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REPORTAJE

 
Nuevo curso jurídico: Gran escepticismo ante las reformas de Gallardón en un entorno que clama por una justicia sin politizar
MADRID, 25 de AGOSTO de 2014 - LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez
 

Alberto Ruiz-Gallardón, Ministro de JusticiaReformas en la LOPJ, en nuestra justicia gratuita, en los Servicios y Colegios Profesionales. Este nuevo curso jurídico parece más apasionante que nunca, pero ¿ Llegarán a realizarse en un contexto marcado por determinados acontecimientos políticos como la posible consulta soberanista del 9 de noviembre en Catalunya o las elecciones municipales y autonómicas de mayo del próximo años? A este interrogante han querido contestar cinco prestigiosos juristas como José Muelas, decano del Colegio de Abogados de Cartagena; Marcelino Sexmero, magistrado y portavoz de la Asociación Nacional Francisco de Vitoria, Salvador Viada, Fiscal del Tribunal Supremo e Ignacio Gomá, notario y editor del blog Hay Derecho?. Nuestros entrevistados no ponen en duda la necesidad de las reformas, sí su enfoque y falta de consenso, pero cuestionan que algunas como la LOPJ se cristalicen en el contexto político en el que país se va a ver inmerso en unas semanas.

José Muelas, decano del  Colegio de Abogados de Cartagena Entrega de  enmiendas en el Parlamento; manifestaciones y reuniones con el propio Ministerio de Justicia  http://goo.gl/zAmT1m  son algunas de las herramientas que la abogacía ha desarrollado para  intentar proyectos de ley como el de Justicia Gratuita,  el anteproyecto de Servicios y Colegios Profesionales o la ya conocida Ley de Tasas. El próximo dia 29 el CGAE celebra su primer Pleno tras el paréntesis veraniego de cara a impulsar otras medidas. Y es que los abogados ya han advertido la necesidad de salir a la calle por estas y otras reivindicaciones  “ Hay que darse cuenta que el PP, partido en el Gobierno está incumpliendo de forma sistemática su programa electoral en materia de justicia, asi lo ha hecho con la elección del nuevo CGPJ cuando se esperaba la elección de este órgano por los jueces”, comenta José Muelas, decano del  Colegio de Abogados de Cartagena y uno de los juristas que mejor conoce los entresijos de nuestra justicia. Desde su punto de vista es evidente que la Ley de Tasas, una de las escasas normas aprobadas por Gallardón, ha generado la aversión en todos los sectores jurídicos por ser un freno al derecho del ciudadano a una tutela judicial efectiva.

En opinión de este avezado letrado, el modelo de justicia que quiere desarrollar el actual Ministro de Justicia se construye sobre datos no contrastados, http://goo.gl/BU6epY. “Nadie oculta que algunos de estos proyectos de leyes que se quieren aprobar dan pavor de solo pensar que puedan ponerse en marcha”, añade. “La reforma de la Justicia Gratuita afecta más a los ciudadanos que restringe los derechos de los más desfavorecidos a favor de otros que tengan más capacidad económica”. Respecto a la futura Ley de Colegios Profesionales está convencido que además de ser una preocupación para la abogacía también lo es para los propios ciudadanos. “Si eliminas colegios de abogados lo que haces es retirar´ entidades que prestan ese servicio de justicia gratuita del mapa de nuestro país”, comenta. Nuestro entrevistado denuncia la falta de planificación de los proyectos de ley del Ministerio de Justicia muchos de ellos sin memoria económica necesaria para ser su impacto económico.  Sobre la futura LOPJ, contestada por asociaciones judiciales, Supremo, Audiencia Nacional y Consejo Fiscal señala que “es una nuevo modelo de organización que no acerca la justicia al ciudadano y que resta independencia al propio juez”.

Para Muelas, al igual que otros expertos consultados en este reportaje, este tipo de medidas legislativas tienen un fin común que es diseñar otro modelo de justicia, más restrictivo donde sufrirán los derechos de las personas con menos medios económicos. En esta línea el cambio de titularidad del Registro Civil iría también en esta dirección. Sin embargo, en el entorno político jurídico que se avecina parece que será poco probable que algunas de las reformas, entre ellas la de la LOPJ, auténtico cambio en el modelo de administración de justicia , llegue a buen puerto: ”El Ministro ha hecho lo contrario al programa electoral del PP en muchas ocasiones. Además no podemos olvidar el escenario político; consulta soberanista el 9 de noviembre en Catalunya y elecciones municipales y autonómicas en mayo del 2015, hitos que pueden condicionar algunos cambios en nuestra justicia”, aclara nuestro interlocutor. En este contexto que desaparezcan todos los juzgados de paz del país es, a juicio de José Muelas, algo impensable sobre todo desde la perspectiva electoral que ya se esboza. “La LOPJ no se va a poner en marcha, aunque se aprobase no tiene destinado ni un solo euro  en los Presupuestos Generales del Estado para su puesta en marcha”, advierte. A su juicio este tipo de normas deben aprobarse con un consenso máximo por lo que suponen para nuestra justicia

 

Poder judicial, dispuesto a movilizarse

Marcelino Sexmero, magistrado y portavoz nacional de la Asociación Francisco de VitoriaExpectación también existe en los 5.200 jueces que conforman la plantilla judicial de nuestro país. En una memorable rueda de prensa organizada por las asociaciones judiciales Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente  sus portavoces nacionales dejaron claro su rechazo a la LOPJ y disponibilidad a salir a la calle si llegara a su tramitación en el Parlamento, http://goo.gl/gWHQ4K. “Los operadores jurídicos tenemos claro qué reformas necesita nuestra justicia, sin embargo el propio Ministerio de Justicia no comparte ese planteamiento. El desencuentro es total entre el Ministerio y estos operadores”, comenta Marcelino Sexmero, magistrado y portavoz nacional de la Asociación Francisco de Vitoria. Para este jurista sorprende que la producción legislativa del Ministro Gallardón se haya limitado hasta la fecha a la polémica Ley de Tasas y a la propia reforma del CGPJ, un organismo que sigue generando sospechas de falta de independencia, así lo comentaba en una de las últimas entrevistas que le hicimos, http://goo.gl/7e5D7g.

La carrera judicial; sus asociaciones, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y hasta la Asociación de Jueces Decanos ha mostrado su repulsa por la nueva LOPJ; una reforma, clave en nuestra justicia para actualizarla al siglo XXI, pero que contiene mecanismos de control para los jueces  :” Estamos muy cerca de la chapuza legislativa con esta reforma y ciertas novedades como la puesta en marcha de los Tribunales de Instancia o la implantación de la jurisprudencia vinculante pueden menoscabar la independencia de los jueces”. Para Sexmero es impensable esta LOPJ sin una Ley de Planta y Demarcación correspondiente, normativa que el próximo año no se podrá aprobar aún. “Este anteproyecto de la LOPJ es difícilmente enmendable, incluso pretende cercenar la libertad de expresión de jueces y asociaciones, de ahí que hayamos pedido su devolución “, comenta. Respecto a otra reforma que incide en los jueces como es el nuevo Código Procesal Penal que actualizase nuestra LEC del siglo XIX queda por ver cómo quedará el papel del fiscal si realmente asume la instrucción como señala este texto normativo. “Sin un consenso amplio con el resto de los partidos políticos y operadores jurídicos es complicado que este tipo de proyectos pueda cuajar a medio plazo” recuerda. Desde su punto de vista la falta de diálogo del Ministro Gallardón puede estar generando que ciertas futuras leyes puedan salir adelante, por tanto.

Para Sexmero la valoración del nuevo CGPJ es agridulce desde el tono presidencialista que lo configura: ”Por desgracia, los jueces no estamos nada protegidos cuando alguien critica nuestras decisiones de forma injustificada. Así ha pasado con la compañera de Málaga, cuestionada por su decisión de no imputar a unos jóvenes de un delito de violación”, aclara. Y es que para estos profesionales que trabajan a destajo para lograr que el ciudadano tenga resueltos sus asuntos este organismo de gestión de los jueces a lo largo de su historia no se ha caracterizado por defender a sus magistrados de cualquier ataque: “Cuando una entidad pivota desde la figura de un presidente resulta complicado ser operativo porque su falta se nota y mucho”, comenta. Sobre el futuro de las reformas del Ministro señala que “muchos de estos anteproyectos que aún no han entrado en las Cortes quedarán sin efecto por el propio contexto político en el que nos veremos inmersos en los próximos meses”. Desde su punto de vista el deseo que pide para el próximo año judicial es que “nos dejen como estamos y no hagan ninguna reforma sin consenso.”

 

Fiscales, sin medios y muy jerarquizados

Salvador Viada, Fiscal del Tribunal Supremo y portavoz de APIFSalvador Viada, Fiscal del Tribunal Supremo y portavoz de APIF, se muestra siempre muy crítico con la actividad que se desarrolla en la carrera fiscal. Cuando hablamos con él hace unos meses así lo mencionaba, http://goo.gl/KX3r37. “Se han perdido dos años y medio en reformar la justicia en el sentido que procede. Creo que la reforma que hay pendiente de nuestra justicia es la de su independencia del poder político”, comenta. Desde su punto de vista el servicio público de justicia es muy deficiente de cara al ciudadano “orientada a establecer filtros o controles en beneficio del poder. Mientras no se arregle este asunto no habrá nada que hacer”, sentencia. A su juicio las reformas que impulsa el Ministro Gallardón van en otra dirección y así no se puede luchar contra la corrupción. “El control no es solo en la decisión de los asuntos, a través de algunos tribunales, como es el caso de los aforados, sino en el propio acceso a la justicia, con la Ley de Tasas, un freno al derecho a la tutela judicial efectiva de muchos ciudadanos”, señala.

Para este jurista la situación es peor que antes de la llegada del PP,  en un entorno de crisis con pocos medios, más aforados y un Fiscal General del Estado con más poder que nunca “no ha dado ningún paso en la transparencia de la institución, el panorama es malo, si no se han hecho las cosas en dos años y medio dudo mucho que en lo que queda de legislatura se aprueben las reformas que ya están en marcha”, subraya. Respecto a la LOPJ confiesa que no tiene visos de realizarse a medio plazo “supone un cambio tan grande en nuestra organización de justicia que se requiere el tiempo que no hay en estos momentos”. Desde su punto de vista en algunos aspectos la futura nueva LOPJ atenta contra la independencia del propio poder judicial “Es el caso de la instrucción colegiada donde la reforma abre la puerta a elegir determinados magistrados por parte del CGPJ”, indica.  De hecho el propio Consejo Fiscal rechazaba de pleno esta norma hace unos meses, http://goo.gl/sgfqI2, al señalar que no reflejaba bien la figura de los propios fiscales. “Es ineludible una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal si los fiscales vamos a llevar la instrucción en el nuevo Código Procesal Penal”, recuerda.

 

Decretos leyes que anulan la democracia

Ignacio Gomá, notario y uno de los editores del Blog Hay DerechoA lo largo de este último año nuestro Parlamento ha reducido su actividad como foro democrático sobre todo debido a la proliferación de decretos leyes impulsados desde el Gobierno. Así lo analiza Ignacio Gomá, notario y uno de los editores del Blog Hay Derecho, una de las plataformas más críticas desde un contexto jurídico-político. Con ellos también hablamos hace casi un año, http://goo.gl/fhrxLe, y sus apreciaciones no tuvieron desperdicio para nuestros lectores. “Con la llegada del PP se esperaban ciertos cambios a nivel legislativo respecto a la actividad del Gobierno de Zapatero en este sentido, muy de cara a la galería. Por desgracia ni las expectativas ni el propio Gallardón han estado a altura política que se esperaba“, comenta. Desde su punto de vista las previsiones apuntan que en este otoño se siga con la misma tendencia. Para Goma hay cuatro tipos de normas “unas perturbadoras del Estado de Derecho que confirman el poco talante renovador del PP. Ahí hay que citar la Ley de Tasas que afecta a la tutela judicial efectiva o la reforma del CGPJ donde se mantiene la politización de este organismo”, indica.  Al mismo tiempo hay otras normas, mas de carácter distractivo de la realidad “como la legislación del aborto que se sacó en el momento que se hablaba de la corrupción y los problemas de Rajoy o la ley de emprendedores que pese a ser necesaria es un auténtico fiasco”, aclara.

En su opinión, ahora que se plantea que en el próximo Consejo de Ministros del 29 de agosto una nueva reforma hipotecaria es necesario, http://goo.gl/mCt4tc, “un debate político más intenso, sin demagogias y buscar la eficacia. Igual que es es importante defender los derechos de los ciudadanos es importante que el acreedor cobre sus deudas si no se puede pagar la hipoteca”. Respecto a las cláusulas abusivas se muestra partidario de su eliminación, lo que daría un mayor papel a los notarios en este terreno y una actuación preventiva. “El notario o el registrador no puede dejar de inscribir una cláusula abusiva sino es reconocida como tal con anterioridad”, señala. Para Goma hay un tercer grupo de leyes que favorecen a terceros o a sectores concretos “es el caso de los proyectos de ley  del Registro Civil y las modificaciones en materia de Gobierno Corporativo en la ley de Sociedades de Capital donde se permite la autorregulación a las grandes empresas”, indica.

Desde su punto de vista la nueva Ley de los Registros, pese a que no ha llegado a salir aún, ha favorecido de forma descarada a los propios registradores, generando una escisión en este cuerpo profesional. “Con la adjudicación a los registradores mercantiles aún tenemos la duda de si nos costará más al ciudadano y funcionará mejor el Registro Civil que antes”, señala. Respecto a la futura ley de Sociedades de Capital se abre la puerta a los Códigos de Buen gobierno a las propias sociedades cotizadas frente a los controles que tienen otras empresas y el propio ciudadano. Por último nuestro interlocutor señala un bloque normativo de actividades que no se han regulado aún “es el caso del fresh star o segunda oportunidad para el empresario, aun sin solución pese a las numerosas reformas de la ley Concursal del 2003 o la reforma civil de las legitimas que también es necesario aunque no tenga el marketing de otras reformas en marcha”. Cuestiones como la reducción del aforamiento o la lucha contra la corrupción también echa en falta este jurista.

 

 

 

 

 

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