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JUSTICIA

 
Los Jueces Decanos, contrarios a la nueva LOPJ que no facilita la lucha contra la corrupción y amordaza a los jueces
MADRID, 09 de JUNIO de 2014 - LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez
 

Pedro Viguer, juez decano de Valencia, analizará el próximo miércoles para Lawyerpress esta reforma y la situación de nuestra justicia

Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y ahora los Jueces Decano. La reforma de la LOPJ no agrada a nadie en la carrera judicial e introduce elementos peligrosos como son aquellos que pueden evitar que un Juez o una asociación judicial ejercite su derecho a la libertad de expresión. Este pasado jueves se presentó el Informe que los Jueces Decano han hecho sobre esta reforma clave en el ordenamiento judicial, El informe se organiza en tres apartados. El primero presenta, a modo de resumen ejecutivo, una valoración general y panorámica del Anteproyecto desde las preocupaciones y propuestas de los decanos y los jueces de la primera instancia. En el segundo se incorpora una relación sucinta y meramente enunciativa de las modificaciones que se proponen. En el tercer y último apartado se incluyen las propuestas de nueva redacción de los artículos afectados. Este miércoles, Pedro Viguer, juez decano de Valencia profundizará en este y otros asuntos a través de la entrevista que nos ha concedido.

En este informe los Jueces Decanos señalan que la necesidad de acometer una reorganización del sistema judicial en España viene siendo proclamada por los Jueces Decanos desde hace años como un elemento clave para la modernización de la Justicia. Y más en concreto se apostó por la figura de los Tribunales de Instancia, pieza clave del sistema vigente en otros países, en las Conclusiones de las Jornadas Anuales de Jueces Decanos de Pamplona (2009), Toledo (2010), Vitoria (2011), Barcelona (2012) y Sevilla (2013).
Sin embargo, tras la primera lectura del Anteproyecto la impresión es que se pretende “modernizar” la Administración de Justicia sin ningún esfuerzo por parte del Estado, sin ninguna inversión adicional, sólo a costa de los jueces, como si la redistribución de tareas fuera la solución a todos los problemas y, a la vez, sacrificando su independencia e inamovilidad.
La necesidad de acometer una reorganización del sistema judicial en España viene siendo proclamada por los Jueces Decanos desde hace años como un elemento clave para la modernización de la Justicia. Y más en concreto se apostó por la figura de los Tribunales de Instancia, pieza clave del sistema vigente en otros países, en las Conclusiones de las Jornadas Anuales de Jueces Decanos de Pamplona (2009), Toledo (2010), Vitoria (2011), Barcelona (2012) y Sevilla (2013).
En efecto, en la reforma no se afronta ni se da solución al gran problema del sistema judicial español, que no es otro que el de la escasez de medios personales y materiales. El deficiente número de jueces (la mitad de la ratio europea), que se ha agravado por la práctica congelación de las oposiciones durante los últimos años y la supresión de facto de 1200 jueces interinos que realizaban funciones de refuerzo y sustitución, precisamente cuando más se precisaba de su trabajo, lo que ha conllevado un retraso en los señalamientos en toda España lógicamente en perjuicio del ciudadano. Desde el año 2000 los asuntos en el orden civil, social y contencioso-administrativo han aumentado un 120% como media. El número de jueces tan sólo en un 25%.
Por otro lado, el presupuesto destinado a Justicia (unos 3700 millones de euros) representa tan sólo un 1.15% de los Presupuestos Generales del Estado, y además en 2014 se ha reducido dicha partida en un -2,7%, lo que contrasta con el incremento en otros sectores de la Administración Pública, por ejemplo, el aumento en un +75% de los presupuestos destinados en 2014 a la Administración Tributaria y Financiera. Ello evidencia que la Justicia hoy, en España, no es una prioridad.
Los jueces decanos advierten además del "alto riesgo de influencia política" que implanta el anteproyecto legislativo al facultar al presidente del tribunal de instancia a "inmiscuirse discrecionalmente" en el trabajo de los jueces.
El anteproyecto de Gallardón suprime la centenaria figura del juez decano, elegido democráticamente entre los togados, para sustituirlo por un presidente de tribunal de instancia designado "discrecionalmente" por el CGPJ.
A este respecto, no entienden a qué se debe la "desconfianza" en que los jueces participen en la elección de sus órganos de gobierno y afean que el Ministerio señale un "cargo de confianza" del CGPJ --elegido por los grupos parlamentarios-- para reemplazarlo por el juez decano.
"La nueva estructura del tribunal de instancia permitiría perfectamente un sistema electivo de su presidente idéntico al de los Jueces Decanos, es decir, por los propios jueces", recoge el informe, que tilda de "error mayúsculo" eliminar una institución que funciona como es la de los jueces decanos.

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