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 Abogacía
y
cultura
son
las
dos
pasiones
de
nuestro
entrevistado.
Aún
recuerda
cuando
aquel
legendario
Teatro
Odeón
de
la
calle
Corrientes
de
Buenos
Aires
-en
el
que
Margarita
Xirgú,
ya
exiliada,
hizo
“Yerma”
y
“Doña
Rosita
la
soltera”-,
fue
demolido
pese
a la
oposición
de
la
gran
familia
de
la
cultura
argentina.
“Se
desprotegió
y
pese
a
que
estaba
estipulado
legalmente
que
se
debía
construir
otro
teatro,
aún
existe
un
parking
en
ese
lugar”
explica
Beltrán Gambier,
abogado
que
llevó
ese
caso
en
los
años
noventa,
conocido
en
los
manuales
de
Derecho
como
“caso
Gambier
I” o
“caso
Odeón”.
Enamorarse
de
la
cultura
española
y
del
Teatro
Albéniz
no
fue
complicado
“tras
conocer
por
la
prensa
la
situación
del
teatro;
de
alguna
forma
coger
su
defensa
fue
una
manera
de
vengar
la
memoria
del
propio
Odeón”,
subraya.
A lo
largo
de
esta
entrevista
profundizamos
en
el
derecho
contencioso
administrativo
y su
relación
con
la
cultura.
Gambier
ha
logrado
un
fallo
del
Tribunal
Superior
de
Justicia
e
Madrid
–confirmado
en
diciembre
del
2012
por
el
Supremo-
que
obliga
a la
Comunidad
de
Madrid
a
tramitar
el
expediente
de
Bien
de
Interés
Cultural
para
el
teatro.
La
sentencia
se
ha
cumplido
y el
trámite
está
en
marcha.
“Soy
abogado
desde
1981.
Realicé
mi
carrera
en
una
universidad
pública
argentina
en
la
ciudad
de
La
Plata,
ahora
tristemente
célebre
por
las
inundaciones.
Una
vez
licenciado
a
Madrid
para
cursar
mi
doctorado
en
la
Complutense
y
asistir
al
Seminario
de
Eduardo
García
de
Enterría,
con
quien
mantengo
aún
relación
y
también
con
muchos
de
sus
discípulos.
Enterría
es
muy
querido
y
admirado
en
Argentina
y
mucho
más
desde
que
es
un
estudioso
de
la
poesía
de
Borges”.
Al
volver
empecé
a
trabajar
en
Buenos
Aires
como
abogado
en
un
organismo
que
es
como
el
Consejo
del
Estado
de
aquí
y se
llama
Procuración
del
Tesoro
de
la
Nación.
A
poco
de
estar
allí,
cuando
estaba
metido
en
el
tema
de
privatizaciones,
me
convocó
Juan
Carlos
Cassagne
–maestro
y
amigo-,
titular
de
un
despacho
especializado
en
administrativo
al
que
dediqué
veinte
años.
En
los
años
noventa,
siendo
ya
socio,
nos
fusionamos
con
un
despacho
internacional
con
clientela
extranjera
llamado
Cárdenas,
Cassagne
y
Asociados.
Fue
este
bufete
quien
me
encomendó
abrir
una
oficina
de
representación
en
Madrid,
que
quedó
inaugurada
en
marzo
del
2000.
Nuestros
clientes
españoles,
entre
los
que
se
destacaban
Repsol
y
Endesa,
nos
lo
agradecieron.
Desgraciadamente
la
crisis
del
2001
afectó
al
proyecto
aunque
lo
pudimos
mantener
hasta
el
2005.
Como
ya
había
convalidado
mi
título
en
el
año
1981
decidí
trabajar
por
mi
cuenta
y
ejercer
la
abogacía
hasta
el
momento
que
nos
encontramos.
Soy
administrativista
y
procuro
conectar
mi
pasión
por
lo
cultural
con
lo
jurídico
de
tal
forma
que
me
he
especializado
en
temas
relacionados
con
el
Derecho
Cultural.
He
ganado
en
Argentina
y en
España
casos
vinculados
con
la
preservación
del
patrimonio
cultural.
El
“caso
Gambier
II”
es
también
materia
de
estudio
en
los
manuales
de
Derecho;
con
él
logré
paralizar
una
campaña
de
publicidad
del
presidente
Menem
(que
estaba
en
ejercicio)
por
violar
el
principio
de
legalidad.
Mis
socios
se
preocuparon
del
impacto
de
este
fallo,
pero
se
tranquilizaron
cuando
los
clientes
llamaron
para
dar
la
enhorabuena
por
la
noticia,
que
tuvo
gran
impacto
mediático.
La
revista
Intramuros
refleja
esa
pasión
literaria.
Es
el
fruto
de
una
tertulia
mensual
que
yo
lideraba
en
Buenos
Aires
y en
la
que
participaban
abogados
del
mundo
de
los
negocios.
En
cada
una
analizábamos
un
personaje
de
la
historia.
Corría
el
año
1993
cuando
empezamos
con
los
debates.
Esto
me
inspiró
para
poner
en
marcha
la
publicación
en
1994,
junto
a
María
Sheila
Cremaschi,
recogiendo
la
temática
de
la
biografía
y la
autobiografía.
Ahora
somos
una
referencia
internacional
insoslayable
en
castellano
sobre
esta
materia.
Y
pioneros.
Hemos
editado
37
números.
¿Qué
valoración
puede
hacer
del
fallo
del
Tribunal
Superior
de
Justicia
de
Madrid
que
señala
a su
defendido,
el
Teatro
Albéniz,
Bien
de
Interés
Cultural?
Este
fallo,
ya
confirmado
por
el
Tribunal
Supremo,
anuló
el
acto
administrativo
del
por
aquel
entonces
consejero
del
Cultura
de
la
Comunidad
de
Madrid,
Santiago
Fisas,
que
rechazaba
un
recurso
de
alzada
interpuesto
por
la
Plataforma
de
Ayuda
al
Teatro
Albéniz
contra
la
denegatoria
del
Director
General
de
Patrimonio
Histórico
de
incoar
expediente
para
declarar
Bien
de
Interés
Cultural
al
teatro.
En
su
día
contamos
con
miles
de
firmas
y
cientos
de
apoyos
cualificados
de
la
vida
cultural
española
e
internacional
para
lograr
que
el
mencionado
expediente
se
pusiera
en
marcha.
 La
negativa
de
la
Comunidad
de
Madrid
nos
obligó
a
interponer
un
recurso
contencioso
administrativo
hace
más
de
cinco
años
que
fue
exitoso.
Se
anuló
con
argumentos
muy
contundentes
–diría
demoledores-
lo
decidido
por
el
consejero
de
Cultura,
Santiago
Fisas.
Gracias
a
que
el
Tribunal
Supremo
rechazó
el
recurso
e
casación
interpuesto
por
la
propiedad,
ahora
la
sentencia
está
en
plena
ejecución.
Tanto
mi
compañera
Eva
Aladro,
portavoz
de
la
Plataforma
e
hija
de
Teresa
Vico
-que
dirigió
el
Albéniz
por
20
años-,
somos
parte
en
el
expediente
abierto.
Yo
actúo
como
ciudadano
y
como
letrado.
Pero
en
el
trámite
actual
hay
más
de
70
interesados
que
nos
acompañan,
y
miles
de
ciudadanos
y
personalidades
de
la
cultura
que
están
en
el
expediente
originario,
ahora
reabierto.
¿Qué
balance
puede
hacer
de
estos
siete
años
de
litigios?
Han
sido
siete
años
de
trabajo
muy
duros.
Organizamos
manifestaciones
multitudinarias
y
contamos
para
ello
con
el
apoyo
de
la
Unión
de
Actores.
Eso
fue
importante
al
inicio
para
que
personalidades
como
Pedro
Almodóvar,
Marisa
Paredes,
Aitana
Sánchez
Gijón,
Pilar
Bardem,
Federico
Luppi,
el
bailarín
José
Antonio
y
tantos
otros
se
implicarán
en
la
misma.
El
imán
era
este
teatro
mítico,
emblema
de
la
cultura
de
Madrid.
De
forma
paralela,
a lo
largo
de
los
años,
tramitaron
los
recursos
administrativos
y
contencioso
administrativos.
Trabajé
en
ellos
totalmente
pro
bono,
es
decir
sin
cobrar
un
solo
euro.
Quiero
decirlo
claramente:
la
Administración
no
colaboró
en
esta
gesta.
Nos
costó
mucho
conseguir
que
llegaran
a la
Justicia
los
expedientes
que
habíamos
generado.
Entiendo
que
a
los
poderes
públicos
les
corresponde
hacer
lo
necesario
para
preservar
los
bienes
culturales
pero
realmente
lo
único
que
hicieron
fue
entorpecer
nuestro
trabajo.
Santiago
Fisas,
hoy
eurodiputado,
estaba
al
tanto
de
todo.
Hablé
con
él
varias
veces.
Su
argumento
para
denegarnos
las
peticiones
era
que
no
se
podía
ir
contra
una
sentencia
del
TSJM
que
trató
la
cuestión
urbanística
del
2003.
Frente
a
ello
le
presenté
un
dictamen
de
la
catedrática
de
Derecho
Administrativo,
Blanca
Lozano
Cutanda,
en
el
que
se
dejaba
claro
que
no
había
óbice
legal
para
tramitar
el
BIC.
No
hizo
caso.
Quizás
lo
que
teme
la
Administración
es
el
efecto
rebote
en
otro
tipo
de
instalaciones
parecidas,
de
ahí
su
posición
restrictiva.
Hay
diferencias
esenciales
con
el
cierre
de
los
cines
en
la
capital
de
España.
Estos
lamentables
cierres
están
autorizados
por
una
cuestionada
normativa
del
Ayuntamiento,
que
no
hace
nada
por
ayudarlos
a
sobrevivir.
Esta
claro
que
la
crisis
y el
hábito
de
ir
al
cine
conspiran
contra
la
existencia
de
salas
económicamente
viables.
Pero
hay
varios
sitios
y
espacios
en
el
Madrid
de
hoy
que
claman
por
protección
y lo
ocurrido
con
el
Albéniz
sirve
de
aviso
para
navegantes.
 ¿Cuál
es
la
situación
actual
del
Teatro
Albéniz
en
estos
momentos…?
Se
encuentra
cerrado
dado
que
la
empresa
propietaria
está
en
una
situación
de
quebranto.
Es
bastante
posible
que
se
lo
quede
el
acreedor
de
esa
empresa
que
es
la
Kutxa.
Mientras
tanto
nosotros
estamos
con
la
incoación
del
expediente
para
que
sea
declarado
Bien
de
Interés
Cultural
y
confiamos
en
que
la
Comunidad
de
Madrid
tenga
presente
lo
dicho
por
el
TSJM
y
que
resulten
favorables
los
dictámenes
que
se
están
pidiendo
a
organismos
vinculados
con
lo
teatral
y lo
cultural.
El
debate
ahora
abierto
puede
durar
todavía
unos
meses.
¿Esta
recalificación
como
bien
cultural,
lo
sacaría
de
la
quiebra
realmente?
No
hay
una
conexión
entre
ambos
fenómenos.
La
declaración
de
Bien
de
Interés
Cultural
protege
el
hecho
cultural
sin
ser
una
protección
del
edificio,
aunque
indirectamente
si
está
protegido.
Pero
no
supone
la
asignación
de
ingresos
ni
ayudas
económicas
directas..
Si
lográramos
esta
declaración,
naturalmente
se
producirá
una
disminución
del
valor
del
teatro
porque
tendrá
una
restricción
administrativa
importante
y ya
permanente.
Pero
al
menos
despejará
la
actual
incertidumbre
y
podrá
venderse.
¿Es
factible
que
el
Albéniz
vuelva
a
funcionar
como
hace
años?
Ya
no
tendrá
el
apoyo
público
que
lo
hizo
grande.
Y
ello
por
la
existencia
de
los
Teatros
del
Canal.
Pero
creo
que
para
una
explotación
comercial
normal
su
ubicación
es
inmejorable
estando
a
cien
metros
de
la
Puerta
del
Sol,
centro
de
la
capital.
Estoy
convencido
que
renacerá;
cuándo
y
cómo
aún
está
por
ver..
Pese
a la
crisis,
la
actividad
teatral
no
se
ha
resentido
demasiado
y
los
teatros
ven
como
la
gente
acude
a
diferentes
representaciones.
El
teatro
es
un
reducto
de
inspiración,
sosiego
y
provocación
que
no
se
pierde.
Claro
que
los
teatros
tienen
presente
y
futuro.
¿Qué
satisfacciones
en
un
pleito
de
este
tipo
logra
un
abogado
como
usted?
La
principal
satisfacción
es
comprobar
que
el
derecho
y la
justicia
se
llegaron
a
tiempo
en
este
entrañable
caso
cultural.
Nunca
me
di
por
vencido,
pese
a
las
vicisitudes
desfavorables.
Y
tener
una
compañera
de
ruta
como
Eva
Aladro
es
algo
especial.
Ella
y
nuestros
compañeros
de
la
Plataforma
me
alentaron
siempre
en
mi
labor
profesional
que
terminó
dando
sus
frutos.
En
segundo
lugar
tengo
que
estar
agradecido
a
los
profesionales
que
me
han
ayudando
en
este
trabajo.
Los
procuradores
que
intervinieron,
Mercedes
Albi
y
Javier
Fraile,
actuaron
pro
bono.
Mención
especial
hago
de
Jesús
Prieto
de
Pedro,
que
además
de
catedrático
es
uno
de
los
principales
expertos
en
temas
de
derecho
cultural,
reconocido
en
Europa
y
América.
Él
comentó
la
sentencia
del
TSJM
en
un
libro
de
homenaje
a
Tomás
Ramón
Fernández,
uno
de
los
grandes
juristas
de
este
país
y
muy
buen
amigo.
También
estoy
agradedecido
a
Luis
Ortega
Álvarez,
catedrático
de
Derecho
Administrativo
y
hoy
Magistrado
del
Tribunal
Constitucional.
Ambos
suscribieron
conmigo
el
escrito
inicial
para
tramitar
la
declaración
de
Bien
de
Interés
Cultural.
Eso
fue
una
gran
satisfacción.
Además
de
lo
cultural
usted
tiene
una
reconocida
actividad
cívica
como
fundador
de
Transparencia
Internacional
España,
¿qué
novedades
hay
en
el
panorama
de
las
relaciones
de
los
ciudadanos
con
la
Administración?
Justamente
ese
doble
interés
que
tengo
por
lo
cívico
y
por
el
Derecho
Administrativo
me
llevó
a
promover
dentro
Transparencia
Internacional
España
y
luego
con
la
abogacía
española,
una
línea
de
actuación
de
abogacía
pro
bono
para
apoyar
a
los
ciudadanos
que
desean
ejercer
su
derecho
a la
información
a
modo
de
activismo.
Tuve
la
satisfacción
de
conseguir
dos
acuerdos
para
plasmar
estas
ideas:
con
el
CGAE
y el
ICAM.
Estos
convenios
están
plenamente
vigentes
y
deben
ser
conocidos
por
los
ciudadanos,
tarea
en
la
que
vuestra
labor
es
invalorable.
Es
fundamental
que
cambie
la
mentalidad
oscurantista
de
la
Administración,
ejemplarizada
en
el
funcionario
medio
español.
También
creo
que
los
jueces
y
magistrados
deben
hacer
un
esfuerzo
por
estar
a la
altura
de
los
tiempos.
Hace
poco
tuvimos
un
fallo
del
Supremo
totalmente
desalentador.
Se
trataba
de
un
caso
promovido
por
Access
Info
Europe
contra
el
Ministerio
de
Justicia.
Esa
organización
quería
saber
qué
había
hecho
el
gobierno
en
torno
al
cumplimiento
de
convenciones
internacionales
para
luchar
contra
la
corrupción.
Ante
el
silencio
del
ministerio,
ya
irregular,
fue
necesario
interponer
un
recurso
contencioso
administrativo.
El
caso
terminó
en
el
Supremo
y el
22
de
mayo
de
2012
se
rechazó
la
pretensión
de
la
recurrente
diciendo
que
no
tenía
derecho.
Y
además
impuso
el
pago
de
3.000
euros
de
costas.
El
magistrado
ponente
señala
en
su
fallo,
entre
otras
cosas,
que
“yerra
el
recurrente
cuando
indica
que
en
España
no
hay
una
ley
de
acceso
a la
información”.
Lo
dice
pensando
en
la
Ley
de
Procedimientos
Administrativos
que
o no
tiene
nada
que
ver,
desde
un
punto
de
vista
técnico
y
según
mi
modo
de
ver,
con
los
estándares
que
ahora
se
estudian
en
el
proyecto
de
ley
de
acceso
a la
información
pública
que
tramita
en
el
Congreso
de
los
Diputados.
El
derecho
a la
información
ya
tenía
vigencia
al
momento
de
ese
fallo.
La
enseñanza
es
que
hacen
falta
leyes
claras
para
proteger
su
efectivo
ejercicio.
¿Qué
echa
en
falta
entonces
para
combatir
la
opacidad
de
la
Administración?
Contar
con
una
Ley
de
Transparencia
que
realmente
permita
el
acceso
a la
información
por
parte
del
ciudadano.
Eso
es
fundamental.
El
proyecto
de
Ley
sobre
Transparencia
que
se
está
tramitando
no
está
muy
logrado
y ha
merecido
muchísimas
críticas
desde
la
Sociedad
Civil..
Hay
un
dato
importante
que
queda
claro
en
esta
iniciativa,
se
habla
del
silencio
negativo
de
la
Administración
si
no
contesta
a la
petición
de
un
ciudadano.
Eso
que
significa,
en
términos
prácticos,
que
el
ciudadano
tiene
que
interponer
un
recurso
contencioso
administrativo
si
no
le
dan
la
información.
Es
absurdo.
Pienso
que
debe
haber
obligación
de
resolver.
¿Cree
que
es
razonable
la
normativa
que
regula
las
relaciones
entre
la
Administración
y
los
ciudadanos
cuando
éstos
actúan
en
defensa
del
interés
público?
Es
evidente
que
cuando
un
ciudadano
actúa
en
defensa
del
interés
general
debería
estar
exento
de
cualquier
tipo
de
tasa
y de
costas.
Sería
lo
lógico
y lo
justo
en
este
contexto
en
el
que
nos
movemos.
Pero
es
todavía
una
aspiración.
Le
pongo
un
ejemplo.
Si
como
ciudadano
bregara
por
la
preservación
de
un
monumento
histórico,
este
tipo
de
acción
debe
estar
exenta
de
tasas
judiciales
y
del
riesgo
de
imposición
de
costas.
La
ausencia
de
interés
personal
marca
la
diferencia.
A
eso
debemos
llegar
para
animar
a
los
ciudadanos
a
defender
sus
bienes
culturales.
Sentencias
como
la
antes
comentada
del
Supremo
van
en
la
dirección
contraria.
|
