No son pocas las voces que sostienen la incompatibilidad entre los planes de
pago a proveedores impulsados por el Gobierno español con la más reciente
Directiva Comunitaria en materia de morosidad.
Se trata de una opinión que comparto, al menos en lo que atañe a la última
fase del plan, aprobada mediante el
Real Decreto ley
8/2013,
de 28 de junio, de medidas urgentes contra la
morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales
con problemas financieros, dado que dicha norma, por la fecha de su
aprobación, se puede ver afectada por la expiración del plazo de
trasposición de la
Directiva Europea
2011/7/UE,
plazo que finalizaba el 16 de Marzo de 2013.
Ya agotado por nuestro legislador el plazo de trasposición de la Directiva,
como es desgraciadamente bastante habitual, y siendo por lo tanto invocable
la aplicación directa de sus disposiciones, se aprueba el RDL 8/2013, el
cual, en su artículo 6, establece palmariamente que el cobro de las facturas
al amparo del mecanismo previsto en el RDL (el mismo que en otras normas
anteriores de finalidad y articulado similares) conlleva la renuncia a los
intereses, gastos y costas:
“Artículo 6. Efectos del abono de las obligaciones pendientes de pago.
El abono a favor del proveedor conlleva la extinción de la deuda contraída
por la Comunidad Autónoma o Entidad Local, según corresponda, con el
proveedor por el principal, los intereses, costas judiciales y cualesquiera
otros gastos accesorios.”
Es notorio el esfuerzo del pudoroso redactor de la norma para conseguir que
el acreedor renuncie a sus derechos sin que ninguna de las 12.337 palabras
del Real Decreto Ley sea la palabra renuncia. Pues bien, como sabemos los
buenos aficionados a Monty Phyton, el loro está muerto, por más que se
empeñen en vendernos lo contrario, al igual que las costas, los gastos y los
intereses de demora. Para quienes no conozcan el parrot sketch, les
recomiendo vivamente su consulta en Youtube.
La cuestión es si la inclusión de esta “extinción” de la deuda por
intereses, gastos y costas es o no conforme con las disposiciones de la
Directiva, a la sazón de directa aplicación al haberse agotado el plazo de
trasposición y hoy definitivamente incorporadas a la legislación nacional en
la reforma de la Ley de Morosidad el pasado mes de Octubre.
La
Directiva Europea 2011/7/UE
considera “manifiestamente abusivas” todas aquellas cláusulas
y prácticas que impidan el cobro de intereses de demora y una compensación
por los costes de cobro. En el caso de las cláusulas o prácticas que
excluyan los intereses de demora, éstas se consideran manifiestamente
abusivas sin que quepa prueba en contrario:
Artículo 7
Cláusulas contractuales y prácticas abusivas
1. Los Estados miembros dispondrán que una cláusula contractual o
una práctica relacionada con la fecha o el plazo de pago, el tipo de interés
de demora o la compensación por costes de cobro si resulta manifiestamente
abusiva para el acreedor no sea aplicable o pueda dar lugar a una
reclamación por daños.
Para determinar si una cláusula contractual o una práctica es
manifiestamente abusiva para el acreedor en el sentido del párrafo primero,
se tendrán en cuenta todas las circunstancias del caso, incluidas:
a) cualquier desviación grave de las buenas prácticas
comerciales, contraria a la buena fe y actuación leal;
b) la naturaleza del bien o del servicio, así como
c) si el deudor tiene alguna razón objetiva para apartarse del
tipo de interés legal de demora, del plazo de pago estipulado en el artículo
3, apartado 5, el artículo 4, apartados 3, 4 y 6, o de la cantidad fija a la
que se hace referencia en el artículo 6, apartado 1.
2. A efectos del apartado 1, se considerará manifiestamente
abusiva una cláusula contractual o una práctica que excluya el interés de
demora.
3. A efectos del apartado 1, se presumirá que una cláusula
contractual o una práctica que excluya la compensación por los costes de
cobro a los que se hace referencia en el artículo 6 es manifiestamente
abusiva.
4. Los Estados miembros velarán por que, en interés de los
acreedores y los competidores, existan medios adecuados y efectivos para
evitar que sigan aplicándose cláusulas contractuales y prácticas que
resulten manifiestamente abusivas en el sentido del apartado 1.
La obligación, o carga, de renunciar a los intereses de demora, gastos y
costas, impuesta como condición inexcusable para percibir el pago de la
deuda pendiente con cargo a los planes de pago a proveedores, se ha
intentado defender con el argumento de la voluntariedad de la adhesión al
mecanismo. Analicemos pues la validez de tal argumento.
En primer lugar, creo que nadie discutirá que si la adhesión a los planes
fuera obligatoria para poder cobrar las facturas adeudadas, la nulidad sería
evidente. En este sentido, la voluntariedad simplemente sirve para eludir la
más grosera y aberrante arbitrariedad.
Ahora bien, ¿es bastante la voluntariedad para salvar la validez del
mecanismo frente al tenor literal de la directiva? A mi juicio, NO, y ello
por dos motivos:
1º) Porque dicha voluntariedad es más que dudosa.
El proceso de formación de la voluntad del acreedor que se acoge al plan es
subjetivo y distinto en cada caso, pero no puede negarse que flota en el
ambiente el miedo, mayor o menor según los casos, de que el no acogerse a la
solución que se ofrece al proveedor pueda derivar en un daño económico
irreparable para éste, como pueda ser el concurso de acreedores o la
desaparición del mercado de la empresa acreedora, ante la incertidumbre
sobre el momento en que la administración pagará finalmente. En muchos casos
de empresas o autónomos en apuros, la voluntariedad de la renuncia no es
mucho más intensa que la del viajero que entrega su bolsa al salteador de
caminos.
2º) Y en segundo lugar, porque la directiva comunitaria no considera la
voluntariedad de la renuncia a la percepción de intereses y gastos como
circunstancia que permita sanar la nulidad de las mismas.
La práctica o cláusula contractuales que impliquen la renuncia a la
percepción de intereses y gastos son consideradas como manifiestamente
abusivas, punto, sin consideración alguna a la voluntariedad. En último
término, si no hay voluntariedad, no cabe consentimiento, y sin
consentimiento no cabe hablar de cláusula contractual, por lo que la
voluntariedad es consustancial a la renuncia que la directiva anula.
Por lo tanto, el argumento de la voluntariedad es, pura y simplemente,
FALAZ, aunque goce de cierto predicamento, incluso en el ámbito de la
Comisión Europea.
Cabe preguntarse entonces por qué se ha permitido (al menos hasta el
momento) al Estado Español acogerse a una medida legislativa que supone, en
realidad, una suerte de “pase foral” a la Directiva Comunitaria en la
materia, una trasposición formalmente correcta de la misma al tiempo que se
crea un mecanismo que facilita a las Administraciones Públicas locales y
autonómicas la elusión de sus efectos más dolorosos.
Tengo al respecto una teoría, bastante personal, y que guarda relación con
el singular título de estas líneas.
Cuando las instituciones comunitarias establecen, para todos los estados
miembros, unos plazos de pago de las deudas breves y homogéneos, acaso no se
toman debidamente en consideración las distintas circunstancias de los
países destinatarios. Al aprobarse la primera directiva en la materia en
2000, había estados (caso de Dinamarca) a los cuales la adaptación a los
plazos de pago establecidos suponía poco o ningún esfuerzo, mientras que el
caso de España, por ejemplo, las diferencias entre el plazo obligatorio y el
habitual eran abismales. Con todo y con ello, eran tiempos de bonanza, y
hubiera podido producirse el deseable ajuste de haber existido verdadera
voluntad política.
Sin embargo, cuando la crisis económica estalla con toda su crudeza a partir
de 2008, con la directiva ya en plena aplicación obligatoria, nos
encontramos con un escenario en el que España, con unos ingresos públicos en
caída libre y unos gastos en continuo crecimiento, con el acceso al crédito
internacional a precios prohibitivos o simplemente inexistente, tiene que
cumplir con plazos de pago de 60 días e inferiores. Simplemente, las
obligaciones de la Directiva en materia de plazos de pago y de abono de
intereses de demora han devenido de cumplimiento imposible por vía de hecho,
como si se hubiera legislado contra la ley de la gravedad.
Como recordarán algunos lectores ya algo entrados en años, allá por los 80
se oía una canción del llamado “Rock Radical” que venía a decir algo así
como “La Asamblea de majaras se ha reunido, la asamblea de majaras ha
decidido … que mañana sol y buen tiempo”. Y ello, al parecer, tras ahorcar
al hombre del tiempo por venir con malas noticias.
Pues incurriendo en el mismo exceso de voluntarismo, las instituciones
europeas habían decidido en determinado momento que países solventes y bien
gobernados pagaran sus deudas en el mismo plazo que otros que no reunían ni
una ni otra condición.
Esta decisión se reveló en su momento como de imposible cumplimiento. Ello
ha podido llevar a que desde Bruselas “se mire hacia otro lado” cuando el
Reino de España salía como podía de la calamitosa situación en la que se
encontraban los cobros de sus proveedores, aun al precio de torcer, o
ignorar, el recto sentido de la legislación comunitaria.
Como conclusión, estimo que no es probable que nuevas ediciones del
mecanismo de financiación a proveedores vuelvan a plantearse, al menos, en
las condiciones de las ya puestas en práctica. En cuanto a éstas, ya
concluidas, algunos compañeros son partidarios de considerar radicalmente
nulas las renuncias al cobro de intereses y gastos de las facturas
percibidas al amparo del mecanismo de financiación, y reclamarlas en vía
contencioso administrativa. Ni que decir tiene que seguiré la suerte de tal
pretensión con el máximo interés.
En otro momento me referiré a otro subterfugio utilizado por algunas
administraciones para eludir el debido cumplimiento de la normativa sobre
morosidad, incluso con el beneplácito de la administración de Justicia: LA
CONTRATACIÓN POR EL PROCEDIMIENTO DE NULIDAD.