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El
ministro
de
justicia
viene
estos
días
confirmando
de
palabra
a la
prensa
lo
que
ya
sabíamos
por
sus
hechos:
que
el
dinero
de
las
tasas
no
se
destinará
a
justicia
y
que,
en
consecuencia,
le
trae
absolutamente
al
fresco
lo
que
diga
el
artículo
11
de
la
Ley
de
Tasas
(están
vinculadas
a la
justicia
gratuita),
lo
que
diga
el
preámbulo
de
la
misma
ley
(que
se
destinarán
a
justicia
gratuita)
y lo
que
su
antecesor
y el
propio
gobierno
hayan
podido
prometer
o
comprometer
a la
nación
(que
las
tasas
se
destinarían
a
justicia
gratuita).
Este
del
ministro
Catalá
es
un
caso
digno
de
estudio
en
la
historia
de
la
política
española.
Hasta
ahora
el
incumplimiento
de
una
promesa
a la
población
era
algo
vergonzante
que
se
procuraba
ocultar
o
disimular
por
parte
del
político
correspondiente;
sin
embargo,
con
este
ministro,
hemos
dado
un
salto
evolutivo
en
la
conducta
de
nuestra
clase
política
y
ahora
contravenir
el
sentido
de
una
ley
o de
su
preámbulo
o
incluso
las
justificaciones
y
promesas
que
se
dieron
para
imponerla
ya
ni
se
oculta
ni
avergüenza;
Darwin
estaría
encantado
con
este
salto
evolutivo,
créanme.
No
me
detendré
hoy
en
las
implicaciones
biológico-evolutivas
de
las
desvergüenzas,
más
bien
me
gustaría
señalar
cuáles
han
sido
las
consecuencias
de
este
asalto
a la
justicia
que
ha
llevado
a
cabo
este
gobierno
permitiendo
que
el
dinero
de
las
tasas
(más
de
500
millones
de
euros
hasta
ahora)
se
haya
dedicado
a
cualquier
cosa
menos
a lo
que
ellos
mismos
se
comprometieron
a
destinarlo.
Si
la
Justicia
hubiese
dispuesto
de
esos
500
millones
de
euros
se
habrían
podido
cubrir
gran
parte
de
sus
necesidades;
lo
que
ocurre
es
que,
en
realidad,
este
gobierno
no
tiene
ninguna
intención
de
arreglar
la
justicia;
así,
como
suena,
veámoslo.
A la
vista
de
los
espeluznantes
informes
del
Consejo
General
del
Poder
Judicial
la
asociación
Jueces
para
la
Democracia
propuso
en
su
día
la
creación
de
565
nuevos
juzgados
en 5
años
para
solucionar
el
problema
y
hacer
funcionar
la
justicia
en
España.
Pueden
parecer
muchos
juzgados
pero,
teniendo
en
cuenta
que
instalar
un
nuevo
juzgado
cuesta
de
media
trescientos
mil
euros,
el
coste
total
de
la
creación
de
esos
565
juzgados
costaría
unos
175
millones
de €
y
aún
nos
sobrarían
425
millones
para
mantenerlos
en
funcionamento
bastantes
años.
No
habría
estado
mal
¿verdad?.
Otro
ejemplo.
El
gobierno
central
gasta
unos
34
millones
de
euros
al
año
en
mantener
el
sistema
de
asistencia
jurídica
gratuita,
con
esos
500
millones
que
han
preferido
distraer
a
otros
fines
el
estado
habría
podido
pagar
la
friolera
de
14
años
de
turno
de
oficio.
Tampoco
está
mal
¿verdad?
Y si
lo
que
el
gobierno
hubiese
deseado
es
atajar
la
corrupción
y
dar
una
tramitación
rápida
a
esos
asuntos
que
dicen
que
tanto
les
preocupan,
habrían
podido
dotar
a
los
juzgados
pertinentes
de
jueces
y
sistemas
de
apoyo
que
permitiesen
a
los
instructores
dedicar
todo
su
tiempo
y
conocimientos
a
combatir
la
corrupción.
Pero
no,
el
gobierno
no
quiere
eso,
porque
el
gobierno
no
quiere
ni
siquiera
que
España
alcance
la
media
europea
de
gasto
en
justicia,
prefiere
mantenernos
en
el
vagón
de
cola
y
por
eso,
esta
misma
mañana,
ha
optado
por
votar
en
solitario
en
contra
de
una
proposición
en
tal
sentido
en
el
Senado.
Así
pues,
cuando
vean
a
Catalá
hablar
de
Justicia
amartillen
su
memoria,
recuerden
lo
que
debió
hacer
y no
hizo,
recuerden
el
dinero
que
debió
destinar
a
justicia
y no
destinó,
recuerden
que
los
presupuestos
de
justicia
siguen
igual
de
famélicos
que
siempre
y
recuerden
que,
prometer
mejoras
cuando
no
se
ha
consignado
dinero
para
llevarlas
a
cabo,
no
es
más
que
humo,
publicidad
electoral
y
escasez
de
respeto
al
ciudadano.
Lo
curioso
es
que
Catalá
ha
podido
reformar
la
Ley
de
Tasas
y
borrar
de
ella
toda
referencia
a su
vinculación
con
la
justicia
gratuita
y,
sin
embargo,
no
se
ha
tomado
la
molestia
de
hacerlo
(o
ha
preferido
no
hacerlo)
por
lo
que
ha
legado
a la
posteridad
uno
de
los
ejemplos
más
nítidos
del
respeto
que
tienen
(o
que
no
tienen)
los
políticos
a lo
que
prometen
e
incluso
a lo
que
legislan.
Júzguenlo
ustedes
y
luego
hagan
lo
que
proceda. | 
