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Asesores fiscales de toda España analizaron en Santander las repercusiones de la nueva y severa norma que equipara al simple deudor con el defraudador
“El fraude es un comportamiento antisocial con el que, obviamente, no podemos estar de acuerdo ni como ciudadanos ni como profesionales del asesoramiento fiscal. Desde ese punto de vista, entendemos que la nueva Ley 7/2012 de Medidas Contra el Fraude es una norma bienintencionada en su concepción. Todos estamos de acuerdo en que hay que perseguir al defraudador. Pero el resultado final del texto legal promovido por el Gobierno ha sido totalmente fallido. El resultado es una ley despótica, simple y llanamente, porque vulnera gravemente los derechos fundamentales de los contribuyentes, de los ciudadanos en definitiva”. Con estas palabras se expresó hace unos dias en conferencia de prensa Tomás Marcos, miembro de la Comisión Directiva de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) y vocal responsable del Gabinete de Estudios e Investigación. “La nueva norma confunde al defraudador con el simple deudor o con el contribuyente que discrepa de una determinada valoración tributaria. Les da el mismo tratamiento, lo cual es un despropósito. La propia Administración es muchas veces deudora y no por ello merece el tratamiento de defraudadora”, afirmó. “La lucha contra el fraude no es incompatible con el respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos y el respeto al Estado de Derecho”, concluyó. Marcos puso algunos ejemplos clarificadores de la desproporción del nuevo régimen sancionador de la norma. “Establece un régimen de sanciones durísimo y desproporcionado. Al empresario que, por tres veces, se niega a atender los requerimientos de la inspección le multan con 600.000 euros, mientras que a un funcionario que se niega a ejecutar un acto administrativo se le aplican como máximo 150 euros de sanción”. César García Novoa, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, miembro de AEDAF, subrayó el carácter inconstitucional de algunas de las medidas contenidas en la Ley. “Los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre ellos el derecho a la propia defensa, están consagrados en España y Europa por la Ley. No se puede obligar a un ciudadano a declarar o aportar pruebas materiales en su contra. Le asiste el derecho a no declarar. No se le puede sancionar económicamente por ello. En este sentido, la nueva Ley es un despropósito que, con toda seguridad, acabará teniendo respuesta ciudadana en los tribunales de Justicia, vía recurso de inconstitucionalidad y estamos seguros de que esos recursos prosperarán”. Ley anticonstitucional La nueva Ley de Medidas Contra el Fraude fue objeto de estudio en la 17 edición de las jornadas técnicas que anualmente organiza en Santander la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF), en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria. Expertos de toda España analizaron la Ley 7/2012 los pasados días 12 y 13 de septiembre, en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria. “AEDAF reitera su compromiso para acabar con las malas prácticas tributarias y responde con esta iniciativa a su responsabilidad como asociación de referencia nacional en materia de asesoramiento fiscal, aclarando las dudas que han surgido entre los especialistas tras la aprobación de la nueva normativa”, señaló Tomás Marcos. A este respecto, cabe señalar que AEDAF considera que las reformas legislativas en materia fiscal realizadas en los últimos meses “no cumplen el principio de seguridad jurídica, es decir, que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa y, en lugar de ello, ha aprobado normas carentes de técnica legislativa”, añadió Marcos. Ante esta situación, la asociación está haciendo un enorme esfuerzo, no sólo de análisis crítico, sino sobre todo de cooperación con la Administración, tanto en la elaboración de las normas como en la participación en los foros institucionales, sin olvidar el permanente apoyo a la formación de sus asociados. En este contexto, se enmarcan las jornadas de estudio que se celebran en Santander y en las que colaboran el Colegio de Abogados, el Colegio de Economistas, el Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales y el Instituto de Censores Jurados de Cuentas. La presentación del curso ante los medios tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria. Comparecieron Tomás Marcos Sánchez, responsable del Gabinete de Estudios e Investigación de AEDAF; Elena Martín Latorre, Vicerrectora de Cultura, Participación y Difusión de la Universidad de Cantabria y César García Novoa, catedrático de Derecho Financiero y Tributario y miembro de AEDAF. Fundada en 1967, la Asociación Española de Asesores Fiscales es una entidad que aporta valor a la sociedad y a los ciudadanos en su labor de asesoría y defensa del contribuyente, así como a las instituciones a través de su análisis y reflexión de las actuaciones públicas en materia fiscal, con el fin de mejorar el sistema tributario español. Es la mayor asociación de profesionales dedicados al asesoramiento tributario. Actualmente, agrupa a cerca de 2.000 economistas, licenciados en administración y dirección de empresas, titulados mercantiles y empresariales y abogados.
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