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Por Jesús Manuel Villegas Fernández, Secretario General de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial
El Excelentísimo señor Ministro, don Alberto Ruiz Gallardón, aprovechó la reciente convención de su partido para anunciar que, antes de treinta días, aprobaría el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial. Entre sus objetivos se encuentra la transformación de la Justicia mediante la especialización judicial, con especial atención a la Oficina Judicial y al expediente electrónico. ¿Qué decir al respecto? Vienen a la memoria las palabras de su Excelencia cuando, hace dos años, precisamente el 25-I-2012, prometía ante la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que doce los veinte vocales del CGPJ serían elegidos por entre y magistrados de todas las categorías, “evitando así el sistema partidario del reparto de cuotas”. Todos sabemos, en cambio, en qué terminaron parando sus palabras: el Poder Judicial en manos de los políticos; todos los vocales elegidos por los grupos parlamentarios, manteniendo así el modelo de sus predecesores socialistas. Con semejantes antecedentes, cuesta trabajo creerlo. Pero, como aconsejaba don Nicolás, el sagaz mandatario florentino, la razón de Estado exige a veces que el príncipe mienta. Evidentemente, no diremos que don Alberto vista la púrpura imperial, pero sí que el prolongado contacto con el poder le haya hecho comprender que a veces la verdad debe pasar a un segundo plano. Quizás nos prometa un pacto: cerremos los ojos, tapémonos la nariz y, a cambio, una administración de justicia más eficaz. Ahora bien, es dudoso que su hoja de ruta llegue a bien puerto. Sin comprometer partidas de gasto público en Justicia sería mágico acabar con el atasco de nuestros juzgados. Acaso, en efecto, es que sea un mago; o, muy probablemente, es que no sea eso lo que pretenda. Timón en mano, endereza la nave hacia otro destino. ¿Cuál será? El miedo mueve montañas. Los jueces de instrucción de nuestro país, chapoteando en el pestilente fango de la corrupción, están poniendo en jaque a la clase política. La mejor defensa es el ataque, luego, démosle una patada al tablero de ajedrez. Entreguemos la investigación criminal a los fiscales, suprimamos los partidos judiciales, acabemos con los medios de expresión democrática de la judicatura y, sobre todo, encarcelemos a los jueces en una oficina judicial controlada por el Ministerio. Ojalá don Alberto mude su piel y, bajo las coriáceas escamas del político profesional nos sorprenda a todos; ojalá descubramos a un honesto amante de la Justicia; ojalá libere a los jueces de las cadenas de la politización con las que se nos ha venido aherrojando; ojalá los Reyes Magos existiesen. Pero, ¿quién sabe? A veces los milagros suceden. La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, asociación que agrupa no sólo a jueces, sino a profesionales de todas las ramas, particularmente en el ámbito jurídico, denunció este cinco de enero de 2014 ante las Naciones Unidas la politización de la Justicia que sufre nuestro país, que compromete el respeto a los derechos humanos en el Reino de España. Seguro que el Ministerio tomará nota. Y muy rápido. En unos treinta días.
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