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La futura ley también mejora la eficacia y transparencia en la gestión de la Incapacidad Temporal El Consejo de Ministros ha aprobado un plan integral para reformar las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y de gestión de la incapacidad temporal. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría avanzó que esta norma está recogida en el Plan Nacional de Reformas y "da seguridad jurídica al marco regulador de las mutuas, que llevaba desde 1966 sin actualizar". La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, explicó que la futura ley pretende mejorar la gobernanza de las mutuas para que sean transparentes a la hora de gestionar los recursos públicos. En este sentido, las retribuciones del personal directivo serán claras, y se prohíbe expresamente a los altos cargos celebrar contratos de la mutua con sus empresas o con aquellas en las que ellos o sus familiares tengan participaciones superiores al 10%. Por otra parte, la norma reforzará el control sobre los fondos que gestionan las mutuas y extremará los controles sobre ellas, ya que son entidades privadas que gestionan recursos y prestaciones públicas. La ministra señaló que los excedentes se reintegrarán al Sistema de Seguridad Social para el pago de las prestaciones. También se destinarán a nuevas actividades de I+D+i en las mejoras de tratamientos terapéuticos y de rehabilitaciones de patologías originadas en los accidentes de trabajo o para la recolocación de personas con algún tipo de discapacidad. La futura ley también mejora la eficacia y transparencia en la gestión de la Incapacidad Temporal. Las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social podrán actuar desde el primer día de la baja laboral y cuando consideren que el beneficiario puede trabajar podrán formular propuestas motivadas de alta médica. La inspección médica de los Servicios Públicos de Salud comunicará a la mutua y al Instituto Nacional de la Seguridad social, en un plazo máximo de cinco días hábiles, frente a los 15 actuales, si estima o deniega la propuesta. Fátima Báñez aclaró que "el alta médica siempre la dará un médico" y se comunicará tanto a la empresa como al trabajador. La ministra también destacó que el Proyecto de Ley mantiene la prestación por cese de actividad de los autónomos como voluntaria y se elimina la obligatoriedad de las contingencias profesionales. Para que los autónomos puedan pedir el cese de actividad cuando aleguen motivos económicos, las pérdidas tendrán que ser del 10%; no del 30% como en la actualidad. La norma contempla la modificación de la periodicidad de los partes de confirmación de baja en función de la duración de la misma estimada por el médico. Hasta cinco días de baja, se podrá expedir el parte de baja y de alta en la misma visita médica; entre 5 y 30, cada 14 días; entre 31 y 60, cada 28 días y en procesos de larga duración, más de 61 días, la confirmación se expedirá cada 35 días. Por último, Fátima Báñez resaltó que esta medida favorecerá que los trabajadores o sus familiares no tendrán que desplazarse al centro de salud cada 7 días para recoger los partes y favorecerá que la empresa reduzca sus cargas administrativas.
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