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Por Jesús Manuel Villegas Fernández, Magistrado, Secretario General de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.
Sabido Il est rare que dans les affaires publiques et nationales les plus honnêtes gens ne soient aussi les plus habiles. Luis XVI de Francia Su Majestad el Rey Luis XVI de Francia convocó los Estados Generales en el año del Señor de 1789. Una decisión que cambió la historia. Esperaba la corona gala que los súbditos de todas las provincias sometidas a su obediencia (soumises à son obéissance) le hicieran llegar sus quejas. A tal fin publicó ese 24 de enero un reglamento para la redacción de los “cahiers de doléances”, una especie de hojas de reclamaciones donde el pueblo llano consignaría por escrito sus peticiones. Tras el llamamiento real, por miles llegaron a palacio esos cuadernos dolientes que debían ser debatidos en una asamblea representativa de la nación entera (aseemblée representative de la nation entière). Los jueces españoles somos gobernados por un órgano que no hemos elegido: el Consejo General del Poder Judicial. A semejanza de un bonachón monarca absoluto, sus miembros se dirigen a nosotros con expresiones cariñosas, empapadas de una pringosa campechanía que no acierta a esconder un hecho incontrovertible: que ejercen un mandato que para nosotros no es representativo. A ellos los ha escogido formalmente otro poder estatal, el Legislativo, aunque todos sepamos que es sólo teatrillo, pues los nombres de los vocales agraciados han sido previamente pactados entre los partidos según sus respectivas cuotas ideológicas. Este Consejo, pues, carece de legitimidad de origen. Ha sido engendrado, además, violando las promesas electorales, como es de todos tristemente sabido. Para cualquier juez resulta doloroso ver encumbrados a la cima del gobierno judicial a compañeros suyos impuestos por el poder político y que, a mayor INRI, ocupan su cargo merced a una mentira originaria. ¿Qué les pediríamos? Que dimitan, es la llamada instintiva de las entrañas. Pero, démosles al menos los cien días de gracia que aconsejan los usos. Qué menos que eso. Pues bien, lo primero que yo les reclamo es que abandonen de una vez para siempre ese lenguaje azucarado de epidérmica bonhomía. El citado rey francés se regodeaba en expresiones de amor a sus súbditos pero, a fin de cuentas, la última palabra era inapelablemente la suya. El GGPJ manda; nosotros, los jueces de base, obedecemos. Es la Ley y la acatamos. Nada más. No pretendan, además, que nos guste. Aclarada esta cuestión previa, ¿qué mas le pediría a nuestros gobernantes? Que tengan agallas. Que se ganen la legitimidad de ejercicio. Una cincuentena de jueces decanos de lo largo y ancho del reino de España se encontraron en diciembre de este año 2013 en Sevilla. Denunciaron el actual régimen de designación de los miembros del CGPJ por la “terrible imagen de contaminación política” que trasmite a la sociedad. En las manos de sus Excelencias, los señores vocales, está democratizar la institución. Hagan, como mínimo, lo que Luis XVI: reúnan Estados Generales. Consulten a sus gobernados antes de imponer su voluntad. Sería factible interesar la celebración de juntas de jueces en todo el territorio nacional para que, tal como los súbditos franceses, les hicieran llegar sus inquietudes. No moverán un dedo, lo sabemos. Recordemos que en octubre de 2013 un millar de jueces participaron en unas elecciones alternativas para protestar contra la politización de la judicatura. Por supuesto, hicieron oídos sordos. Con todo, es curioso que el Consejo desde hace más de veinte años se tome la molestia de seleccionar a algunos decanos para que, concertados bajo su batuta, aprueben unas conclusiones que, ni qué decir tiene, no han sido presentadas a la aprobación los partidos judiciales. Luis XVI predicaba una “suerte de comunicación con todos los habitantes de su reino” (une sorte de communication avec tous les habitants de son royaume). Diríase que sus Excelencias, los señores vocales, comparten con el decapitado mandatario ese anhelo de representatividad y por eso montan ese sucedáneo de parlamento judicial (tosco ersatz que no alcanza ni la categoría de Estados Generales, no digamos ya de Asamblea Nacional). Y no se malinterpreten mis palabras, ya que no son crítica a los señores decanos, sino sólo a la farsa pseudodemocrática montada para escenificar una falsa apariencia de legitimidad. Muy al contrario, son nuestros verdaderos representantes, nuestro muro de contención ante la avalancha que se nos viene encima. Por poco, empero, pues el Anteproyecto de Ley de Planta elimina los decanatos y los reemplaza por unos Presidentes de Tribunales de Instancia designados por el CGPJ, ese mismo órgano cuyos miembros deben su cargo la voluntad política. No vaya a ser que se repita la historia. Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Se atreverán sus flamantes señorías a pronunciarse en contra de la nueva norma? Al tiempo. Cambio nombramientos y corrupción La organización no gubernamental “Transparencia Internacional” advertía del riesgo de corrupción que encierra un mecanismo de promoción y ascensos judiciales como el actual, dependiente de la discrecionalidad de un órgano de gobierno cuya génesis es harto sabida. Urge la instauración de un procedimiento reglado de nombramiento de los cargos discrecionales. Mejor dicho, que se ponga fin a la discrecionalidad, que se busque a los más meritorios y capacitados, al margen de que sean de derechas o de izquierdas, afines al gobierno o la oposición. Luis XVI creía que honestidad y capacidad marchaban parejas. Hasta ahora, como en los tiempos de Cánovas y Sagasta, el encasillamiento ideológico de los candidatos ha aparecido ante la opinión pública como el criterio determinante. Pocas cosas nos han desprestigiado más a los jueces. ¿Se atreverán a desmontar el tablado? Bueno, según se oye en palacio, algo harán, algún toque cosmético. Aflojarán las riendas, mas no las soltarán. Es que precisamente de eso se trata. No nos engañemos. Víctimas de este sistema, mucho más que los jueces, lo son el resto de los ciudadanos. La carga de trabajo de nuestros magistrados es intolerable y, pese a ello, se ha retirado a la mayoría de los substitutos, los cuales hasta ahora venían cubriendo las vacantes por enfermedad del titular, traslado o causas semejantes. El inevitable retraso redundará en perjuicio del justiciable. ¿Qué solución se les ha ocurrido? Mantener el altísimo nivel de productividad a que nos sujetan, pero con menos medios personales. Para enmendar semejante desatino los módulos han de revisarse inmediatamente a la baja. O bien, restaurar la plenitud de efectivos judiciales. He aquí otra tarea para el nuevo Consejo. Nuestra Justicia, tal como la conocemos, corre el riesgo de desaparecer. El poder político anuncia las supresión de los partidos judiciales mediante la implantación de unos llamados tribunales de instancia (hasta el nombre nos quieren arrebatar, ya no habrá “juzgados” sino “UPADs” - ¡vive Dios!); más aun, la atribución de la investigación criminal a la Fiscalía, a lo que deben unirse las recientes tasas. ¿Qué tienen los jueces que decir? Democratización de la magistratura Qué nos pregunten. Hasta ahora hablan por nosotros personas que no nos representan. El monarca francés, al convocar los Estados Generales, se cuidaba de que no se impartiese a los diputados ninguna instrucción que entorpeciera o incomodara el curso de las deliberaciones (on ne donne aux députés aucune instruction propre à arrêter ou a toubler le cours des délibérations). ¿Y nosotros, qué? Carecemos de un espacio donde expresar la opinión conjunta de toda la carrera judicial. Al igual que los revolucionarios franceses aspiramos a la democratización de la magistratura, al reconocimiento del principio un juez/un voto (un homme/une voix). Más de 350 jueces, enlazados por el correo electrónico sin vínculo alguno con el poder político o económico, vienen propugnando la creación de una “Asamblea General de Jueces”. Este mes de octubre se reunieron en Madrid por tercera vez y organizaron las citadas elecciones alternativas, las cuales contaron el con respaldo masivo de sus compañeros. Frente a los políticos-togados, la voz de los jueces de base (ajena a los nombramientos discrecionales o a las versallescas danzas de poder) pugna por fracturar la urna de silencio donde nos han enclaustrado. La politización es germen de corrupción judicial. El Consejo de Europa ha advertido contra un sistema como el nuestro, donde el órgano de gobierno de los jueces ha sido por entero designado por el poder político. La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial presentará en breve una denuncia ante la relatora competente de las Naciones Unidas, ya que está comprometida la tutela judicial efectiva y, con ella, el mismísimo respeto a los derechos humanos en el Reino de España. ¿Se sumarán los recién estrenados vocales a la iniciativa? Hagamos votos. ¿Qué más les pediría? Bueno, bien pensado, nada. Harán lo que les plazca. Lo que los jueces consigamos tendrá que ser por nosotros mismos, democráticamente unidos los cinco mil miembros de la carrera. Luis XVI intuía que nada aprovecharía más a la prosperidad de su reino que la convergencia de las energías de todos los franceses (…servir à la gloire et à la prospérité de l´État la plus grande de toutes les forces, l´union des intérêts et des volontés). Nosotros, sin el auxilio de déspotas ilustrados, hemos puesto en marcha por tres veces la Asamblea General de Jueces y las históricas elecciones alternativas. Son grandes éxitos, aunque los hayan silenciado. Nos falta todavía llegar a la opinión pública. Entre todos lo conseguiremos, con la ayuda de la ciudadanía, pues estamos solos. Y, solos, no podemos. Con todo, y a riesgo de desdecirme, sí que les trasmitiría a los gobernantes judiciales una pequeña súplica, casi una insignificancia, pero muy importante: no hablen en nuestro nombre, por favor. No tienen derecho. No nos representan.
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