Valoran
positivamente
el
cambio
de
talante
del
Ministerio
aunque
advierten
que
hay
poco
tiempo
para
hacer
las
reformas
La llegada
de
Rafael
Catalá
al
Ministerio
de
Justicia
ha
mejorado
ostensiblemente
las
relaciones
entre
el
CGAE
y el
propio
Ministerio.
Después
de
tres
años
de
reuniones
improductivas
con
el
Ministro
Gallardon
que
pasará
a la
historia
por
el
Ministro
de
Justicia
con
menos
apoyos
dentro
de
los
operadores
jurídicos,
el
nuevo
titular
de
Parcent
ha
logrado
a
base
de
diálogo
y
numerosas
reuniones
acallar
las
protestas
por
la
senda
de
diálogo.
Reformas
parciales
en
la
LOPJ,
sin
cambios
excesivos
en
los
partidos
judiciales
y en
la
LEcrim,
reforma
procesal
penal
que
tenía
el
citado
Gallardón
olvidada,
más
la
introducción
de
la
prisión
permanente
revisable
en
el
Código
Penal
son
algunas
de
las
cuestiones
que
el
Ministro
se
propone
acometer.
En
su
diálogo
con
la
abogacía
aparecen
dos
escollos
importantes,
la
citada
Ley
de
Tasas
que
el
próximo
22
de
noviembre
cumplirá
dos
años
desde
su
promulgación
y la
futura
reforma
de
los
Servicios
y
Colegios
Profesionales
donde
la
mano
de
Luis
de
Guindos
parece
más
poderosa
que
la
de
Catalá.
En
este
mes
que
queda
antes
de
llegar
a
Navidades
se
aclarará
mucho
el
panorama
legislativo
en
nuestro
país.
Nadie
duda
que
las
posturas,
antes
irreconciliables,
entre
abogacía
y
Ministerio
han
encontrado
un
punto
de
encuentro.
Como
gesto
de
buena
voluntad
las
protestas
en
los
diferentes
colegios
de
abogados
han
cesado
de
momento,
pero
ahora
tanto
los
abogados
de
base
como
los
propios
que
configuran
el
CGAE
quieren
que
Justicia
pase
de
las
palabras
a
los
hechos.
Los
abogados
desean
una
justicia
sin
tasas,
medida
que
hasta
la
fecha
ha
recaudado
cerca
de
519
millones
pero
de
los
cuales
ni
un
euro
han
ido
a
parar
a la
Justicia
Gratuita,
tal
y
como
señala
el
artículo
once
de
la
citada
Ley
y
como
consejeros
como
Salvador
Victoria
pidieron
en
su
momento,
http://goo.gl/vgiM9E.
En este
momento,
a
falta
del
fallo
del
Tribunal
Constitucional
sobre
alguno
de
los
cinco
recursos
pendientes
sobre
las
tasas,
están
bastante
separadas.
El
Ministerio
desde
que
Catalá
asumió
su
jefatura
ofrece
un
ajuste
si
realmente
tras
los
informes
de
Hacienda
y
del
CGPJ
se
ha
vulnerado
el
acceso
a la
tutela
judicial
efectiva.
En
la
última
Sectorial
sobre
las
CCAA
se
volvió
a
insistir
en
ese
tema
http://goo.gl/DmTSN6
.Desde
el
CGAE,
el
propio
Carlos
Carnicer
no
se
ha
cansado
de
pedir
su
derogación
e
instaurar
medidas
que
ofrezcan
al
usuario
temerario
de
la
justicia
el
pago
del
servicio
si
se
demostrase
que
fue
así.
En medio
de
este
debate
se
ha
presentado
la
llamada
opción
catalana
que
entró
en
vigor
el
pasado
16
de
octubre
y
que
exonera
a
personas
físicas
y
pymes
del
pago
de
esas
tasas.
Las
afectarán
a
las
personas
jurídicas,
entraron
en
vigor
el
jueves
16
de
octubre,
según
estable
la
ORDEN
JUS/303/2014,
de
13
de
octubre.
La
Consejería
de
Justicia
de
Cataluña
considera
que
el
importe
de
las
tasas
-entre
un
mínimo
de
60
euros
y un
máximo
de
120
centradas
para
personas
jurídicas
en
los
ámbitos
civil
y
contencioso
administrativo.
Esta
es
una
solución
que
no
satisface
a
nadie
pero
que
podría
ser
un
punto
de
encuentro
entre
ambos
colectivos.
Desde el
CGAE
se
observa
con
prudencia
el
escenario
que
marca
Catalá
en
cuanto
a la
LOPJ,
reforma
parcial
que
conoceremos
en
la
próxima
semana
y
que
no
modificará
en
esencia
nuestros
partidos
judiciales
y de
la
LEcrim,
una
norma
del
siglo
XIX
que
por
sus
características
está
frenando
los
procesos
penales,
especialmente
las
grandes
causas.
Precisamente
Manuel
Marchena,
elegido
hace
unos
días
presidente
de
la
sala
Penal
del
Tribunal
Supremo,
fue
el
encargado
del
liderar
el
nuevo
borrador
de
esta
norma.
En
un
momento
de
escándalos
de
corrupción
a
diario,
Catalá
la
ha
rescatado
del
olvido
y
parece
que
tendrá
cambios
para
agilizar
esos
procesos
con
tantos
imputados.
Pugna
entre
Economía
y
Justicia
Para algunos
consejeros
del
CGAE
con
los
que
hemos
hablado
en
estos
días,
la
llegada
de
Catalá
ha
sido
muy
bien
recibida,
sin
embargo
ven
con
preocupación
la
mano
del
Ministerio
de
Economía
y
Competitividad
en
dos
reformas
claves,
la
de
la
Justicia
Gratuita,
que
pretende
derogar
la
ley
de
1995
y
que
ha
sido
rechazada
tanto
por
los
propios
abogados
como
por
los
grupos
parlamentarios,
al
eliminar
elementos
claves
como
el
de
la
territorialidad
o
ampliar
el
grupo
de
benefactores
de
este
servicio
sin
una
dotación
económica
extra
para
las
propias
CCAA.
Y la
reforma
de
los
Servicios
y
Colegios
Profesionales,
donde
esa
reforma
tan
intervencionista
que
reduce
las
cuotas
de
los
colegios
a la
mínima
expresión
podría
suponer
que
muchos
de
ellos
desaparecieran,
http://goo.gl/4Ak2uF.
Tanto
Justicia
como
el
resto
de
los
operadores
jurídicos
son
conscientes
que
los
cambios
en
nuestra
justicia
deben
ser
inmediatos.
El
Ministro
Catalá
en
un
ejercicio
de
realismo
ya
ha
comentado
aquellos
temas
que
son
prioritarios
y en
los
que
la
abogacía
debe
tener
un
papel
importante
tanto
en
las
ideas
que
puedan
aportar
como
en
el
desarrollo
posterior
de
las
citadas
reformas.
Esta
es
la
clave,
según
todos
los
implicados
para
pasar
de
una
justicia
del
XIX
a
otra
del
siglo
XXI
donde
la
interoperabilidad
sea
un
elemento
clave.
Es
el
momento
de
reorganizar
nuestra
administración
de
otra
forma
más
racional
aprovechando
los
recursos
existentes.
A
este
respecto
es
digno
de
elogio
el
comentario
de
Carnicer,
presidente
de
los
abogados
sobre
nuestros
jueces.
“Ahora
se
crean
282
plazas
pero
hace
dos
años
el
Ministro
Gallardón
expulsó
a
1200
de
la
carrera,”
en
alusión
a
los
jueces
y
fiscales
sustitutos,
colectivo
del
que
seguimos
su
problemática
injusta.
Es
decisivo
para
las
reformas
este
mes
que
queda
antes
de
llegar
a
Navidad.
En
este
espacio
de
tiempo
se
concretarán
muchas
medidas. |