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Inmigrantes transfronterizos, también tienen derechos
MADRID, 28 de FEBRERO de 2014 - LAWYERPRESS

Por Carlos Cervera. Abogado Joven. JAM. GAJMadrid

Carlos Cervera. Abogado Joven. JAM. GAJMadridMe preguntaba estos días una compañera, sobre la controversia surgida a raíz de los sucesos ocurridos en la zona fronteriza de la ciudad autónoma de Ceuta. Intentaré en estas líneas desbrozar la compleja materia de contenidos políticos e interesados para centrar el debate en los términos que deben ocuparlo.

El día 6 de febrero se produjo una masiva entrada en la frontera del territorio español antes definido. Tal intento inmigratorio comenzó con un traspaso de la frontera terrestre, que se saldó con varias detenciones y algún que otro éxito; y un intento de penetración por la costa, atravesando a nado el espacio que separa los dos estados.

Esta última vía resultó ser la más problemática. Quince personas perdieron la vida y la actuación de la Guardia Civil ha sido puesta en entredicho. Me decías, querida amiga, que el debate en la opinión pública se circunscribía al axioma Guardia Civil si / Guardia Civil no. Y tienes razón.

Pero quisiera yo llevar este debate a otras dimensiones. Empezaremos por los conceptos:

Decía el Ministro del Interior que lamentaba profundamente la muerte de los inmigrantes. ¿Por qué circunscribimos o delimitamos la cualidad del suceso a la identidad de los sujetos? Quienes fallecieron fueron personas, detentadoras de Derechos en tanto que tales, y despojadas de cualidad o clase alguna. Pero este criterio no fue el que imperó en la toma de decisiones. Primó el concepto inmigrante frente al concepto humano. El tránsito fronterizo trocó a la persona en intruso, y este hecho motivó la precipitación de los siguientes.

Pero claro, Cristina, me dirás que estoy generando un debate a partir de unas interesadas bases dialécticas. Pues bien, intentaré demostrar lo contrario. Alguien tan patriota como yo podría pensar que, necesariamente, las fronteras cumplen su cometido y este no es otro que evitar la entrada de personas extranjeras en el territorio de un Estado. Para ello se ubican en las zonas limítrofes alambradas, muros y toda clase de escollos físicos que impidan la confusión de los territorios y el tránsito de las personas.

Ahora bien, tales barreras delimitadoras cumplen una función pasiva, si se quiere. Están ahí para evitar la entrada. ¡Quién se atrevería a escalar una valla plagada de cortantes filos y finas cuchillas! El sistema de protección resulta ser eminentemente disuasorio a través de los medios tradicionalmente denominados offendicula, que pretenden dar una respuesta ajustada en fuerza al ataque que supone la invasión. Esto es, infligir al asaltante un mal correspondiente a la ilegalidad de su acción.

Otra consideración merece la defensa activa, esto es, la respuesta por la fuerza a un ataque exterior, que es lo que ocurrió en Ceuta.

No quisiera incurrir en alta argumentación jurídica en la defensa de las posiciones, pues en la base de los conceptos, poco más que los principios generales resulta suficiente.

El grupo de personas que intenta penetrar a nado, que como hemos centrado es el problemático, es repelido por la fuerza antidisturbios de la Guardia Civil. Se llegan incluso a disparar pelotas de goma contra el agua generando una infranqueable barrera simbólica de esferas, ruido, humo y miedo.

Y aquí viene el necesario reproche: ¿Podemos como ciudadanos de un país occidental tolerar y permitir –incluso alabar- que personas que nadan exhaustas en nuestra costa mueran ahogadas bajo el fuego de armas antidisturbios? Desde el Ministerio podrían decirme que sí, que naturalmente. Mi opinión es contraria y de nuevo acudo a los conceptos.

La problemática de esta clase de invasiones radica en la falta de documentación de las personas involucradas, que no pueden ser repatriadas puesto que desconocida resulta su patria. Pero, pensemos aisladamente.

Si cualquier embarcación sufriese un percance en alta mar y sus náufragos llegasen extenuados a la playa, ¿Correrían nuestros vigilantes fronterizos a solicitarles el Pasaporte, o más bien socorrerían a aquellas personas?

Pensemos de nuevo, si una patera o un cayuco se hundiese a pocos metros de nuestra costa, ¿Nuestros agentes fronterizos dispararían para cercar a sus tripulantes en aguas internacionales hasta su desaparición engullidos por el mar, o lanzarían salvavidas y prestarían auxilio?

La historia nos demuestra que la normal actuación de las Fuerzas de Seguridad consiste en socorrer y evitar la muerte. Los navegantes de las pateras han sido siempre rescatados cuando las circunstancias lo han permitido y, naturalmente, las víctimas de naufragios son igualmente socorridas dejando de lado el concepto inmigrante. Ante todo son víctimas del mar atrapadas entre las olas.

La actuación de la Guardia Civil en este concreto supuesto supeditó la cualidad inmigrante frente al genérico persona. Infundió terror en éstas disparando armas y permitió que varios muriesen ahogados. Esta actuación resulta insoportablemente cruel.
¡Qué vil orden la de dejar morir a una persona! ¡Qué infausta naturaleza humana la que permite ver morir y no bajar la guardia!

Por ello Cristina sostengo que, independientemente de la naturaleza que podamos otorgar a la protección de las fronteras, cuando la actuación que se lleva a cabo rompe con lo habitual, dispara a los indefensos para atemorizarlos y permite que pierdan sus vidas ¡Vidas de Personas!, tal actuación resulta desmedida.

No tengo poder ni manera de solicitar destituciones ni exigir el cese del responsable. Si puedo recomendar, de persona a persona, la dimisión de quien diese la abominable orden. Dimitir en memoria de los fallecidos en el agua. Dimitir aclarando la imagen de una institución que vela y guarda nuestras fronteras con las máximas garantías. Dimitir, en una palabra, por moral. Esa moral abyecta que no se doblegó ante los disparos ni ante la muerte.

De las responsabilidades políticas no quisiera hablar, puesto que en esta reflexión se abordan temas mucho más reales. Sin embargo, he de decir que no considero que deben derivarse del hecho en sí mismo, aunque naturalmente sí del encubrimiento, la mentira y el embuste. Un Ministro no debe dimitir por una decisión inadecuada, sí debe hacerlo por mentir y ocultar la verdad.

No quisiera entrar tampoco en la abigarrada defensa de la calamitosa actuación de la Guardia Civil llevada a cabo por los altos mandos. Tengo quince argumentos para afirmar que no hay defensa alguna.

No podría terminar estas líneas sin referirme a un verso retumba entre mis sienes desde la tragedia.

Veinticuatro bofetadas.
Veinticinco bofetadas;
Después, mi madre, a la noche,
Me pondrá en papel de plata.

Guardia civil caminera
Dadme unos sorbitos de agua.
Agua con peces y barcos.
Agua, agua, agua, agua.

¡Ay, mandor de los civiles
que estas arriba de tu sala!
¡No habrá pañuelos de seda
para limpiarme la cara!

Federico García Lorca


Ofrezco gentilmente la réplica, pues sin opinión ni debate en nada quedamos, aunque espero que mi argumentación haya sido suficientemente persuasiva.

 


 

 

 

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