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La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: Un nuevo cambio de modelo
MADRID - El Escorial, 25 de JULIO de 2013 - LAWYERPRESS/ @LuisjaSanchez

 

Una de las reformas más esperadas que afrontará este otoño el Ministro Alberto Ruiz Gallardon tiene que ver con el ámbito penal. De todos es sabido que más del 70 por cien de los procesos que se realizan en España tienen un componente penal. Un grupo de expertos liderado por el magistrado Manuel Marchena presentó hace unos meses un borrador de anteproyecto de Código Procesal Penal, se trataba de actualizar la vigente LEC que data de 1882. Tanto el propio Marchena, como Juan Saavedra, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, estuvieron en el curso Justicia y Sociedad que organiza la APM (Asociación Profesional de la Magistratura) para dar su valoración de estos cambios normativos que parece implican un cambio de modelo importante, donde la investigación pasará a manos del fiscal de alguna forma controlado por el llamado juez de garantías.

Manuel Marchena, magistrado de la Sala Penal del Supremo, ha sido el presidente de esta Comisión de Expertos que ha redactado el borrador de Código Procesal Penal que el lector de Lawyerpress puede encontrar en la web de Justicia. Es un texto estrcturado en más de 700 articulos, una Exposición de Motivos y un Título Preliminar “ Hablamos de un cambio de modelo en el que la investigación pasa al fiscal y su trabajo es respaldado por un juez de garantías, situación que pasa en muchos países de Europa”, explica. Y asi, países como Alemania o Francia lo asumen y en la UE la figura de la EPPO, que pretende luchar contra el crimen europeo parte también de un fiscal. Desde su punto de vista la figura del fiscal no debe generar suspicacias ni injerencias políticas “alguien le tiene que nombrar, no puede ser una figura errática”, comenta.
Precisamente para evitar ese tipo de injerencias este nuevo Código en sus artículos 128 y 257 recogen dos prerrogativas importantes: En primer lugar que cualquier ciudadano se puede personar como acusación popular si cree que el trabajo del Ministerio Fiscal no se ha hecho de forma correcta. “Esto puede generar que el propio juez de garantías realice un trabajo que los fiscales no han hecho, cuestión que no ha gustado en la carrera fiscal esta medida”, señala. Esta medida puede generar un conflicto de intereses entre el citado juez y la fiscalía “ estamos convencidos que con el nuevo Código estas interferencias no serán excesivas. Se trata sobre todo de hacer creíble este nuevo sistema”.
Este nuevo Código Procesal Penal racionaliza la acusación popular, una figura española única con más de 125 años de vida, ahí queda reflejado en el articulo 69 de la nueva ley. “Hay un cátalogo concretos de delitos como son los cohechos, medioambientales y de corrupción y se excluya a muchas entidades, entre ellos a partidos políticos y sindicatos de ejercer esta acción popular”, aclara Marchena. La nueva normativa también pretende organizar mejor las instrucciones penales y una mejor organización de los macroprocesos, así el articulo 24 del nuevo Código modifica el 17 de la LEC actual. “También la nueva normativa pretende aclarar al competencia territorial de los procesos, saber quien iniciará la investigación de ese asunto cuestión que tendrá que dilucidar el propio juez de garantías.
Otros cambios importantes que Marchena explicó al auditórium de estos Curso Justicia y Sociedad tiene que ver con las medidas introducidas para respaldad intercepciones telefónicas; incorporación tecnología a los procesos e incluso “en el articulo 350 del nuevo Código Procesal Penal regular la intervención de forma temporal de intervención de ordenadores que se crean que puedan estar cometiendo un delito. Esta era una medida que ya estaba pero que ahora se ha centrado en 10 días hábiles.”. También en el articulo 80 se indica que la policia judicial tendrá una dependencia orgánica de la propia fiscalía. “Creo que hemos hecho en definitiva, un buen trabajo, ahora sabemos que los políticos introducirán los cambios que estimen adecuados”.

Un modelo agotado penal
Por su parte, Juan Saavedra, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo hizo una valoración de la actual LEC (Ley de Enjuiciamiento Criminal), una disposición que data de 1882 y que ha sufrido muchos cambios. “Realmente mas que una reforma es un cambio de modelo en el que creo que sería acertado se dejar el nombre originario. Por su complejidad, entiendo que entrará en vigor por etapas para que pueda ser asumido los cambios que impulsa “. Desde esta normativa, calificada de versátil por el jurista se impulsaba un modelo con el juicio oral con vista única con un único recurso de casación en el Supremo, modelo que fue adaptándose a los tiempos. “El nuevo Código Procesal Penal no ha entrado en el régimen de aforados por lo cual hay que tirar de la jurisprudencia del Tribunal Supremo para ver lo que se debe hacer”, subrayó.
En este contexto, el propio Saavedra espera que con la nueva normativa se solventen los problemas existentes en la ejecución de las sentencias “El proceso no acaba al dictar sentencia, hay que ejecutarla y desde este contexto hay aspectos civiles y administrativos que se deben tener en cuenta para hacerlo bien. “Y recuerda las fricciones existentes entre los juzgados y el juez de vigilancia penitenciaria que no acaban de resolverse en determinadas ocasiones “También habrá que ver que se hace con esa figura nueva introducida de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, siguiendo directivas europeas, con la reforma del 2010 y que no acabó de encajar al no impulsarse un estatuto procesal para este nuevo tipo.
Saavedra ve interesante que la investigación la lleve ahora el fiscal, “ un cambio cualitativo importante que va a modificar el sistema de enjuiciamiento actual y que es posible que suponga reforma en su Estatuto Orgánico”. Y espera que este nuevo Código Procesal Penal acabe con las instrucciones largas de años, “hablamos de verdaderos actos de prueba que luego se reproducen de nuevo en el juicio oral”. Y en este contexto también ve positivo que se introduzcan nuevas medidas como las sentencias de conformidad o la mediación penal “Estamos hablando de la llamada justicia restaurativa donde el acuerdo se hace ante un mediador que no es juez. Con posterioridad, se lleva el acuerdo al juzgado para que se integre en la propia sentencia”, aclara.
El nuevo Código Procesal Penal cambiará el concepto actual de casación que se amplia de forma notable. “La proyección que hemos hecho va de las 3.400 sentencias actuales a 11.000 recursos ordinarios; en la Audiencia Nacional solo el 8 por cien de las sentencias eran apelables; en los juzgados de lo penal un 23% mientras que las sentencias con jurado son apelables el 83%”. Desde su punto de vista para que esta medida cuaje y no sea un parche requiere una voluntad política amplia de consenso y medios materiales suficientes para desarrollarlo “en este caso la policia judicial hay que desarrollarla” subrayó.

 


 
 

 

 


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