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18 de FEBRERO de 2015

El destino de las tasas judiciales

LAWYERPRESS

Por Susana Perales, abogada. Ceca Magán Abogados

 

Susana Perales, abogada. Ceca Magán AbogadosEn distintas ocasiones me he pronunciado sobre la injusta Ley 10/2012 de 20 de noviembre, modificada por Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Tal y como informa la propia Administración de Justicia en su página Web, la tasa judicial es “un tributo de carácter estatal que deben satisfacer en determinados supuestos los usuarios, ya sean personas físicas o jurídicas, por acudir a los Tribunales y hacer uso del servicio público de la Administración de Justicia. La gestión de este tributo está legalmente encomendada al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.”

Es decir, lo que se pretende es que los ciudadanos que recurran a los tribunales asuman parte del coste que ello implica, a fin de “racionalizar el ejercicio de la potestad jurisdiccional”. Se preveía que la tasa aportaría unos mayores recursos para mejorar la financiación del sistema judicial y concretamente la asistencia jurídica gratuita, indicando, además, que la regulación de la tasa judicial no era sólo una cuestión tributaria, sino también procesal.

Han pasado ya más de dos años, y esta nueva tasa lo único que ha conseguido ha sido limitar el acceso a la Justicia a todos los ciudadanos, ya que su finalidad es únicamente recaudatoria y disuasoria, siendo sorprendente que se intentase justificar su imposición en la necesaria financiación de la  asistencia jurídica gratuita, ya que la recaudación de millones de euros con la aplicación de estas nuevas tasas no ha supuesto una mejora de nuestro sistema judicial, ya que continuamos con una escasa plantilla de funcionariado, jueces, secretarios judiciales y fiscales; con los tribunales totalmente colapsados y sin que se hayan renovado los contratos a miles de jueces sustitutos, que  llegaban a resolver alrededor del 30% de los pleitos pendientes.

La subida de las tasas ha provocado que amplios sectores de la sociedad hayan quedado excluidos del sistema legal, e impide a los ciudadanos defender sus derechos ante los tribunales, en especial cuando la parte contraria es la Administración, pero es que además, el dinero recaudado no parece que haya mejorado la justicia gratuita. El Ministerio de Justicia presupuestó para 2014 invertir 34,1 millones de euros en Justicia Gratuita, poco más del 2% del presupuesto total, y se ignora el destino de lo recaudado, sin que se hayan resuelto aún los diversos recursos que reclaman la declaración de inconstitucionalidad de una ley que no ha satisfecho a nadie.

Es más, recientemente el Ministerio de Justicia ha reconocido que desconoce el destino de los más de 500 millones de euros recaudados desde la promulgación del “tasazo”. En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por Don Joan Baldoví, el Gobierno indica que el “Ministerio de Justicia no dispone de información al respecto”, y que “no corresponde a la Agencia Tributaria de la Administración del Estado la determinación ni la información sobre el destino de ninguna tasa.”

Se señala que “no existe obligación legal presupuestaria de aplicar toda la recaudación por un concepto concreto a un gasto específico”, “puesto que  lo que existe es una vinculación, pero no afectación del ingreso recaudado con la tasa”.

Parece ser que el nuevo ministro de Justicia tiene intención de suprimir algunas tasas y reducir la cuantía de otras. Entre las que suprimiría se encuentran las tasas que gravan los recursos de apelación en segunda instancia y de casación ante el Tribunal Supremo, pero no parece que vaya a suprimir las tasas que afectan a las miles de PYMES inmersas en procesos judiciales a causa del impacto de la crisis económica.

Sin embargo, lo cierto es que seis meses después de su nombramiento no se sabe a ciencia cierta qué es lo que pretende hacer, si ha efectuado o no un informe sobre el impacto económico que ha tenido la famosa ley, o si se está preocupando de averiguar adónde ha ido a parar el dinero, esos millones de euros que deberían haber aportado unos mayores recursos para mejorar la financiación del sistema judicial y concretamente la asistencia jurídica gratuita, y que nadie sabe dónde están ni quien los gestiona.

Espero que esta situación no caiga en el olvido y que todos continuemos aportando nuestro granito de arena para ello. Es una pena que realmente la sociedad no sea consciente del grave perjuicio que les causa esta situación hasta que un día necesitan acudir a la Administración de Justicia, y entonces se encuentran con la sorpresa. Pagar para poder ejercitar sus derechos. No sé dónde queda la tutela judicial efectiva.

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
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