Con el hashtag
"2anystaxesno"
se
anima
de
mandar
situaciones
de
abuso
que
esté
generando
la
aplicación
de
las
citadas
tasas
En
este
20N
que
ayer
vivimos
en
el
ICAB
hubo
actividad
intensa.
Con
motivo
del
segundo
aniversario
de
la
entrada
en
vigor
de
la
Ley
de
tasas
judiciales
estatales,
el
decano
del
Colegio
de
Abogados
de
Barcelona,
Oriol
Rusca;
la
diputada
de
la
Junta
de
Gobierno
del
ICAB
responsable
de
la
Comisión
de
Relaciones
con
la
Administración
y la
Justicia,
Eva
Pous
i
Raventós
y la
vocal
de
la
Comisión
de
Normativa
Hipotecaria
del
Colegio,
Verónica
Dávalos,
explicaron
el
agravio
que
comporta
para
los
ciudadanos
la
aplicación
de
las
tasas
judiciales
estatales.
El
acto
contó
también
con
la
asistencia
de
los
diputados
de
la
Junta
de
Gobierno
del
ICAB,
Josep
Llàcer,
Lara
Foncillas
y
Carme
Adell.
En
la
rueda
de
prensa
participó
también
el
ciudadano
Cristóbal
Gil,
para
exponer
su
caso
personal
sobre
las
cláusulas
abusivas
que
le
han
impedido
acceder
a
los
tribunales,
a
razón
de
las
tasas.
Este
es
uno
más
de
los
muchos
ejemplos
que
evidencian
la
imposibilidad
de
acudir
a
los
tribunales
a
raíz
de
las
tasas
judiciales.
Y es
que
para
poder
interponer
un
recurso
ante
los
tribunales
se
pueden
llegar
a
pagar,
en
determinados
casos,
hasta
un
máximo
de
3.000
euros.
Por
este
motivo,
el
Colegio
de
Abogados
de
Barcelona
inició
la
semana
pasada
una
campaña
en
Twitter
con
el
hashtag
"2anystaxesno"
para
que
los
ciudadanos
y
abogados
expresen
su
rechazo
a
las
tasas
judiciales
estatales.
Esta
campaña
se
suma
a
las
realizadas
por
el
propio
Colegio
y
otras
entidades
en
estos
2
años
de
tasas
-con
los
hashtag,
"stoptasasjudiciales",
"stoptaxesjudicials",
"20nstoptaxes"
- y
que
han
recibido
más
de
3.800
tuits.
Para
que
esta
acción
no
quede
en
el
olvido,
el
decano
del
Colegio
de
Abogados
de
Barcelona
ha
hecho
un
llamamiento
para
conseguir
a lo
largo
del
día
una
avalancha
de
tuits
para
combatir
las
tasas
judiciales
y
que
el
hasgtag
"2anystaxesno"
se
convierta
en
trending
topic.
Oriol
Rusca
y
Eva
Pous
i
Raventós
también
explicaron
que
"en
el
Informe
sobre
el
Estado
de
la
Justicia
2014
elaborado
por
el
ICAB
y
presentado
el
pasado
13
de
octubre
se
establecía
que
un
68
por
ciento
de
los
abogados
que
participaron
en
la
encuesta
realizada
por
el
Colegio
afirmaba
haber
tenido
algún
supuesto
entre
sus
clientes
de
renuncia
a la
interposición
de
una
acción
judicial
como
consecuencia
de
la
ley
de
tasas
estatal”.
El
Colegio
también
ha
denunciado
que
la
implantación
de
la
tasa
se
ha
hecho
en
ámbitos
de
familia
y en
la
jurisdicción
social,
donde
ni
en
época
preconstitucional
-donde
también
existió
la
tasa
judicial-
se
había
aplicado.
Por
eso
el
decano
de
los
abogados
de
Barcelona
ha
pedido
al
ministro
Catalá
que
detenga
esta
injusticia,
ya
que
el
gobierno
estatal
ha
aprobado
una
multiplicidad
de
decretos-ley
en
materias
que
ha
entendido
que
eran
de
extraordinaria
y
urgente
necesidad.
Rusca
también
ha
recordado
que
el
Tribunal
Constitucional
tiene
pendiente
de
resolver
los
recursos
y
cuestiones
planteados
en
relación
a
las
tasas
judiciales.
Desde
esta
corporación
también
se
ha
alertado,
que
la
situación
es
tan
dramática
como
para
que
recientemente
el
Comité
de
Derechos
Humanos
de
la
ONU
haya
cuestionado
que,
con
las
tasas
judiciales,
se
pueda
decir
que
se
está
garantizando
el
derecho
a un
juicio
justo.
Desde
el
Colegio
de
Abogados
de
Barcelona
finalmente
también
se
ha
criticado,
que
la
imposición
de
la
tasa
judicial
no
haya
comportado
ninguna
de
las
mejoras
que
estaban
previstas
por
el
Ministerio
de
Justicia.
Así
por
ejemplo,
se
preveía
que
se
conseguiría
evitar
el
colapso
los
juzgados;
pero
la
realidad
es
que
son
las
entidades
financieras
y
las
aseguradoras
las
que
generan
la
mayoría
de
la
carga
de
trabajo
en
los
tribunales.
También
se
preveía
invertir
la
recaudación
de
las
tasas
para
garantizar
la
financiación
de
la
justicia
gratuita.
Pero
la
recaudación
inicial
prevista
por
el
ministerio
de
justicia
no
se
ha
alcanzado
y
tampoco
se
ha
hecho
efectiva
ninguna
inversión.
Por
ello,
el
Colegio
continúa
trabajando
para
conseguir
la
derogación
de
la
Ley
de
tasas
judiciales
estatales
y
espera
que
el
compromiso
del
ministro
Catalá
que
se
mostró
en
su
día
muy
receptivo
y
dialogante
a
las
peticiones
del
ICAB
se
cumpla.
Catalá
en
sus
diferentes
comparecencias
públicas
y en
una
reunión
a
puerta
cerrada
con
el
decano
del
ICAB
se
comprometió
a
estudiar
fórmulas
para
modificar
esta
Ley,
tan
injusta
para
los
ciudadanos
y
las
pequeñas
y
medianas
empresas.
Acciones
realizadas
en
estos
2
años
de
lucha
El
ICAB
se
reunió
hace
más
de
un
año
con
el
ministro
Alberto
Ruiz-Gallardón
y
fue
uno
de
los
primeros
colegios
de
abogados
que
pudo
expresar
al
ministro
de
Justicia,
Rafael
Catalá,
el
malestar
de
la
abogacía
por
la
aplicación
de
esta
medida.
Hay
que
recordar
también
que
hace
un
año
la
Junta
del
Colegio
se
manifestó
ante
la
Ciudad
de
la
Justicia
y
escenificó
bajo
el
lema
"un
año
de
luto,
un
año
de
tasas"
el
funeral
de
la
justicia.
El
objetivo
de
esta
iniciativa
fue
la
de
intentar
concienciar
a la
sociedad
que
los
principales
perjudicados
por
la
aplicación
de
las
tasas
judiciales
son
los
ciudadanos,
porque
ven
privado
su
derecho
a
reclamar
justicia
ante
los
tribunales.
También
para
evidenciar,
que
esta
tasa
no
es
recuperable
por
los
ciudadanos
en
caso
de
que
los
tribunales
les
den
la
razón,
y ni
siquiera
se
la
pueden
desgravar
como
sí
lo
pueden
hacer
las
empresas. |