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Sobre el apresuramiento en la justicia criminal

MADRID, 04 de ABRIL de 2013
 

En la Ley 38/2002 del pasado 24 de octubre, se regulan los denominados, sin ninguna gracia, “juicios rápidos”. Se dice que es secuela y fruto del ya lejano y declamatorio pacto del Estado para la reforma de la justicia. Pero, digo sin gracia, porque es la justicia la que debiera ser razonablemente rápida, pero no los juicios. Estos deben ser serenos, reflexivos, detallados, minuciosos y bien motivados y sobre todo estudiados, pero nunca, acelerados, ni atolondrados.
Sobre el tema de la modificación o reforma de la justicia de cualquier orden, por supuesto incluido el penal, se ha escrito mucho y se ha hablado quizá demasiado pero, ciertamente, no se ha hecho gran cosa, hasta el momento, desde la vigencia de nuestra Constitución (1978). Se ha caminado más bien a base de empujones, cuando no de tropezones. Las necesidades y carencias y no sólo legislativas, de nuestra justicia en general, y en especial de la justicia penal, han venido dictadas, en gran medida, desde fuera, esto es, por fenómenos sociales sin duda exógenos y ajenos a los poderes públicos, cuando no por terminante resoluciones de órganos supranacionales, en ocasiones muy críticas con el sistema judicial español.
No es el momento de recordar las severas censuras que se han producido por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ambos perfectamente legitimados debido a los compromisos contraídos por el Reino de España al suscribir y asumir como derecho interno los Convenios y Tratados internacionales, de conformidad con el artículo 10 nº 2 de nuestra Constitución, cuando terminantemente afirma: “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.
Estos reproches, incluso internacionales y que por vigencia de la Constitución española vinculan a nuestros poderes públicos, por supuesto ejecutivo, legislativo y judicial, en ocasiones han caído en el vacío. Con mucho mayor motivo tampoco han sido oídas, ni desde luego escuchadas, ni menos atendidas, las críticas internas que también has existido, especialmente desde la vigencia del sistema político democrático en España (1976).
Bastante autores, también bajo la dictadura franquista criticamos, exactamente igual que hacemos ahora, la situación que, curiosamente, con el cambio democrático en cierto modo se ha agudizado, y lamentablemente así lo nota el ciudadano justiciable y el profesional del Derecho.
Leí, con verdadera atención, un breve y muy bien construido ensayo ( ABC, 24-I-2003, pág. 57 de Francisco Soto Nieto, que fuera Magistrado del Tribunal Supremo, y sus ponderadas palabras no puedo por menos que hacerlas mías.
Están cargadas de razón; y desde luego dictadas por una dilatada e indiscutible vocación por la justicia.
No cabe la menor duda que lleva toda la razón el Dr. Soto Nieto cuando dice que: Constituye afirmación compartida y harto reiterada la de que la justicia que se imparte tardíamente, con graves censuras en le camino a ella conducente, no es propia justicia. Una de las razones de descrédito de la Justicia que más ha calado en el medio social estriba en la exasperante lentitud que le ha venido acompañado. Podría añadir que la verdad es que una justicia, como sucede, desmesuradamente lenta, no es justicia.
A veces constituye, sin más, una impía crueldad. Por eso, me pareció muy acertada, en su día, la posición que, primero, mantuvo el Tribunal Europeo de Derecho Humanos, y posteriormente, con toda plenitud, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en relación con las denominadas “dilataciones indebidas” (contradicción del derecho fundamental recogido en el art. 24,2 de nuestra Constitución: “proceso público sin dilaciones indebidas”).
En el supuesto de que haya existido condena, se nos presenta como necesaria, por obvias razones de equidad – fiel compañera que debiera serlo siempre de la justicia-, la compensación judicial, al menos, como una atenuante analógico muy cualificada.
Pero, si ha concluido el proceso con una sentencia absolutoria, tras 8 ó 10 años de encontrarse el ciudadano como imputado en un procedimiento criminal, con todos los males personales, sociales, económicos, familiares, etc, que suelen y pueden, con seguridad, acompañarle. ¿Qué se hace entonces?, Porque entonces no cabe, hasta ahora, la rápida compensación judicial, y debería pensarse en una fórmula mucho más solidaria y operativa que la hasta el momento existente en relación con el “anormal funcionamiento de la administración de justicia”. Esto es: otro nuestro procedimiento que pone a prueba, sin duda, la paciencia del ciudadano que para obtener unos euros indemnizatorios, debe emprender un tedioso y lento proceso que puede igualmente terminar, ad calendas grecas.
Pero, la justicia debe ser ante todo, además, de prudencia, ponderación y proporcionalidades razonable. Una justicia que, por apresuramiento, fácilmente pueda resultar irreflexiva y desmesurada, evidentemente no es justicia. La justicia, igualmente debe ser armonía, y desde luego nada de lo anterior es siquiera imaginable, ni compartible, con una desmedida masificación, desde luego creada legítimamente por los ciudadanos españoles con el advenimiento de la democracia, porque sin duda creían o esperaban justicia. Tampoco la denominada “clase política” ha dejado de echar “su cuarto a espada”, en relación con el uso y en bastantes ocasiones el abuso de la justicia, pretendiendo, por así decir, “arrimar el ascua a su sardina”, de forma absolutamente impresentable. A veces se ha producido, una indeseable coincidencia, completamente meditada, de la responsabilidad política con la criminal. La justicia, despojada entonces de la venda que le hace presentarse como ciega, desde tiempos inmemoriables, se convertía en un extraño y desde luego vidente engendro que poco a nada tendría que ver con esa aproximación al valor de la Justicia, que supone la aplicación del Derecho( justicia, pero con minúscula).
Por todo lo anterior, lleva razón una vez mas el magistrado Dr. Soto Nieto cuando afirma que “El Juez debe huir de la improvisación fácil, ha de meditar serenamente a fin de que las ideas, los juicios... vayan posándose en su espíritu...”y “no debe faltarle aquel tiempo razonable y preciso para semejante operación depuradora y selectiva” al margen de que la justicia, como recuerda el autor, no puede hacerse en serie, pues es “una labor de artesanía”, y diría por mi parte, además llena de proporcionalidad y armonía.
El prólogo de la Ley 38/2002 de 24 de octubre nos habla de que estamos ante una “importante aceleración” de estos juiciosos rápidos, aunque no es lo único; sin perjuicio de que también éste (el juicio oral), así como la emisión de la sentencia y la tramitación de los eventuales recursos se realicen con rapidez.
Desde luego son así las cosas, y no voy a entrar aquí en un examen técnico del concreto articulado, que, sería mas propio de un trabajo técnico, y no meramente divulgativo, pero algo me queda muy claro: Que se asegura, desde luego, la improvisación, y la irreflexión y consecuentemente se va a generar un caldo de cultivo para que nazca la “anti-justicia”, en el sentido más estricto, esto es, el error.
Si a lo anteriores le une que dicha Ley ha tenido una pésima acogida por parte de quiénes deben aplicarla, como son los jueces y que no está nada clara, como se afirmó por la junta de esos jueces de instrucción, de Madrid, presidida por su Decano, la decisiva cuestión de las dotaciones de suficientes juzgados de guardia para la realización e implantación de esos juicios rápidos, pues peor, si cabe, todavía.
Por otra parte, se ha adoptado la menos inteligente de las actitudes en relación con las críticas recibidas, sean severas o no, como es la censura, conminaciones, expedientes informativos o desinformativos y toda la parafenalia que, generalmente, no lleva a nada bueno.
Recuerdo ahora, con tal motivo, la crítica cerrada que hice, a medidos de los años 70, contra el entonces flamante título preliminar del Código Civil, cuando de forma un tanto serpentina introducía (o lo pretendió) un intolerable direccionismo hermeneútico como expuse en su día “con la finalidad de silenciar, bajo postulados políticos, la libertad crítica e interpretativa”, del jurista, y me preguntaba entonces, y curiosa y paradójicamente, después de casi 30 años, me pregunto hoy lo mismo, en relación con la uniformidad interpretativa como se decía por el entonces poder político: “¿Es que es beneficiosa la uniformidad en materia de interpretación?”, “¿Es que no lo es más la disparidad, o mejor, puralidad interpretativa?, “¿De que se beneficia?”. Estos interrogantes quedaron sin contestación entonces, y quizá ahora sería mejor que también quedaran incontestados
Pero no quiero terminar, este párvulo artículo sin afirmar, textualmente, como ha hecho, desde sus largos años de experiencia como magistrado, el Dr. Soto Nieto, en su citado trabajo: “ A la hora de entrada en vigor de la Ley”, “¿Se dispondrá de la dotación de medios augurada?”. Y lo que es decisivo, “¿Se contará con el numero de Jueces y Fiscales que la proyectada agilización de juicios reclama?”. Esto es muy decisivo.
Parece ser que, por el momento, no. Y por eso pasa lo que pasa, al margen de que toda labor legislativa, puede y debe ser mejorada, porque es antes que nada mejorable, o debiera serlo. Guste o no.


Manuel Cobo del Rosal, Catedrático de Derecho Penal y Abogado.

 


 





 


 

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