En actualidad, la cuestión ha ido complicándose y modificándose, sin duda, en el actual mundo de la realidad y social y hasta política. Las dilaciones indebidas se han convertido en un grave, mejor, gravísimo problema político-criminal, que no se ha solucionado en las diferentes reformas del Código penal, ni del procedimiento criminal, ni muchísimo menos.

La salida que se le dio en su día por la Sala de lo penal del Tribunal Supremo, fue, eso una mera salida, un parche superficial, pero no una solución ni mucho menos completa. En diferentes momentos me he ocupado del tema un tanto críticamente y me veo obligado a repetir mis ideas sobre particular.

Ahora, con la reforma reciente existe en la que se recoge el pensamiento jurisprudencial convirtiéndolo en Ley, pues sinceramente poco puede exponerse sobre la características y perfiles de la nueva atenuante de dilaciones indebidas, que no se haya dicho ya cuando fue creada al amparo de la atenuante analógica por la jurisprudencia penal en nuestro país.

Lo cierto es que nada habría que añadir a esa incorporación a la Ley de una figura de clara creación jurisprudencial. Sin embargo, con el art. 21.6 que la acoge, no se ha resuelto ninguno de los grandes problemas que comportan las cada vez más numerosas dilaciones indebidas y la llamada reparación judicial que conlleva la atenuante, ya sea analógica o legalmente específica, pues lo es tan solo sólo por los acusados. No se benefician, de ninguna forma, ni las acusaciones particulares, ni los perjudicados por el delito dado que no les comprende, como resulta evidente, el marco de las circunstancias atenuantes en el Código penal.

Además siempre he mostrado mi resistencia a admitir una sentencia aunque sea atenuatoria, sobre la base de una clara infracción de un derecho fundamental de la Constitución  española. El tema, pues, si se opta por concederle una solución clara, coherente y eficaz debe ser planteado de otro modo.

La dilación indebida es algo contra legem, pues viola un claro mandato constitucional.  O peor aún, contra la misma vigencia de la Constitución que prohíbe, totalmente y mediante la proclamación del mas alto nivel legal,  un derecho fundamental, la presencia de la dilaciones indebidas en el procedimiento penal. Con toda razón. El pensamiento clásico siempre ha dicho que una justicia tardía no es más que una justicia injusta y de ahí también la exigencia del “plazo razonable” al que mas elegantemente alude, de manera expresa, el CEDH. Y resulta curioso que de una sentencia tardía e injusta por anticonstitucional  salga premiado el acusado, con auténtica desigualdad para las partes acusadoras o víctimas de la infracción penal que también se pueden haber visto perjudicadas sobremanera por la dilación procesal.

Con el paso del tiempo, y con más sosegada reflexión, he llagado a la conclusión de que la única forma de ser coherente con la vulneración de un derecho fundamental de nuestra Constitución, no es más que la nulidad del procedimiento en el que la tardanza haya sido máxima. Todo lo demás puede ser “parches” que no sólo no resuelven nada sino que lo complican, como ha sucedido con la creación de la nueva atenuante por el Código penal que tampoco respeta, y esto también es muy grave, en el principio constitucional de igualdad ante la Ley, según se expresa el art. 14 de nuestra Constitución.

Así las cosas, la lógica y la equidad deben imponerse en la relación con la prohibición de las dilaciones procesales. Por mi parte ya sugerí esa solución en mi obra Tratado de Derecho Procesal Español, publicada en el 2008. Pero, como también sugería en dicho texto habría que::

1)      Decretar la nulidad del fallo por quebrantar manifiestamente un derecho fundamental de nuestra Constitución, como es la prohibición radical de las dilaciones indebidas sufrida a lo largo del proceso.

2)      Llevar a cabo un minucioso y serio estudio de las causas y motivos de dichas dilaciones previo, a la declaración de nulidad y al mismo tiempo debe tenerse en cuenta como se deduce de lo ya expuesto lo siguiente:

3)      La apertura de diligencias penales por el presunto delito de retardo malicioso en la Administración de Justicia, y que de esa forma sirva de un muy importante estímulo para que no dormiten meses y meses en las estanterías de las oficinas judiciales los procedimientos penales o se encuentre lo actuado en manos de las partes, incluido el Ministerio Fiscal.

4)      Atribución, imperativa legalmente, al Ministerio Fiscal de la labor específica de vigilar día a día la marcha procesal del asunto y que deberá no sólo estimular,  sino requerir para que cese la dilación y así mismo a las partes procesales, manteniendo en todo momento la vigencia del derecho constitucional a la igualdad procesal.

5)      Ni que decir tiene que el Magistrado Juez de Instrucción deberá informar pormenorizadamente de las causas reales, no inventadas, así como de la relación causal que puede establecerse con las partes procesales detallando su participación en la dilación habida, de forma injustificada.

Manuel Cobo del Rosal

Abogado y Catedrático de Derecho Penal.