En
este
sentido,
esta
entidad
se
ofrece
a
dar
un
paso
al
frente
y
llevar
a
cabo
la
labor
de
coordinación
y
colaboración
para
desarrollar
dicho
Protocolo,
junto
con
las
autoridades
competentes
y la
Oficina
del
Defensor
del
Pueblo.
Tras
la
llegada
masiva
de
inmigrantes
a
las
playas
de
Cádiz
entre
el 4
y el
12
de
agosto,
y
ante
los
episodios
que
ocurren
con
cierta
frecuencia
en
las
vallas
de
Ceuta
y
Melilla,
el
Consejo
General
de
la
Abogacía
reclama
la
elaboración
de
un
Protocolo
Especial
de
Actuación
a
nivel
administrativo,
judicial,
policial
y
sanitario,
tanto
para
dar
respuesta
a
estas
situaciones
excepcionales
de
llegada
a
las
costas
andaluzas
y
canarias,
como
también
en
los
casos
de
avalanchas
ante
las
vallas
de
Ceuta
y
Melilla.
Además,
se
compromete
a
elaborar
con
la
mayor
celeridad
posible
un
Protocolo
específico
de
los
servicios
del
Turno
de
Oficio
en
supuestos
excepcionales
de
llegadas
irregulares
masivas
de
inmigrantes.
El Consejo
valora
la
excelente
labor
y la
solidaridad
demostrada
por
la
población,
los
abogados,
las
autoridades
locales,
Guardia
Civil,
Policía
Nacional,
Cruz
Roja
Española
y
servicios
sanitarios,
pero
entiende
que,
en
ausencia
de
unas
normas
claras
y
específicas,
se
provoca
un
importante
número
de
irregularidades
procedimentales,
cuando
no
verdaderas
vulneraciones
de
derechos
con
inapropiadas
respuestas
judiciales
y
políticas.
La
Abogacía
también
llama
la
atención
sobre
la
falta
de
medios
de
algunos
juzgados
para
atender
estas
circunstancias
excepcionales,
y la
inexistencia
de
equipos
especializados
de
protección
individual,
así
como
el
hecho
de
que
entre
los
inmigrantes
llegados
en
los
últimos
días
existe
un
número
cada
vez
mayor
de
personas
que
huyen
de
países
en
conflicto,
y
que
por
tanto
deberían
ser
reconocidos
como
posibles
refugiados
e
iniciarse
con
ellos
los
procedimientos
de
asilo
correspondientes.
En este
sentido,
el
Consejo
de
la
Abogacía
se
ofrece
a
dar
un
paso
al
frente
y
llevar
a
cabo
la
labor
de
coordinación
y
colaboración
para
desarrollar
dicho
Protocolo,
junto
con
las
autoridades
competentes
y la
Oficina
del
Defensor
del
Pueblo.
Por
otra
parte,
la
Abogacía
también
pide
a
los
Ministerios
de
Interior
y
Justicia
que
informen
sobre
la
situación
jurídica
en
la
que
se
encuentran
las
personas
recluidas
en
el
denominado
“centro
especial”
de
Algeciras
y si
se
encuentran
o no
privadas
de
libertad
de
deambulación.
Según
las
últimas
informaciones,
y
tal
y
como
explicó
el
pasado
26
de
agosto
en
la
Diputación
Permanente
el
portavoz
del
Grupo
Parlamentario
Popular
Leopoldo
Barreda
de
los
Ríos,
el
Ministerio
de
Interior
ha
tramitado
916
expedientes
de
expulsión
para
otros
tantos
inmigrantes
de
entre
los
1.409
llegados
entre
el 4
y el
12
de
agosto
a
las
playas
gaditanas.
De
ellos,
543
han
sido
recluídos
en
Centros
de
Internamiento
de
Extranjeros
(CIE)
para
su
deportación;
546
han
sido
“confiados”
a
diferentes
ONG
para
su
acogida
en
distintos
puntos
del
país,
y
340
siguen
en
Tarifa,
de
los
cuales
90
terminarán
en
los
CIE
de
Madrid
y
Barcelona,
78
pasarán
a
acogida
por
ONG
y 7
han
sido
puestos
en
libertad,
previo
expediente
de
expulsión
“por
tener
recursos
o
familia
en
España”.
Finalmente,
al
menos
168
personas
continúan
privadas
de
libertad
en
un
“centro
especial”
de
Algeciras,
habilitado
por
la
Policía
Nacional
para
agilizar
los
procesos,
y
teniendo
en
cuenta
que
su
ingreso
en
dicho
centro
tuvo
lugar
al
menos
el
día
12
de
agosto,
esta
situación
exige
ser
aclarada.
La
petición
de
“habeas
corpus”,
realizada
por
abogados
y
algunas
ONGs,
ha
sido
desetimada
y la
Defensora
del
Pueblo
entiende
que
éste
no
es
un
procedimiento
eficaz,
pero
tampoco
se
aporta
ningún
otro
que
sea
capaz
de
acabar
con
la
situación
de
privación
de
libertad
de
las
personas
recluidas
en
el
“centro
especial”.
El
Consejo
de
la
Abogacía
considera
que
la
situación
de
tales
personas
exige
la
más
urgente
aclaración
y en
todo
caso
su
inmediata
puesta
bajo
la
tutela
judicial.
Además,
dado
que
éste
no
es
un
problema
exclusivo
de
ningún
país
europeo,
el
Consejo
de
la
Abogacía
estima
que
en
última
instancia
la
Comisión
Europea
deberá
elaborar
las
Directrices
pertinentes,
recogiendo
las
aportaciones
de
los
protocolos
de
actuación
desarrollados
por
cada
uno
de
los
Estados
miembros
que
soportan
las
llegadas
irregulares
masivas
de
inmigrantes
en
las
fronteras
este
y
sur. |