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ENTREVISTAS

 
Sonia Gumpert, decana del ICAM:
“No se puede poner distancia con el ciudadano porque sino la justicia se hace inaccesible”
MADRID, 23 de SEPTIEMBRE de 2014 - LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez y @capa_capa
 

Daniel Ortega, alcalde de Móstoles y Sonia Gumpert, decana del ICAMEl Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), se descentraliza y acude a dónde estén letrados y ciudadanos. En la mañana de ayer lunes tuvo lugar la inauguración de la sede sur de la entidad colegial madrileña a la que acudieron diferentes personalidades entre las que se encontraba Daniel Ortega, alcalde de Móstoles: “Ha llegado el momento de acercar el colegio al colegiado y a medio plazo pensamos tener otras delegaciones en la zona Norte y Este que debemos pensar estratégicamente dónde colocarlas”, son declaraciones de Sonia Gumpert,  decana de la entidad colegial madrileña, tras la presentación de esta sede ante los medios de comunicación. La implantación de esta nueva sede servirá para  beneficiar cerca de 1000 despachos de abogados y un millón de ciudadanos de toda esta zona sureste de Madrid. Tras la celebración de este evento Gumpert mantuvo un encuentro informativo con nuestro medio de comunicación. Sobre la mesa, la situación actual de las reformas que impulsa el Ministro Gallardón y su punto de vista sobre las noticias que apuntan a que algunas de ellas se puedan paralizar. También comentamos el papel del CGAE en estas protestas de la abogacía ante las citadas reformas y sobre el modelo actual de organización colegial en la abogacía que existe en nuestro país del que se muestra partidaria frente a otras tendencias que buscan una reducción importante: “La actual implantación de los Colegios lo que hace es dotarle de cercanía a la justicia en su relación con el ciudadano.  Es la organización adecuada. Los colegios dan servicios a los colegiados y a sus ciudadanos con criterios de cercanía y eficiencia”, comenta.

En primera persona

“Esta nueva sede colegial ubicada en Móstoles  dará servicio a más de un millón de ciudadanos y ofrecerá asistencia a un millar de despachos de abogados, pertenecientes a su propio  partido judicial  que comprende las localidades de (Boadilla del Monte, Brunete, Quijorna, Villanueva de la Cañada y Villaviciosa de Odón) y toda su Área de influencia (Alcorcón, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Navalcarnero y otras poblaciones cercanas).

El Colegio tiene como objetivo con la nueva “Delegación Sur” descentralizar sus servicios, facilitar las gestiones y acercar al colegiado y a los ciudadanos su labor con todas sus prestaciones.

La sede de Móstoles, a menos de 500 metros de los Juzgados, dispone de Servicio de Mediación, dos despachos para ser utilizados por los letrados con mobiliario y soporte informático suficiente para que puedan  atender de forma privada y personalizada a sus clientes y realizar sus actividades profesionales con las garantías de seguridad y privacidad necesarias.

Del mismo modo, dispone de un aula en el que se programarán  cursos desde el Centro de Estudios y una zona multiusos con servicio de reprografía y máquinas expendedoras.

Además,  los abogados podrán acceder a un Servicio Integral de Atención al Colegiado, un espacio de atención profesional del Servicio de Documentación y Asistencia Jurídica.

La apertura de la nueva sede también traerá consigo ventajas importantes para los ciudadanos, como son el Servicio de Orientación Jurídica, un Centro de Mediación y un espacio para la formación jurídica del ciudadano dirigido, especialmente, para personas mayores, con el programa “conoce tus derechos”.

 

LJ Sánchez: Sra. Gumpert, arrancamos el nuevo curso jurídico y los rumores indican que muchas de las reformas de la justicia pueden paralizarse por el escenario electoral del próximo mes de mayo, ¿Cómo valora este dato?

Preocupa desde luego ese parón por cómo está la justicia pero también es bueno si se materializa porque podrá haber diálogo entre los operadores jurídicos sobre dichas reformas y, especialmente, con los abogados. En muchas de ellas no se nos ha tenido en cuenta.

Estoy convencida que los abogados tienen mucho que aportar si se quiere mejorar la justicia que se tiene a través de dar su opinión sobre las reformas que hay que poner en marcha. Con ellas lograremos que nuestro sistema jurídico  y administración de justicia respalde una justicia más cercana, eficaz y justa.

 

Carlos Capa: ¿Cómo piensa adaptarse el ICAM a la nueva realidad en el caso que se aprobase el proyecto de ley de Servicios y Colegios Profesionales que limitaría los recursos de esta y cualquier institución colegial?

Es nuestra obligación dar ese servicio al colegiado. Así lo dicen nuestros estatutos y por la función social de la propia entidad a prestar esos servicios.

Nosotros estamos preparados para esta nueva situación. Ya tenemos hecho la hoja de ruta en el caso que tuviéramos que adaptarnos al nuevo entorno que describe el proyecto de ley de Servicios y Colegios Profesionales, en el caso que éste se aprobase con la limitación de cuota que todos sabemos.

Obviamente será más difícil con menos recursos dar los servicios que requieren nuestros colegiados pero tampoco creo que haya una diferencia económicamente enorme para el Colegio de Abogados de Madrid.

No creo que sea insalvable. Hemos hecho ya los cálculos y tenemos hecha la previsión para adaptarnos. Tenga en cuenta que nuestra razón de ser es precisamente dar servicio al colegiado y al ciudadano.

 

LJ: ¿Cambiaría la situación de la justicia en nuestro país con un cambio de Ministro titular de esta cartera?

Yo espero que sí. Creo que en cualquier actividad que se haga en la vida es muy importante la impronta que dejan las personas. Si el rumor se convierte en noticia y hay un nuevo Ministro de Justicia este hecho puede ser muy significativo y determinante del curso de los proyectos de ley que están en marcha.

 

CC: Recientemente en la entrega de los Premios Valores del CICAC; su presidente Miquel Samper comentó que sería una gran alegría si Gallardón pasase a la historia.

Lo cierto es que Gallardón no ha hecho una política de justicia de consenso y de interlocución con los operadores jurídicos. No es casualidad que desde diferentes interlocutores se le haya reprochado esa falta de comunicación.

Esto es algo innegable para todos. De hecho las protestas por sus reformas son generalizadas, no sólo por los abogados sino también a nivel de jueces, fiscales y otros operadores.

 

LJ: Sin embargo da la sensación que no se ha logrado esa unidad común entre esos operadores jurídicos frente al propio Ministro de Justicia.

Creo que sí se ha logrado hacerlo. Hay una Plataforma llamada Justicia para Todos en la que se encuentra además del CGAE existen  representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios y de los sindicatos UGT, CCOO, USO y CSI-F.

Su puesta en marcha desde hace dos años ha pretendido poner de manifiesto su rechazo a la Ley de Tasas Judiciales y al Anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita   al considerar que impiden el acceso a la justicia a amplios colectivos sociales.

Las manifestaciones contra las tasas judiciales han sido cohesionadoras de todos los operadores jurídicos frente a este hecho histórico de la implantación de las tasas que ha cambiado de forma radical el panorama de nuestra justicia.

 

CC: Esta sede de Móstoles donde estamos es fruto de la colaboración institucional entre su Ayuntamiento y el propio ICAM ¿Se va a potenciar esta vía para poder trabajar en pro del colegiado?

No puede ser de otra forma. Creemos que el acuerdo suscrito con el Ayuntamiento de Móstoles nos da una referencia de otro tipo de convenios que podemos suscribir con entidades de estas características.

Tenga en cuenta que este tipo de acuerdos siempre han formado parte de la historia del colegio a lo largo ya de su amplia trayectoria como entidad.

Así se han hecho en materia de Servicios de Orientación Jurídica, en el caso de la mediación y su desarrollo es otra línea de actividad que impulsamos y en todo aquello que contribuya a que la justicia sea más accesible y fácil a corto y medio plazo tanto para colegiados como a la vez para los ciudadanos.

 

LJ: Desde el ICAM se vienen celebrado una serie de protestas y paros en el Turno de Oficio, ¿Qué conclusión saca de las mismas a nivel de resultados?

Más que hablar de conclusiones hablaría de reacciones ante un proyecto de ley  el de la reforma de la Justicia Gratuita cuyas bases no compartimos. Somos conscientes que en estas circunstancias no se impulsa el acceso a la justicia de las personas más desfavorecidas.

Es un cambio radical del modelo de Justicia Gratuita pero que no beneficia al ciudadano en absoluto. De hecho el modelo actual, pese a sus problemas de financiación, ha funcionado realmente y es un modelo a seguir en otros países.

Estamos ahora estudiando qué próximas medidas tomar de presión para que el Ministerio reconsidere esa reforma y la consensúe con la abogacía. Todo dependerá del futuro de este proyecto de ley y de su futura tramitación parlamentaria.

Al mismo tiempo ya hay otros colegios de abogados que empiezan a tomar medidas similares de protesta frente a esta reforma. Hay que darse cuenta que de entrar en vigor los cambios en la Justicia Gratuita afectarían a  todos los ciudadanos y a la propia abogacía a nivel nacional.

Por nuestra parte, el último paro previsto de determinadas designaciones del Turno de Oficio que coincide con otra concentración en los aledaños de Plaza Castilla será el próximo jueves 25 de septiembre.

 

LJ: ¿Cómo valora el papel del CGAE dentro de esta estrategia de protestas de los colegios ante algunas de las reformas del ministro Gallardón?

Estoy satisfecha del papel que está adoptando el CGAE dentro de estas actividades que la abogacía pone en marcha. Su labor es la de coordinar de todas estas iniciativas que los 83 Colegios de Abogados existentes vamos adoptando de forma progresiva en el ámbito de nuestras competencias.

El CGAE es el catalizador de lo que los Colegios opinamos en estos asuntos. Y la verdad que estamos de acuerdo todos en lo que tenemos que hacer. Su labor es la que debe ser de coordinación como antes la apuntaba porque las competencias en materia de justicia gratuita son de las propias entidades colegiales.

 

LJ: ¿Tiene sentido un país con 83 Colegios de Abogados en estos momentos?

Creo que sí. La actual implantación de los Colegios lo que hace es dotarle de cercanía a la justicia en su relación con el ciudadano. Los colegios dan servicios a los colegiados y a sus ciudadanos con criterios de cercanía y eficiencia. No se puede poner distancia con el ciudadano porque sino la justicia se hace inaccesible

 

CC: Hablando de Justicia Gratuita, esta semana tienen otra reunión con la Comunidad de Madrid, en esa mesa de trabajo abierta para mejorar el pago del Turno de Oficio. ¿Cómo está la situación?

Son reuniones periódicas que el ICAM viene manteniendo con la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior desde hace meses para una mejor gestión del Turno de Oficio.

A la próxima se va a incorporar Agustín Carretero, director general de relaciones con la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid que por lo que conocemos es un hombre de diálogo y consenso que ayudará mucho a acercar posturas entre entidades.

En estos momentos, según las informaciones que disponemos es que hay orden ya de pago dada para el primer trimestre del 2014, con lo cual el segundo trimestre está certificado pero no está vencido. Esto haría que a día de hoy estarían al día los pagos. A nadie se le escapa que las reivindicaciones del Turno de oficio, que son históricas, son totalmente justas.

 

LJ: Usted ha estado en esa Mesa de Negociación a ambas bandas que pusieron en marcha CGAE y Ministerio de Justicia. ¿Qué valoración puede hacer de la misma?

Con estas negociaciones hemos logrado que el Ministerio de Justicia asumiera ciertas premisas de algunos proyectos de ley, pero por desgracia no las básicas.  Hay que darse cuenta que en determinadas reformas su peso específico era menor que en otras.

Así ha pasado con la reforma de la Justicia Gratuita donde los pilares, aquellos elementos que hacen que el proyecto de ley sea lo que es, como la territorialidad del abogado, no se ha tenido en cuenta hasta el momento por Justicia.

 

CC: Sabemos que ya de cara al año que viene el ICAM está organizando su Congreso de la Abogacía Madrileña, un evento que ya ha despertado gran expectación, no en vano estamos hablando del primer Colegio de Abogados de Europa.

Poco puedo adelantarles de este evento. Sí puedo comentarles que se va a trabajar duramente para que sea un congreso de primera línea. De hecho sería la primera vez que una entidad como el ICAM organiza una actividad institucional de estas características.

De alguna forma estaríamos cumpliendo un mandato de los Estatutos de la propia entidad, porque la organización de esta actividad viene reflejada en los mismos.  Lo que sí queremos es que sea un evento integrador; en el que confluyan todas las opiniones y asociaciones relacionadas con la abogacía, sin excluir la presencia de otros operadores jurídicos.

Queremos que nuestro Congreso de la Abogacía Madrileña sea un foro de debate y de ideas en un año que se presenta bastante interesante por las noticias que sabemos tanto a nivel político como jurídico, donde hemos vuelto a saber que el proyecto de Ciudad de la Justicia lo retoma el gobierno madrileño.

 

LJ: Sobre las tasas y ante el rumor de un cercano fallo del Tribunal Constitucional, ¿le parece lógico que este Alto Tribunal priorice este tema sobre otros?

Sin duda alguna, que esperamos ese fallo lo antes posible. Espero que hagan una revisión profunda de los principios que inspiran las tasas judiciales y que su conclusión sea que son altamente lesivas para el derecho fundamental a la justicia y a su acceso.  No creo que su conclusión pueda ser otra, desde luego.

De hecho hemos tenido recientemente dos fallos de dos Audiencias Provinciales en Pontevedra y Guetxo que rechazan las tasas judiciales en esos asuntos.

Al mismo tiempo si se revisa la Memoria de la Fiscalía General del Estado observamos que se cita que por las tasas los asuntos han bajado de forma considerable.  El propio FGE, Eduardo Torres-Dulce, dejó claro que la justicia sigue sin mejorar y los juzgados están colapsados.

 

 

 

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