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Apuesta
por
el
diálogo
e
impulsar
las
reformas
con
consenso.
También
anuncia
en
la
Comisión
de
Justicia
del
Congreso
que
se
crearán
282
unidades
judiciales
y 46
plazas
de
fiscales,
a la
vez
que
la
futura
LOPJ
mantendrá
la
demarcación
actual
con
partidos
judiciales
 Dos
semanas
han
transcurrido
únicamente
desde
que
fuera
nombrado
Rafael
Catalá
nuevo
titular
de
Justicia
tras
la
dimisión
del
Ministro
Gallardón.
En
este
espacio
de
tiempo
hemos
podido
comprobar
su
talante
diferente
al
anterior
inquilino
del
Palacio
de
Parcent
y su
deseo
de
consensuar
las
reformas
de
la
justicia
en
este
último
año
de
legislatura
donde
las
elecciones
de
mayo,
autonómicas
y
municipales,
pueden
definir
muchas
cosas.
En
la
tarde
de
ayer
durante
cuatro
horas
Catalá
explicó
en
la
Comisión
de
Justicia
del
Congreso
cuál
va a
ser
su
hoja
de
ruta.
Un
plan
de
trabajo
marcado
por
esa
cita
electoral
y el
fin
de
la
legislatura
en
la
que
el
Ministro
buscará
consenso
para
definir
algunas
reformas
claves.
Así
apuntó
a
una
nueva
LOPJ
que
respetará
la
demarcación
actual
de
Planta
Judicial
y
reformas
parciales
en
el
Código
Penal
y
en
la
propia
Ley
de
Enjuiciamiento
Criminal
para
que
los
procesos
penales
sean
más
agiles.
El
nuevo
Ministro
descartó
que
su
tarea
vaya
a
ser
una
enmienda
a la
totalidad
a la
gestión
de
Gallardón
y se
comprometió
a
definir
un
calendario
de
trabajo
de
esas
reformas
ante
el
escepticismo
de
los
grupos
parlamentarios
por
lo
ambicioso
de
su
propuesta
y la
falta
de
tiempo
para
acometer
esos
cambios.
Diálogo
y
consenso
en
las
reformas
esa
es
la
clave
que
Rafael
Catalá
proclama
en
todas
sus
intervenciones
públicas
como
lema
de
su
mandato
como
Ministro
de
Justicia.
En
la
tarde
de
ayer
en
su
primera
visita
al
Congreso
y a
su
Comisión
de
Justicia
volvió
a
reiterar
ese
compromiso
de
su
Departamento.
“Todos
sabemos
cuál
es
el
diagnóstico
de
la
justicia
y se
trata
de
incorporar
medios
y
reorganizar
mejor
los
recursos”,
apunto.
A
este
respecto
anunció
la
creación
inminente
de
282
plazas
judiciales
y de
otras
46
de
fiscales
para
que
los
actuales
jueces,
recién
salidos
de
la
Escuela
Judicial
y
sin
destino,
puedan
tener
por
fin
su
acomodo
y
trabajar
en
la
carrera
judicial.
Catalá
que
hizo
un
diseño
ambicioso
de
lo
que
espera
en
este
año
largo
como
Ministro
de
Justicia,
luego
puntualizó
en
el
turno
de
respuesta
de
manera
global
a
los
portavoces
de
los
partidos
políticos
sobre
lo
que
hará.
“En
reformas
como
la
LOPJ,
Código
Penal
y la
propia
LEC
habrá
que
acotar
los
cambios
y
consensuarlos”,
subrayó.
El
Ministró
anunció
lo
que
ya
sabíamos
que
se
creará
una
mesa
sectorial
para
analizar
las
tasas
judiciales
y su
impacto
y el
proyecto
de
ley
de
justicia
gratuita,
ahora
detenido
en
el
Parlamento
y
del
que
Catalá
espera
que
mejore
el
servicio
que
actualmente
se
presta
“Introduciremos
una
enmienda
en
los
Presupuestos
de
Justicia
para
que
vaya
una
partida
a
las
CCAA
con
competencias
en
justicia
y
así
puedan
sufragar
parte
del
gasto
del
nuevo
modelo
de
justicia
gratuita
que
ahora
impulsamos”,
recordó.
Catalá
mostró
su
preocupación
por
la
corrupción
y su
manera
de
combatirla
“es
política
del
Gobierno
no
escatimar
medios
en
la
lucha
contra
la
corrupción”
y
por
ello
el
Ministerio
de
Justicia
atendió
el
100%
de
las
solicitudes
de
refuerzo
de
órganos
jurisdiccionales,
con
un
coste
de
10,4
millones
de
euros.
En
definitiva,
se
aprobaron
el
100%
de
las
medidas
de
refuerzo
solicitadas
por
el
Consejo
General
del
Poder
Judicial
en
el
orden
penal
y la
Audiencia
Nacional
y
por
la
Fiscalía.
No
obstante,
admitió
que
“la
ciudadanía
se
siente
defraudada
ante
la
existencia
de
macroprocesos
que
se
alargan
años
sin
que
parezca
llegar
nunca
el
día
de
que
un
juez
dicte
sentencia
y
que,
cuando
ese
día
termina
llegando,
puede
sentirse
tentada
de
pensar
que
una
justicia
tardía
es
menos
justicia”.
En
este
sentido
anunció
una
reforma
parcial
de
la
LEC
buscando
en
la
manera
de
lo
posible
un
plazo
máximo
de
instrucción
que
se
ampliaría
en
función
del
proceso.
Mantener
partidos
judiciales
Durante
su
intervención,
el
ministro
se
mostró
partidario
de
mantener
la
estructura
actual
del
modelo
judicial
en
lo
relativo
a
demarcación,
al
señalar
que
en
unas
semanas
habrá
un
borrador
de
LOPJ
“mantendremos
los
partidos
judiciales
como
elementos
que
permiten
prestar
un
servicio
público
de
Justicia
desde
un
planteamiento
flexible”.
Eso
no
quiere
decir
que
no
se
vayan
a
introducir
las
mejoras
que
sean
necesarias
para
que
la
distribución
territorial
judicial
funcione
de
un
modo
más
eficaz
en
cuanto
al
tiempo
de
respuesta
al
ciudadano.
Para
ello
se
estudiará
cómo
racionalizar
el
reparto
de
las
cargas
de
trabajo
a
través
de
las
salas
de
Gobierno
de
los
Tribunales
Superiores
de
Justicia
y
los
jueces
decanos
en
coordinación
con
el
CGPJ.
Catalá
ha
recordado
que
por
primera
vez
en
esta
legislatura
los
presupuestos,
con
todos
los
programas
y
organismos
adscritos
al
Ministerio
de
Justicia,
experimentan
un
incremento
respecto
al
ejercicio
anterior
(1.599,49
millones
de
euros).
Ello
supone
un
aumento
del
1,3%
con
el
que
se
reforzarán
partidas
tan
importantes
como
la
de
justicia
gratuita,
la
lucha
contra
la
violencia
de
género
y la
asistencia
a
las
víctimas.
El
capítulo
que
más
incremento
experimenta
es
el
de
inversiones
que
contará
con
16
millones
más
hasta
situarse
en
77,5
millones,
de
los
que
más
de
59
se
destinarán
a la
modernización
tecnológica
de
la
Administración
de
Justicia
y
los
18
restantes
al
Plan
de
Infraestructuras
y
Equipamientos.
En
cuanto
a la
justicia
gratuita,
ha
apuntado
a
que
en
las
comunidades
competencia
del
Ministerio
su
presupuesto
se
ha
incrementado
un
2,3%
respecto
a
los
dos
años
anteriores
hasta
alcanzar
los
34,9
millones
de
euros.
La
financiación
del
mayor
número
de
beneficiarios
de
justicia
gratuita
se
abordará
directamente
en
los
presupuestos
para
que
mediante
convenios
con
las
comunidades
autónomas
se
garantice
la
prestación
del
servicio. | 
