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A final de
año
el
Ministro
Catalá
valorará
en
función
de
los
informes
de
AEAT
y
CGPJ
sobre
el
posible
ajuste
de
las
tarifas
de
las
mismas
 Este 20 de
Noviembre,
nostálgico
para
muchos,
es
también
recordatorio
de
la
entrada
en
vigor
de
la
Ley
de
Tasas,
una
de
las
normas
más
polémicas
de
los
últimos
años.
Concebida
por
el
Ministro
saliente
Alberto
Ruiz-Gallardón
como
un
elemento
para
sufragar
la
Justicia
gratuita
y
frenar
la
litigiosidad,
las
tasas
se
han
convertido
en
un
obstáculo
para
el
acceso
a la
justicia
y,
por
ende,
al
derecho
a la
tutela
judicial
efectiva.
En
este
contexto
la
voz
de
la
abogacía,
especialmente
a
través
de
sus
Colegios
de
Abogados
y de
la
abogacía
de a
pie,
englobada
en
la
llamada
“Brigada
Tuitera”,
no
ha
dejado
de
reclamar
la
abolición
de
esta
medida.
La
llegada
hace
dos
meses
de
Rafael
Catalá
a la
cartera
de
Justicia
ha
abierto
la
posibilidad
del
diálogo
entre
Justicia
y
CGAE.
Sin
embargo,
el
citado
Ministro
ya
ha
dejado
claro
que
su
intención
es
ajustar
la
tarifa
de
las
tasas
y no
tanto
derogarlas.
Este
es
el
resumen
de
dos
años
con
Tasas
Judiciales
en
un
contexto
incierto
en
cuanto
a su
futuro.
Curiosamente
salvo
los
eventos
de
la
citada
Brigada
Tuitera
este
año,
http://goo.gl/FdJNAf,
no
hay
actividades
reivindicativas
en
los
83
Colegios
de
Abogados
de
España
aunque
CEAJ,
la
abogacía
joven,
sí
ha
anunciado
una
concentración
frente
al
propio
Ministerio
de
Justicia
en
la
capital
de
España
al
filo
del
mediodía
de
hoy.
Este
jueves
entrevistaremos
a
Carlos
Carnicer,
presidente
del
CGAE,
con
el
que
hablaremos
de
la
justicia
en
general
y de
las
tasas
en
particular.
Si hay un
elemento
que
ha
unido
a
los
operadores
jurídicos
en
estos
dos
años
últimos
ha
sido
la
pelea
por
la
supresión
de
las
tasas
judiciales.
Todavía
recordamos
aquel
21
de
noviembre
en
Plaza
Castilla
cuando
bajo
la
pancarta
compartían
confidencias
y
reivindicaciones
Carlos
Carnicer,
presidente
del
CGAE,
Sonia
Gumpert,
decana
del
ICAM
y
magistrados
como
José
Luis
González
Armengol,
en
aquel
momento
juez
decano
de
Madrid
y
Joaquín
Bosch,
portavoz
nacional
de
la
Asociación
de
Jueces
para
la
Democracia
http://goo.gl/5MekJU
.
Curiosamente
un
par
de
meses
después
Francia,
nuestro
país
vecino
eliminaba
estas
tasas,
35
euros
por
persona
física
por
haber
detectado
que
penalizaba
a
las
personas
más
vulnerables
e
impedía
el
acceso
a la
justicia.
Sin
embargo
pese
a
las
buenas
relaciones
entre
ambos
países
el
por
aquel
entonces
Ministro
de
Justicia,
Alberto
Ruiz-Gallardón,
hizo
caso
omiso
a la
iniciativa
de
nuestros
vecinos
galos
sobre
este
espinoso
asunto.
En este intervalo
de
tiempo
muchas
voces
se
han
alzado
para
que
el
Tribunal
Constitucional
dictaminase
con
celeridad
sobre
los
diferentes
recursos
interpuestos
respecto
a
las
tasas.
El
propio
Eugeni
Gay,
exvicepresidente
de
este
Tribunal
lo
confesaba
en
un
foro
abierto,
http://goo.gl/TpRTQt.
Ahora
lo
que
los
expertos
reclaman
es
mayor
celeridad
al
Constitucional,
para
analizar
los
diversos
recursos
pendientes.
Esa
celeridad
se
pide
también
para
esos
recursos
de
inconstitucionalidad
interpuestos
por
el
Gobierno
de
Canarias,
la
Diputación
General
de
Aragón,
la
Generalitat
de
Cataluña,
la
Junta
de
Andalucía
y el
Grupo
Parlamentario
Socialista.
También
hay
que
añadir
las
cuestiones
de
inconstitucionalidad
que
han
planteado
Juzgados
de
lo
Social,
de
Primera
Instancia
y la
Sala
de
lo
Contencioso
Administrativo
de
la
Audiencia
Nacional.
Además,
la
Sala
Cuarta
del
Tribunal
Supremo
ha
adoptado
un
acuerdo
no
jurisdiccional
que
establece
la
no
exigencia
de
tasas
judiciales
al
trabajador,
sindicatos,
beneficiario
de
la
Seguridad
Social,
funcionario
o
personal
estatuario
en
recursos
de
suplicación
y
casación.
 Nuestra publicación
se
ha
hecho
eco
de
todas
las
protestas
que
se
han
suscitado
por
las
tasas
judiciales.
Un
abogado
laboralista
de
Vigo,
Fabián
Valero
ha
encabezado
una
protesta
de
recogida
de
firmas
desde
la
plataforma
change.org
para
frenar
esta
iniciativa,
http://goo.gl/AQbeMv.
Ahora
las
25.000
firmas
se
han
superado
y la
solidaridad
frente
a
este
tema
sigue
candente.
La
Plataforma
Justicia
para
Todos
que
engloba
a
juristas,
sindicatos
y
consumidores
hacia
publico
un
duro
manifiesto
hace
un
año
pidiendo
la
derogación
de
las
tasas,
http://goo.gl/rWrOnh.
Este
pasado
verano,
las
asociaciones
del
Turno
de
Oficio
y
los
abogados,
organizados
a
través
del
movimiento
en
Internet
denominado
Brigada
Tuitera
salían
a la
calle
y se
manifestaban
ante
el
Ministerio
de
Justicia,
http://goo.gl/xuKLIu.
Con
posterioridad,
una
semana
después
las
Juntas
de
Gobierno
de
los
83
Colegios
de
Abogados
se
manifestaban
en
el
centro
de
Madrid
pidiendo
la
eliminación
de
las
tasas
y
criticando
duramente
el
modelo
de
Justicia
del
citado
Gallardón,
http://goo.gl/yIrLNC.
Al mismo tiempo
las
reuniones
de
los
mencionados
Carnicer,
Rusca
y
Gumpert
a
nivel
parlamentario
han
sido
numerosas.
Se
trataba
de
explicar
al
Parlamento
y a
nuestros
diputados
la
importancia
de
esta
medida
y
cómo
estaba
influyendo
en
el
derecho
de
acceso
a la
tutela
judicial
efectiva
de
los
ciudadanos.
Según
datos
de
junio
del
2013
del
CGPJ
la
tasas
habían
generado
un
descenso
de
los
asuntos
del
13
por
ciento
en
los
civiles,
del
20
por
cien
en
los
contencioso
administrativo
y
del
2%
en
el
penal
con
un
ligero
repunte
en
la
jurisdicción
social.
Respecto
a la
recaudación
de
las
tasas
se
estima
en
512
millones
de
euros
tras
dos
años
de
su
entrada
en
vigor.
Por
ejercicios,
en
diciembre
de
2012
se
ingresaron
8.775.000
euros;
en
2013
fueron
316.536.000
euros;
y de
enero
a
julio
de
2014
ya
se
han
recaudado
187.157.000
euros.
Sin
embargo
pese
a
que
el
artículo
11
de
la
citada
Ley
de
Tasas
hablaba
de
que
ese
dinero
iría
a
la
Justicia
Gratuita,
eso
no
ha
sido
así
pese
a
exigencias
como
la
del
Consejero
Salvador
Victoria,
de
Justicia
y
Presidencia
de
la
Comunidad
de
Madrid,
http://goo.gl/fm4oju.
Catalá
cambia
el
talante
 La fecha del
pasado
24
de
septiembre,
es
clave
para
la
reciente
historia
jurídica.
Mientras
en
el
Congreso
de
los
Diputados
asistíamos
a un
debate
sobre
las
tasas,
a
raíz
de
una
proposición
no
de
ley
del
PSOE
para
su
abolición,
los
periodistas
recibíamos
un
mensaje
de
urgencia
para
que
acudiéramos
al
Ministerio
de
Justicia.
En
poco
más
de
media
hora,
Alberto
Ruiz-Gallardón
dimitía
según
el
por
no
haber
logrado
convertir
la
reforma
de
la
interrupción
del
embarazo
en
proyecto
de
ley.
Con
un
espacio
de
veinticuatro
horas,
la
ministra
Ana
Pastor
le
puso
al
presidente
Rajoy
la
solución;
Rafael
Catalá,
secretario
de
Estado
de
infraestructuras
y
conocedor
de
la
justicia
porque
en
el
periodo
2002-4
fue
Secretario
de
Estado
de
Justicia
con
José
Maria
Michavila,
ministro
del
ramo
en
aquel
momento.
Catalá ha
cambiado
el
talante
en
las
relaciones
entre
el
Ministerio
y
los
operadores
jurídicos.
En
menos
de
dos
meses
se
ha
reunido
con
todos
los
interlocutores
del
sector
y
establecido
una
mesa
de
trabajo
con
el
propio
Carnicer
para
ahondar
en
el
tema
de
las
tasas
judiciales
y en
la
Justicia
Gratuita,
otra
reforma
compleja
que
de
avanzar
en
el
Parlamento
podría
dejar
a
muchos
ciudadanos
necesitados
fuera
del
servicio.
En
su
comparecencia
primera
en
el
Congreso
para
señalar
su
hoja
de
ruta
de
reformas,
Catalá
se
encontró
con
la
oposición
frontal
del
resto
de
las
fuerzas
parlamentarias
sobre
las
tasas,
http://goo.gl/jMGpkj.
Sin
embargo,
su
discurso
hasta
la
fecha
ha
sido
el
mismo:
“Vamos
a
valorar
el
impacto
de
las
tasas
con
los
informes
del
CGPJ
y
Hacienda
y si
es
un
obstáculo
para
el
acceso
a la
justicia
haremos
un
ajuste”,
ha
comentado
en
todas
sus
intervenciones,
la
última
en
la
Conferencia
Sectorial
entre
Ministerio
y
CCAA,
http://goo.gl/dxRDcw.
El futuro,
es,
por
tanto
incierto
para
las
tasas
judiciales
en
una
fecha
en
la
que
en
muchas
ciudades
españolas
se
repetirán
manifestaciones
y
convocatorias
frente
a
esta
medida
impuesta
hace
dos
años
y
que
hasta
la
fecha
ha
recaudado
512
millones
de
euros.
A
nadie
se
le
escapa
que
todo
cambiaría
si
en
este
escenario
descrito
el
Tribunal
Constitucional
tomara
en
consideración
alguno
de
esos
recursos
de
los
que
hemos
hablado
y
declarase
la
Ley
de
Tasas
contraria
a
los
derechos
fundamentales.
En
ese
contexto,
las
tasas
tendrían
que
ser
derogadas
por
ir
contra
el
derecho
a la
tutela
judicial
efectiva.
Pero
no
es
seguro
la
intervención
de
este
Tribunal
sabiendo
de
su
lentitud.
Las
llamadas
tasas
catalanas
que
gravan
solamente
a
las
personas
jurídicas,
podría
ser
una
solución,
http://goo.gl/akZtBx,
pero
a
día
de
hoy
no
gusta
a
nadie.
Es,
el
momento
de
la
negociación
entre
el
CGAE
y
Justicia
para
impulsar
las
reformas
del
Ministro
Catalá,
limitadas
por
el
final
de
la
legislatura
a
algunos
cambios
en
la
reforma
de
la
LOPJ;
en
la
propia
Lecrim
para
agilizar
algunos
macroprocesos
y en
el
Código
Penal,
donde
la
prisión
permanente
revisable
no
gusta
nadie.
Estaremos
pendientes
de
los
cambios
que
se
generen. |
