El mayor
escollo
que
se
ha
de
salvar
es
el
de
la
cesión
de
datos
de
carácter
personal,
pues
los
relacionados
con
Violencia
de
Género
son
de
altísima
protección.
Es habitual
que
cualquier
ciudadano
pueda
solicitar
los
servicios
de
un
Detective
Privado
para
tratar
de
localizar
a su
ex
pareja,
o
sus
hijos,
de
los
que
desconoce
el
domicilio
habitual,
o el
centro
de
enseñanza
al
que
acuden,
en
ocasiones
no
comunicado,
debido
a
las
desavenencias
surgidas
en
la
pareja
alegando
haber
perdido
contacto,
en
el
primer
caso,
o
verificar
si
se
atienden
diligentemente
los
deberes
de
guardia
y
custodia
de
los
hijos
en
el
segundo,
caso
de
intervención
habitual
de
los
Detectives
Privados.
Pues
bien,
del
hecho
derivado
de
carecer
de
los
mecanismos
necesarios
para
poder
constatar
si
sobre
dicho
ciudadano
existe
una
denuncia
o
pesa
una
orden
de
alejamiento
el
Detective
puede
ofrecer
una
valiosa
información
a un
maltratador
(el
posible
cliente),
de
ahí
que
en
muchos
casos
se
opte
por
rechazar
dichos
encargos
profesionales,
privando
de
la
realización
de
tales
investigaciones
a
los
que
legítimamente
podrían
optar
a
ella.
Además, todo
ello
se
agrava
en
el
caso
de
que
dicho
cliente
sea
una
persona
extranjera
pues
la
posibilidad
de
poder
verificar
la
existencia
de
una
denuncia
o
una
medida
de
protección
es
todavía
más
difícil.
Por esa razón,
los
Detectives
Privados
llevan
años
solicitando
colaboración
ante
situaciones
en
las
que
una
persona
que
tiene
una
orden
de
alejamiento
de
su
pareja
pueda
contratar
los
servicios
de
los
Detectives
Privados
para
tratar
de
localizarla,
o
con
la
excusa
de
verificar
la
correcta
atención
de
los
hijos
y
que
podamos,
desconociendo
que
dicho
cliente
está
bajo
sospecha,
facilitarle
la
información
demandada,
pudiéndose
producir
una
situación
de
altísimo
riesgo.
Con este preámbulo
se
concebía
la
jornada
que
tuvo
lugar
el
pasado
día
13
de
noviembre
en
el
Centro
Riojano
de
Madrid
y
que
contó
con
la
presencia
de
la
Presidenta
del
Observatorio
contra
la
Violencia
de
Género
y
Doméstica,
Ángeles
Carmona.
A
ella
le
acompañaban
como
ponentes,
Mª
Jesús
López
Chacón,
Magistrada-Juez
del
Juzgado
de
Violencia
sobre
la
Mujer
nº 1
de
Arganda
del
Rey;
Ana
Mª
Galdeano
Santamaría,
Fiscal
Decana
de
Violencia
contra
la
Mujer
de
la
Fiscalía
Provincial
de
Madrid;
Javier
Galván
Ruiz,
Inspector
Jefe
del
Cuerpo
Nacional
de
Policía,
Jefe
de
la
sección
operativa
de
Colaboración
de
la
Unidad
Central
de
Seguridad
Privada;.
Matilde
Sánchez
Andrés,
Inspectora
del
Cuerpo
Nacional
de
Policía,
responsable
de
la
Unidad
de
Prevención,
Asistencia
y
Protección
a
las
Víctimas
de
Violencia
de
Género
–
UPAP
Central;
y
Gemma
Zurita
García,
Detective
Privado,
vocal
de
la
junta
directiva
y
delegada
en
Andalucía
occidental
de
la
APDPE.
Además, recientes
colaboraciones
realizadas
a
través
del
Cuerpo
Nacional
de
Policía
han
dado
extraordinarios
resultados,
llegando
a
evitar
el
secuestro
de
unos
menores
y
ampliando
el
contenido
de
una
orden
de
alejamiento.
Con todas las
intervenciones
se
evidenció
la
gran
voluntad
existente
por
parte
de
todos
los
profesionales,
tanto
en
aportar
su
trabajo
y
contribuir
a
esa
necesaria
colaboración
como
en
buscar
los
medios
en
que
la
misma
se
produzca
con
todas
las
garantías
legales
necesarias.
Es por ello
que
se
ha
incidido
en
el
especial
momento
legislativo
en
el
que
nos
encontramos,
en
el
que
se
está
elaborando
el
Reglamento
de
Seguridad
Privada,
la
tramitación
de
la
Ley
de
Seguridad
Ciudadana
y la
revisión
de
la
actual
Ley
de
protección
integral
contra
la
Violencia
de
Género,
que
tiene
ya
diez
años.
Sin embargo,
parece
ser
que
el
mayor
escollo
que
se
ha
de
salvar
es
el
de
la
cesión
de
datos
de
carácter
personal,
pues
los
relacionados
con
Violencia
de
Género
son
de
altísima
protección.
En
un
momento
de
la
jornada
parecía
que
la
Ley
de
protección
de
datos
era
un
obstáculo
insalvable,
que
hacía
plantearse
que
se
situaba
este
derecho
fundamental
al
mismo
nivel
que
el
derecho
a la
vida,
desde
el
momento
en
que
se
sitúa
como
un
impedimento
para
llevar
a
cabo
la
colaboración
solicitada,
que
impediría
o,
al
menos,
pondría
en
alerta
sobre
la
persona
que
está
intentando
localizar
a su
expareja
o a
sus
hijos.
Afortunadamente,
la
Presidenta
del
Observatorio
contra
la
Violencia
de
Género
y
Doméstica
dio
un
poco
de
luz
ante
tal
panorama.
Sugirió
la
posibilidad
de
realizar
algún
tipo
de
convenio
de
colaboración
en
el
que
se
estableciera
la
forma
de
gestionar
la
cesión
de
datos,
por
un
lado,
y la
aportación
de
otros
nuevos,
eso
sí,
basando
todo
ello
en
la
especialización
y
formación
de
los
profesionales
que
voluntariamente
deseen
suscribirse
a
ese
convenio
de
colaboración.
Se inicia
ahora
la
siguiente
fase,
con
un
reto
por
delante
pero
con
los
ingredientes
necesarios
para
llegar
a un
convenio
de
colaboración
que
permita
aprovechar
la
información
que
nos
llega,
de
una
forma
habitual,
a
los
despachos
de
Detectives
Privados.
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