Reformas
en
la
LOPJ,
en
nuestra
justicia
gratuita,
en
los
Servicios
y
Colegios
Profesionales.
Este
nuevo
curso
jurídico
parece
más
apasionante
que
nunca,
pero
¿
Llegarán
a
realizarse
en
un
contexto
marcado
por
determinados
acontecimientos
políticos
como
la
posible
consulta
soberanista
del
9 de
noviembre
en
Catalunya
o
las
elecciones
municipales
y
autonómicas
de
mayo
del
próximo
años?
A
este
interrogante
han
querido
contestar
cinco
prestigiosos
juristas
como
José
Muelas,
decano
del
Colegio
de
Abogados
de
Cartagena;
Marcelino
Sexmero,
magistrado
y
portavoz
de
la
Asociación
Nacional
Francisco
de
Vitoria,
Salvador
Viada,
Fiscal
del
Tribunal
Supremo
e
Ignacio Gomá,
notario
y
editor
del
blog
Hay
Derecho?.
Nuestros
entrevistados
no
ponen
en
duda
la
necesidad
de
las
reformas,
sí
su
enfoque
y
falta
de
consenso,
pero
cuestionan
que
algunas
como
la
LOPJ
se
cristalicen
en
el
contexto
político
en
el
que
país
se
va a
ver
inmerso
en
unas
semanas.
Entrega
de
enmiendas
en
el
Parlamento;
manifestaciones
y
reuniones
con
el
propio
Ministerio
de
Justicia
http://goo.gl/zAmT1m
son
algunas
de
las
herramientas
que
la
abogacía
ha
desarrollado
para
intentar
proyectos
de
ley
como
el
de
Justicia
Gratuita,
el
anteproyecto
de
Servicios
y
Colegios
Profesionales
o la
ya
conocida
Ley
de
Tasas.
El
próximo
dia
29
el
CGAE
celebra
su
primer
Pleno
tras
el
paréntesis
veraniego
de
cara
a
impulsar
otras
medidas.
Y es
que
los
abogados
ya
han
advertido
la
necesidad
de
salir
a la
calle
por
estas
y
otras
reivindicaciones
“
Hay
que
darse
cuenta
que
el
PP,
partido
en
el
Gobierno
está
incumpliendo
de
forma
sistemática
su
programa
electoral
en
materia
de
justicia,
asi
lo
ha
hecho
con
la
elección
del
nuevo
CGPJ
cuando
se
esperaba
la
elección
de
este
órgano
por
los
jueces”,
comenta
José
Muelas,
decano
del
Colegio
de
Abogados
de
Cartagena
y
uno
de
los
juristas
que
mejor
conoce
los
entresijos
de
nuestra
justicia.
Desde
su
punto
de
vista
es
evidente
que
la
Ley
de
Tasas,
una
de
las
escasas
normas
aprobadas
por
Gallardón,
ha
generado
la
aversión
en
todos
los
sectores
jurídicos
por
ser
un
freno
al
derecho
del
ciudadano
a
una
tutela
judicial
efectiva.
En opinión
de
este
avezado
letrado,
el
modelo
de
justicia
que
quiere
desarrollar
el
actual
Ministro
de
Justicia
se
construye
sobre
datos
no
contrastados,
http://goo.gl/BU6epY.
“Nadie
oculta
que
algunos
de
estos
proyectos
de
leyes
que
se
quieren
aprobar
dan
pavor
de
solo
pensar
que
puedan
ponerse
en
marcha”,
añade.
“La
reforma
de
la
Justicia
Gratuita
afecta
más
a
los
ciudadanos
que
restringe
los
derechos
de
los
más
desfavorecidos
a
favor
de
otros
que
tengan
más
capacidad
económica”.
Respecto
a la
futura
Ley
de
Colegios
Profesionales
está
convencido
que
además
de
ser
una
preocupación
para
la
abogacía
también
lo
es
para
los
propios
ciudadanos.
“Si
eliminas
colegios
de
abogados
lo
que
haces
es
retirar´
entidades
que
prestan
ese
servicio
de
justicia
gratuita
del
mapa
de
nuestro
país”,
comenta.
Nuestro
entrevistado
denuncia
la
falta
de
planificación
de
los
proyectos
de
ley
del
Ministerio
de
Justicia
muchos
de
ellos
sin
memoria
económica
necesaria
para
ser
su
impacto
económico.
Sobre
la
futura
LOPJ,
contestada
por
asociaciones
judiciales,
Supremo,
Audiencia
Nacional
y
Consejo
Fiscal
señala
que
“es
una
nuevo
modelo
de
organización
que
no
acerca
la
justicia
al
ciudadano
y
que
resta
independencia
al
propio
juez”.
Para
Muelas,
al
igual
que
otros
expertos
consultados
en
este
reportaje,
este
tipo
de
medidas
legislativas
tienen
un
fin
común
que
es
diseñar
otro
modelo
de
justicia,
más
restrictivo
donde
sufrirán
los
derechos
de
las
personas
con
menos
medios
económicos.
En
esta
línea
el
cambio
de
titularidad
del
Registro
Civil
iría
también
en
esta
dirección.
Sin
embargo,
en
el
entorno
político
jurídico
que
se
avecina
parece
que
será
poco
probable
que
algunas
de
las
reformas,
entre
ellas
la
de
la
LOPJ,
auténtico
cambio
en
el
modelo
de
administración
de
justicia
,
llegue
a
buen
puerto:
”El
Ministro
ha
hecho
lo
contrario
al
programa
electoral
del
PP
en
muchas
ocasiones.
Además
no
podemos
olvidar
el
escenario
político;
consulta
soberanista
el 9
de
noviembre
en
Catalunya
y
elecciones
municipales
y
autonómicas
en
mayo
del
2015,
hitos
que
pueden
condicionar
algunos
cambios
en
nuestra
justicia”,
aclara
nuestro
interlocutor.
En
este
contexto
que
desaparezcan
todos
los
juzgados
de
paz
del
país
es,
a
juicio
de
José
Muelas,
algo
impensable
sobre
todo
desde
la
perspectiva
electoral
que
ya
se
esboza.
“La
LOPJ
no
se
va a
poner
en
marcha,
aunque
se
aprobase
no
tiene
destinado
ni
un
solo
euro
en
los
Presupuestos
Generales
del
Estado
para
su
puesta
en
marcha”,
advierte.
A su
juicio
este
tipo
de
normas
deben
aprobarse
con
un
consenso
máximo
por
lo
que
suponen
para
nuestra
justicia
Poder
judicial,
dispuesto
a
movilizarse
Expectación
también
existe
en
los
5.200
jueces
que
conforman
la
plantilla
judicial
de
nuestro
país.
En
una
memorable
rueda
de
prensa
organizada
por
las
asociaciones
judiciales
Jueces
para
la
Democracia,
Francisco
de
Vitoria
y
Foro
Judicial
Independiente
sus
portavoces
nacionales
dejaron
claro
su
rechazo
a la
LOPJ
y
disponibilidad
a
salir
a la
calle
si
llegara
a su
tramitación
en
el
Parlamento,
http://goo.gl/gWHQ4K.
“Los
operadores
jurídicos
tenemos
claro
qué
reformas
necesita
nuestra
justicia,
sin
embargo
el
propio
Ministerio
de
Justicia
no
comparte
ese
planteamiento.
El
desencuentro
es
total
entre
el
Ministerio
y
estos
operadores”,
comenta
Marcelino
Sexmero,
magistrado
y
portavoz
nacional
de
la
Asociación
Francisco
de
Vitoria.
Para
este
jurista
sorprende
que
la
producción
legislativa
del
Ministro
Gallardón
se
haya
limitado
hasta
la
fecha
a la
polémica
Ley
de
Tasas
y a
la
propia
reforma
del
CGPJ,
un
organismo
que
sigue
generando
sospechas
de
falta
de
independencia,
así
lo
comentaba
en
una
de
las
últimas
entrevistas
que
le
hicimos,
http://goo.gl/7e5D7g.
La carrera
judicial;
sus
asociaciones,
Tribunal
Supremo,
Audiencia
Nacional
y
hasta
la
Asociación
de
Jueces
Decanos
ha
mostrado
su
repulsa
por
la
nueva
LOPJ;
una
reforma,
clave
en
nuestra
justicia
para
actualizarla
al
siglo
XXI,
pero
que
contiene
mecanismos
de
control
para
los
jueces
:”
Estamos
muy
cerca
de
la
chapuza
legislativa
con
esta
reforma
y
ciertas
novedades
como
la
puesta
en
marcha
de
los
Tribunales
de
Instancia
o la
implantación
de
la
jurisprudencia
vinculante
pueden
menoscabar
la
independencia
de
los
jueces”.
Para
Sexmero
es
impensable
esta
LOPJ
sin
una
Ley
de
Planta
y
Demarcación
correspondiente,
normativa
que
el
próximo
año
no
se
podrá
aprobar
aún.
“Este
anteproyecto
de
la
LOPJ
es
difícilmente
enmendable,
incluso
pretende
cercenar
la
libertad
de
expresión
de
jueces
y
asociaciones,
de
ahí
que
hayamos
pedido
su
devolución
“,
comenta.
Respecto
a
otra
reforma
que
incide
en
los
jueces
como
es
el
nuevo
Código
Procesal
Penal
que
actualizase
nuestra
LEC
del
siglo
XIX
queda
por
ver
cómo
quedará
el
papel
del
fiscal
si
realmente
asume
la
instrucción
como
señala
este
texto
normativo.
“Sin
un
consenso
amplio
con
el
resto
de
los
partidos
políticos
y
operadores
jurídicos
es
complicado
que
este
tipo
de
proyectos
pueda
cuajar
a
medio
plazo”
recuerda.
Desde
su
punto
de
vista
la
falta
de
diálogo
del
Ministro
Gallardón
puede
estar
generando
que
ciertas
futuras
leyes
puedan
salir
adelante,
por
tanto.
Para
Sexmero
la
valoración
del
nuevo
CGPJ
es
agridulce
desde
el
tono
presidencialista
que
lo
configura:
”Por
desgracia,
los
jueces
no
estamos
nada
protegidos
cuando
alguien
critica
nuestras
decisiones
de
forma
injustificada.
Así
ha
pasado
con
la
compañera
de
Málaga,
cuestionada
por
su
decisión
de
no
imputar
a
unos
jóvenes
de
un
delito
de
violación”,
aclara.
Y es
que
para
estos
profesionales
que
trabajan
a
destajo
para
lograr
que
el
ciudadano
tenga
resueltos
sus
asuntos
este
organismo
de
gestión
de
los
jueces
a lo
largo
de
su
historia
no
se
ha
caracterizado
por
defender
a
sus
magistrados
de
cualquier
ataque:
“Cuando
una
entidad
pivota
desde
la
figura
de
un
presidente
resulta
complicado
ser
operativo
porque
su
falta
se
nota
y
mucho”,
comenta.
Sobre
el
futuro
de
las
reformas
del
Ministro
señala
que
“muchos
de
estos
anteproyectos
que
aún
no
han
entrado
en
las
Cortes
quedarán
sin
efecto
por
el
propio
contexto
político
en
el
que
nos
veremos
inmersos
en
los
próximos
meses”.
Desde
su
punto
de
vista
el
deseo
que
pide
para
el
próximo
año
judicial
es
que
“nos
dejen
como
estamos
y no
hagan
ninguna
reforma
sin
consenso.”
Fiscales,
sin
medios
y
muy
jerarquizados
Salvador
Viada,
Fiscal
del
Tribunal
Supremo
y
portavoz
de
APIF,
se muestra siempre muy crítico con la
actividad
que
se
desarrolla
en
la
carrera
fiscal.
Cuando
hablamos
con
él
hace
unos
meses
así
lo
mencionaba,
http://goo.gl/KX3r37.
“Se
han
perdido
dos
años
y
medio
en
reformar
la
justicia
en
el
sentido
que
procede.
Creo
que
la
reforma
que
hay
pendiente
de
nuestra
justicia
es
la
de
su
independencia
del
poder
político”,
comenta.
Desde
su
punto
de
vista
el
servicio
público
de
justicia
es
muy
deficiente
de
cara
al
ciudadano
“orientada
a
establecer
filtros
o
controles
en
beneficio
del
poder.
Mientras
no
se
arregle
este
asunto
no
habrá
nada
que
hacer”,
sentencia.
A su
juicio
las
reformas
que
impulsa
el
Ministro
Gallardón
van
en
otra
dirección
y
así
no
se
puede
luchar
contra
la
corrupción.
“El
control
no
es
solo
en
la
decisión
de
los
asuntos,
a
través
de
algunos
tribunales,
como
es
el
caso
de
los
aforados,
sino
en
el
propio
acceso
a la
justicia,
con
la
Ley
de
Tasas,
un
freno
al
derecho
a la
tutela
judicial
efectiva
de
muchos
ciudadanos”,
señala.
Para
este
jurista
la
situación
es
peor
que
antes
de
la
llegada
del
PP,
en
un
entorno
de
crisis
con
pocos
medios,
más
aforados
y un
Fiscal
General
del
Estado
con
más
poder
que
nunca
“no
ha
dado
ningún
paso
en
la
transparencia
de
la
institución,
el
panorama
es
malo,
si
no
se
han
hecho
las
cosas
en
dos
años
y
medio
dudo
mucho
que
en
lo
que
queda
de
legislatura
se
aprueben
las
reformas
que
ya
están
en
marcha”,
subraya.
Respecto
a la
LOPJ
confiesa
que
no
tiene
visos
de
realizarse
a
medio
plazo
“supone
un
cambio
tan
grande
en
nuestra
organización
de
justicia
que
se
requiere
el
tiempo
que
no
hay
en
estos
momentos”.
Desde
su
punto
de
vista
en
algunos
aspectos
la
futura
nueva
LOPJ
atenta
contra
la
independencia
del
propio
poder
judicial
“Es
el
caso
de
la
instrucción
colegiada
donde
la
reforma
abre
la
puerta
a
elegir
determinados
magistrados
por
parte
del
CGPJ”,
indica.
De
hecho
el
propio
Consejo
Fiscal
rechazaba
de
pleno
esta
norma
hace
unos
meses,
http://goo.gl/sgfqI2,
al
señalar
que
no
reflejaba
bien
la
figura
de
los
propios
fiscales.
“Es
ineludible
una
reforma
del
Estatuto
Orgánico
del
Ministerio
Fiscal
si
los
fiscales
vamos
a
llevar
la
instrucción
en
el
nuevo
Código
Procesal
Penal”,
recuerda.
Decretos
leyes
que
anulan
la
democracia
A lo
largo
de
este
último
año
nuestro
Parlamento
ha
reducido
su
actividad
como
foro
democrático
sobre
todo
debido
a la
proliferación
de
decretos
leyes
impulsados
desde
el
Gobierno.
Así
lo
analiza
Ignacio
Gomá,
notario
y
uno
de
los
editores
del
Blog
Hay
Derecho,
una
de
las
plataformas
más
críticas
desde
un
contexto
jurídico-político.
Con
ellos
también
hablamos
hace
casi
un
año,
http://goo.gl/fhrxLe,
y
sus
apreciaciones
no
tuvieron
desperdicio
para
nuestros
lectores.
“Con
la
llegada
del
PP
se
esperaban
ciertos
cambios
a
nivel
legislativo
respecto
a la
actividad
del
Gobierno
de
Zapatero
en
este
sentido,
muy
de
cara
a la
galería.
Por
desgracia
ni
las
expectativas
ni
el
propio
Gallardón
han
estado
a
altura
política
que
se
esperaba“,
comenta.
Desde
su
punto
de
vista
las
previsiones
apuntan
que
en
este
otoño
se
siga
con
la
misma
tendencia.
Para
Goma
hay
cuatro
tipos
de
normas
“unas
perturbadoras
del
Estado
de
Derecho
que
confirman
el
poco
talante
renovador
del
PP.
Ahí
hay
que
citar
la
Ley
de
Tasas
que
afecta
a la
tutela
judicial
efectiva
o la
reforma
del
CGPJ
donde
se
mantiene
la
politización
de
este
organismo”,
indica.
Al
mismo
tiempo
hay
otras
normas,
mas
de
carácter
distractivo
de
la
realidad
“como
la
legislación
del
aborto
que
se
sacó
en
el
momento
que
se
hablaba
de
la
corrupción
y
los
problemas
de
Rajoy
o la
ley
de
emprendedores
que
pese
a
ser
necesaria
es
un
auténtico
fiasco”,
aclara.
En su
opinión,
ahora
que
se
plantea
que
en
el
próximo
Consejo
de
Ministros
del
29
de
agosto
una
nueva
reforma
hipotecaria
es
necesario,
http://goo.gl/mCt4tc,
“un
debate
político
más
intenso,
sin
demagogias
y
buscar
la
eficacia.
Igual
que
es
es
importante
defender
los
derechos
de
los
ciudadanos
es
importante
que
el
acreedor
cobre
sus
deudas
si
no
se
puede
pagar
la
hipoteca”.
Respecto
a
las
cláusulas
abusivas
se
muestra
partidario
de
su
eliminación,
lo
que
daría
un
mayor
papel
a
los
notarios
en
este
terreno
y
una
actuación
preventiva.
“El
notario
o el
registrador
no
puede
dejar
de
inscribir
una
cláusula
abusiva
sino
es
reconocida
como
tal
con
anterioridad”,
señala.
Para
Goma
hay
un
tercer
grupo
de
leyes
que
favorecen
a
terceros
o a
sectores
concretos
“es
el
caso
de
los
proyectos
de
ley
del
Registro
Civil
y
las
modificaciones
en
materia
de
Gobierno
Corporativo
en
la
ley
de
Sociedades
de
Capital
donde
se
permite
la
autorregulación
a
las
grandes
empresas”,
indica.
Desde
su
punto
de
vista
la
nueva
Ley
de
los
Registros,
pese
a
que
no
ha
llegado
a
salir
aún,
ha
favorecido
de
forma
descarada
a
los
propios
registradores,
generando
una
escisión
en
este
cuerpo
profesional.
“Con
la
adjudicación
a
los
registradores
mercantiles
aún
tenemos
la
duda
de
si
nos
costará
más
al
ciudadano
y
funcionará
mejor
el
Registro
Civil
que
antes”,
señala.
Respecto
a la
futura
ley
de
Sociedades
de
Capital
se
abre
la
puerta
a
los
Códigos
de
Buen
gobierno
a
las
propias
sociedades
cotizadas
frente
a
los
controles
que
tienen
otras
empresas
y el
propio
ciudadano.
Por
último
nuestro
interlocutor
señala
un
bloque
normativo
de
actividades
que
no
se
han
regulado
aún
“es
el
caso
del
fresh
star
o
segunda
oportunidad
para
el
empresario,
aun
sin
solución
pese
a
las
numerosas
reformas
de
la
ley
Concursal
del
2003
o la
reforma
civil
de
las
legitimas
que
también
es
necesario
aunque
no
tenga
el
marketing
de
otras
reformas
en
marcha”.
Cuestiones
como
la
reducción
del
aforamiento
o la
lucha
contra
la
corrupción
también
echa
en
falta
este
jurista.
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