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El
CGPJ
impulsa
un
protocolo
de
actuación
frente
al
acoso
sexual,
al
acoso
por
razón
de
sexo
y al
laboral
y
crea
la
figura
del
asesor
confidencial
para
gestionar
estos
asuntos
 El
Consejo
General
del
Poder
Judicial
prepara
un
“Protocolo
de
actuación
frente
al
acoso
sexual,
al
acoso
por
razón
de
sexo,
al
acoso
discriminatorio
y al
acoso
y
violencia
en
la
carrera
judicial”,
iniciado
a
propuesta
de
las
Comisiones
de
Igualdad
y de
Prevención
de
Riesgos
Laborales
con
las
aportaciones
de
todas
las
asociaciones
judiciales.
El
borrador
prevé
la
creación
de
la
figura
del
asesor
o
asesora
confidencial
para
tramitar
las
quejas
y
orientar
a
las
víctimas.
La
elaboración
de
este
Protocolo,
que
se
enmarca
en
las
previsiones
de
la
Ley
de
Igualdad,
se
incluye
en
el
Plan
de
Igualdad
de
la
Carrera
Judicial,
aprobado
por
el
Pleno
del
órgano
de
gobierno
de
los
jueces
el
14
de
febrero
de
2013.
En
opinión
de
Clara
Martínez
de
Careaga,
vocal
del
CGPJ
y
presidenta
de
la
Comisión
de
Igualdad
“al
final
se
trata
de
educar
en
igualdad
para
que
los
roles
de
hombre
y
mujer
tengan
el
mismo
valor”.
Este
protocolo antiacoso
es
pionero
a
nivel
del
sector
legal.
Con
su
aprobación,
el
CGPJ
manifestará
formalmente
su
compromiso
a
adoptar
una
política
de
“tolerancia
cero”
con
respecto
a
las
manifestaciones
de
acoso
y
violencia,
sea
quien
sea
la
víctima
o la
persona
acosadora
y
sea
cual
sea
su
situación
entre
integrantes
de
la
carrera
judicial.
“Hay
pocas
situaciones
de
estas
características
pero
es
necesario
gestionarlas
como
se
merecen.
Muchas
de
ellas
no
se
denuncian
porque
no
llegan
a
tener
una
entidad
ni
disciplinaria
ni
penal.
De
todas
formas
estas
situaciones
se
soportan
por
desgracia,
así
ha
pasado
con
el
bullying
en
los
colegios
hasta
que
se
ha
generado
un
gran
problema”,
comenta
Martínez
de
Careaga.
El
documento
de
trabajo
establece
las
medidas
dirigidas
a
prevenir
y
evitar
ese
tipo
de
situaciones
en
la
carrera
judicial
(prevención
primaria),
los
procedimientos
que
deben
seguirse
en
caso
de
presentarse
una
denuncia
o
una
queja
(prevención
secundaria)
y
las
actuaciones
que
faciliten
la
recuperación
del
proyecto
de
vida
personal
y
profesional
de
las
personas
sometidas
a
acoso
o
violencia
laboral
(prevención
terciaria).
El
Protocolo
recogerá
un
listado
de
comportamientos
constitutivos
de
acoso
sexual,
como
el
contacto
físico
innecesario,
el
uso
de
imágenes
pornográficas
en
los
lugares
de
trabajo,
los
gestos
obscenos,
la
demanda
de
favores
sexuales
o
las
agresiones
físicas,
entre
otros.
Además,
se
estudia
incluir
como
supuestos
de
acoso
por
razón
de
sexo
los
comentarios
sexistas,
el
demérito
de
la
valía
profesional
por
el
hecho
de
la
maternidad
o
las
conductas
hostiles
hacia
quienes
ejerciten
su
derecho
a la
conciliación
de
la
vida
familiar
y
laboral;
y
como
acoso
discriminatorio
los
comentarios
o
comportamientos
racistas,
contrarios
a la
libertad
religiosa
-o a
la
no
profesión
de
religión
o
credo-
o
degradantes
de
la
valía
de
las
personas
con
discapacidad.
También
se
incluirá
un
listado
de
comportamientos
que
pueden
constituir
acoso
laboral.
El
borrador
prevé
que
cada
Sala
de
Gobierno
designe
a un
asesor
o
asesora
confidencial
–que
será
un
juez
o
jueza
titular
en
activo
dentro
de
su
ámbito
territorial
-
que
tramitará
las
quejas,
asesorará
a la
presunta
víctima
en
la
redacción
de
denuncias
y la
apoyará
para
la
mejor
efectividad
de
las
medidas
encaminadas
a
que
rehaga
su
proyecto
de
vida
personal
y
profesional.
“En
estos
momentos
estamos
trabajando
en
la
formación
de
estos
profesionales
que
se
convertirán
en
asesores
confidenciales.
Queremos
que
sepan
gestionar
estas
situaciones
antes
de
que
deriven
en
otras
más
graves
aún”,
comenta.
El
propio
Protocolo
de
acoso
excluye
cualquier
tipo
de
mediación.
“Serán
personas
con
la
sensibilidad
y la
autoridad
que
tengan
de
su
cargo
en
ese
Tribunal
para
que
ante
una
queja
puedan
saber
cómo
gestionarla”,
apunta
la
vocal.
Una
de
las
propuestas
sobre
las
que
se
trabaja
es
la
regulación
del
llamado
“procedimiento
informal
de
solución”,
un
instrumento
dirigido
a
resolver
las
quejas
de
manera
rápida
y
confidencial
sin
necesidad
de
abrir
un
procedimiento
disciplinario.
Cuando
los
hechos
no
sean
canalizables
a
través
del
procedimiento
informal
de
solución,
la
presunta
víctima
se
podrá
dirigir
a
los
órganos
competentes
para
iniciar
el
procedimiento
disciplinario
formal
y
pedir
la
ayuda
del
asesor
o
asesora
confidencial
para
redactar
la
denuncia
correspondiente.
Por
último,
el
Protocolo
prevé
establecer
medidas
de
apoyo
a
las
víctimas
de
acoso
o
violencia
laboral,
que
se
aplicarán
cuando
el
procedimiento
termine
con
una
sanción
o
una
sentencia
penal
sin
necesidad
de
que
sean
firmes.
Estas
medidas
incluirán
la
atención
a
las
solicitudes
sobre
situación
administrativa
y
concesión
de
licencias
y
permisos,
acceso
a
cursos
de
formación
y
realización
de
exámenes
médicos
o
prestación
de
asistencia
sanitaria,
dirigidos
en
especial
al
aspecto
psicológico
En
opinión
de
Clara
Martínez
de
Careaga
es
fundamental
educar
en
igualdad
para
cualquier
tipo
de
acoso
que
surja
en
cualquier
ámbito.
“No
es
tanto
el
esfuerzo
en
mandar
estos
mensajes
de
igualdad
en
la
carrera
judicial
como
en
una
sociedad
donde
toda
la
cultura
está
supeditada
a la
preeminencia
del
hombre
sobre
la
mujer.
Por
desgracia
la
educación
ha
ido
en
otro
sentido
al
que
debiera
ir”,
apunta.
Y
recuerda
el
caso
Copa
Davis
donde
hace
unos
días
se
ha
cuestionado
la
profesionalidad
de
Gala
León,
nueva
capital
del
equipo
de
tenis
español,
sobre
todo
por
ser
mujer.
“Se
siguen
arrastrando
los
estereotipos
de
la
mujer
por
debajo
del
hombre,
sumisa
y
agradecida”,
subraya.
Respecto
a la
cronología
de
este
Protocolo
que
la
propia
vocal
del
CGPJ
señala
que
está
muy
avanzado
en
su
redacción
podemos
confirmar
que
la
próxima
reunión
para
perfilar
y
aprobar
el
documento
del
que
hablamos
será
a
finales
de
noviembre.
“Antes,
los
días
3 y
4
noviembre
tendrá
lugar
el
curso
de
formación
del
que
le
hablaba
antes,
en
el
que
se
forman
a
esos
asesores
confidenciales
y se
detectan
situaciones
de
acoso
de
cualquier
índole”,
comenta.
Aprobado
el
documento,
entrará
en
vigor
en
tres
meses.
“Será
el
momento
de
hacer
la
máxima
difusión
posible
del
citado
documento
tanto
desde
la
propia
web
del
CGPJ
como
de
las
webs
de
otros
altos
tribunales
existentes
en
la
actualidad.
Al
mismo
tiempo
haremos
difusión
de
este
tema
en
los
cursos
de
igualdad
que
organicemos
en
los
próximos
meses”,
subraya.
“Al
final
lo
que
queremos
es
dar
una
herramienta
para
atajar
este
tipo
de
comportamientos
irregulares”.
Preguntada
si
la
falta
de
mujeres
en
la
cúspide
de
la
carrera
judicial
puede
deberse
a
situaciones
de
acoso,
la
vocal
del
CGPJ
niega
con
rotundidad
esta
afirmación:”Hay
que
darse
cuenta
que
la
mujer
se
incorpora
a la
carrera
judicial
y
fiscal
en
los
años
setenta.
En
mi
caso
ingresé
en
1981,
ahora
es
poco
a
poco
cuando
vamos
llegando
a
puestos
de
responsabilidad.
Al
final
la
mujer
asume
más
cargas
familiares
y
eso
hace
que
en
muchos
casos
prefiera
sacrificar
su
carrera
profesional.
Eso
indica
el
nivel
de
sacrificio
altísimo
de
la
mujer
trabajadora
en
cualquier
sector”,
indica.
Nuestra
interlocutora
fue
elegida
en
la
Reunión
Preparatoria
de
la
XVIII
Cumbre
Judicial
Iberoamericana,
celebrada
en
Montevideo,
(Uruguay),
los
días
4, 5
y 6
de
agosto
de
2014,
considerando
las
candidaturas
recibidas,
los
coordinadores
y
coordinadoras
nacionales
de
la
Cumbre
acordaron
la
designación
de
las
siguientes
personas
como
miembros
de
la
Comisión
Permanente
de
Género
y
Acceso
a la
Justicia.
En
este
caso
fue
la
más
votada,
seguida
de
2.
Olga
María
del
Carmen
Sánchez
Cordero
de
García
Villegas
(Ministra
de
la
Corte
Suprema
de
México).
3.
Margarita
Leonor
Cabello
Blanco
(Presidenta
de
la
Sala
de
lo
Civil
de
la
Corte
Suprema
de
Colombia).
4.
Andrea
Muñoz
Sánchez
(Magistrada
del
Tribunal
Supremo
de
Chile).
5.
Alba
Luz
Ramos
Vanegas
(Presidenta
de
la
Corte
Suprema
de
Nicaragua.
6.
Zarela
Villanueva
Monge
(Presidenta
de
la
Corte
Suprema
de
Costa
Rica).
7.
Liana
Fioi
Matta
(Presidenta
de
la
Corte
Suprema
de
Puerto
Rico). | 
