Conclusiones de las jornadas
que
tuvieron
lugar
en
el
ICAM,
en
el
que
esta
organización
elabora
un
decálogo
para
resarcir
a
las
víctimas
de
los
atentados
terroristas
La Asociación Víctimas del
Terrorismo
(AVT)
celebró
los
días
30
de
septiembre
y 1
de
octubre
la
primera
edición
de
las
jornadas
“Eficacia
del
Estado
de
Derecho
frente
al
Terrorismo”
en
el
Ilustre
Colegio
de
Abogados
de
Madrid.
Durante
el
discurso
de
inauguración
de
las
jornadas,
la
presidenta
de
la
AVT,
Ángeles
Pedraza,
fue
muy
crítica
con
la
aplicación
que
nuestras
instituciones
están
haciendo
de
las
leyes
y
dejó
patente
el
abandono
y el
desamparo
que
desde
hace
meses
sufren
las
víctimas
del
terrorismo.
Concluía
su
intervención
con
una
pregunta:
¿Se
ha
hecho
verdadera
Justicia
con
las
víctimas
del
terrorismo?
Su
respuesta
fue
rotunda:
No.
Las jornadas fueron todo un
éxito
de
participación
y
repercusión
en
redes
sociales
gracias
al
nivel
de
los
ponentes
participantes
en
cada
uno
de
los
paneles.
El
panel
I
Leyes
eficaces
para
combatir
el
terrorismo
contó
con
las
intervenciones
de
Ignacio
Astarloa,
Arturo
García
Tizón
y
Jesús
Zarzalejos.
El
panel
II
Los
Tribunales
de
justicia
frente
al
terrorismo
contó
con
las
intervenciones
de
Ignacio
Gordillo,
Juan
Moral,
Antonio
Guerrero
y
Carmen
Ladrón
de
Guevara.
El contenido de las jornadas y
la
pregunta
con
la
que
Ángeles
Pedraza
cerraba
su
discurso,
han
llevado
a la
AVT
a
elaborar
un
decálogo
de
tareas
pendientes,
necesarias
para
lograr
ofrecer
a
las
víctimas
del
terrorismo,
la
justicia
que
merecen.
Desde la instauración de nuestro
sistema
democrático
han
sido
muchos
los
avances,
tanto
en
materia
legislativa
como
en
materia
de
justicia,
que
se
han
desarrollado
para
hacer
frente
a la
amenaza
terrorista.
A
pesar
de
ello
son
muchas
las
tareas
pendientes
para
llegar
a
poder
hablar
de
una
verdadera
justicia
a
las
víctimas
del
terrorismo.
El art. 1 de la Constitución
española
propugna,
entre
otros,
la
justicia
como
valor
superior
de
nuestro
ordenamiento
jurídico;
de
ahí
que
reclamemos
la
utilización
de
todos
los
mecanismos
que
nos
proporciona
el
Estado
de
Derecho
para
vencer
definitivamente
al
terrorismo.
A día de hoy, la amenaza del
terrorismo
en
nuestro
país
es
una
amenaza
viva.
Por
un
lado,
la
pervivencia
de
la
organización
terrorista
ETA,
y
por
otro,
las
nuevas
formas
de
terrorismo
que
han
golpeado
en
los
últimos
años
nuestro
país,
obliga
a
nuestras
instituciones
a
permanecer
alerta
y a
no
relajarse
ni
un
ápice.
Es por todo ello que, en estos
tiempos
en
los
que
por
parte
de
nuestras
instituciones
se
ha
dado
por
vencido
al
enemigo
del
terrorismo,
y
principalmente
del
terrorismo
de
ETA
antes
de
tiempo,
venimos
a
reivindicar
una
serie
de
tareas
pendientes
fundamentales
para
poder
hablar
de
una
verdadera
derrota
del
terrorismo,
que
pasa
necesariamente
por
hacer
justicia
a
todas
y
cada
una
de
sus
víctimas.
1.
En
nuestra
historia
más
reciente,
España
ha
sido
golpeada
por
la
acción
de
los
terroristas
en
múltiples
ocasiones.
Se
pueden
contar
por
cientos
los
atentados
terroristas
sufridos
en
nuestro
país.
Atentados
terroristas
atribuidos
a
diversos
grupos
terroristas
y de
los
que,
a
día
de
hoy,
podemos
afirmar
que
más
de
un
30 %
aún
continúa
sin
esclarecer
la
autoría
material
de
los
mismos.
De
ahí
que,
frente
a
los
intentos
de
algunos
de
mostrar
el
problema
del
terrorismo
en
España
como
un
problema
del
pasado,
reclamemos
la
utilización
de
todos
los
instrumentos
que
posibilita
el
Estado
de
Derecho
hasta
conseguir
el
esclarecimiento
de
todos
y
cada
uno
de
los
atentados
terroristas
que
todavía
están
sin
resolver.
2.
A lo
largo
de
los
años,
nos
hemos
ido
dotando
del
marco
jurídico
necesario
para
combatir
el
terrorismo.
Instrumentos
legales
con
los
que
hemos
ido
cerrando
todos
los
espacios
de
impunidad
de
los
que
venían
gozando
los
terroristas.
Buenas
leyes,
respetuosas
con
los
principios
generales
del
derecho
y
que
han
pasado
los
filtros
de
legalidad
fijados
por
nuestros
tribunales
y
por
el
Tribunal
Europeo
de
Derechos
Humanos.
Es
por
ello,
que
frente
a
los
intentos
de
deslegitimación
de
nuestras
leyes,
ignorándolas
o
interpretándolas
de
manera
sesgada
e
interesada,
reclamamos
la
aplicación
de
la
ley,
solo
la
ley,
pero
TODA
la
ley
para
acabar
con
el
terrorismo.
3.
Dentro
de
ese
marco
jurídico,
ha
jugado
un
papel
destacado
la
Ley
de
Partidos
políticos
que
posibilitó
la
ilegalización
de
las
formaciones
políticas
-Herri
Batasuna,
Euskal
Herritarrok,
Batasuna-
consideradas
el
frente
institucional
de
la
organización
terrorista
ETA.
Gracias
a
esta
ley,
conseguimos
expulsar
de
nuestras
instituciones
a
aquellos
que
no
pretendían
otra
cosa
que
acabar
con
las
mismas.
Una
victoria
de
la
democracia
que
hoy
vemos
empañada
por
la
presencia
de
sus
sucesores
de
nuevo
en
nuestras
instituciones.
De
ahí
que
reclamemos
la
puesta
en
marcha
de
la
maquinaria
jurídica
necesaria
para
ver
fuera
de
nuestras
instituciones
a
los
que
no
son
otra
cosa
que
el
altavoz
institucional
de
los
terroristas.
4.
Igualmente,
reclamar
la
vigencia
de
la
ley
es
reclamar
su
aplicación
por
parte
de
los
tribunales
de
justicia.
Tribunales
de
justicia
conformados
por
jueces
que
deben
realizar
sus
funciones
sometidos,
única
y
exclusivamente,
al
imperio
de
la
ley
y
sin
dejarse
embaucar
por
efluvios
de
“la
reconciliación”
y
los
“nuevos
tiempos
de
paz
y
convivencia”.
Es
por
ello
que
queremos
alzar
la
voz
y
dar
alarma
frente
a la
estrategia,
impulsada
por
determinados
sectores
políticos
y
sociales,
provenientes
mayoritariamente
del
País
Vasco,
y
amparados
por
algunos
miembros
de
la
judicatura,
consistente
en
buscar
nuevas
interpretaciones
a la
ley
en
un
nuevo
escenario
sin
ETA
buscando
favorecer
en
todo
momento
a
los
acusados
por
su
relación
con
la
actividad
terrorista
de
ETA.
5.
De
la
misma
manera,
reclamamos
la
aplicación
de
todos
los
instrumentos
que
nos
ofrece
el
Estado
de
Derecho
para
neutralizar
los
intentos
de
vaciar
las
cárceles
de
terroristas,
a
través
de
argucias
legales:
ya
sea
a
través
de
la
puesta
en
libertad
de
presos
enfermos
supuestamente
muy
graves
(pero
con
una
esperanza
de
vida
de
años),
de
tratos
de
favor
y
liberaciones
de
presos
supuestamente
arrepentidos
(arrepentimientos
de
formulario
que
en
ningún
caso
se
han
traducido
en
colaboraciones
concretas
con
las
justicia,
tal
y
como
establece
la
ley)
o
buscando
reducciones
de
la
estancia
en
prisión
de
los
presos
a
través
de
medidas
como
la
derogación
de
la
doctrina
Parot,
el
doble
cómputo
de
la
prisión
preventiva
o
ahora
el
cómputo
de
las
penas
cumplidas
en
territorio
francés.
6.
Que
la
organización
terrorista
ETA
es
mucho
más
que
un
grupo
de
pistoleros
lo
han
constatado
numerosas
resoluciones
judiciales
de
la
Audiencia
Nacional
(Caso
Jarrai-Haika-Segi,
Caso
Kas-Ekin,
Caso
Gestoras
Pro
Amnistía-Askatasuna,
Caso
Batasuna-Herriko
Tabernas).
Gracias
a
ellas
se
pudo
llevar
a
ETA
a
una
situación
de
debilidad
al
desmantelar
todo
el
entramado
social,
político,
económico
y
cultural
que
la
sustentaba
y la
sustenta.
De
ahí
que
reclamemos
que
se
continúe
con
ese
valioso
trabajo,
tanto
policial
como
judicial,
por
desenmarañar
ese
complejo
entramado,
en
estos
momentos
en
los
que
la
amenaza
del
terrorista
de
ETA
es
menos
intensa.
7.
Por
desgracia,
en
los
últimos
años
estamos
presenciando
un
goteo
de
excarcelaciones
(provocadas
por
diversos
motivos)
y de
permisos
penitenciarios
sin
que
las
víctimas
del
terrorismo
puedan
pronunciarse
al
respecto.
Es
por
ello
que
exigimos
las
reformas
legales
necesarias
para
que
las
víctimas
del
terrorismo
puedan
ser
parte
en
la
ejecución
de
las
sentencias
y en
el
trámite
penitenciario.
8.
Por
desgracia,
muchos
de
los
atentados
terroristas
que
estarán
aún
sin
resolver
han
sido
cometidos
hace
más
de
20
años
por
lo
que
la
responsabilidad
penal
de
sus
autores
estaría
prescrita.
Consideramos
que
el
hecho
de
que
la
responsabilidad
penal
prescriba
no
despoja
a
las
víctimas
del
terrorismo
de
su
derecho
a
conocer
la
verdad
de
lo
ocurrido.
Es
por
ello
que
exigimos
que
se
articulen
los
mecanismos
necesarios
para
que
en
los
casos
en
los
que
la
responsabilidad
penal
de
los
autores
materiales
hubiera
prescrito
se
posibilite
a
las
víctimas
del
terrorismo
conocer
la
verdad
de
lo
ocurrido.
9.
El
esfuerzo
del
Estado
de
Derecho
por
combatir
el
terrorismo
no
termina
en
nuestras
fronteras
y
debe
de
traducirse
en
medidas
de
cooperación
internacional.
Sí
bien
es
cierto
que
se
ha
avanzado
mucho
en
este
campo,
todavía
observamos
como
determinados
países
se
muestran
reacios
a
facilitar
la
entrega
de
terroristas
detenidos
en
sus
territorios
y
reclamados
en
España
por
delitos
de
terrorismo
o
como
en
determinados
países
se
vende
una
imagen
distorsionada
de
los
terroristas,
como
si
de
auténticos
luchadores
por
la
libertad
se
trataran.
De
ahí
que
sea
importante
recordar
la
importancia
de
la
cooperación
internacional
para
combatir
la
amenaza
del
terrorismo,
una
amenaza
global
que
necesita
de
una
respuesta
global
para
hacerla
frente.
10.
Por
último,
todas
estas
medidas
resultarían
papel
mojado
si
no
van
acompañadas
de
una
tenaz
defensa
de
los
principios
y
valores
de
nuestra
convivencia
democrática
frente
al
chantaje
terrorista,
así
como
de
la
defensa
de
la
justicia
como
valor
supremo
de
nuestro
ordenamiento
jurídico.
Defensa
que
necesariamente
tiene
que
provenir
de
todos
los
demócratas
por
encima
de
siglas
o
partidos
políticos.
Es
por
ello
que
reclamamos
a
nuestras
instituciones
un
compromiso
claro
por
la
defensa
y el
impulso
de
las
medidas
jurídicas
necesarias
para
ofrecer
una
verdadera
justicia
a
las
víctimas
del
terrorismo
en
sintonía
con
lo
manifestado
en
los
puntos
anteriores.
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