En 2014 hemos sido testigos de numerosos supuestos en que muchos ciudadanos han visto limitado, dificultado o impedido su derecho a la tutela judicial efectiva: preferentistas, víctimas de accidentes o negligencias, desahuciados hipotecarios… que no podían hacer frente a las elevadas tasas judiciales impuestas por la Ley 10/2012 para defender sus respectivos derechos, instaurándose la cultura del impago, ya que el moroso, además de resguardarse en una justicia excesivamente lenta e impredecible ahora cuenta con la disuasión que supone el elevado coste para el potencial demandante, así como la impunidad de la Administración, dado el elevado importe de las tasas para impugnar actos administrativos, estando exenta en cambio la Administración de su pago.
Asimismo, hemos asistido a la continua publicación de numerosas reformas proyectadas que suponen la restricción de derechos fundamentales (como el de libertad de expresión, reunión y manifestación con el proyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana y el principio de intervención mínima del derecho penal, derechos de las personas con discapacidad y otros derechos fundamentales con el proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal) o la privatización de ciertos servicios (como se pretende con proyectos de Ley de Jurisdicción Voluntaria, de reforma del Registro Civil y de reforma de la LEC en materia de ejecución y notificaciones, encomendando ciertas materias a profesionales privados en lugar de a empleados públicos y dejando de invertir para la prestación pública y gratuita de dichos servicios, con el consiguiente coste para el ciudadano) o una ruptura y cambio radical de todo el sistema sin tener unos objetivos claros para mejorar la justicia (como se puede apreciar en el proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que perjudica al ciudadano, crea desigualdades, burocratiza en exceso el servicio, no garantiza la financiación pública suficiente y no respeta ni dignifica la labor del abogado de oficio, y en el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, en el proyectado Código Procesal Penal y en el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, en los que se impone un control excesivo sobre jueces, fiscales y Colegios Profesionales y se restringe su independencia y libertad).
Afortunadamente, en este año 2014 hemos sido cada vez más las personas y colectivos que nos hemos percatado de los irreparables perjuicios de dicho sistema de tasas y de las consecuencias de dichas reformas y lo hemos denunciado, reivindicando su derogación, modificación o no aprobación, habiéndose creado asociaciones, plataformas y movimientos que han resultado imprescindibles para la difusión de la problemática creada con este sistema y que denunciamos, cada día y con todos nuestros medios, la flagrante vulneración de derechos causada con la aplicación de la Ley de Tasas así como el peligro de algunas de las reformas proyectadas. Especial mención merecen la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ) y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), la Brigada #T, la Plataforma “No Somos Delito”, la ONG Rigths International Spain y la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.
La dimisión de Ruiz-Gallardón en septiembre y el talante del nuevo Ministro de Justicia Sr. Catalá, que se ha reunido con todos los operadores jurídicos, creando comisiones mixtas de trabajo, y que ha anunciado una revisión del actual sistema de tasas judiciales y paralizado la aprobación de reformas que se anunciaban como inminentes, nos da cierta esperanza de que las cosas están cambiando, si bien queda por concretar el alcance de dicha revisión del sistema de tasas y cómo quedarán las múltiples reformas proyectadas, por lo que debemos seguir trabajando, unidos, si cabe con más fuerza, para conseguir que la modificación de aquél y de los proyectos sea sustancial y que no se trate de una mera medida electoralista y de “lavado de cara”.
Sin duda 2015 va a ser un año muy intenso, plagado de citas electorales (municipales, autonómicas y nacionales) y puede ser crucial para la justicia. Sería deseable que el Gobierno, el Ministerio de Justicia y el Grupo Parlamentario Popular aprovecharan este período preelectoral para recapacitar y reflexionar profundamente sobre la Ley 10/2012 aprobada y proceder a su inmediata derogación, como paso previo a afrontar las reformas que verdaderamente precisa la administración de justicia, oyendo a todos los operadores sociales y jurídicos y, en particular, a los profesionales relacionados con su funcionamiento, todos dispuestos a avanzar hacia un frente común que permita una mayor eficacia y eficiencia en la administración de justicia y el servicio al ciudadano, sin merma de sus derechos fundamentales y con el compromiso político de dotar a dicha reforma de todos los medios materiales, personales y estructurales necesarios para su efectividad y la correspondiente previsión presupuestaria.
