Hoy la
Wikipedia ya habla de él en tiempo
pasado como ex-Ministro de Justicia del gobierno
“popular” de Mariano Rajoy. Nombrado el 22 de
diciembre de 2011, Alberto Ruiz-Gallardon, ha
permanecido en el cargo un total de 2 años, 9
meses y 1 día, plazo que a muchos les ha
parecido un tiempo interminable, incluso, a una
parte muy significativa del mundo jurídico un
tipo de condena colectiva en su mitad superior.
Consideramos que la contribución más importante
que ha hecho el ya ex-Ministro Gallardón en
favor de la justicia es precisamente su última
decisión. Nos habría gustado mucho más que
hubiera sido cesado como prueba indiciaria que
las decisiones que tomó eran personales y no
compartidas por el partido que le ha apoyado, y
que han hecho retroceder en derechos, en
garantías, en medios y, especialmente en
independencia judicial respecto del omnipresente
poder legisloejecutivo, todo ello con una
exhibición de poder jamás vista, en favor de
intereses gremialistas y clasistas.
No compartimos que el motivo de dimisión haya
sido sólo la llamada Ley del aborto, excusa que
le mantiene empero a la expectativa política.
Todos los operadores jurídicos sabemos que la
próxima sentencia del TC sobre tasas judiciales,
la burda venta o donación del Registro Civil, la
Jurisdicción voluntaria, la justicia gratuita,
tendenciales todas a fulminar el SERVICIO
PÚBLICO DE JUSTÍCIA y las consecuentes críticas
de jueces, fiscales, secretarios judiciales,
abogados, funcionarios y al fin los usuarios de
la justicia, han sido los motivos le han marcado
definitivamente la puerta de salida.
El ex-Ministro Gallardón con la aprobación del
resto del gobierno y la bancada Popular, sin
consenso ni diálogo alguno, ha triturado el
camino de la Justicia Universal, eliminado de un
plumazo el 20% de la planta judicial con el
Expediente de Regulación de Empleo que ha dejado
fuera de juego a los jueces sustitutos y
magistrados suplentes, a la vez que torpedeaba
el acceso de la ciudadanía a los tribunales de
justicia.
Una predeterminada hoja de ruta neoliberal que
beneficia la concentración del poder, con una
absoluta intromisión y control del PODER
JUDICIAL, como lo ha sido manosear la Ley
Orgánica del Poder Judicial para nombrar y
empobrecer el órgano de gobierno de los Jueces y
finalmente aprobar el RD. 700/13 de
retribuciones a la Carrera Judicial para que
algunos puedan cobrar un doble sueldo público,
zanahoria para intentar aplacar algunas voces
que, finalmente, ha resultado del todo
insuficiente.
Esperamos pues que la rogada por muchos
dimisión, no suponga únicamente un simple cambio
de titular en la cartera de Justicia, sino
también un giro sustancial de orientación del
Ministerio que le permita recuperar
credibilidad.
Esperamos que se derogue la Ley Orgánica 8/2012
(aquella que destierra al ostracismo a los
jueces sustitutos y magistrados suplentes e
impermeabiliza de paso la carrera judicial), que
se supriman las tasas judiciales, y que se
guarden en un cajón muy hondo las anunciadas
reformas retrógradas del Código Penal, de la Ley
de enjuiciamiento Criminal, la de la Ley
orgánica del Poder Judicial, la de planta
judicial y otras.
Así lo creemos, porque otra Justicia es deseable
y, sin duda, también posible. |