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Dotar de
medios
a la
justicia,
tanto
materiales
como
humanos
así
como
cambios
legislativos
en
reforma
procesal
penal
o
Ley
del
Suelo
y
contratación
pública,
claves
de
esta
lucha
La
sociedad
española
atraviesa
por
una
situación
de
máxima
alarma
ante
las
continuas
noticias
sobre
casos
de
corrupción
política
que
nos
sobresaltan
en
los
últimos
tiempos.
Las
asociaciones
de
Jueces
y
Fiscales
no
pueden
permanecer
ajenas
a
esta
grave
situación
y
han
convenido
emitir
el
presente
comunicado,
apelando
a la
lealtad
institucional
y
sentido
del
deber
y
responsabilidad
constitucional
de
los
poderes
públicos
para,
de
una
vez
por
todas,
atajar
esta
situación.
Los
continuos
episodios
de
corrupción
política
que
han
visto
la
luz
en
los
últimos
tiempos
socavan
la
confianza
de
los
ciudadanos
en
nuestro
sistema
democrático
y
generan
un
evidente
riesgo
de
colapso
de
nuestro
Estado
de
Derecho.
En
este
contexto
Asociación
de
Jueces
y
Magistrados
Francisco
de
Vitoria;
Foro
Judicial
Independiente;
Jueces
para
la
Democracia
y
las
asociaciones
de
fiscales
Unión
Progresista
de
Fiscales
y
Asociación
Profesional
e
Independiente
de
Fiscales
han
suscrito
un
manifiesto
para
luchar
de
forma
clara
contra
la
corrupción
La corrupción
sigue
siendo
un
elemento
que
junto
al
paro
y la
crisis
económica
preocupa
a
todos
los
españoles.
Ya
nuestra
publicación
realizó
un
reportaje
entre
juristas
sobre
cómo
combatirla
http://goo.gl/ipQZZI
.
También
se
esperan
que
en
los
próximos
días,
Gobierno,
PSOE
y
otras
fuerzas
políticas
presenten
sus
medidas
para
frenar
esta
lacra
que
está
socavando
nuestra
convivencia
democrática.
Para los firmantes
de
este
manifiesto,
el
desarrollo
del
modelo
constitucional
de
Poder
Judicial
realizado
por
las
sucesivas
legislaturas
democráticas
ha
ido
pervirtiendo
el
modelo
de
separación
de
poderes
que
toda
Constitución
debe
salvaguardar,
tratando
los
partidos
políticos
-de
uno
y
otro
signo-
de
preservar
relevantes
facultades
de
control
sobre
quienes
eventualmente
tienen
el
deber
juzgarles.
Igualmente,
el
presupuesto
destinado
a
Justicia
dista
mucho
del
existente
en
países
de
nuestro
entorno.
La consecuencia
que
de
ambas
circunstancias
se
deriva
no
es
otra
que
el
debilitamiento
del
Poder
Judicial,
único
garante
de
corregir
las
desviaciones
de
poder,
que
con
escandalosa
frecuencia
avergüenzan
a la
sociedad
española.
Sin embargo,
la
responsabilidad
de
la
necesaria
regeneración
democrática
no
puede
recaer
en
exclusiva
en
la
Justicia
penal.
El Derecho
penal
es
una
herramienta
necesaria
e
ineludible
para
la
lucha
contra
la
corrupción,
si
bien
son
precisas
medidas
en
otros
ámbitos,
así
como
la
implicación
de
la
totalidad
de
los
poderes
públicos
del
Estado.
Por ello, las
asociaciones
firmantes
entienden
que
resulta
necesaria
la
adopción
de
las
siguientes
medidas
de
carácter
inmediato:
- Evitar
inaceptables
injerencias
del
poder
político
en
la
elección
de
los
integrantes
del
órgano
de
gobierno
del
Poder
Judicial.
- Incremento
inmediato
del
presupuesto
destinado
a
Justicia,
equiparando
el
número
de
Jueces
y
Fiscales
en
España
a la
media
europea.
- Dotación
de
medios
materiales
adecuados
a
los
funcionarios
públicos
con
competencias
en
la
lucha
contra
la
corrupción,
reforzando
especialmente
el
auxilio
de
los
órganos
judiciales
y
fiscales
que
investigan
causas
de
este
tipo
(unidades
de
Policía
Judicial,
de
auxilio
de
la
Agencia
Tributaria
y de
la
Intervención
General
del
Estado).
- Instauración
de
un
nuevo
modelo
procesal
penal,
apto
y
eficaz
para
combatir
las
formas
de
criminalidad
del
siglo
XXI
y,
especialmente,
los
complejos
casos
de
delincuencia
organizada
y
corrupción.
- Revisión
del
Código
Penal
a
fin
de
sancionar
como
delito
la
financiación
ilegal
de
partidos
políticos.
- Mejora de
la
eficacia
de
la
lucha
contra
el
fraude
fiscal,
con
el
consiguiente
incremento
de
medios
personales
y
materiales
en
la
inspección
de
la
Agencia
Tributaria.
- Reducción
del
número
de
aforados
en
el
ámbito
político
y
limitación
de
su
aforamiento
a
los
delitos
cometidos
en
el
ejercicio
del
cargo.
- Reforma de
la
Ley
del
Suelo
y de
las
leyes
que
regulan
la
contratación
pública
para
lograr
una
mayor
transparencia
en
su
ejecución. | 
