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Antonio del Moral, Magistrado del Supremo, explica en el Foro de ENATIC la evolución del Compliance Penal en nuestro país
MADRID, 21 de JULIO de 2014 - LAWYERPRESS
 

Habló de Derecho Penal Menor, término acuñado porque las personas jurídicas no tienen penas de prisión al no poder ir a la cárcel

Dentro de las actividades que realiza ENATIC (Asociación de Expertos Nacionales de la Abogacía TIC), está la referente a los denominados eventos “Ticlawyers”, en los que se analizan temas de actualidad con la participación de ponentes de gran prestigio. De esta forma, ENATIC ha organizado este tipo de eventos sobre el control por parte del empresario de los medios tecnológicos del trabajador, el cumplimiento de la normativa de blanqueo de capitales, o “Conversaciones con Google”, en el que se trató con responsables de la conocida compañía temas tan relevantes como el “derecho al olvido”, la propiedad intelectual, o la defensa de la marca.

En esta ocasión, el evento de ENATIC analizó el “Compliance Penal”, incluyendo la reforma del Código Penal que se está tramitando, con la participación de Antonio del Moral, Magistrado del Tribunal Supremo.
El acto, que tuvo lugar el 15 de julio de 2014 en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, fue presentado por Carlos Saiz Peña, Socio de Ecix Group y Vicepresidente de ENATIC, que tras realizar el correspondiente acto protocolario de bienvenida a los asistentes y presentación del ponente, resaltó brevemente el impacto que la mencionada reforma tendrá en las empresas.
En cuanto a la ponencia de Antonio del Moral, destacar que en primer lugar realizó un acercamiento tanto a la situación actual a nivel práctico (sólo hay seis personas jurídicas imputadas y únicamente ha habido una condena), como a la evolución normativa en nuestro país sobre el Compliance Penal. Así, fue en el año 2010 cuando se introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, si bien con anterioridad ya había surgido una corriente que defendía atribuir la responsabilidad a los administradores en base al antiguo artículo 15 del citado Código Penal (actualmente es el artículo 31).
Con la reforma realizada, además, se contempla la posibilidad de imputar a la persona jurídica por los delitos cometidos por sus empleados, siempre que se den las siguientes premisas: actúen bajo la autoridad del administrador o directivo, haya ausencia del correspondiente control, y se haya producido un provecho o beneficio a favor de la persona jurídica.
También incidió en uno de los temas más complejos y polémicos como es las penas que se imponen a las personas jurídicas, ya que obviamente, no pueden ir a la cárcel, es decir, no existe la pena de prisión, por lo que a su juicio, existe al respecto un “Derecho penal menor”.
Así, la penas susceptibles de imposición, que son las reguladas por el artículo 33.7 del Código Penal, son las formadas, entre otras, por la multa, disolución de la persona jurídica, suspensión de actividades por un plazo no superior a cinco años, la clausura de sus locales o establecimientos por el mismo plazo, o la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años.
En su opinión, este tipo de penas tienen una relevancia “accesoria”, ya que la más importante es la pérdida de prestigio, o lo que se conoce como pérdida reputacional: produce más daño la noticia con su titular reflejando que una persona jurídica ha podido delinquir que cualquiera de las penas citadas anteriormente.
¿Qué medidas existen para evitar estas posibles imputaciones? Pues realizar el llamado cumplimiento normativo a través de la figura del “Compliance Officer”, teniendo en cuenta, que en la regulación actual, los planes de cumplimiento normativo son considerados como atenuantes en el caso de que exista una condena por responsabilidad penal de la persona jurídica.
En este sentido, y como excelentemente expuso el ponente, en la modificación del Código Penal (se está tramitando en las Cortes Generales), se contempla que los planes normativos puedan ser tomados como eximente de la mencionada responsabilidad penal, siempre que se cumplan determinados requisitos, como que “el órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza”.
Para finalizar la ponencia de este evento organizado por ENATIC, expuso su opinión sobre estos planes de cumplimiento normativo así como la figura del “Compliance Officer”: son fundamentales, no tanto desde la perspectiva de su consideración como atenuante o eximente, sino por su función, que no es otra que evitar el incumplimiento del ordenamiento jurídico por parte de las empresas.
 

 

 

 

 

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