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“Todo lo que se invierte en discapacidad, no suma sino multiplica”. Este es uno de los comentarios que explica Luis Cayo Pérez, presidente de CERMI, en cualquiera de los foros a los que acude para explicar la situación de las personas con discapacidad. “En estos últimos cinco años de crisis la contratación de personas con discapacidad ha ido creciendo de forma gradual. Solo en estos cinco meses primeros del 2013 ha crecido un 6,7 por cien, respecto al mismo periodo del año anterior. Es curioso que en lo más duro de la crisis ha habido este crecimiento, lo que indica que es posible seamos el único sector con crecimiento en empleo”, comenta. A lo largo de esta entrevista analizamos los retos a los que se enfrente el movimiento de discapacidad en nuestro país, así como las próximas reformas normativas y el proyecto de Ley de Emprendedores “Por desgracia todo lo que tiene que ver con la discapacidad sigue sin aparecer en este proyecto de ley. Frente a ello hay algunos datos que revelan la existencia de 1000 nuevos autónomos con discapacidad que se incorporan al mercado laboral.” “En estos dieciocho meses de Gobierno del Partido Popular pocas cosas han cambiado para las personas con discapacidad que siguen teniendo una situación de exclusión estructura . Estamos a la expectativa de ver cómo se articulan las próximas reformas que incidirán en nuestros derechos civiles y acceso a la justicia. Por desgracia, la crisis económica ha arrasado conquistas y derechos sociales, especialmente en dotación de ayudas públicas y desarrollo de programas autonómicos para nuestro colectivo. Recientemente se ha publicado e l estudio ‘El sector de la discapacidad: situación, necesidades y retos futuros’ -promovido por la Fundación ONCE, publicado por el CERMI en su colección cermi.es y dirigido por el catedrático Gregorio Rodríguez Cabrero. Es factible que esta publicación, con el horizonte europeo 2020, sirva para definir al movimiento asociativo de la discapacidad. Nuestra actividad tiene unos treinta años de trayectoria y ha llegado el momento de reinventarse. Pensamos que el núcleo duro de la exclusión de las personas con discapacidad está en la educación. Se lleva arrastrando una trayectoria educativa de marginación y exclusión que determina que el posterior proceso de inclusión laboral o social se resiente mucho y deje una estela de inactividad o desempleo, o incluso de pobreza mayor incrementada respecto a la media nacional. Al final se trata de empoderar a las personas con discapacidad. Que su destino vital, su inclusión dependa de ellas mismas de tal forma que poderes públicos, normativa y movimiento asociativo genere para la persona su inclusión. De esta forma pensamos que un par de generaciones las personas con discapacidad seremos intransigentes con cualquier discriminación y exigentes con sus derechos. El movimiento asociativo sería un acompañante activo para lograr este cambio.” Sr Cayo, ahora que sabemos que las reformas de Justicia se implementarán este otoño, de todas ellas, cuáles les afectan más a ustedes? Son varias y diversas las que inciden directamente en las personas con discapacidad. En relación al Código Penal, que entrará en el Congreso el próximo mes de septiembre, se plantean cuestiones como el aborto eugenésico, aún sin saber si tendrá una ley propia.. Otro asunto que preocupa tiene que ver con las medidas de seguridad. Se aplica a las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental que realizan un delito. Son inimputables y entonces se les aplica este tipo de medidas, casi siempre privativas de libertad. La propuesta que vimos en el anteproyecto de Código Penal señalaba a estas medidas como indefinidas. Después de diversos informes parece que cambiará aunque no conocemos el nuevo texto. En el ámbito civil, aun hay muchas cosas por hacer; se trataría de aplicar el articulo 12 de la Convención de Nueva York que habla de la igualdad ante la ley y la misma capacidad jurídica de todos. Eso haría que los procedimientos de incapacitación, tutela o curatela se suprimiesen por un procedimiento de apoyo a la toma de decisiones. Por cierto, en este sentido hubo un rechazo frontal de CERMI al anteproyecto de jurisdicción voluntaria que ha planteado el Gobierno… Nos parece bien llevar todos los temas a la jurisdicción voluntaria como canal para resolver nuestros conflictos. Es una vía muy a tener en cuenta por su agilidad y menos coste que repercute a la persona con discapacidad.. Sobre la mediación tenemos la misma idea. No debe ser un cambio únicamente formal sino sobre todo sustantivo. Y esta sensación es la que no percibimos en el citando anteproyecto de Jurisdicción Voluntaria que estamos hablando. Pero por desgracia observamos que se repite ya lo que viene reflejado en el Código Civil. La cuestión sustantiva no se ha cambiado; se sigue hablando de incapaces; tutela o curatela, cuando desde la propia Convención de Nueva York desde el 2006 y en España dos años después, esta cuestión debe ser revisable. Ya no se puede sustituir la decisión de la persona. Hay que darle apoyo para que tome las decisiones. Quizás deberían habernos consultado antes de meterse en este tema. Da la sensación que la Comisión General de Codificación y los expertos que trabajan en esta nueva normativa no conocen bien el entorno de la persona con discapacidad. Otra cuestión que también ha criticado CERMI es la futura Ley de Emprendedores, donde han indicado que han quedado al margen de esta iniciativa.. Por desgracia todo lo que tiene que ver con la discapacidad sigue sin aparecer en este proyecto de ley. Frente a ello hay algunos datos que revelan la existencia de 1000 nuevos autónomos con discapacidad que se incorporan al mercado laboral.. Este dato tiene un valor enorme por lo que supone del esfuerzo de estas personas para su inclusión laboral. La gran parte de ellos consultan a las asociaciones que están en CERMI de cara a ver la viabilidad de su negocio. Pocos resultados hemos logrado en esta iniciativa. Si lograr elevar la edad para considerar joven de 30 a 35 años en el llamado Plan de Empleo Joven recientemente impulsado desde el Gobierno.. Este proyecto de ley de Emprendedores tiene una visión economicista y ha dejado al lado el llamado emprendimiento social que no figura en ningún sitio. Esperamos ahora en el tramite parlamentario que cambie el panorama y se hable de economía social No son conscientes de lo que se está haciendo; los más de 2000 centro especiales de empleo que tienen a más de 70.000 personas con discapacidad trabajando: que hay un emprendimiento colectivo y otro individual; que existe el movimiento cooperativo Nosotros presentamos un documento, http://goo.gl/O0XFL del que ninguna medida se ha incluido en el actual proyecto de ley. ¿Qué habría que hacer para que fuera más permeable con sus reivindicaciones? Lo primero de todo, hacer un hueco al emprendimiento social, como le he comentado antes. La economía no es solo la capitalista y especulativa que conocemos. Hay otra economía que genera más empleo y resiste mucho mejor a la crisis.. Nosotros presentamos un documento amplio que explica una seria de propuestas concretas a desarrollar. Es el caso de la fiscalidad, por ponerle un ejemplo, no tiene mucho sentido que nuestras organizaciones tributen en el IVA como entidades no lucrativas no podemos repercutir el IVA soportado, cuestión que puede hacer cualquier empresario. Esto hace que nuestras ofertas a la hora de competir con otras empresas privadas estén en desigualdad de condiciones. Pensamos que al igual que se regula el IVA de caja de los autónomos por facturas ya cobradas se podría revisar este asunto que nos perjudica. Con esta medida estaríamos en igualdad de condiciones que otras empresas. ¿Qué es más fácil para una persona con discapacidad, integrarse en una empresa o crear su propio negocio, como emprendedor? Aún es más sencillo integrarse como trabajador por cuenta ajena en una empresa. Si tiene una buena empleabilidad y un grado de formación superior notable es posible que a medio plazo pueda montar su empresa. Hay que darse cuenta del perfil heroico de aquellas personas que se convierten en autónomos pese a todos los problemas. Su vocación es indudable aunque habrá algunos que hayan perdido su empleo. Ya existen asociaciones de emprendedores con discapacidad muy sólido. Pese a ser un numero modesto cada vez es más creciente en estos momentos. Volviendo al Estudio de la ONCE del que venimos hablando, se habla también de pobreza, como elemento que sigue creciendo en las personas con discapacidad por falta de la citada integración laboral... La inclusión se basa en la empleabilidad y en impulsar la independencia económica de cada persona con discapacidad. De esta forma muchos de los problemas que pueda tener los tiene en su mano resolverlos. Seguirá necesitando cosas pero ya no le hará falta un subsidio público o prestación pública.. Se trata por tanto que las personas se auto sostengan asi mismas. Aquellas que no puedan tendrían el apoyo del Estado. De todas formas, esta situación no es tan sencilla. Tanto por edad como por su falta de formación, tenemos generaciones perdidas para el empleo. Es complicado que puedan entrar en el actual mercado laboral. Frente a ellas hay otras que con cierto apoyo si pudieran acabar siendo autosuficientes.. En estos momentos la tasa de actividad de las personas con discapacidad es solo del 36% frente al 75% convencional. Por muchas circunstancias parece que se resignan a permanecer inactivos. En el citado estudio de la ONCE se habla que con una inversión de 800 millones de euros se aumentaría en 20 puntos la tasa de actividad citada en los próximos diez años. Esta es una inversión para reactivar a mucha gente que pueda tener empleabilidad y que puedan contribuir con sus impuestos al circuito económico. ¿Qué haría falta para activar este modelo laboral inclusivo que usted señala? Primero, le doy un dato antes de contestar a la pregunta. En estos últimos cinco años de crisis la contratación de personas con discapacidad ha ido creciendo de forma gradual.. Solo en estos cinco meses primeros del 2013 ha crecido un 6,7 por cien, respecto al mismo periodo del año anterior. Es curioso que en lo más duro de la crisis ha habido este crecimiento, lo que indica que es posible seamos el único sector con crecimiento en empleo . Aquí hay que resaltar el papel de las organizaciones sociales que están detrás y ayudan a estas inserciones laborales. El marco laboral de la discapacidad tiene 30 años y hay que modificarlo ahora. Han cambiado mucho los tiempos y hay que adaptar a las personas con discapacidad al nuevo mercado laboral. Debe haber cambios profundos en este sentido tanto a nivel educativo como de familias para incentivar la empleabilidad de estas personas. Este contexto necesitaría de financiación y de cero recortes en dependencia… Es evidente que los recortes son generalizados, la dependencia no es una isla y también participamos en esta situación a nivel social. De todas formas se trata más de reordenar las políticas públicas sociales en estos temas. A veces se hacen malas políticas con mucho dinero que, en algunos casos no son inclusivas.. Corresponde al Ministerio de Empleo esta reordenación de las que estamos hablando. Del presupuesto global para políticas de empleo se guardaba un 3 o 4 por cien a las personas con discapacidad, cuando está demostrado que los incentivos son rentables a estas personas. Habría que mejorar estos incentivos; hay algunas medidas que pueden ponerse en marcha sin coste: las pensiones de Seguridad Social, contributivas o no, desincentivan el empleo. Si te reconocen una pensión, se olvida de ti el propio sistema sin estimularte que busques trabajo a corto plazo o una reorientación laboral. No hace compatible que pensión y trabajo puedan ser simultáneos. Esto es una pérdida para la persona y el propio sistema. Se podría trabajar en esta línea, con una pequeña reducción en la pensión que ayudase a buscar trabajo a estas personas. Hay 200.000 personas con pensión no contributiva de 400 euros al mes con dificultades para trabajar porque perderían la pensión. Y otras 300.000 con pensiones de incapacidad, tras un accidente o enfermedad, que el sistema los manda a casa. En otros países, se hace de otra manera, durante dos años se les asesora y se les permite compaginar la pensión con el trabajo nuevo que tienen. ¿Hay algunas otras medidas que se puedan poner en marcha? En este contexto nuestra llamada Agenda Amable, medidas sin coste económico que solo requieren voluntad política para su implantación. No solo se hace política con dinero también con imaginación, desde luego.. Son medidas que ayudan a que estas personas puedan mejorar su calidad de vida. Hace unos días el Consejo de Ministros aprobó un mecanismo de pago a proveedores. 700 millones irán a eliminar las deudas que mantienen con las ONGS. Esa medida la pedimos hace año y medio. Ahora han visto que es posible ponerla en marcha. Sobre el abintestato, personas que mueren sin dejar testamento, es posible que ese dinero podría ayudar a incrementarlos fondos de la Ley de Autonomía Personal. Es un dinero que el Estado recibe de forma gratuita y que podría ayudar para estos fines.. Respecto a las cuentas durmientes, según la normativa actual, aquellas cuentas corrientes sin movimiento en 25 años pasan a ser propiedad del Estado. En otros países es menos tiempo, Inglaterra y Reino Unido son cinco años. Igual podría reducirse ese periodo de tiempo a diez años. Ese dinero podría ir a otro fondo social.
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