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Preocupación en el CGAE por las tasas judiciales y  la reforma de la Ley de Servicios Profesionales en su diálogo con Justicia
MADRID, 10 de NOVIEMBRE de 2014 - LAWYERPRESS / Luisja Sánchez
 

Valoran positivamente el cambio de talante del Ministerio aunque advierten que hay poco tiempo para hacer las reformas

La llegada de Rafael Catalá al Ministerio de Justicia ha mejorado ostensiblemente las relaciones entre el CGAE y el propio Ministerio. Después de tres años de reuniones improductivas con el Ministro Gallardon que pasará a la historia por el Ministro de Justicia con menos apoyos dentro de los operadores jurídicos, el nuevo titular de Parcent ha logrado a base de diálogo y numerosas reuniones acallar las protestas por la senda de diálogo. Reformas parciales en la LOPJ, sin cambios excesivos en los partidos judiciales y en la LEcrim, reforma procesal penal que tenía el citado Gallardón olvidada, más la introducción de la prisión permanente revisable en el Código Penal son algunas de las cuestiones que el Ministro se propone acometer. En su diálogo con la abogacía aparecen dos escollos importantes, la citada Ley de Tasas que el próximo 22 de noviembre cumplirá dos años desde su promulgación y la futura reforma de los Servicios y Colegios Profesionales donde la mano de Luis de Guindos parece más poderosa que la de Catalá. En este mes que queda antes de llegar a Navidades se aclarará mucho el panorama legislativo en nuestro país.

Nadie duda que las posturas, antes irreconciliables, entre abogacía y Ministerio han encontrado un punto de encuentro. Como gesto de buena voluntad las protestas en los diferentes colegios de abogados han cesado de momento, pero ahora tanto los abogados de base como los propios que configuran el CGAE quieren que Justicia pase de las palabras a los hechos. Los abogados desean una justicia sin tasas, medida que hasta la fecha ha recaudado cerca de 519 millones pero de los cuales ni un euro han ido a parar a la Justicia Gratuita, tal y como señala el artículo once de la citada Ley y como consejeros como Salvador Victoria pidieron en su momento, http://goo.gl/vgiM9E.

En este momento, a falta del fallo del Tribunal Constitucional sobre alguno de los cinco recursos pendientes sobre las tasas, están bastante separadas. El Ministerio  desde que Catalá asumió su jefatura ofrece un ajuste si realmente tras los informes de Hacienda y del CGPJ se ha vulnerado el acceso a la tutela judicial efectiva.  En la última Sectorial sobre las CCAA se volvió a insistir en ese tema   http://goo.gl/DmTSN6 .Desde el CGAE, el propio Carlos Carnicer no se ha cansado de pedir su derogación e instaurar medidas que ofrezcan al usuario temerario de la justicia el pago del servicio si se demostrase que fue así.

En medio de este debate se ha presentado la llamada opción catalana que entró en vigor el pasado 16 de octubre y que exonera a personas físicas y pymes del pago de esas tasas. Las  afectarán a las personas jurídicas, entraron en vigor el jueves 16 de octubre, según estable la ORDEN JUS/303/2014, de 13 de octubre. La Consejería de Justicia de Cataluña considera que el importe de las tasas -entre un mínimo de 60 euros y un máximo de 120 centradas para personas jurídicas en los ámbitos civil y contencioso administrativo. Esta es una solución que no satisface a nadie pero que podría ser un punto de encuentro entre ambos colectivos.

Desde el CGAE se observa con prudencia el escenario que marca Catalá en cuanto a la LOPJ, reforma parcial que conoceremos en la próxima semana y que no modificará en esencia nuestros partidos judiciales y de la LEcrim, una norma del siglo XIX que por sus características está frenando los procesos penales, especialmente las grandes causas. Precisamente Manuel Marchena, elegido hace unos días presidente de la sala Penal del Tribunal Supremo, fue el encargado del liderar el nuevo borrador de esta norma. En un momento de escándalos de corrupción a diario, Catalá la ha rescatado del olvido y parece que tendrá cambios para agilizar esos procesos con tantos imputados.

 

Pugna entre Economía y Justicia

Para algunos consejeros del CGAE con los que hemos hablado en estos días, la llegada de Catalá ha sido muy bien recibida, sin embargo ven con preocupación la mano del Ministerio de Economía y Competitividad en dos reformas claves, la de la Justicia Gratuita, que pretende derogar la ley de 1995 y que ha sido rechazada tanto por los propios abogados como por los grupos parlamentarios, al eliminar elementos claves como el de la territorialidad o ampliar el grupo de benefactores de este servicio sin una dotación económica extra para las propias CCAA. Y la reforma de los Servicios y Colegios Profesionales, donde esa reforma tan intervencionista que reduce las cuotas de los colegios a la mínima expresión podría suponer que muchos de ellos desaparecieran, http://goo.gl/4Ak2uF.

Tanto Justicia como el resto de los operadores jurídicos son conscientes que los cambios en nuestra justicia deben ser inmediatos. El Ministro Catalá en un ejercicio de realismo ya ha comentado aquellos temas que son prioritarios y en los que la abogacía debe tener un papel importante tanto en las ideas que puedan aportar como en el desarrollo posterior de las citadas reformas.  Esta es la clave, según todos los implicados para pasar de una justicia del XIX a otra del siglo XXI donde la interoperabilidad sea un elemento clave. Es el momento de reorganizar nuestra administración de otra forma más racional aprovechando los recursos existentes.  A este respecto es digno de elogio el comentario de Carnicer, presidente de los abogados sobre nuestros jueces. “Ahora se crean 282 plazas pero hace dos años el Ministro Gallardón expulsó a 1200 de la carrera,” en alusión a los jueces y fiscales sustitutos, colectivo del que seguimos su problemática injusta.  Es decisivo para las reformas este mes que queda antes de llegar a Navidad. En este espacio de tiempo se concretarán muchas medidas.

 

 

 

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