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La mal llamada privatización de los servicios públicos
MADRID, 30 de JULIO de 2013 - LAWYERPRESS

Por Eva Cañizares, abogada

Eva Cañizares, abogadaÚltimamente, y sobre todo con la polémica suscitada en la Sanidad madrileña y la famosa “marea blanca”, leemos con bastante asiduidad que asistimos a la “privatización” de los servicios públicos, y la entrecomillo porque no sé si se habla de “privatización” por ignorancia o por cuestiones políticas. Es la mal llamada “privatización de los servicios”. Lo cierto es que no se trata de ninguna privatización, ya que ésta implica la transmisión de la propiedad del Estado a la empresa privada, sino que se trata de la gestión de los servicios, que siguen siendo públicos, por parte de la empresa privada, lo que se conoce por gestión indirecta o externalización (que no privatización, insisto) de los servicios públicos. La gestión indirecta sólo cambia la manera de gestionar para mejorar (en teoría). Es la Administración la que impone, en los Pliegos de Condiciones Particulares y de Prescripciones Técnicas del Concurso Público, las condiciones de la gestión del servicio (derechos y deberes de los usuarios, niveles de calidad y cobertura de mínimos del servicio, tarifas, horarios, contrataciones…), y la empresa privada adjudicataria la que gestiona ese servicio público en esas condiciones pactadas.
Lejos de lo que se piensa o se nos dice, la colaboración público–privada en la gestión de servicios públicos, dadas las circunstancias socio-económicas actuales, debe convertirse en un instrumento de dinamización eficiente del sistema público. Los mecanismos de colaboración público-privada se revelan especialmente idóneos para la construcción y explotación de infraestructuras complejas y costosas o para la prestación de servicios públicos cuando, existiendo una demanda ciudadana, la Administración carece de recursos.
La Administración Pública ha de garantizar que el servicio público se preste y que el prestador sea capaz de hacerlo de la forma más eficaz y eficiente, es decir, de la mejor manera y a un mejor precio. Esa es la única forma que tiene la administración para poder dar el servicio al máximo de usuarios con calidad. La cuestión será determinar quién es el prestador más eficaz y eficiente (quién hace lo mismo al mejor precio)…
Existen varios tipos de razones que justifican estos instrumentos de colaboración pública-privada. Los motivos técnicos aluden a la superioridad técnica, valga la redundancia, de los agentes privados para afrontar todo el proceso de la dotación de las infraestructuras e incluso el de la prestación de servicios. Razones presupuestarias, en la medida en que el recurso a estas modalidades de colaboración público-privada permite seguir satisfaciendo las necesidades de ampliación y mejora de las infraestructuras o la prestación de servicios sociales, como factor de crecimiento económico en España, evitando tanto los problemas tradicionales de insuficiencia de recursos, agudizados en esta época de recesión, como de las restricciones presupuestarias y las exigencias de contención del déficit público (los tristemente famosos “recortes”), ya que es connatural a estas fórmulas que la financiación la soporte el agente privado. Y, por último, razones ideológicas, dado que mediante esta fórmula de colaboración la repercusión del coste de la construcción de la infraestructura se extiende hasta las generaciones futuras, que también van a disfrutar de la misma.
Nos encontramos ante un escenario de oportunidades de entendimiento sinérgico entre las Administraciones Públicas, propietarias de suelo e infraestructuras, y de la iniciativa privada, con recursos de inversión y con un know how suficiente para garantizar la viabilidad y sostenibilidad de la oferta de esos servicios públicos, sinergias que han de ser aprovechadas, sobre todo en los tiempos actuales de crisis económica.
La concesión administrativa es la figura cada vez más utilizada por la Administración para la gestión externalizada o indirecta de los servicios públicos.
Las empresas, deben de ser muy conscientes del “negocio” al que optan, y del esfuerzo que va a requerir. Han estudiar bien las condiciones impuestas por la Administración y no concurrir a no ser que se garantice la rentabilidad mínima del dinero invertido. Y evitar, lo que en algunas ocasiones ha ocurrido, la empresa concesionaria ha tenido que solicitar al ayuntamiento de turno la anulación del contrato porque les estaba suponiendo pérdidas insostenibles.
Es muy difícil que la gestión directa (a través de la Administración) sea viable y responda a los principios de sostenibilidad, de economía, de eficacia y de eficiencia si la gestión se sigue encomendando, en la mayoría de las ocasiones, a incompetentes no profesionales (los elegidos “a dedo” y dirigidos por el político de turno) y las infraestructuras se siguen construyendo de forma intuitiva, por comparación con lo existente en otros sitios, sin ningún plan de viabilidad que justifique y demuestre la probable garantía de su éxito, o bien son el resultado de las ideas del responsable político, o fruto de las presiones de elementos de poder del municipio, tales como asociaciones y demás colectivos.
En el marco actual de crisis, las acciones que se adopten en el ámbito público deben incidir en varios sentidos:
- Acciones encaminadas a reducir los gastos
- Acciones encaminadas a aumentar los ingresos
- Plan de comunicación adecuado: la importancia de explicar de manera clara lo que se pretende, a todas las partes implicadas:
a) oposición política
b) empleados y sindicatos
c) colectivos empresariales
d) ciudadanos (a los que nunca nadie invita a este “baile”)
En cuanto al sector privado, prestador de servicios públicos, debe:
- Abandonar la perspectiva del negocio a corto plazo.
- Considerar al ciudadano como “cliente” pero también al “cliente” como ciudadano.
- Profesionalizar el sector.

Estas razones no significan un canto a la “privatización” de servicios públicos sino, simplemente, llamar la atención sobre la conveniencia de fomentar realmente la colaboración con el sector privado en la financiación y gestión de infraestructuras con el fin de hacer posible su puesta en funcionamiento y de incorporar a la gestión pública las técnicas y metodologías más eficientes en el mercado.
 


 




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