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JUSTICIA
Apertura del Año Judicial y pleno de personalidades jurídicas en este acto presidido por SM el Rey Juan Carlos I, acompañado de Gonzalo Moliner, presidente del CGPJ y del Supremo y de Alberto Ruiz-Gallardón en la mesa presidencial. Cerca de ellos, el actual presidente del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos, los vocales actuales del CGPJ y Eduardo Torres Dulce, fiscal general del Estado quien hizo un análisis de la memoria del 2012 y dejó claro de la necesidad de una reforma del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, para que este Ministerio Público pueda desempeñar el nuevo papel que se le otorga en el próximo Código Procesal Penal, pendiente de aprobación aún. También señaló la necesidad de combatir la corrupción, tanto en el ámbito público y privado con más medios y controles de cara a que solventar los encontronazos entre justicia y sociedad “porque hay que dejar claro que delinquir no renta nunca”. Como en otras ocasiones el Salón de Plenos del Tribunal Supremo se quedó pequeño para albergar a tan ilustre concurrencia. En un acto breve pero lleno de sentido, tomó la palabra inicialmente, Eduardo Torres Dulce, Fiscal General del Estado, quien centró su discurso en la crisis económica y en la corrupción. En su intervención indicó a los políticos que la realidad es tozuda y que si es "ignorada, prepara su venganza". Por ello, subrayó que "la depauperación de amplios estratos sociales" "puede poner a prueba la solidez del entramado institucional de nuestro país". Además, se mostró comprensivo con "el deseo de participación social de una ciudadanía consciente de que es fuente de toda legitimidad política y árbitro final de su acción". También admitió que los ciudadanos pueden sentirse decepcionados "por la conducta poco ejemplar de algunos de sus representantes o cargos públicos". Desde su punto de vista la justicia no debe ser ejemplarizante sino “equitativa; porque su verdadera finalidad es restablecer el orden jurídico conculcado. En estos momentos hay que dejar claro a nuestra sociedad desmoralizada que el delito no renta”. Sobre la corrupción comento que es una de las cuestiones que debilitan la fortaleza moral de los ciudadanos “la combatimos desde el Ministerio Fiscal pero nos preocupa su incidencia en el funcionamiento y prestigio de la Admon de Justicia, cuando no es capaz de dar una respuesta solventa a cada una de sus manifestaciones”. Hay a su juicio un desencuentro entre sociedad y justicia y una necesidad de intensificar los controles de inspección de administraciones, corporaciones y mercados para que se detecte la corrupción en sus inicios: “Es necesario dar más medios a la jurisdicción contencioso-administrativa y al Tribunal de Cuentas, como instancias de control claves”. Actividad de la Fiscalía Respecto a la actividad de la Fiscalía y especialmente de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, Torres Dulce señalo que en el pasado año se incrementaron las calificaciones por delito de prevaricación administrativa en un 23,85% y las de fraude cometido por autoridad of uncionario en un 120,79%. Por su parte descendieron las calificaciones por malversación de caudales públicos en un 31,23%, por tráfico de influencias en un 22,37% y por malversación de caudales públicos en un 31.23% “Respecto al tema de las preferentes es evidente que son casos complejos que no admiten un tratamiento común. Ahí hay que diferenciar de aquellos que se ideo la emisión de las mismas mediante artificios contables, respecto de aquellos casos donde la ilicitud se centró en su comercialización”. Sobre la Fiscalía de la Audiencia Nacional supimos que se reduce el peso del terrorismo en las actuaciones mientras que la el crimen organizado desde el punto de vista económico ha repuntado. Eduardo Torres Dulce hizo una reflexión sobre el nuevo Código Procesal Penal, del que ya se conoce un borrador desde principios de este año. La puesta en marcha de esta nueva normativa que sustituirá a la LEC de 1888 supondrá adentrarse hacía un sistema acusatorio puro en el que desaparece la figura del Juez de Instrucción y ahora la investigación la dirigirá el Fiscal supervisado por un Tribunal de Garantías donde el juicio oral basado en el acervo probatorio aparece desvinculado de la instrucción: “Este texto tiene aciertos innegables pero incurre en la fase preparatoria en una grave inconsecuencia atribuye la dirección de la investigación criminal al Fiscal y le niega al mismo tiempo la capacidad de maniobra para llevarla a buen término”, señaló. Que la figura del Fiscal esté supervisada por el citado Tribunal de Garantías es algo que no acaba de gustarle a nuestro Fiscal General del Estado. En este contexto el responsable de este Ministerio Público señaló la necesidad de reformar la autonomía del Fiscal “mediante una reforma en paralelo de su estatuto Orgánico. Hay que proteger la libertad de criterio del Fiscal instructor y modular con claridad los motivos de su abstención y recusación, así como el régimen de designación de Fiscales, sustitución y avocación de causas, que ha de ser transparente para las partes del proceso y la ciudadanía en general”. Y aclaró que está a punto de ver la luz público el Libro Blanco del Ministerio Fiscal donde quedar claro el perfil de esta entidad en relación con el diseño constitucional del art 124-1 y exigente frente a los desafíos que cambios legislativos e innovaciones tecnológicas se plantean cada día.
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