El
Colegio
de
Abogados
de
Madrid
(ICAM),
se
descentraliza
y
acude
a
dónde
estén
letrados
y
ciudadanos.
En
la
mañana
de
ayer
lunes
tuvo
lugar
la
inauguración
de
la
sede
sur
de
la
entidad
colegial
madrileña
a la
que
acudieron
diferentes
personalidades
entre
las
que
se
encontraba
Daniel
Ortega,
alcalde
de
Móstoles:
“Ha
llegado
el
momento
de
acercar
el
colegio
al
colegiado
y a
medio
plazo
pensamos
tener
otras
delegaciones
en
la
zona
Norte
y
Este
que
debemos
pensar
estratégicamente
dónde
colocarlas”,
son
declaraciones
de
Sonia
Gumpert,
decana
de
la
entidad
colegial
madrileña,
tras
la
presentación
de
esta
sede
ante
los
medios
de
comunicación.
La
implantación
de
esta
nueva
sede
servirá
para
beneficiar
cerca
de
1000
despachos
de
abogados
y un
millón
de
ciudadanos
de
toda
esta
zona
sureste
de
Madrid.
Tras
la
celebración
de
este
evento
Gumpert
mantuvo
un
encuentro
informativo
con
nuestro
medio
de
comunicación.
Sobre
la
mesa,
la
situación
actual
de
las
reformas
que
impulsa
el
Ministro
Gallardón
y su
punto
de
vista
sobre
las
noticias
que
apuntan
a
que
algunas
de
ellas
se
puedan
paralizar.
También
comentamos
el
papel
del
CGAE
en
estas
protestas
de
la
abogacía
ante
las
citadas
reformas
y
sobre
el
modelo
actual
de
organización
colegial
en
la
abogacía
que
existe
en
nuestro
país
del
que
se
muestra
partidaria
frente
a
otras
tendencias
que
buscan
una
reducción
importante:
“La
actual
implantación
de
los
Colegios
lo
que
hace
es
dotarle
de
cercanía
a la
justicia
en
su
relación
con
el
ciudadano.
Es
la
organización
adecuada.
Los
colegios
dan
servicios
a
los
colegiados
y a
sus
ciudadanos
con
criterios
de
cercanía
y
eficiencia”,
comenta.
En
primera
persona
“Esta
nueva
sede
colegial
ubicada
en
Móstoles
dará
servicio
a
más
de
un
millón
de
ciudadanos
y
ofrecerá
asistencia
a un
millar
de
despachos
de
abogados,
pertenecientes
a su
propio
partido
judicial
que
comprende
las
localidades
de
(Boadilla
del
Monte,
Brunete,
Quijorna,
Villanueva
de
la
Cañada
y
Villaviciosa
de
Odón)
y
toda
su
Área
de
influencia
(Alcorcón,
Fuenlabrada,
Leganés,
Getafe,
Navalcarnero
y
otras
poblaciones
cercanas).
El Colegio
tiene
como
objetivo
con
la
nueva
“Delegación
Sur”
descentralizar
sus
servicios,
facilitar
las
gestiones
y
acercar
al
colegiado
y a
los
ciudadanos
su
labor
con
todas
sus
prestaciones.
La sede
de
Móstoles,
a
menos
de
500
metros
de
los
Juzgados,
dispone
de
Servicio
de
Mediación,
dos
despachos
para
ser
utilizados
por
los
letrados
con
mobiliario
y
soporte
informático
suficiente
para
que
puedan
atender
de
forma
privada
y
personalizada
a
sus
clientes
y
realizar
sus
actividades
profesionales
con
las
garantías
de
seguridad
y
privacidad
necesarias.
Del
mismo
modo,
dispone
de
un
aula
en
el
que
se
programarán
cursos
desde
el
Centro
de
Estudios
y
una
zona
multiusos
con
servicio
de
reprografía
y
máquinas
expendedoras.
Además,
los
abogados
podrán
acceder
a un
Servicio
Integral
de
Atención
al
Colegiado,
un
espacio
de
atención
profesional
del
Servicio
de
Documentación
y
Asistencia
Jurídica.
La apertura
de
la
nueva
sede
también
traerá
consigo
ventajas
importantes
para
los
ciudadanos,
como
son
el
Servicio
de
Orientación
Jurídica,
un
Centro
de
Mediación
y un
espacio
para
la
formación
jurídica
del
ciudadano
dirigido,
especialmente,
para
personas
mayores,
con
el
programa
“conoce
tus
derechos”.
LJ
Sánchez:
Sra.
Gumpert,
arrancamos
el
nuevo
curso
jurídico
y
los
rumores
indican
que
muchas
de
las
reformas
de
la
justicia
pueden
paralizarse
por
el
escenario
electoral
del
próximo
mes
de
mayo,
¿Cómo
valora
este
dato?
Preocupa
desde
luego
ese
parón
por
cómo
está
la
justicia
pero
también
es
bueno
si
se
materializa
porque
podrá
haber
diálogo
entre
los
operadores
jurídicos
sobre
dichas
reformas
y,
especialmente,
con
los
abogados.
En
muchas
de
ellas
no
se
nos
ha
tenido
en
cuenta.
Estoy
convencida
que
los
abogados
tienen
mucho
que
aportar
si
se
quiere
mejorar
la
justicia
que
se
tiene
a
través
de
dar
su
opinión
sobre
las
reformas
que
hay
que
poner
en
marcha.
Con
ellas
lograremos
que
nuestro
sistema
jurídico
y
administración
de
justicia
respalde
una
justicia
más
cercana,
eficaz
y
justa.
Carlos
Capa:
¿Cómo
piensa
adaptarse
el
ICAM
a la
nueva
realidad
en
el
caso
que
se
aprobase
el
proyecto
de
ley
de
Servicios
y
Colegios
Profesionales
que
limitaría
los
recursos
de
esta
y
cualquier
institución
colegial?
Es nuestra
obligación
dar
ese
servicio
al
colegiado.
Así
lo
dicen
nuestros
estatutos
y
por
la
función
social
de
la
propia
entidad
a
prestar
esos
servicios.
Nosotros
estamos
preparados
para
esta
nueva
situación.
Ya
tenemos
hecho
la
hoja
de
ruta
en
el
caso
que
tuviéramos
que
adaptarnos
al
nuevo
entorno
que
describe
el
proyecto
de
ley
de
Servicios
y
Colegios
Profesionales,
en
el
caso
que
éste
se
aprobase
con
la
limitación
de
cuota
que
todos
sabemos.
Obviamente
será
más
difícil
con
menos
recursos
dar
los
servicios
que
requieren
nuestros
colegiados
pero
tampoco
creo
que
haya
una
diferencia
económicamente
enorme
para
el
Colegio
de
Abogados
de
Madrid.
No creo
que
sea
insalvable.
Hemos
hecho
ya
los
cálculos
y
tenemos
hecha
la
previsión
para
adaptarnos.
Tenga
en
cuenta
que
nuestra
razón
de
ser
es
precisamente
dar
servicio
al
colegiado
y al
ciudadano.
LJ:
¿Cambiaría
la
situación
de
la
justicia
en
nuestro
país
con
un
cambio
de
Ministro
titular
de
esta
cartera?
Yo espero
que
sí.
Creo
que
en
cualquier
actividad
que
se
haga
en
la
vida
es
muy
importante
la
impronta
que
dejan
las
personas.
Si
el
rumor
se
convierte
en
noticia
y
hay
un
nuevo
Ministro
de
Justicia
este
hecho
puede
ser
muy
significativo
y
determinante
del
curso
de
los
proyectos
de
ley
que
están
en
marcha.
CC:
Recientemente
en
la
entrega
de
los
Premios
Valores
del
CICAC;
su
presidente
Miquel
Samper
comentó
que
sería
una
gran
alegría
si
Gallardón
pasase
a la
historia.
Lo cierto
es
que
Gallardón
no
ha
hecho
una
política
de
justicia
de
consenso
y de
interlocución
con
los
operadores
jurídicos.
No
es
casualidad
que
desde
diferentes
interlocutores
se
le
haya
reprochado
esa
falta
de
comunicación.
Esto es
algo
innegable
para
todos.
De
hecho
las
protestas
por
sus
reformas
son
generalizadas,
no
sólo
por
los
abogados
sino
también
a
nivel
de
jueces,
fiscales
y
otros
operadores.
LJ:
Sin
embargo
da
la
sensación
que
no
se
ha
logrado
esa
unidad
común
entre
esos
operadores
jurídicos
frente
al
propio
Ministro
de
Justicia.
Creo
que
sí
se
ha
logrado
hacerlo.
Hay
una
Plataforma
llamada
Justicia
para
Todos
en
la
que
se
encuentra
además
del
CGAE
existen
representantes
del
Consejo
de
Consumidores
y
Usuarios
y de
los
sindicatos
UGT,
CCOO,
USO
y
CSI-F.
Su puesta
en
marcha
desde
hace
dos
años
ha
pretendido
poner
de
manifiesto
su
rechazo
a la
Ley
de
Tasas
Judiciales
y al
Anteproyecto
de
Ley
de
Justicia
Gratuita
al
considerar
que
impiden
el
acceso
a la
justicia
a
amplios
colectivos
sociales.
Las
manifestaciones
contra
las
tasas
judiciales
han
sido
cohesionadoras
de
todos
los
operadores
jurídicos
frente
a
este
hecho
histórico
de
la
implantación
de
las
tasas
que
ha
cambiado
de
forma
radical
el
panorama
de
nuestra
justicia.
CC:
Esta
sede
de
Móstoles
donde
estamos
es
fruto
de
la
colaboración
institucional
entre
su
Ayuntamiento
y el
propio
ICAM
¿Se
va a
potenciar
esta
vía
para
poder
trabajar
en
pro
del
colegiado?
No puede
ser
de
otra
forma.
Creemos
que
el
acuerdo
suscrito
con
el
Ayuntamiento
de
Móstoles
nos
da
una
referencia
de
otro
tipo
de
convenios
que
podemos
suscribir
con
entidades
de
estas
características.
Tenga
en
cuenta
que
este
tipo
de
acuerdos
siempre
han
formado
parte
de
la
historia
del
colegio
a lo
largo
ya
de
su
amplia
trayectoria
como
entidad.
Así se
han
hecho
en
materia
de
Servicios
de
Orientación
Jurídica,
en
el
caso
de
la
mediación
y su
desarrollo
es
otra
línea
de
actividad
que
impulsamos
y en
todo
aquello
que
contribuya
a
que
la
justicia
sea
más
accesible
y
fácil
a
corto
y
medio
plazo
tanto
para
colegiados
como
a la
vez
para
los
ciudadanos.
LJ:
Desde
el
ICAM
se
vienen
celebrado
una
serie
de
protestas
y
paros
en
el
Turno
de
Oficio,
¿Qué
conclusión
saca
de
las
mismas
a
nivel
de
resultados?
Más que
hablar
de
conclusiones
hablaría
de
reacciones
ante
un
proyecto
de
ley
el
de
la
reforma
de
la
Justicia
Gratuita
cuyas
bases
no
compartimos.
Somos
conscientes
que
en
estas
circunstancias
no
se
impulsa
el
acceso
a la
justicia
de
las
personas
más
desfavorecidas.
Es un
cambio
radical
del
modelo
de
Justicia
Gratuita
pero
que
no
beneficia
al
ciudadano
en
absoluto.
De
hecho
el
modelo
actual,
pese
a
sus
problemas
de
financiación,
ha
funcionado
realmente
y es
un
modelo
a
seguir
en
otros
países.
Estamos
ahora
estudiando
qué
próximas
medidas
tomar
de
presión
para
que
el
Ministerio
reconsidere
esa
reforma
y la
consensúe
con
la
abogacía.
Todo
dependerá
del
futuro
de
este
proyecto
de
ley
y de
su
futura
tramitación
parlamentaria.
Al mismo
tiempo
ya
hay
otros
colegios
de
abogados
que
empiezan
a
tomar
medidas
similares
de
protesta
frente
a
esta
reforma.
Hay
que
darse
cuenta
que
de
entrar
en
vigor
los
cambios
en
la
Justicia
Gratuita
afectarían
a
todos
los
ciudadanos
y a
la
propia
abogacía
a
nivel
nacional.
Por
nuestra
parte,
el
último
paro
previsto
de
determinadas
designaciones
del
Turno
de
Oficio
que
coincide
con
otra
concentración
en
los
aledaños
de
Plaza
Castilla
será
el
próximo
jueves
25
de
septiembre.
LJ:
¿Cómo
valora
el
papel
del
CGAE
dentro
de
esta
estrategia
de
protestas
de
los
colegios
ante
algunas
de
las
reformas
del
ministro
Gallardón?
Estoy
satisfecha
del
papel
que
está
adoptando
el
CGAE
dentro
de
estas
actividades
que
la
abogacía
pone
en
marcha.
Su
labor
es
la
de
coordinar
de
todas
estas
iniciativas
que
los
83
Colegios
de
Abogados
existentes
vamos
adoptando
de
forma
progresiva
en
el
ámbito
de
nuestras
competencias.
El CGAE
es
el
catalizador
de
lo
que
los
Colegios
opinamos
en
estos
asuntos.
Y la
verdad
que
estamos
de
acuerdo
todos
en
lo
que
tenemos
que
hacer.
Su
labor
es
la
que
debe
ser
de
coordinación
como
antes
la
apuntaba
porque
las
competencias
en
materia
de
justicia
gratuita
son
de
las
propias
entidades
colegiales.
LJ:
¿Tiene
sentido
un
país
con
83
Colegios
de
Abogados
en
estos
momentos?
Creo
que
sí.
La
actual
implantación
de
los
Colegios
lo
que
hace
es
dotarle
de
cercanía
a la
justicia
en
su
relación
con
el
ciudadano.
Los
colegios
dan
servicios
a
los
colegiados
y a
sus
ciudadanos
con
criterios
de
cercanía
y
eficiencia.
No
se
puede
poner
distancia
con
el
ciudadano
porque
sino
la
justicia
se
hace
inaccesible
CC:
Hablando
de
Justicia
Gratuita,
esta
semana
tienen
otra
reunión
con
la
Comunidad
de
Madrid,
en
esa
mesa
de
trabajo
abierta
para
mejorar
el
pago
del
Turno
de
Oficio.
¿Cómo
está
la
situación?
Son
reuniones
periódicas
que
el
ICAM
viene
manteniendo
con
la
Consejería
de
Presidencia,
Justicia
e
Interior
desde
hace
meses
para
una
mejor
gestión
del
Turno
de
Oficio.
A la
próxima
se
va a
incorporar
Agustín
Carretero,
director
general
de
relaciones
con
la
Administración
de
Justicia
de
la
Comunidad
de
Madrid
que
por
lo
que
conocemos
es
un
hombre
de
diálogo
y
consenso
que
ayudará
mucho
a
acercar
posturas
entre
entidades.
En estos
momentos,
según
las
informaciones
que
disponemos
es
que
hay
orden
ya
de
pago
dada
para
el
primer
trimestre
del
2014,
con
lo
cual
el
segundo
trimestre
está
certificado
pero
no
está
vencido.
Esto
haría
que
a
día
de
hoy
estarían
al
día
los
pagos.
A
nadie
se
le
escapa
que
las
reivindicaciones
del
Turno
de
oficio,
que
son
históricas,
son
totalmente
justas.
LJ:
Usted
ha
estado
en
esa
Mesa
de
Negociación
a
ambas
bandas
que
pusieron
en
marcha
CGAE
y
Ministerio
de
Justicia.
¿Qué
valoración
puede
hacer
de
la
misma?
Con
estas
negociaciones
hemos
logrado
que
el
Ministerio
de
Justicia
asumiera
ciertas
premisas
de
algunos
proyectos
de
ley,
pero
por
desgracia
no
las
básicas.
Hay
que
darse
cuenta
que
en
determinadas
reformas
su
peso
específico
era
menor
que
en
otras.
Así ha
pasado
con
la
reforma
de
la
Justicia
Gratuita
donde
los
pilares,
aquellos
elementos
que
hacen
que
el
proyecto
de
ley
sea
lo
que
es,
como
la
territorialidad
del
abogado,
no
se
ha
tenido
en
cuenta
hasta
el
momento
por
Justicia.
CC:
Sabemos
que
ya
de
cara
al
año
que
viene
el
ICAM
está
organizando
su
Congreso
de
la
Abogacía
Madrileña,
un
evento
que
ya
ha
despertado
gran
expectación,
no
en
vano
estamos
hablando
del
primer
Colegio
de
Abogados
de
Europa.
Poco
puedo
adelantarles
de
este
evento.
Sí
puedo
comentarles
que
se
va a
trabajar
duramente
para
que
sea
un
congreso
de
primera
línea.
De
hecho
sería
la
primera
vez
que
una
entidad
como
el
ICAM
organiza
una
actividad
institucional
de
estas
características.
De alguna
forma
estaríamos
cumpliendo
un
mandato
de
los
Estatutos
de
la
propia
entidad,
porque
la
organización
de
esta
actividad
viene
reflejada
en
los
mismos.
Lo
que
sí
queremos
es
que
sea
un
evento
integrador;
en
el
que
confluyan
todas
las
opiniones
y
asociaciones
relacionadas
con
la
abogacía,
sin
excluir
la
presencia
de
otros
operadores
jurídicos.
Queremos
que
nuestro
Congreso
de
la
Abogacía
Madrileña
sea
un
foro
de
debate
y de
ideas
en
un
año
que
se
presenta
bastante
interesante
por
las
noticias
que
sabemos
tanto
a
nivel
político
como
jurídico,
donde
hemos
vuelto
a
saber
que
el
proyecto
de
Ciudad
de
la
Justicia
lo
retoma
el
gobierno
madrileño.
LJ:
Sobre
las
tasas
y
ante
el
rumor
de
un
cercano
fallo
del
Tribunal
Constitucional,
¿le
parece
lógico
que
este
Alto
Tribunal
priorice
este
tema
sobre
otros?
Sin
duda
alguna,
que
esperamos
ese
fallo
lo
antes
posible.
Espero
que
hagan
una
revisión
profunda
de
los
principios
que
inspiran
las
tasas
judiciales
y
que
su
conclusión
sea
que
son
altamente
lesivas
para
el
derecho
fundamental
a la
justicia
y a
su
acceso.
No
creo
que
su
conclusión
pueda
ser
otra,
desde
luego.
De hecho
hemos
tenido
recientemente
dos
fallos
de
dos
Audiencias
Provinciales
en
Pontevedra
y
Guetxo
que
rechazan
las
tasas
judiciales
en
esos
asuntos.
Al mismo
tiempo
si
se
revisa
la
Memoria
de
la
Fiscalía
General
del
Estado
observamos
que
se
cita
que
por
las
tasas
los
asuntos
han
bajado
de
forma
considerable.
El
propio
FGE,
Eduardo
Torres-Dulce,
dejó
claro
que
la
justicia
sigue
sin
mejorar
y
los
juzgados
están
colapsados. |