JUSTICIA

A partir del 1 de enero no se renovará esa póliza que tiene una antigüedad de cuatro años. Las asociaciones judiciales, molestas con esta medida. “ que les desprotege frente a demandas de terceros” tomada por la Comisión Permanente sin consultar a estas entidades

Nuevo conflicto entre el CGPJ y las asociaciones judiciales a la vista. Hemos sabido por declaraciones del presidente del órgano de dirección de nuestros jueces que este organismo a partir del 31 de diciembre dejará de suscribir el seguro de responsabilidad civil que desde el 2010 se veía contratando a nivel colectivo. Desde el CGPJ, que ya se da por definitiva esa decisión, se esgrime el último informe del Tribunal de Cuentas sobre este organismo donde se habla del citado seguro aunque no se invita a suprimirlo. Esta decisión, tomada sin consultar con las asociaciones judiciales, ha hecho que hayamos hablado con ellas. Todos sus portavoces muestran su rechazo a la medida y coinciden en que esta medida, en un contexto de litigiosidad máxima puede provocar problemas directos de los jueces si los ciudadanos tienen a bien reclamar cualquier hecho culposo que hubiera surgido. Nuestros jueces, sin plan de prevención de riesgos laborales en los juzgados, mal pagados y sobrecargados de trabajo, vuelven a poner en entredicho el papel del CGPJ a punto de cumplir un año de vida.

Pablo Llarena presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, quien a través de su Comité Nacional expuso hace unos días un comunicado sobre esta medida de la supresión del seguro colectivo de responsabilidad civil para los jueces http://goo.gl/kjc5du  Desde su punto de vista: “En modo alguno el Tribunal de Cuentas recomienda que se deje de suscribir este tipo de pólizas y en cuanto a la conveniencia de suscribirla esta situación deriva del hecho que un juez debe estar cubierto por el citado seguro a nivel de responsabilidad. Si no lo está existe la posibilidad de presionar al juez”, comenta. Desde su punto de vista con esta medida la capacidad de decidir con sosiego y libertad se ve disminuida. “Este tipo de pólizas la tienen administraciones locales, CCAA y el propio Estado, el Ministerio de Hacienda tiene este seguro para sus inspectores”. De hecho casi todos los funcionarios disponen de este tipo de póliza cuando solo es el Estado quien les puede reclamar.

Pese a que el informe del tribunal de cuentas es de 25 de julio y su publicidad, presentándose en el Congreso fue a finales de octubre, llama la atención que la decisión del CGPJ de no renovar ese seguro a partir del próximo 1 de enero fue tomada con cierta celeridad “ Puesto que el tribunal de cuentas señala que la cuestión es controvertida, antes de posicionarse el propio CGPJ en una de las dos opciones, lo lógico hubiera sido oír a las asociaciones judiciales pulsando así la voluntad de los jueces los propios afectados por este asunto.” Llarena advierte que la APM presentará un informe jurídico de los argumentos que apoyan la posibilidad del mantenimiento de este seguro a la propia Comisión Permanente del CGPJ. “Los jueces que asumimos mayor riesgo podemos recibir reclamaciones tanto del Estado como de cualquier particular.

También desde la Asociación Francisco de Vitoria la medida ha caído como un jarro de agua fría. Esta entidad que iniciaba ayer su XXIX Asamblea Nacional en Burgos hasta el próximo 15 de noviembre. Su portavoz nacional, Marcelino Sexmero lo califica de canallada. “No nos ha oído el CGPJ, igual que cuando se instauró hubo una reunión entre las asociaciones y este organismo, lo lógico es que hubiera pasado lo mismo en su supresión”, comenta.  Para este jurista el hecho es grave porque la medida la ha tomado la Comisión Permanente sin contar con el Pleno donde había vocales que discrepaban de esa medida.” Tampoco entendemos las prisas, el Tribunal de Cuentas no ha dicho que sea ilícito e ilegal, lo que sí decía es que la gestión era mejorable. Pero no se arregla suprimiéndolo”.

Desde esta asociación se habla de agravio comparativo cuando se señala que inspectores de Hacienda, guardias civiles, policías, secretarios judiciales tienen seguro colectivo. “Los únicos funcionarios con responsabilidad civil directa no tenemos este seguro. Esa era la justificación del citado seguro que dentro de mes y medio se va a suprimir.” De hecho en los otros casos citados es la administración quien responde, salvo en temas penales y disciplinarios de ese funcionamiento anormal.” apunta. En su opinión, esta medida es una más que cercena los derechos e independencia de los propios jueces. Esta Asociación se plantea recurrir esta medida que considera abusiva. “Muchos nos borrarnos de nuestro seguro individual al contar con el colectivo del CGPJ, ahora al incorporarnos de nuevo perdemos nuestros derechos adquiridos y tendremos que pagar más dinero de póliza”, comenta.

Una medida desacertada

Joaquín Bosch, portavoz nacional de Jueces para la Democracia, califica de desacertada esta medida tomada por el CGPJ sin consultar a las partes implicadas. “En ningún momento el Tribunal de Cuentas se ha inclinado por la supresión del mismo. Lo que recomendaba es que esa contratación se hiciera de la mejor manera posible”. Para esta entidad, este seguro es un elemento que fortalece la independencia del poder judicial. “En un momento como el actual, con juzgados sobrecargados cualquier error del juez ya no va a quedar cubierta por la citada póliza de seguro, al igual que ocurre con la práctica totalidad de los empleados públicos. Ahora seremos los únicos funcionarios que no tengamos ese seguro”, apunta. Desde esta asociación aun se tenía la esperanza de la revocabilidad de la decisión, que ya hemos sabido que se mantiene inmóvil, por aquellos vocales que discrepan de la citada decisión.  “Se ha precipitado el CGPJ en su decisión pese a que el Tribunal de Cuentas pedía un análisis profundo de la gestión del citado seguro”, subraya.

Desde Foro Judicial Independiente un duro comunicado antes del Congreso Nacional celebrado en Pamplona y que elegía a Conrado Gallardo como nuevo presidente de esta asociación, recordaba en la medida arbitraria del CGPJ en un momento en el que los jueces son los únicos funcionarios públicos con responsabilidad directa.” E sta asociación lamenta comprobar que, una vez más, la prioridad del Consejo General del Poder Judicial no es la defensa de la independencia judicial y los legítimos derechos de los Jueces y Magistrados españoles. Por desgracia, nuestro órgano de gobierno ni defiende la vigencia de la póliza hasta tanto se reforme el régimen de responsabilidad civil directa, ni reclama siquiera la eliminación de este tipo de discriminación, al tiempo de tomar la decisión de dejar de suscribir la póliza.”

Y es que desde este colectivo de magistrados se suscribe el discurso sobre el CGPJ de órgano ineficaz y politizado. “Nada distinto cabía esperar de un órgano que, como hemos denunciado reiteradamente, no representa a los Jueces y Magistrados a los que gobierna, sino a los intereses políticos y partidistas que están detrás del nombramiento de sus integrantes. Puesto en la tesitura de tener que asumir un desgaste político por defender la independencia de los Jueces y Magistrados de nuestro país, la respuesta del Consejo General del Poder Judicial ha sido la de inhibirse y presentar casi como un “acto reglado” esta decisión, cuando en modo alguno ello se corresponde con la realidad,” señalan. En  este contexto desde Foro Judicial Independiente  se reitera la necesidad de que se proceda a una urgente reforma del régimen de responsabilidad civil directa de los Jueces y Magistrados, ahora especialmente justificada, siendo éste uno de los puntos que nos comprometemos a defender en la siguiente reunión de trabajo que esperamos mantener en próximas fechas con el Ministerio de Justicia.

En opinión de estas asociaciones consultadas, no es tanto el dinero que tendrán que pagar jueces y magistrados de sus bolsillos, si antes el CGPJ lograba buenos precios al hacer una oferta de contratación global para los más de 5000 jueces españoles, ahora las gestiones individuales encarecerán el producto. “El CGPJ pagaba cerca de 30 euros por magistrado al año, es posible que a nosotros nos coste seis veces más” indica el presidente de la APM. Para este jurista no es tanto el dinero como una cuestión de consideración profesional de las dificultades de los jueces con su trabajo. “Siempre habrá problemas entre tantos asuntos y los jueces no acumulan dinero para poder responder a las consecuencias de este sistema”, apunta. Sexmero recuerda que un juez en instrucción tiene 7000  pleitos al año lo que supone alguna posibilidad que se le interponga una demanda civil con el coste que ello supone “te obliga a presentarte con un abogado y procurador que fijarán su provisión de fondos en función de la cuantía que se reclame.” A su juicio, el problema se solucionaría si se eliminase la responsabilidad directa de los jueces, como pasa con otros funcionarios.