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JUSTICIA
La vocal afirma en un comunicado que no tiene previsto entregar su proyecto de informe hasta mediados del próximo mes de marzo. La vocal del Consejo General del Poder Judicial Pilar Sepúlveda, autora del informe preliminar muy crítico con el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y los Derechos de la Mujer dado a conocer este miércoles, ha aclarado mediante un comunicado que dicho texto "es un documento de trabajo preliminar" sobre el que ella "aún está trabajando". Sepúlveda, abogada Sevillana designada vocal a propuesta del PSOE, comparte ponencia sobre este asunto junto a la vocal conservadora Carmen Llombart. Aún no se ha decidido si al Pleno del órgano de gobierno de los jueces que debe estudiar este asunto previsiblemente en marzo llegarán dos propuestas o si ambas consejeras tendrán que consensuar un texto único, posibilidad que en principio parece poco probable. En el texto preliminar al que ha tenido acceso Europa Press, a cuyo contenido no se refiere la vocal en aclaración, se insta la retirada del Anteproyecto entre otros motivos, porque "da una respuesta anacrónica criminalizadora" a la realidad de la interrupción del embarazo. Sepúlveda aclara en su comunicado que no tiene previsto entregar su proyecto de informe definitivo hasta mediados del próximo mes de marzo e incide en que el CGPJ aún no ha debatido ni votado sobre el texto remitido por el Gobierno. En el informe preliminar, que utiliza términos muy duros contra la reforma del aborto, se señala por ejemplo que el Anteproyecto "desconoce la evolución de la sociedad española al optar por dar una respuesta anacrónica criminalizadora y se encuentra anclado en una interpretación estática de la jurisprudencia constitucional sobre la base de lo sostenido en su día por el Tribunal Constitucional, pero sin advertir el carácter limitado de la misma". Asimismo, se afirma que la normativa propuesta representa "un regreso a la situación de inseguridad jurídica y prácticas extralegales que generó la legislación de 1985 y además, contempla un régimen aún más restrictivo, en el que la libertad de la mujer embarazada y la ponderación entre sus derechos a la intimidad, la autodeterminación, la dignidad, la vida y la integridad, decaen de forma evidente". Según indica Sepúlveda en su borrador de trabajo, la iniciativa del Gobierno "no puede considerarse como la respuesta adecuada a una demanda social de protección de concebido porque esa demanda no existe como demuestra el hecho de que el anuncio de presentación y aprobación del anteproyecto por el Consejo de Ministros haya creado una verdadera alarma social". Es por ello que aconseja "reconsiderar y retirar este anteproyecto que nos aleja de los países de nuestro entorno y que supone un retroceso en el avance de los derechos y la igualdad de la mujer".
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