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El
Gobierno
de
España
quiere
iniciar
en
octubre
la
tramitación
parlamentaria
de
la
reforma
de
la
Justicia |
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MADRID,
27
de
MAYO
de
2013
-
EUROPA PRESS
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El
Gobierno
de
España
quiere
iniciar
en
octubre
la
tramitación
parlamentaria
de
los
anteproyectos
de
la
reforma
de
la
Ley
Orgánica
del
Poder
Judicial
y la
de
Enjuiciamiento
Criminal
fruto
de
un
debate
"amplio
y
participado"
de
"toda
la
sociedad"
y de
los
"actores
de
la
Justicia.
Así
lo
ha
anunciado
este
lunes
en
Santander
el
ministro
de
Justicia,
Alberto
Ruiz
Gallardón,
durante
la
inauguración
del
encuentro
de
presidentes
de
audiencias
provinciales,
en
la
que
ha
apostado
por
abordar
las
reformas
desde
el
"vértigo
responsable"
que
debe
de
suponer
cambiar
leyes
que
llevan
funcionando
"siglo
y
medio"
pero
sin
caer
en
el
"temor"
y
"no
abordar
la
reforma
que
de
verdad
tiene
que
abordar
la
Justicia
en
España".
En
su
exposición,
el
ministro
ha
tocado
algunos
de
los
aspectos
que
tratará
la
reforma
y
que
cambian
la
"tradición",
como
la
modificación
del
proceso
penal
para
atribuir
al
Ministerio
Fiscal
la
investigación
de
los
delitos,
que
actualmente
recae
en
la
Instrucción,
o la
creación
de
la
figura
del
juez
de
garantías
o de
los
tribunales
de
instancia.
Precisamente,
Ruiz
Gallardón
ha
explicado
que
el
Gobierno
de
España
ha
dado
la
"instrucción"
a
las
dos
comisiones
de
expertos
que
están
analizando
los
cambios
que
necesita
la
Administración
de
Justicia
que
lleven
a
cabo
una
reforma
"honesta"
y
"no
tengan
miedo"
de
abrir
un
debate
o de
plantear
cambios
en
una
estructura
que
proviene
del
siglo
XIX.
En
este
sentido,
ha
señalado
que
el
"nuevo
modelo"
apuesta
por
la
"especialización"
y la
"concentración"
pero,
sobre
todo,
por
la
"flexibilidad",
ya
que
se
adaptará
a
las
circunstancias
territoriales
y ha
garantizado
que
"no
se
cerrará
en
España
ninguna
sede
judicial".
Según
ha
dicho,
esta
reforma
no
va a
ser
una
"revolución",
pues
no
olvida
lo
anterior,
sino
una
"superación".
FINANCIACIÓN
Al
hilo
de
este
asunto,
y en
posteriores
declaraciones
a la
prensa,
el
ministro
ha
sido
cuestionado
por
la
necesidad
de
inversión
que
requerirá
la
actual
reforma,
tal
y
como
ha
comentado
en
el
acto
el
presidente
del
Tribunal
Supremo
y
del
Consejo
General
del
Poder
Judicial,
Gonzalo
Moliner,
que
también
ha
estado
presente
en
la
inauguración.
Moliner
ha
comentado
en
su
intervención
que
esta
reforma
de
la
Administración
de
Justicia
se
puede
llevar
a
cabo
con
"buena
fe",
"voluntad"
y
"diálogo"
y
contando
con
"inversión
suficiente",
un
asunto
este
último
en
el
que
--ha
dicho
--
"ronda
el
problema".
A
preguntas
de
los
periodistas,
el
ministro
ha
dado
le
ha
dado
"razón"
y ha
reconocido
las
"serias
dificultades"
económicas
que
existen
para
abordarla,
si
bien
ha
asegurado
que
éstas
"no
van
a
ser
un
freno"
para
la
reforma
de
la
Justicia
en
España.
Ha
considerado
"evidente"
que
la
implantación
definitiva
a lo
largo
próximos
años
y
décadas
requerirá
"muchas
inversiones"
económicas
pero
ha
abogado
por
ir
avanzando
en
el
proceso
legislativo
y
poniendo
en
marcha
"mecanismos
transitorios"
para
ponerlas
en
marcha
cuando
haya
recursos.
LA
JUSTICIA,
COMO
"ACTIVO"
DE
ESPAÑA
Durante
el
acto,
Ruiz
Gallardón
ha
opinado
que
la
Justicia
tiene
que
"contribuir
de
manera
decisiva"
a
hacer
frente
a la
crisis
económica
en
España
y a
los
"efectos
sociales
sangrantes"
que
produce
el
paro,
y ha
abogado
por
que,
en
la
actual
coyuntura,
la
Justicia
se
convierta
en
un
"factor
de
competitividad"
para
el
país.
En
este
sentido,
ha
subrayado
que
contar
en
España
con
una
Justicia,
no
sólo
"ecuánime",
"ponderada"
y
"alejada
de
cualquier
tipo
de
arbitrariedad",
sino
ágil,
puede
ser
"determinante"
a la
hora
de
atraer
inversores.
Ruiz
Gallardón
ha
opinado
que
a lo
largo
de
los
últimos
años
"hay
preocupación"
entre
los
españoles
por
el
grado
de
"arbitrariedad"
en
las
administraciones
o la
ética
de
los
políticos
pero
ha
resaltado
que,
sin
embargo,
conservan
"enorme
confianza"
en
la
"ponderación"
de
los
jueces
y
magistrados.
"Es
un
enorme
activo
del
que
hay
que
estar
orgullosos",
ha
afirmado
el
ministro,
quien,
sin
embargo,
ha
subrayado
la
necesidad
de
que
los
ciudadanos
lo
perciban
así.
Al
hilo
de
esta
cuestión,
Ruiz
Gallardón
ha
reconocido
que
los
ciudadanos
tienen
la
"percepción"
de
que
el
funcionamiento
de
la
Administración
de
Justicia
es
"francamente
mejorable"
y de
que
hay
que
introducir
reformas
estructurales,
que
es
lo
que
el
Gobierno
de
España
se
ha
propuesto
afrontar
esta
legislatura.
Por
su
parte,
la
consejera
de
Presidencia
y
Justicia,
Leticia
Díaz,
ha
opinado
que
el
ministro
necesita
"mucha
valentía"
para
poder
afrontar
las
reformas
que
plantea
en
un
"momento
crítico"
como
el
actual,
algo
para
lo
que
ha
ofrecido
la
"máxima
colaboración"
y ha
confiado
en
ser
"capaces"
de
llevarlas
a
cabo.
"LEALTAD
INSTITUCIONAL"
Y
"ESPÍRITU
CONSTRUCTIVO"
En
el
acto
también
ha
intervenido
el
alcalde
de
Santander
y
presidente
de
la
Federación
Española
de
Municipios
y
Provincias
(FEMP),
Íñigo
de
la
Serna,
quien
ha
subrayado
que
algunas
de
los
aspectos
que
se
pretenden
reformar
en
la
Administración
de
Justicia,
como
lo
referente
a la
planta
judicial
o la
distribución
de
las
sedes,
sí
afectan
a
los
municipios,
aunque
no
tengan
competencia
en
estos
asuntos.
Así,
De
la
Serna
ha
expresado
el
compromiso
de
los
ayuntamientos
de
colaborar
con
"lealtad
institucional"
y
"espíritu
constructivo"
en
lo
que
puedan
en
esta
reforma
de
la
Administración
de
Justicia.
También
se
ha
referido
a la
reforma
de
la
Administración
Local
y al
reparto
de
competencias
de
los
servicios
sociales
y ha
señalado
que,
aunque
los
ayuntamientos
sólo
se
ocuparán
de
la
labor
de
asesoramiento
y
atención
a
los
casos
de
extrema
necesidad,
la
protección
social
"ha
sido,
es y
será"
una
"prioridad
absoluta"
para
los
municipios.
Este
encuentro
reúne
hasta
el
miércoles
a
los
presidentes
de
las
distintas
audiencias
provinciales.
En
la
inauguración
han
estado
presentes,
además
de
las
autoridades
que
han
intervenido,
el
presidente
del
TRIBUNAL
SUPERIOR
de
Justicia
de
Cantabria,
César
Tolosa;
el
delegado
del
Gobierno
en
Cantabria,
Samuel
Ruiz;
y la
fiscal
superior
de
la
comunidad
autónoma,
María
Teresa
Calvo,
entre
otros.
En
los
aledaños
del
hotel
se
han
manifestado
una
veintena
de
afectados
por
las
preferentes,
que
han
reclamado
una
solución
para
su
problema
y
han
censurado
la
actuación
de
los
políticos.
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