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 No cabe duda de que la generalización del uso de las TIC ha traído consigo una
profunda transformación del mundo que conocíamos, que ha supuesto una auténtica
revolución para la economía pero, muy especialmente, para las relaciones
sociales.
Este nuevo escenario ha sido acertadamente definido por el Plan de Confianza en
el Ámbito Digital 2013-2015, como “un ecosistema hiperconectado, centrado en la
movilidad y en la utilización de todo tipo de dispositivos, disfrutando de la
comunicación instantánea, geolocalizada y basada en un intercambio intensivo de
información personal”.
Ahora bien, los hechos han demostrado que este nuevo mundo también trae consigo
graves riesgos y amenazas, que cuando se trata de tecnologías de la comunicación
afectan de manera destacable a la seguridad y privacidad de las personas, y, en
particular, a su información personal.
Figuras tales como –entre otros- el Cloud Computing, las Smart Cities, los
wearables, el behavioural profiling o el BigData, son tecnologías e industrias
que aprovechan este ecosistema digital y que, de una manera u otra, dependen del
uso y explotación de información relativa a las personas físicas: sus nombres,
sus preferencias, sus gustos, sus costumbres, su localización física, sus
interactuaciones con otras personas, etc.
Ahora bien, no es menos cierto que el crecimiento de estas nuevas tecnologías ha
venido acompañado de un creciente desarrollo de la industria de la
ciberseguridad, que se ha demostrado esencial para la protección de los derechos
fundamentales de las personas (especialmente en lo relativo a su privacidad),
sin los cuales, los actuales estados de derecho no pueden desarrollarse
plenamente.
Es decir, el desarrollo sostenible de este nuevo paradigma jurídico y económico
requiere el establecimiento de un clima de confianza que –con el compromiso de
la ciudadanía, del sector público y, especialmente, el privado- permita realizar
una gestión adecuada de los riesgos que comprometen a esta nueva sociedad,
proporcionando la seguridad y la protección que la ciudadanía y las empresas
necesitan.
Lograr un clima de confianza suficiente para permitir el necesario desarrollo
social y económico requiere actuar sobre diferentes ámbitos, entre los que
podemos destacar, a los efectos que ahora nos ocupan, la ciberseguridad, el
respeto y la protección de la privacidad, el uso responsable y seguro de
servicios y contenidos, la protección de los colectivos especialmente
vulnerables, la resistencia y fortaleza de las infraestructuras tecnológicas de
las que somos especialmente dependientes, la seguridad jurídica de las
relaciones personales y económicas en dicho entorno, así como la protección del
consumidor en Internet.
En lo que se refiere a la privacidad, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos,
que la preocupación de los ciudadanos (y muy particularmente, de los
internautas) y de las empresas, está en constante aumento desde hace ya varios
años.
Así, ya el informe realizado en octubre de 2012 por el Instituto Nacional de
Tecnologías de la Comunicación (antiguo INTECO, hoy Instituto Nacional de
Ciberseguridad de España – INCIBE) sobre la “Protección de datos en las empresas
españolas”, puso de manifiesto que el nivel de cumplimiento de las pequeñas y
medianas empresas españolas de las obligaciones recogidas en la normativa de
protección de datos escasamente superaba el 50%.
Este escenario, evidentemente, deberá volverse a analizar tras la entrada en
vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que introduce novedades
importantes en esta materia, y que sin duda tendrán un importante impacto en lo
concerniente al tratamiento de datos que afectan a ciudadanos y empresas.
Dicho esto, desde el año 2013 se ha experimentado un intenso impulso al
desarrollo de la ciberseguridad en todos sus ámbitos, lo que ha provocado el
nacimiento de una auténtica política (internacional, comunitaria y nacional)
sobre esta materia. Así, figuras como la Agenda Digital Europea o las
estrategias europeas de ciberseguridad han dado lugar a una Agenda Digital
propia para España (ADpE), un Plan de Confianza Digital (PCD) o una Estrategia
Nacional de Ciberseguridad (ECS), gracias a las cuales España dispone de unas
líneas de actuación claras a la hora de proceder en este ámbito.
La combinación de los planes de actuación recogidos en los documentos citados,
junto con el escenario normativo actualmente en desarrollo, tratan de dotar a
empresas y ciudadanos de mejores y más seguras herramientas de protección de la
privacidad. Para lograr este objetivo, el Instituto Nacional de Ciberseguridad
de España (INCIBE), a través de su Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), ha
venido desarrollando una serie de herramientas y contenidos, cuyo uso se antoja
fundamental a la hora de mejorar la privacidad en todos sus aspectos.
Entre los más recientes destacan la aplicación Conan Mobile, el plug-in para la
lucha contra las redes de botnets, el evento anual Cybercamp o el kit de
concienciación para empresas. Respecto a este último, sectores tan relevantes
como el de la abogacía ha mostrado su compromiso con la privacidad, y difunde
entre sus miembros, a través de su asociación ENATIC, el citado kit de
concienciación adaptado a despachos de abogados y colegios profesionales, lo que
esperamos sirva de ejemplo para que otros colectivos también lleven a cabo
similares iniciativas de concienciación. |
