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Poder conjugar la actividad de juristas con filólogos, como se hace en los países de Europa más avanzando, puede ser la clave para que el lenguaje jurídico sea más comprensible a corto plazo. Según datos proporcionados por el Grupo de Derecho y lenguaje de la Universidad de Comillas ICADE, quien impartió una sesión formativa sobre mejora del lenguaje jurídico, a través de la plataforma online del CGAE, un 83 por ciento de los ciudadanos españoles no entienden las resoluciones judiciales. Precisamente cuando se conoce que en otoño el Ministerio de Gallardón acometerá las principales reformas de la Justicia, en ese Plan de Acción para los dos próximos años no se habla de forma expresa de la modernización del lenguaje jurídico, clave para que el ciudadano esté próximo a la justicia. Esta sesión forma parte del Plan de Formación Contínuo de la Abogacia, acuerdo suscrito entre el CGAE y la Editorial La Ley para desarrollar diferentes contenidos dirigidos a los letrados españoles. En esta oportunidad, la sesión se pudo seguir tanto via presencial como a través de streaming y muchos abogados interesados en lo que allí se comentaba pudieron formular su pregunta a través del Twitter, red social, al habilitarse el hastag #lenguajejuridico. Salvador Gutiérrez Ordóñez (Catedrático de Lingüística General y miembro de la RAE), expuso a los asistentes algunas de las incorrecciones que se han encontrado en los textos jurídicos. Y citó a un libro del periodista Manuel Campo Vidal “Porqué los profesionales no comunicamos mejor”, donde en sus páginas se hace referencia a que los colectivos profesionales, tales como médicos, abogados, arquitectos etc tienen ese defecto de complicar el lenguaje. Pese a que ya en el Foro Juzgo o en las Siete Partidas de Alfonso X El Sabio, la verdad que la claridad del lenguaje jurídico en nuestro país sigue siendo una asignatura pendiente. “ Lo peor es que los juristas están en un registro alto, muy técnico que no comprende el ciudadano. Y cito algunos vicios que se ven en estos textos legales: frases largas, sin puntos y aparte y con muchas conjunciones, acompañados de tecnicimos y latinismos “Es bueno cuando se tenga una duda de cómo escribir un término que se acuda al Diccionario Pahnispánico de Dudas, ahora más visible a través de la propia web de la RAE”. También señaló como las oraciones en pasiva no son prácticas y alejan al ciudadano de este entorno legal. Sobre las citaciones judiciales comento que “, necesitan mejorar el lenguaje y ser más corteses en su planteamiento sin tanta violencia en los términos que se eligen”. Derecho y Lenguaje en ICADE Respecto al Grupo de Derecho y Lenguaje de ICADE, Cristina Carretero, profesora de Derecho Procesal de ICADE, explicó a los asistentes la génesis de esta iniciativa, ya conocida por los lectores de @Lpemprende, http://www.lawyerpress.com/news/2013_02/0802_13_001.html al haber hablado con ella hace unas semanas. Este Grupo de trabajo fue llamado en el 2010 por el Ministerio de Justicia para poder colaborar en el desarrollo de un Estudio sobre esta materia. “Un año antes se puso en marcha la Comisión de Modernización del Lenguaje Juridico. Concluido el trabajo de dicha comisión, desde el año 2011 hay una paralización de las actividades de Justicia sobre esta materia”, comenta. Pese a durante ese año se crea la Comisión de Claridad de Lenguaje Jurídico, el Plan de Acción del Ministerio para el período 2012-14 no contempla ninguna actividad explicita sobre este asunto de la comprensión del lenguaje, recogido, entre otros documentos en la Carta de los Derechos del Ciudadano del 2002. Para esta profesional de la investigación, el problema que existe en nuestro país se extiende a otras esferas de nuestra actividad. “Mientras que en otros países como Venezuela desde muy jóvenes los niños se les enseña a exponer y a manejar la oratoria de forma correcta, en España esta cuestión no está incluida en los planes de estudio. A nivel de universidad, sueles ser asignaturas optativas y de forma muy lenta este tipo de habilidades en oratoria o exposición escrita aparecen en los planes de formación de magistrados, fiscales o letrados”. Desde su punto de vista habría que hacer un doble esfuerzo, uno formativo intensificando el desarrollo de cursos a nivel de oratoria y exposición escrita y de mentalización para que el propio jurista no viera en la simplificación de su actividad, una merma a la calidad de su trabajo. Lenguaje jurídico en otros países La intervención de Alicia Duñaiturria, Profesora de la Facultad de Derecho y miembro del Grupo de Investigación Derecho y Lenguaje, sirvió para explicar al detalle cómo este fenómeno de la claridad en el lenguaje jurídico se ha ido extendiendo por los cinco continentes. “Aquella campaña por un inglés claro originaria de EEUU y Gran Bretaña luego se adaptó a otros países europeos como Bélgica y Francia, e incluso más tarde España”. Y citó algunas asociaciones de corte intenacional como Clarity Internacional; Plain que ofrecen material para que el jurista pueda mejorar sus documentos jurídicos. A este respecto Francia y Alemania parece los países que más en serio se han tomado lo de la clarificación de lenguaje jurídico; en el caso del país germano los propios legisladores trabajan, desde el propio anteproyecto con filólogos para lograr esa mejor comprensión. En el caso de España, este desarrollo ha sido bastante irregular, más centrado en la mejora del llamado lenguaje administrativo que el propiamente jurídico. “Hay casos como Andalucia que tiene un plan comprendido entre 2011-16 para introducir mejoras en ese terreno y ha creado un portal Adriano para este cometido. También en Castilla-León se han hecho avances importantes de tal forma que cualquier texto legislativo se revisa antes de ser publicado”. Sin embargo, el mayor trabajo que se ve sobre esta materia en España es en Catalunya “, se ve que han hecho un esfuerzo importante y en el propio portal de la Generalitat hay bastante material que ayuda a entender la terminología jurídica al ciudadano”, indicó.
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