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Todas las víctimas de delitos tendrán una serie de derechos básicos y recibirán atención personalizada, según una directiva aprobada hoy por el Parlamento. La nueva norma pondrá a disposición de las víctimas servicios gratuitos, como el apoyo psicológico o la traducción e interpretación a una lengua que entiendan. 75 millones de personas son víctimas de delitos cada año en la UE. Cuando una persona es víctima de un delito en el extranjero, las diferencias culturales, lingüísticas y jurídicas pueden plantear problemas. La legislación, aprobada con 611 votos a favor, 9 en contra y 13 abstenciones, busca garantizar que, independientemente de la naturaleza del delito - asalto, robo, violación, acoso, ataque terrorista, crimen organizado o trata de seres humanos - o de dónde ocurra, todas las víctimas dispondrán de una serie de derechos básicos, serán tratadas con respeto y tendrán acceso a servicios de apoyo, justicia y compensación por los daños sufridos. La ponente de la comisión de Libertades Civiles, la española Teresa Jiménez-Becerril (PPE) declaró en el debate de ayer que "a pesar de que hoy la situación económica es nuestra mayor preocupación, me consta que en la mayoría de los países europeos existe una gran inquietud sobre el funcionamiento de la justicia. Y esta directiva, que dice alto y claro a las víctimas que sus derechos no serán ignorados y que serán tratadas con respeto y dignidad, servirá para generar confianza en la justicia.". Por su parte, la ponente de la comisión de Derechos de la Mujer, Antonyia Parvanova (ALDE, Bulgaria) señaló que "hay un principio claro que guía esta legislación: el interés de las víctimas y el apoyo que necesitan para superar un proceso que puede ser especialmente difícil para ellas". Atención personalizada Todas las víctimas serán sometidas lo antes posible a una evaluación individual para identificar sus necesidades específicas. Esta evaluación tendrá en cuenta las características personales de la víctima, como la edad, el sexo, la raza, la religión o la orientación sexual, así como las circunstancias del crimen. La directiva subraya que, dependiendo de su situación personal, cualquier víctima puede necesitar algún tipo de atención personalizada en un momento dado. Las evaluaciones individuales se repetirán a lo largo del proceso para tener en cuenta los cambios en la situación de la víctima. Servicios de apoyo La nueva normativa obliga a los Estados miembros a garantizar a las víctimas y a sus familiares acceso gratuito y confidencial a una serie de servicios de apoyo, como la ayuda psicológica, desde el momento en que notifican el delito y durante todo el proceso. Además, habrá servicios de apoyo especiales dirigidos a las víctimas con necesidades especiales, como las víctimas de violencia de género o los niños. Información y traducción Las víctimas tendrán derecho a recibir información sobre sus derechos, ya sea de forma oral o escrita, en una lengua que entiendan. Los Estados miembros tendrán que poner a disposición de las víctimas que lo soliciten servicios de traducción e interpretación para garantizar que éstas puedan participar en los interrogatorios, las entrevistas y las vistas orales en una lengua que entiendan. Próximos pasos La directiva tendrá que ser aprobada formalmente por el Consejo. Una vez superado este trámite, los Estados miembros tendrán un plazo de tres años para transponerla a sus legislaciones nacionales. Reino Unido e Irlanda han decidido aplicar esta legislación. Dinamarca no las aplicará, debido a su "opt-out" permanente en justicia y asuntos de interior. Procedimiento: codecisión (acuerdo en primera lectura) Ponentes: Teresa Jiménez-Becerril (PPE, España) y Antonyia Parvanova (ALDE, Bulgaria)
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