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Los expertos
coinciden
en
la
importancia
de
estos
informes
en
esta
jurisdicción
 La Asociación
de
Peritos
Colaboradores
con
la
administración
de
justicia
de
la
Comunidad
Valenciana,
la
Asociación
Española
Multidisciplinar
de
Investigación
sobre
Interferencias
Parentales
(ASEMIP)
y el
Colegio
de
Abogados
de
Valencia
resaltaron
durante
una
jornada
celebrada
en
la
Ciudad
de
la
Justicia
sobre
"Pericial
Psicológica
en
Procesos
de
Familia"
la
problemática
compleja
y
controvertida
en
estos
procesos.
Sobre
la
mesa
varias
cuestiones:
¿Los
profesionales
intervinientes
en
el
proceso
de
ruptura
protegen
el
interés
superior
del
menor?
y
¿hasta
qué
punto
las
pruebas
psicológicas
periciales
cumplen
las
expectativas?
"Si estamos
aquí
es
porque
queremos
aportar
soluciones
a
esta
situación.
Constatamos
que
un
alto
porcentaje
de
las
pruebas
periciales
psicológicas
que
se
realizan
actualmente
no
satisfacen
a
las
partes
implicadas",
dijo
Mª
Jesús
Ferreiro,
presidenta
de
Asociación
de
Peritos
Colaboradores
con
la
administración
de
justicia
de
la
Comunidad
Valenciana.
La
falta
de
tiempo
para
evaluar
adecuadamente
la
situación
del
niño
y la
de
los
padres,
la
complejidad
de
las
familias
actuales,
los
cambios
sociales,
legales
y la
intervención
de
la
Administración
en
cuestiones
que
antes
se
solucionaban
privadamente,
son
parte
del
problema.
La creación
de
los
gabinetes
psicosociales
adscritos
a
algunos
juzgados
de
familia
que
se
pusieron
en
marcha
en
1983
para
colaborar
en
la
realización
de
estos
informes
psicológicos
están
actualmente
desbordados.
"La
sobrecarga
de
trabajo
conlleva
que
sus
informes
se
dilaten
en
el
tiempo
lo
que
provoca
que
algunas
situaciones
se
enquisten
generando
problemas
psicológicos
mayores",
apunta
Ferreiro.
Según
se
puso de manifestó
en
el
encuentro
hay
informes
que
tardan
un
año
en
emitirse
lo
que
gangrena
las
problemáticas
familiares
siendo
en
algunos
casos
de
difícil
reversión.
Amparo
Cabrera,
especialista
en
psicología
clínica,
recordó
cuáles
eran
los
principales
a
los
que
acudir
para
obtener
un
informe
pericial
que
permitirá
posteriormente
al
juez
resolver
cuestiones
como
el
régimen
de
visitas,
la
custodia,
pensiones,
atribución
del
domicilio
conyugal
e
incluso
quién
se
queda
con
la
patria
potestad.
"Por
un
lado
están
los
equipos
psicosociales,
gratuitos,
adscritos
a un
juzgado
determinado;
y
por
otro
el
sistema
tradicional,
es
decir
recurrir
a un
perito
judicial
designado
por
el
juez,
al
que
se
ven
abocados
los
que
no
tienen
este
servicio
en
su
municipio
o
quieren
informes
más
exactos
de
su
situación".
Sin embargo
esta
clase
de
informes
periciales
privados
se
encuentra
con
barreras.
"En
algunos
casos,
hemos
llegado
a
escuchar
que
estos
informes
satisfacen
a
quien
los
ha
pagado,
lo
que
invalidaría
su
objetividad",
tal
como
apuntó
Olga
Beltrán,
vocal
de
ASEMIP,
insistiendo
en
la
necesidad
imperiosa
de
lograr
la
igualdad
en
el
tratamiento
de
la
pericia.
Luis Ignacio
Arego,
abogado
y
presidente
de
la
sección
de
Derecho
de
Familia
del
Colegio
de
Abogados
de
Valencia
manifestó
que
"el
menor
debería
dejar
de
ser
protagonista
en
estos
casos
e
incluso
no
participar
en
un
escenario
que
seguramente
le
dejará
una
huella
en
su
crecimiento".
La
solución,
según
Arego,
pasa
por
que
los
protocolos
sirvan
para
dotar
a la
prueba
de
las
necesarias
garantías;
y
este
protocolo
no
es
para
mejorar
el
funcionamiento
de
los
E.P.
propiamente
dichos,
sino
la
manera
o
método
de
realizar
sus
informes.
Mª Paz
Antón,
vicepresidenta
de
ASEMIP,
concluyó
la
jornada
,
resaltando
la
necesidad
de
reformas
puntuales
tanto
en
la
L.E.
Procesal
Civil,
en
cuanto
que
no
contiene
regulación
alguna
sobre
los
informes
psicosociales,
cómo
en
relación
al
Código
Penal,
a
fin
de
que
se
incluya
el
tipo
o
falta
,
que
tipifiquen
situaciones
de
hecho
donde
los
menores
se
encuentran
totalmente
desprotegidos
y al
amparo
exclusiva
de
uno
de
sus
progenitores,
tal
como
explico
la
ponente,
vocal
de
ASEMIP,
Asimismo,
resalto
la
exigencia
imperiosa
de
la
formación
de
todos
los
profesionales
intervinientes
en
el
proceso
de
ruptura,
unido
a
la
implantación
de
protocolos
de
actuación
en
todas
las
Comunidades
Autónomas
con
respecto
a la
actuación
de
los
equipos
psicosociales
en
los
procesos
de
ruptura,
determinando
tanto
el
papel
de
los
psicólogos,
como
la
actuación
de
los
trabajadores
sociales
adscritos
a
los
gabinetes
psicosociales,
con
el
fin
de
ofrecer
las
garantías
procesales
necesarias
para
proteger
al
menor
y
evitando
con
ello
resoluciones
no
ajustadas
a la
realidad
en
la
que
se
desenvuelven
los
menores
día
a
día,
donde
se
ven
privados
de
mantener
una
relación
con
uno
de
sus
progenitores,
y
además
de
obstaculizarse
la
relación
con
otros
parientes
cercanos,
como
los
abuelos.. | 
