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Por
los
años
60 y
70
del
pasado
siglo
se
clamaba
por
doquier
de
la
autonomía
universitaria,
como
si
fuera
una
“varita
mágica”
que
resolvería
los
gravísimos
problemas
que
tenia
la
universidad
española
en
general
y en
particular
me
referiré
para
mi
es
obligado
a
las
facultades
de
Derecho
de
la
época.
Por
doquier
se
solicitaba
gregariamente
“autonomía
universitaria”.
La
verdad
es
que
en
reuniones,
asambleas,
claustros
y
manifestaciones
de
toda
clase
el
grito
descompuesto
de
“autonomía
universitaria”,
solía
ser
muy
generalizada
por
el
alumnado
y
profesorado,
cuando
no
personal
de
administración.
Todos
y en
todo
momento
la
reclamaba
a
voz
en
cuello.
Nadie,
con
cierta
sensatez,
se
preguntó
en
qué
consistía
y
para
que
servía
y si
resolvía
mucho,
poco
o
nada
la
severa
crisis
en
la
que
seguimos
sumidos
en
la
Universidad,
antes,
durante
y
después
de
la
instauración
de
la
democracia.
Sin
saber
lo
que
se
decía
se
alegaba
que
era
lo
contrario
al
modelo
napoleónico
de
Universidad,
tampoco
aclarado
a la
sazón,
ni
se
sabía
bien
en
qué
consistía
y
cuales
eran
sus
errores
y
defectos.
En
cierto
modo
se
solicitaba
la
cuadratura
del
círculo.
Se
pretendía
establecer
esa
autonomía
universitaria
dentro
de
lo
que
se
llamaba
sin
ningún
rigor
lógico
una
Universidad”
democrática”,
una
especie
de
sin
sentido
que
todavía
pervive
y
que
será
muy
difícil
extirpar.
Porque
si
por
Universidad
democrática
se
propugnaba
una
especie
de
autogestionaria
Universidad,
estábamos
buenos.
Semejante
disparate
no
prosperó
en
las
sucesivas
reformas
post
constitucionales,
ni
llegó
a
buen
puerto
ni a
ningún
puerto.
Como
siempre,
se
pedía
un
imposible,
para
así
estar
constantemente
descontentos,
y
esto
último,
la
verdad
sea
dicha,
se
consiguió.
Ni
las
reformas
legislativas
del
PSOE,
ni
tampoco
las
del
PP,
abordaron
seriamente
la
cuestión
ahora
constitucional
de
la
autonomía
universitaria.
Peor
aún:
no
se
constituyó,
ni
siquiera,
en
objeto
de
serio
debate
ni
político,
ni
menos
parlamentario,
después
de
la
vigencia
de
la
constitución
y de
su
artículo
27
que,
en
el
fondo,
sin
saber
lo
que
decían,
una
vez
más,
mencionaba
el
tema
de
la
“autonomía
universitaria”,
como
una
especie
de
declamación
para
que
se
callaran
los
docentes
y el
alumnado,
entre
otros
más.
De
suerte
que
funcionó,
como
una
especie
de
muleta
para
lidiar
el
problema
universitario.
Otra
vez
el
engaño
instalado
en
nuestra
política
y en
nuestra
legislación.
Y
nada
menos
que
en
la
Constitución.
Se
puso
de
manifiesto
que
la
autonomía
de
la
universidad
no
era
más
que
un
camelo
para
estudiantes
irreflexivos
acompañados
de
sus
respectivos
docentes
que
lo
utilizaron
para
su
“trepa”
personal.
En
el
ámbito
general
con
virtualidad
para
todos
los
centros
la
autonomía
no
sirvió
mas
que
para
producir
una
degradación
mayúscula
de
la
selección
del
profesorado
universitario,
que
todavía
existe.
Para
ello
había
que
destruir
el
sistema
que
consagro
la
Ley
republicana
que
confeccionó
siendo
Ministro
Don
Fernando
de
los
Ríos
y
que
desempeño
una
función
ambivalente
: de
una
parte
ofrecía
una
imagen
total
del
aspirante,
que
debía
realizar,
en
sesiones
públicas
y
con
contradicción
(trincas),
exposición
de 6
ejercicios
que
recogían
prácticamente
la
total
formación
del
opositor,
pero
de
otra
fallo,
en
ocasiones,
estrepitosamente
en
la
designación
de
los
miembros
del
Tribunal
que
tenían
un
amplísimo
margen
de
discrecionalidad-
arbitrariedad,
que
fue
utilizada
de
forma
descarada
y
acrítica
una
y
otra
vez
sin
el
menor
control
sobre
la
independencia
e
imparcialidad
con
que
fue
empleada.
Fue
una
Ley
hecha
con
una
inefable
buena
fe,
pensando
en
la
dignidad
y
honradez
del
profesorado,
en
el
que
se
confió
plena
y
totalmente.
No
se
cumplieron
en
absoluto,
su
fine
sobre
la
independencia
y
objetividad
que
tan
generosamente
se
le
concedió
al
profesorado
que
componía
los
tribunales
de
selección.
En
el
fondo
fue
quien
“se
cargó”
el
sistema.
Manuel
Cobo
del
Rosal
Abogado
y
Catedrático
de
Derecho
Penal.
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