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Dictum y ASSET reúnen a una treintena de directivos financieros para hablar de responsabilidad
MADRID, 03 de JUNIO de 2014 - LAWYERPRESS
 

Dictum Abogados y la Asociación Española de Financieros de Empresa (ASSET) han reunido una treintena de directivos en un encuentro sobre Responsabilidad de directores financieros y tesoreros, que ha contado con Esperanza Gallego Sánchez, máxima autoridad en materia de responsabilidad de directivos en España y pionera en la aplicación del Protocolo en materia de Cumplimiento Legal, Compromiso Ético y Prevención de Responsabilidad Personal (el PACC&PeR).

El encuentro abordó, específicamente, las políticas preventivas para evitar los riesgos propios de las funciones y responsabilidades del directivo financiero, tanto en el ámbito civil como en el penal, con los socios de Dictum Antonio Caba Tena y Vicente José García Gil como ponentes, en una sesión moderada por Ricardo Palomo Zurdo, Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad y Decano de la Facultad de Económicas de la USP-CEU, y presentada por José Carlos Cuevas, Vicepresidente de ASSET.
Esperanza Gallego, Catedrática de Derecho Mercantil, vocal permanente de la Comisión General de Codificación, y asesora internacional de Naciones Unidas, además de socia de Dictum, explicó que actualmente existe una tendencia en el ordenamiento español a extender la responsabilidad, cada vez más, a directivos de distintos ámbitos y escalafón en la organización de la empresa. En este escenario, uno de los contextos en que se percibe mayor riesgo es en el del director financiero, por la ampliación de sus funciones y consecuentemente las áreas de riesgo.
La profesora Gallego delimitó los requisitos que han de darse para que el directivo financiero pueda ser declarado responsable por la actuación de la empresa, partiendo de que las obligaciones principales que se le exigen son obligaciones “de medios” y no de resultado, de forma que no importa si una decisión tomada resulta ruinosa para la empresa, pues lo importante es el cumplimiento de las obligaciones legales. Sin embargo, el propio ordenamiento no fija cuáles son los deberes del directivo financiero, sino que ha sido la jurisprudencia la que ha delimitado los supuestos en que se puede declarar responsable a éste por la actuación de mismo al frente de la empresa.
Esperanza Gallego explicó el distinto alcance de la responsabilidad del mero directivo y del alto directivo, muy próxima a la del administrador y más intensa que la del primero. Para que pueda exigirse esta responsabilidad, la jurisprudencia ha estimado que tienen que darse tres requisitos: disponer de poder de decisión con amplia autonomía, tener atribuidos poderes generales, que no han de ser necesariamente exhaustivos, ya que lo importante es que abarque áreas estratégicas de la empresa y exista dependencia directa del consejo de administración o asimilado. Lo significativo es que no es preciso que exista un poder notarial para considerar que el directivo ostenta poderes de facto con ese carácter general.
En cuanto a las obligaciones del directivo financiero, la ponente explicó que el deber general de diligencia se concreta, en este ámbito, en tres actuaciones: el deber de informarse, que implica tener una formación adecuada para el cargo; el deber de vigilar, que supone establecer mecanismos que permitan conocer lo que ocurre en la empresa en los ámbitos de competencia del directivo, y el deber de intervenir cuando advierta una infracción, que debe haber sido detectada por los sistemas de vigilancia implementados. Respecto al deber de lealtad, éste se concreta, para el directivo financiero, en la obligación de actuar siempre en exclusivo beneficio e interés de la compañía.
La profesora Gallego insistió en la relevancia de cumplir con la triple obligación de información, vigilancia e intervención y propuso la adopción de mecanismos preventivos como el establecimiento de un Protocolo en materia de Cumplimiento Legal, Compromiso Ético y Prevención de Responsabilidad Personal (el PACC&PeR) que, a diferencia de los códigos éticos, entra a valorar específicamente las ramas del Derecho que inciden en la actividad de la empresa y en los distintos ámbitos directivos, para establecer recomendaciones concretas y sistemas de actuación y vigilancia que no sólo pueden prevenir la infracción, sino que suponen un importante argumento de defensa o incluso exoneración de responsabilidad.
Antonio Caba Tena, experto en Derecho penal económico y socio de Dictum, incidió también en la necesidad de prevenir la comisión de delitos en el seno de la empresa, pues la regulación de la responsabilidad penal del directivo no es nueva, pero sí tiende igualmente a extenderse, pues cada vez se tipifican más delitos. El reconocimiento –desde diciembre de 2010– de la responsabilidad penal de la persona jurídica, además, no implica que se considere responsable del delito a la empresa con exoneración del directivo, sino que se puede castigar a ambos.
 

 

 

 

 

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