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JUSTICIA

 

Jueces para la Democracia critican en un informe severamente al Anteproyecto de Ley de Planta y Demarcación
MADRID, 19 de JULIO de 2013 - LAWYERPRESS

Jueces para la Democracia ha elaborado un informe sobre el Anteproyecto de Ley de Planta y Demarcación que adjuntamos a éste artículo. La asociación de jueces opina que “el texto que se presenta tiene lagunas, omisiones e imprecisiones evidentes” y afirma que “no sólo es preocupante por su contenido, sino por el contexto en el que se presenta dado que importantísimas áreas de decisión y control de la jurisdicción quedan en manos directas o indirectas del Consejo General del Poder Judicial”.



INFORME DEL SECRETARIADO DE LA ASOCIACIÓN JUECES PARA LA DEMOCRACIA AL ANTEPROYECTO DE LEY DE PLANTA Y DEMARCACIÓN HECHO PÚBLICO POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA.

El ministerio de justicia acaba de publicar en su página web un anteproyecto de nueva ley de planta y demarcación; este anteproyecto, que todavía no ha sido aprobado por el consejo de ministros, es el resultado del trabajo encomendado a una comisión de expertos que fue constituida por el ministerio con el fin de abordar las bases de una reforma de la planta judicial. Esa comisión de expertos no fue ni mucho menos plural ni en el origen de sus miembros, ni en su formación o cualificación; no constan los estudios previos a la elaboración del informe y del ulterior anteproyecto; no hay referencias fiables sobre los plazos y términos para su presentación y debate parlamentario.

El texto que se presenta tiene lagunas, omisiones e imprecisiones evidentes, todas ellas generan serias incertidumbres no sólo sobre la calidad del anteproyecto, sino fundamentalmente sobre la finalidad del mismo, que no es la de adecuar la planta y demarcación a las necesidades de la administración de justicia en pleno siglo XXI, sino a la de dar un nuevo paso el desmontaje de uno de los pilares básicos del poder judicial, el de la independencia de los jueces.

El anteproyecto no sólo es preocupante por su contenido, sino por el contexto en el que se presenta dado que importantísimas áreas de decisión y control de la jurisdicción quedan en manos directas o indirectas del Consejo General del Poder Judicial, un Consejo que ha sido completamente reformado en su organización y competencias para adecuarlo al capricho y necesidades del gobierno del Partido Popular.

Las ideas rectoras básicas parecen dirigidas a una mejor eficiencia en la organización de la justicia y, como tales se pueden considerar bienintencionadas:

1. Se establece con carácter general dos niveles jurisdiccionales: la instancia y el tribunal superior.
2. Se establecen dos tipos de unidades territoriales: la provincia (para el tribunal de instancia) y la comunidad autónoma (para el tribunal superior).
3. Se mantiene la unidad nacional para la AN y el TS

No cabe duda de que la planta y demarcación de los juzgados y tribunales necesitaba una urgente adaptación a las necesidades de la administración de justicia actual, sin embargo el texto propuesto tiene gravísimas carencias y establece una planta judicial que no sólo no da respuesta al imprescindible proceso de modernización de la administración de justicia, sino que introduce, por medio de los tribunales de instancia, un mecanismo perverso de control de la actividad judicial justo en el momento en el que los tribunales están abordando complejos procedimientos frente a delitos de corrupción.

El anteproyecto se estructura del modo siguiente:

1. Se establece una especialización legal para cierto tipo de asuntos: los asuntos mercantiles dentro del ámbito civil y los asuntos tributarios dentro del ámbito contencioso-administrativo. Esta última es una superespecialización por cuanto la atribución de asuntos se establece con carácter exclusivo en Madrid, Catalunya, Andalucía y Comunidad Valenciana (vaya que se instauran los tribunales de la hacienda pública).

Sin embargo otras especialidades de indudable calado social y que se han puesto en marcha mucho antes que los ámbitos mercantiles o tributario que no se contemplan, por ejemplo la especialidad en materia de familia, vigilancia penitenciaria o la especialidad de menores.

Se deja a la iniciativa de la Sala de Gobierno de cada TSJ (propuesta) y a la decisión del CGPJ constituir otras unidades o secciones especializadas “siempre que se justifique en atención al volumen de asuntos y la materia de que se trate”, tratándose de términos sin definición alguna.

2. Prevé la adscripción orgánica de los jueces a una plaza (es decir, a la plaza de un órgano concreto que serán el Tribunal o las concretas Salas que para Andalucía, Ceuta y Melilla, Castilla-León, Canarias, Comunidad Valenciana, Madrid y Barcelona se prevén ya sea en instancia como en tribunal superior) pero acto seguido se establece la movilidad por cuanto pueden “prestar servicios en otras salas en los términos establecidos en la LOPJ”. La falta de definición del proyecto permite asegurar que la inamovilidad de los jueces no queda garantizada en el texto legal.

3. La sede del Tribunal no determina la situación física del lugar en que se desempeñarán las funciones, quedando éstas a la determinación del Ministerio de Justicia o la CCAA correspondiente, por lo que es de prever que los jueces de un tribunal de instancia de una concreta provincia sigan desempeñándose en las sedes de los actuales partidos judiciales, sin perjuicio de poder ser enviados a otras sedes a prestar servicios. Ya no se trataría de una sustitución ni siquiera de una comisión de servicios, sino de una mera atribución de asuntos, que queda en mano de los Presidentes y Salas de Gobierno, en tanto no se hubieran constituido previamente salas, secciones o unidades especializadas, en manos del CGPJ.

4. Las plazas de Jueces, en cada tribunal, se crearán por el Ministerio de Justicia sin alterar la demarcación y como único criterio se indica “preferentemente” el volumen de litigiosidad, lo que permite otros criterios no definidos por la norma, cuestión especialmente sensible por cuanto un mero criterio cuantitativo – número de asuntos – puede no ser adecuado para establecer la demarcación de una plaza, y la indefinición de criterios alternativos deja la concreta definición de plazas al albur del CGPJ o del gobierno.

No debe olvidarse que todavía no se ha establecido un sistema de medición del trabajo y que, por lo tanto, el criterio del volumen de litigiosidad se hace sin disponer de las bases de una correcta medición de ese trabajo. El volumen de asuntos de entrada debe ponderarse con el tipo de procedimiento que sea y con el volumen asumible por cada jueza/ez.
Mientras no haya un sistema claro de medición cualquier referencia a la litigiosidad es un brindis al sol.

5. La distribución en unidades o secciones es mera medida organizativa que no supone ampliación de nº de juezas/ces en cada tribunal. Por lo tanto se frustran las expectativas de que la ratio de número de juezas/ces por persona en este país se adecúe a las medias de otros países de nuestro entorno. Una de las razones fundamentales que justificarían la modificación de la planta judicial sería la de dotar al sistema de medios más agiles para la creación de juzgados, el anteproyecto no cumple con esa finalidad.

6. La configuración del sistema de incorporación de miembros de la carrera judicial a órganos técnicos del CGPJ o del Ministerio no se define con claridad, no hay respuesta a las incertidumbres actuales respecto de la reserva de plaza – situación de servicios especiales – y a la cobertura provisional o definitiva de la misma. La futura Ley de Planta debería coordinarse con el régimen y situación de la judicatura en la Ley Orgánica.

7. Queda en manos del Gobierno central el desarrollo de la nueva planta, dejando completamente al margen a las comunidades autónomas. No hay referencia alguna a la intervención de las cc.aa en el diseño de la planta. Además el texto del anteproyecto aunque apunta a las especificidades de comunidades autónomas como la andaluza, sin embargo no realiza previsión alguna sobre territorios igualmente extensos como el de Castilla-León.

8. Terminan con cualquier cargo representativo de designación directa. Se acaban los Jueces Decanos, pues los Presidentes de los Tribunales de Instancia son designados por el CGPJ.

9. La nueva organización determina igualmente la movilidad de todo el personal al Servicio de la Administración de Justicia, así como de los cargos de Letrados al servicio de la administración de justicia, es decir, los secretarios de gobierno y coordinadores.

10. Desaparece la justicia de paz, imponiendo un modelo de juzgado alejado físicamente de los pequeños conflictos.

11. Los jueces llevaran consigo los asuntos que ya tuvieran atribuidos hasta su terminación, pero también se prevé la posibilidad de optar a alguna de las plazas resultantes de la nueva planta y demarcación (traslado) siendo criterios de preferencia 1º tiempo de destino en el órgano jurisdiccional de los interesados y 2º antigüedad en el escalafón.

12. No hay referencia alguna a la oficina judicial, ni a los servicios comunes o a las unidades de actuación definidas en la oficina judicial.

13. En el ámbito penal, sin hacer ninguna referencia a un cambio en el modelo de instrucción, incluye en un mismo tribunal de instancia las tareas de instrucción y las de enjuiciamiento, sin especificar el enjuiciamiento por órganos unipersonales – los actuales juzgados de lo penal -, o colegiados.

14. Se opta por diluir las audiencias provinciales, que pasan a ser tribunales de instancia, pero no se establecen nuevos partidos judiciales en el seno de cada provincia, ni los criterios para identificar dichos partidos; aunque tanto el texto del anteproyecto como las intervenciones públicas del ministro permiten pensar que no va a haber una modificación importante en materia de sedes judiciales, por lo que la reforma corre el riesgo de ser sólo una transformación del nombre y no del modelo.

Es fundamental advertir que bajo la referencia de la Ley de Planta y Demarcación, en realidad lo que se realiza es la introducción en nuestro modelo de los llamados tribunales de instancia sin definición de funciones del Presidente. El anteproyecto no tiene en cuenta en absoluto el proyecto que sobre los tribunales de instancia se presentó en la anterior legislatura.

Esta reforma que es muy trascendente no puede imponerse como todas las demás de este Gobierno en materia de Justicia por el método del rodillo. Es preciso una negociación intensa con todos. La absoluta indefinición del modelo de tribunal de instancia en cuanto a las competencias, organización, criterios para la adopción de decisiones, funciones del presidente de cada tribunal, funcionamiento de las deliberaciones, articulación de las discrepancias… exigiría un texto mucho más trabajado y completo. Puede afirmarse sin ningún género de dudas que el modelo de tribunal de instancia que propone el anteproyecto vulnera abiertamente la independencia del juez/za y reduce al mínimo la capacidad de decisión, dejando las decisiones más trascendentes, incluido el reparto de asuntos, en manos de un presidente/ta elegido por el CGPJ.

Esta ley no puede entenderse sin la perspectiva de la modificación de la LOPJ, y el nuevo código procesal penal; quizá en las demás jurisdicciones civil, social y contencioso, no resulte muy problemático, pero en la penal se perciben graves disfunciones.

También resulta problemático el tema de la movilidad de los jueces, que la habrá en determinados territorios mientras siga habiendo sedes y edificios fuera de la capital de provincia y mucho más problemático la movilidad del personal al servicio de la administración de justicia. Existiendo esa dispersión de sedes, no se establecen criterios de adscripción de las/los Juezas/ces a un concreto territorio, siendo así que resulta perfectamente posible que, respetado únicamente la adscripción provincial, puedan ser destinados a ejercer sus funciones de forma forzosa a cualquier otra sede lejana a su domicilio, circunstancia especialmente gravosa en provincias extensas y territorios insulares.

En definitiva, el secretariado de JpD muestra su rechazo frontal al anteproyecto, reclama su inmediata retirada, la apertura de un proceso de negociación plural y transparente que permita diseñar una planta verdaderamente adecuada a las necesidades de la administración de justicia; una planta que vele por la independencia y la inamovilidad de las juezas/ces.

 


 
 

 

 




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