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En estos días ha sido noticia los gritos desesperados de unos niños que se negaban a ir a visitar a su padre a México como así rezaba en una sentencia judicial. Sucedía en la localidad de Alboraya (Valencia) y de momento, la presión popular ejercida por los vecinos de la localidad parece haber impedido ese viaje. Este episodio no es más que uno entre los muchos que a diario suceden en la totalidad de las plazas de Justicia, donde, en muchas ocasiones, el derecho de los padres se confunde con aquello que se supone que tiene que velar por encima de cualquier circunstancia, es decir, el beneficio del menor. Como casi todo, el tema de las custodias de los hijos en los casos de ruptura familiar va por modas. Lo peligroso es que en este caso equivocar lo que es justo en cada situación con lo que a uno le parece correcto tiene consecuencias, posiblemente, de por vida. Hoy se intenta que predomine por sistema aplicar regímenes de custodia compartida, así lo dijo nuestro mandamás en Justicia, el señor Gallardón, que prometió que durante su mandato regularizaría la ley en este sentido. He aquí donde confundimos igualdad con sentido común. Al señor Gallardón, como todas aquellas personas que, incluso, llegan a montar campañas y movilizaciones en pos de sus derechos como padres, se le olvida que cada caso es diferente y, por tanto, no se pueden aplicar las mismas condiciones con independencia de las posibilidades reales que pueda tener un progenitor de velar por el beneficio supremo de sus hijos, los cuales, siempre, aparecen como la principal víctima de un problema creado por sus propios padres, algo que con frecuencia se nos olvida. No es objeto de debate la capacidad que un padre, independientemente de su género, pueda tener para hacerse cargo de un hijo. Este tipo de controversias pertenecen al pasado, y afortunadamente parecen resueltas. Hasta no hace mucho, por sistema, la custodia siempre recaía en la madre, algo que resultaba tremendamente injusto, pero una cosa es darse cuenta y, por fin, aceptar que un padre puede ejercer con los misma competencia que una madre el ejercicio responsable de la custodia de sus hijos, y otra cosa es que olvidemos y pisoteemos los derechos de las únicas víctimas de un divorcio, los hijos. Hoy se presta mas atención a la comodidad de los progenitores que a la situación de los hijos. Al grito de mi derecho como padre, o madre, se obliga a los hijos, independientemente de su edad o grado de dependencia de cada una de las figuras progenitoras, a que cada semana, cada quince días, o como ha podido llegar a ver, cada 24 horas, enfilen viaje a casa de papá o de mamá con un par de hatos y los deberes metidos en la maleta. En muchas ocasiones, por edad, los niños carecen de capacidad para saber en que día vivimos y con quién me toca ir hoy. La imagen de estos críos saliendo del colegio sin saber muy bien a quien se encontraran en la puerta debería de ser suficiente para darnos cuenta de que algo funciona muy mal. Los niños se han convertido en objeto de mercadeo y, en muchas ocasiones, se utilizan para reducir el pago de una pensión o simplemente para fastidiar a la ex-pareja. Al menos, hasta hace apenas dos años, se trataba de respetar determinados parámetros, como por ejemplo la edad de un hijo, pero hoy todo vale, incluso se trata de justificar la sangrante decisión con argumentos tan falsos como que un niño tiene capacidad para adaptarse a cualquier situación, aunque esta implique que el menor tenga que someterse a un viaje transatlántico para pasar unos días con su padre e involucre la pérdida de días lectivos, el estrés de un cambio o su propia salud emocional. Si bien el caso de Alboraya no es algo habitual, y por tanto no vamos hacer demagogia de ello, la cuestión de fondo que rodea al caso si que es bastante frecuente. Urge poner fin a un problema que genera un tremendo desconcierto por la arbitrariedad con la que se valoran este tipo de casos. La realidad es que cada Juez aplica un criterio distinto ante una misma situación, y por tanto, la suerte de un niño se decide según en que juzgado recaiga la demanda de divorcio o medidas. Esta forma de decidir no es Justicia, sino opinión. Juan José de Lanuza Torres, Psicólogo Forense y perito judicial, Gabinete de Psicología Clínico-Forense EASO
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