con cuatro magistrados que ayudarán a dar salida estos procedimientos

¿Por qué cree que han crecido los macroprocesos en nuestro país?

En una provincia como Alicante si se nota el crecimiento de este tipo de causas. Gracias a la eficacia de nuestras fuerzas de seguridad se descubren tramas organizadas que acaban en los juzgados de toda España.

Un macrojuicio es complicado para cualquier Audiencia Provincial. En nuestro caso, como en otras que hay en España si se nos dota de medios podremos hacer el trabajo que se nos encomienda por muy complejo que sea.

Hablamos de reformas, pero comparte la opinión de otros colegas que otra de las soluciones de la justicia pasa por gestionarla como si fuera una empresa privada.

Es una solución que hay que tener en cuenta. Es evidente que en el caso de la justicia no vamos a dar resultados económicos. Sí sobre resultados de procedimientos que ayudarán de alguna manera a hacer la vida más sencilla al ciudadano.

Cuanto más eficaz sea el sistema de administración de la justicia más seguridad habrá en nuestro país, eso no cabe duda.

Ahora muchos pequeños asuntos dificultan la agilidad de nuestros juzgados penales. Se ha dado la circunstancia que en los casos de abogados que comparten casos sencillos con macrojuicios ha habido que suspender estos últimos porque la fecha de los primeros coincidía con la de los segundos.

Somos conscientes que este tipo de asuntos se podrían derivar a sistemas como el de la mediación. El mediador penal junto con el civil son claves para resolver de forma eficaz los problemas de la justicia.  En países como Inglaterra o Australia tienen claro el papel de la mediación más rápido, ágil y eficaz.

Usted que es miembro del Consejo Asesor del Observatorio contra la Violencia de Género del CGPJ, ¿a qué achaca el repunte de esta lacra en nuestra sociedad este año?

Las cifras se mantienen en cuanto a denuncias respecto a otros años. Hay que aprovechar la reforma del Código Penal para hacer algunos retoques en la actual Ley Orgánica que data de diez años. Así el nuevo Código aplica medida de libertad vigilada para aquellos que ya hayan cumplido su pena, cuestión que agradecerán las mujeres maltratadas.

Junto a ello hay que seguir poniendo medios en la reeducación que está siendo muy eficaz. Nuestro centro en Alicante tiene datos reveladores como antes le señalé. Muchos cuando salen del Programa repiten y se dan cuenta de su problema.  Lo primero que intentamos con nuestros programas es que se den cuenta que son maltratadores y que actuán como si la mujer fuera una propiedad suya.

¿Entonces es partidario del cambio de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género?

Desde luego. Hay materias que se tienen que definir mejor. Es el caso de la negativa de la víctima a declarar pese a que la denuncia la interpone un vecino o familiares.  Hay que definir mejor estos tipos penales que algunos están fallando.

La reforma que encabeza la vocal Ángeles Carmona del CGPJ es fundamental. Que la incitación a la violencia machista sea un nuevo tipo penal como ya se ha conocido por los medios de comunicación es lógico y necesario.

Tenga en cuenta que la situación en nuestro país es grave. Pese a las 100.000 denuncias interpuestas en estos últimos años, aún hay mujeres que siguen sin denunciar, se callan ese maltrato y no están en las estadísticas.  Hay que seguir trabajando en esta línea. Desde el Observatorio se ha hecho un estudio a fondo de cada muerte para saber qué ha pasado y porque surgió el problema y su desenlace fatal.

¿Cómo encaja el programa de mediación penal dentro de esta Oficina de Medidas Alternativas de la Audiencia Provincial de Alicante?

Esta es una iniciativa que ya lleva dos años funcionando en varios juzgados con una eficacia del 57 por ciento de los expedientes que gestionamos. Los jueces de instrucción nos enviaban asuntos leves  como son el pago de pensiones, peleas o delitos de lesiones entre vecinos; pequeñas estafas o hurtos.

En todos ellos se ha intentando la mediación y con ella una rebaja penal con la obligación de indemnizar las posibles responsabilidades que se hubieran causado.  Empezamos en los juzgados  de lo penal pero abrimos una línea para que estos asuntos no acabasen en dichos juzgados.

De esta forma los jueces de instrucción de Alicante nos mandan expedientes que pueden ser objeto de mediación desde ese listado de delitos que antes ya le comenté.  Hay muchos proyectos pilotos de mediación penal en marcha. Echamos en falta una Ley de Mediación Penal a similar de la Civil que cumplió dos años de existencia.

¿Qué ventajas tendría esta reforma en la mediación penal?

Nadie duda que los juzgados de lo penal están colapsados. Anualmente entran en estos juzgados seis millones de casos. Sabemos que las reformas del Ministro de Justicia van en la dirección de discriminalizar los asuntos menos importantes, como va a pasar con las faltas o derivarlos a otros asuntos como el administrativo o civil.

Al mismo tiempo existiría la posibilidad que muchos de esos asuntos se derivasen a mediación en la vía penal.  Hay que romper la idea que todo proceso penal debe acabar en juicio y en una ejecución de sentencia. Esto no puede ser, tenemos los juzgados colapsados.

Sin embargo da la sensación que la mediación como método alternativo no acaba de cuajar.

Se piensa por el ciudadano, no siempre de forma acertada, que todo debe acabar en un juzgado con una sentencia y ejecución de sentencia. Y esta mentalidad, que ya hemos comentado con el Ministro Catalá hay que cambiarla.

Se trata de dotar de medios para que realmente se pueda utilizar la mediación civil y la penal. Impulsando la mediación penal podríamos eliminar dos millones de asuntos. Hay que darse cuenta que los asuntos que llegan al juzgado tienen un coste importante para el Estado.

Desde fuera da la sensación que el Estado debería dar un empujón a la mediación con alguna campaña institucional de calado, como las que hace Tráfico.

Es evidente que una campaña de este tipo sería ideal para dar a conocer los valores de la mediación.  Tendría que hacerse tanto a nivel de Administración Central como de Comunidades Autónomas.

Pese a la ley 5/2012 y su Reglamento los ciudadanos desconocen lo que es la mediación civil. Muchos no sabrían que contestar si les invitamos a mediación a resolver sus conflictos.

En otros países, sobre todo anglosajones, no es necesario este tipo de campañas promocionales, ya saben desde sus ancestros que es un método más rápido y ágil que el procedimiento ordinario.

¿Haría falta algún cambio normativo más para potenciar la mediación como tal?

No estaría mal que hubiera alguna reforma en el Reglamento que ayudase a los profesionales que ahora ejercen de mediadores y que tienen sus cien horas de mediación realizadas para reconocer su trabajo como tales.

En el caso de la abogacía ya ha entendido que la mediación no supone que pierda a ese cliente.  Todo lo contrario muchos Colegios de Abogados han puesto en marcha cursos de formación porque de esa forma sus colegiados se les forma en esta práctica.  Los abogados ya han visto que la mediación puede hacer rentable los asuntos.

Sin la presencia del abogado la mediación en nuestro país está condenada al fracaso…

Hay que ver su participación más activa. Ahora se acude a la mediación en la mayor parte de los casos desde la mediación intrajudicial. El procedimiento entra en el juzgado y el juez ve que ese asunto puede ser mediable.

En ese contexto, de derivación de la mediación el abogado puede pensar que si se acepta esa mediación pierde al cliente. En una posible reforma la ley debería recoger el derecho del abogado de seguir interviniendo en el proceso de mediación. De lo contrario es muy posible que ponga pegas a acudir a la mediación.

La presencia del abogado en el proceso de mediación no está contemplada en la ley. Tampoco esta prohibida, pero una reforma de este tipo favorecería esa derivación.  De hecho con la ley en la mano si el proceso que entra en el juzgado va a mediación se devuelve un 60 por ciento de las tasas judiciales y se resuelve en periodo entre uno y dos meses por asunto.

También la jurisdicción civil se podría beneficiar de la mediación, ¿verdad?

No le quepa duda hay casi un millón novecientos mil asuntos que entran por la via civil lo que también hace que se congestionen nuestros juzgados. Potenciando la mediación desde la Administración Central podrían derivarse sobre los 700.000 asuntos anuales.  El resto podría tener salida desde los órganos judiciales.

¿Es partidario que la mediación sea obligatoria como algunos colegas suyos piensan?

Habría que verlo con calma y según que cada casos.  En países como Argentina lo es para muchos asuntos. Bajo mi punto de vista en temas arrendamientos urbanos; propiedad horizontal, derecho de familia, consumidores y usuarios y aquellos asuntos de tráfico que no sean delictivos podrían tener ese carácter obligatorio desde esa sesión informativa.

Estas materias suponen el 25 por ciento de los procedimientos civiles que hay en los juzgados podrían entrar de forma obligatoria en la mediación y no entrarían en los juzgados españoles.

Con la obligatoriedad los ciudadanos se darían cuenta de la eficacia e importancia de la mediación en estos temas que acabo de citarle, ahora mismo se duda de esa eficacia porque no se conoce bien sus ventajas.