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Su experiencia de más de una década como Decano del partido judicial de Madrid le es muy útil a la hora de hablar de la situación de la justicia española. José Luis González Armengol recibe a este periodista para hablar de la crisis económica y su incidencia judicial. Ejecuciones hipotecarias, preferentes, el movimiento 15M y la corrupción, son algunas de las cuestiones que responde de forma directa, sin eludir ninguna de las cuestiones que le formulamos. “Es una buena noticia que Bruselas planee desarrollar una directiva que obligue a implantar la mediación en las ejecuciones hipotecarias, con este tipo de cuestión se va a poder ir solucionando un problema social grave que tenemos”. Respecto a la corrupción tiene claro que además de expertos peritos y auditores es fundamental que “el poder político no interfiera en el poder judicial y con la nueva reforma del CGPJ que se tramita en el Parlamento esto no se consigue”. “Si tuviéramos que hacer una instantánea de la justicia madrileña tendríamos que ver sus luces y sombras. Creo que en estos doce años si ha habido progresos aunque seguimos necesitando medios materiales y magistrados. Cuando me incorporé a este decanato en el 2002 apenas contábamos con doscientos jueces y la carga de trabajo era enorme, ahora se han convertido en 328 jueces que siguen trabajando a destajo y son insuficientes aún. Otros retos que se han abordado es la creación de Juzgados de Guardia en la jurisdicción de Violencia sobre la Mujer, lo que ha ayudado agilizar en tiempo récord diferentes procedimientos sobre esta materia. Igual ha pasado en la Instrucción. Los tres juzgados de guardia ahora se han convertido en siete. También hace diez años tuvimos que implantar los juicios rápidos en materia penal, cuestión que creo ha sido un acierto. Desgraciadamente la propuesta de este Decanato por extenderla a otra jurisdicción como la civil en materias menos complejas no cuajó. Quedó dentro de una Disposición Adicional dentro de la Ley de Enjuiciamiento Civil que nunca tuvo su desarrollo. En este periodo de tiempo han aparecido los Juzgados de Violencia sobre la Mujer; en el 2003 se pusieron en marcha los Juzgados de lo Mercantil como jurisdicción propia, lo que ha ayudado a fomentar la especialización en este tipo de materias, antes en los juzgados civiles. En estos últimos años vivimos las vicisitudes de las crisis económicas. Madrid como partido judicial sede de muchas multinacionales ha visto incrementada de forma notable su carga de trabajo en este contexto. No podemos olvidar que cualquier reforma legislativa que se pone en marcha genera un número de asuntos importantes, así paso con la reforma laboral actual. Hasta ahora las reformas legislativas que se han hecho van acompañadas de escasos medios. Es evidente que los asuntos que se tramitan en Madrid tienen mayor complejidad que otros de diferentes partidos judiciales de otros puntos de España. La crisis económica ha propiciado que, a dia de hoy, la jurisdicción mas colapsada sea la laboral, motivada por la propia reforma laboral con un incremento espectacular del número de despidos, al igual que la mercantil donde se tramitan las crisis empresariales y sus concursos. Frente a ello ha idos disminuyendo el impacto de los asuntos hipotecarios en un partido judicial como Madrid. Disponemos de tres juzgados sobre cuestiones hipotecarias centrados únicamente en resolver estas cuestiones. Aquí se gestionan las ejecuciones hipotecarias; los generados por arrendamientos se llevan por la vía civil”. Sr Armengol, ¿Qué una legislación como la laboral sea más castigada puede entrever que el legislador no fue previsor en su reforma laboral sobre sus efectos más inmediatos? Era evidente que esta reforma laboral supondría una carga de trabajo notable en los juzgados de lo social en materia de despidos. Sin entrar a valorar si ha sido o no buena esta reforma, lo único que se pidió en su momento y se sigue pidiendo un mayor incremento en el numero de jueces en esta jurisdicción. Estos juzgados a lo largo de su historia han tenido incrementos y descensos de asuntos. Hace unos años por la problemática que planteaba los salarios de tramitación, pago de sesenta días al trabajador, se estableció un Plan de Urgencia desde el CGPJ para reforzar determinados partidos judiciales, los más importantes del país. En aquel momento pasarse de esos sesenta días podría acarrearle al Estado un pago de 15 millones de euros. Con ese plan de refuerzo coyuntural que tuvo un coste de dos millones de euros evitamos ese otro gasto a las arcas públicas. El problema que ahora se suscita son las dilaciones que se generan en materia de despido entre siete meses y un año, fechas para los que señalan. Como puede ver esto no es operativo para la jurisdicción laboral. Creemos que con un nuevo refuerzo de seis jueces tendríamos el problema resuelto en Madrid. Otra cara de la crisis son los desahucios y las medidas hipotecarias nuevas aprobadas en solitario por el Gobierno, ¿qué valoración hace de las mismas? Desde mi punto de vista son insuficientes y no solucionan este problema social que ya tenemos en toda España. Esta modificación responde a la STA del TJUE de 14 de marzo donde se señala que la legislación española impide al juez comprobar si hay cláusulas abusivas en ese contrato. Con la reforma se ha paliado este tema, pero las otras medidas que hablan de suspensión temporal de los desahucios y un catálogo restrictivo de personas que pueden someterse a estas medidas son realmente insuficientes. El acceso a la citada suspensión es muy limitado en la realidad. Tampoco queda claro si la suspensión supone la paralización del devengo de los intereses porque en la norma no se dice nada. ¿Hubiera sido usted más partidario de desarrollar la ILP de la PAH, apoyada por la mayor parte de los operadores jurídicos? En primer lugar le diré que hay que ser respetuoso con los parámetros constitucionales. Debe ser el Parlamento quien debe aprobar este tipo de normativa. Dicho esto hay que darse cuenta que esta Ley tiene una importancia social impresionante. Hubiera sido deseable por ello un acuerdo mayoritario del arco parlamentario, que hubieran tenido la iniciativa y hubieran incorporado las modificaciones correspondientes a la norma en cuestión con las opiniones del resto de operadores jurídicos Se tendría que haber hecho de otra forma y valorar de forma seria la instauración de un sistema de dación en pago, con las matizaciones oportunas. Esta Ley es corta en sus aspiraciones aunque serán los tribunales, muy pendientes del derecho comunitario europeo, quienes, dicten la última palabra. Desde Bruselas se oye el rumor de incluir de forma obligatoria en una próxima directiva la mediación antes del proceso de ejecución hipotecaria… Creo que es un punto importante este tipo de iniciativas. Estoy convencido que con su implantación va a mitigar muchos problemas. No podemos olvidar que es una directiva de obligado cumplimiento y vinculante en materia de ejecución. Será una normativa que además de descongestionar los juzgados sobre estas cuestiones será de gran ayuda para solventar este tipo de problemas sociales que ahora existen. Otro gran problema son las preferentes, pese a ser un gran drama social, no disponemos de momento de dictamen homologable del Tribunal Supremo.. Es fundamental contar con la resolución del Supremo en una cuestión de este tipo para unificar doctrina en un problema de este tipo. Al parecer hay más de 8.000 millones de euros retenidos en preferentes. De todas formas las sentencias que se están dictando todas hablan de acciones de nulidad por falta de consentimiento y error van en la línea de la estimación de demandas y defienden a los preferentistas. Es bastante posible que en breve se reúna ese pleno porque el Alto Tribunal va a disponer de otros recursos de casación, necesarios para que se pueda reunir y dictar jurisprudencia. Urge que el Tribunal Supremo se pronuncie en el tema de las preferentes. Hace dos años que se cumple del movimiento 15M ¿Cómo ha visto su evolución en este tiempo? La idea originaria era compartida por casi todo el mundo; se hablaba de poner un freno a la corrupción y de mayor participación ciudadana en la toma de decisiones. Era una apuesta por políticos honestos y eficaces, en definitiva. Desgraciadamente este movimiento pese a sus buenas intenciones por la entrada de determinados grupúsculos son instrumentalizados, generando actuaciones violentas con finalidades delictivas. Y qué opinión tiene de los escraches… Estoy en contra de ellos totalmente. La mayoría de ellos que se observan a través de los medios de comunicación presentan connotaciones delictivas por la propia intimidación que hacen a esas personas y a sus familias, en determinados casos. Hablaba antes de la corrupción, ¿Qué necesitan ustedes los jueces para poder ponerla freno en nuestro país? Necesitamos la confluencia de varios elementos para poder combatir con éxito esta lacra que es la corrupción. En primer lugar, juzgados especializados al estilo de la Audiencia Nacional, ya no tan metida en temas de terrorismo y si en cuestiones penales económicas. También hacen falta peritos cualificados, administradores, auditores que nos ayuden a realizar los informes correspondientes a estos asuntos siempre relacionados con delitos penales económicos. Habría también que contar con un cuerpo adscrito orgánicamente de la policia judicial o de las fiscalías correspondientes. Y sobre todo que el poder político no interfiera en el poder judicial. Se trata de garantizar al máximo la independencia del poder judicial. Soy consciente que la independencia de cada uno de los jueces está garantizada, no están sujetos a instrucción alguna de la clase política. Sin embargo si es evidente que la reforma que pretende este gobierno del CGPJ y sus nombramientos, a través del cual se nombran otros cargos judiciales de importancia, no es la más adecuada. Que se quede en Parlamento no es lo más lógico, desde luego. La sensación que la carrera judicial y los ciudadanos con esta reforma es que el político quiere blindarse de posibles problemas. ¿Haría falta algún cambio en el Código Penal para esta lucha contra la corrupción de la que estamos hablando..? No soy partidario de modificaciones puntuales penales. En otros países europeos la legislación penal es más genérica y los tipos más simples. Como conocedor de la normativa europea y experto en derecho comunitario puedo comentarle que España desde el año 2010, en materia de corrupción, cuyo delito estrella es el cohecho, se ajusta de forma escrupulosa a los postulados del Grupo Greco impulsado desde el Consejo de Europa en materia penal. Son procesos muchos de ellos largos porque tienen un componente trasnacional. De hecho los paraísos fiscales poco ayudan a poder seguir con la investigación. Quizá haya que mejorar la cooperación internacional en este tipo de materias. El poder político al que usted alude ha desempolvado la Ley de Tasas, ¿le parece coherente y realmente útil? Las Tasas Judiciales existieron hasta 1986. Luego se volvieron a implantar solo para personas jurídicas y desde el pasado mes de diciembre afecta tanto a las personas físicas como jurídicas. En otros países europeos existen las tasas, para así poder financiarse como servicio público la propia justicia. Soy partidario de ellas siempre que se garantice la justicia gratuita para aquellos que no tengan medios. Dicho esto no comparto en absoluto las cuantías que se han impuesto. Tendría que ser más moderado en las primeras instancias, entre 15 y 30 euros para no cercenar el derecho a la defensa de los ciudadanos. Las cuantías establecidas son inconstitucionales y atentan contra derechos comunitarios. No tengo ninguna duda que si se llega al TJUE se modificará la legislación española en esta materia por como ellos conciben el derecho a la defensa. Ya hay datos objetivos de su implantación algo preocupantes: en los juzgados madrileños se ha notado una disminución del 8,2 % en materia civil; en concreto en el procedimiento monitorio de cuantías más bajas la reducción es del 13 por ciento. Con todos estos frentes abiertos, ¿Qué imagen tiene la sociedad en la actualidad de la figura del juez? Creo que la opinión pública percibe nuestro esfuerzo y que somos profesionales muy sobrecargados de trabajo. Nosotros hemos puesto sobre la mesa ciertas problemáticas sociales de indudable importancia. Recuerdo las manifestaciones que la carrera judicial realizó a través de sus asociaciones sobre las ejecuciones hipotecarias; además las cuestiones prejudiciales sobre estos temas han sido planteados por jueces a Europa. También nos pusimos en primera fila de reivindicación por el tema de las tasas, del que ya hemos hablado, al igual por otra reclamación sobre el número de juzgados y su incremento y la agilización de los procesos judiciales. Somos los primeros interesados en que no haya dilaciones en los procesos. Pero el despido masivo de los 1.200 jueces sustitutos no ha sido acertado porque no se han cubierto sus plazas vacantes. Es fundamental que se profesionalice la carrera judicial y que tengamos más jueces de carrera, similar al ratio que existe en Europa. Finalizamos, ¿Puede hacernos una valoración de la gestión del Ministro Gallardón en materia de justicia? Nadie duda que Alberto Ruiz Gallardón es un político preparado con notable bagaje. Nos pareció muy interesante su nombramiento como Ministro de Justicia y que iba a lograr que la justicia tuviera más recursos económicos. Precisamente por esas grandes expectativas que se tenían sobre su gestión, la decepción ha sido inmensa. Hasta el momento la única Ley que ha salido adelante es la de Tasas Judiciales, con los resultados que conocemos y la oposición de todos. Pese a que en el programa electoral del PP se hablaba de garantizar la independencia del órgano de gobierno de los jueces, ahora nos hemos encontrado con lo contrario. El proyecto que se tramita ahora no va en ese camino y, es más, casi parece que quiere eliminar al propio CGPJ, con lo que la división de poderes en nuestro país quedaría muy tocada.
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