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JUSTICIA

 
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidirá sobre la querella presentada contra Mas por la Fiscalía
MADRID, 24 de NOVIEMBRE de 2014 - LAWYERPRESS
 

La Fiscalía Superior de Cataluña presentó este viernes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña una querella criminal contra el Presidente de la Generalitat, Artur Mas, la Vicepresidenta del Gobierno, Joana Ortega,  y la Consejera de Educación, Irene Rigau, para que se investigue la presunta comisión de los siguientes delitos: Prevaricación administrativa continuada del art. 404 y 74.1 del Código Penal. Desobediencia grave cometido por autoridades públicas del art. 410 del Código Penal, Usurpación de funciones u obstrucción a la Justicia cometido por Autoridad o funcionario público del art. 508.1 del Código Penal Y Malversación de caudales públicos de los arts. 432 y 433 del Código Penal.  La Fiscalía solicita al Tribunal Superior que admita a trámite la querella y que nombre magistrado instructor. Si se aceptasen a trámite  el TSJC designaría un instructor que se encargaría de investigar a los querellados. Pero si se acuerda la inadmisión, la decisión del tribunal autonómico sólo es recurrible en súplica, es decir, ante los mismos magistrados. La ley no prevé la revisión de la inadmisión por el Tribunal Supremo.

En la querella, de 30 folios,  se relata que el pasado domingo 9 de noviembre se celebró en Cataluña, así como en otras ciudades situadas fuera del territorio nacional, una consulta planificada, auspiciada y financiada por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña. Dicha convocatoria se articuló a través de la página web www.participa2014.cat  que ha servido de órgano institucional de referencia, en el que se animaba a los ciudadanos a participar en la consulta. Esta convocatoria, denominada proceso de participación, había sido suspendida, y así se recuerda en el escrito, por el Tribunal Constitucional (TC) reunido en Pleno el 4 de noviembre.

La querella afirma que: “El Gobierno de la Generalidad, personado como parte en dicho proceso, y conocedor de sus obligaciones, desplegó sin embargo una conducta incompatible con el contenido de dicha resolución, pues el proceso prosiguió hasta su consumación del día 9 de noviembre de 2014. En los actos de impulso han participado de manera personal y directa los querellados”.

El Fiscal considera que: “”El Gobierno de la Generalitat (...) con el único y exclusivo fin de eludir el control jurisdiccional que hasta entonces se lo había obstaculizado, adoptó una nueva estrategia: la de impulsar el mismo proceso mediante actos jurídicos no formalizados y actos materiales de impulso, estableciendo una vía de comunicación con la ciudadanía por medio de la página web institucional www.participa2014.cat”.

La querella relata diversas actuaciones del Gobierno encaminadas todas ellas a la celebración del mencionado proceso de participación ciudadana, como por ejemplo la existencia de la ya citada página web, mantenida activa en todo momento, así como la elaboración por parte de internos de un Centro Penitenciario de las papeletas de votación, así como la distribución de urnas asignadas a los respectivos centros de votación. Los presos desarrollaron voluntariamente jornadas  de doce horas de trabajo tanto el sábado 18 de octubre como el domingo 19 de octubre, urgidos por el Gobierno autonómico. El 30 de octubre el Gobierno exigió, vía correo electrónico, a las emisoras de radio privadas que emiten en Cataluña y a las cadenas privadas de televisión con sede en esa Comunidad que difundieran gratuitamente los anuncios de la campaña informativa de la consulta.

La víspera del 9 de noviembre se franqueó el acceso a un número no determinado de Institutos de enseñanza media, Colegios y centros oficiales dependientes de la Generalitat.

La Generalitat de Cataluña ha incurrido igualmente en gasto de fondos  públicos al poner a disposición de la realización de la consulta suspendida funcionarios públicos y al cuerpo de los Mossos d´Esquadra.

Igualmente, una empresa de mensajería distribuyó buzón por buzón la propaganda electoral con la que el Gobierno autonómico pretendía animar a los ciudadanos catalanes exhortándoles a pronunciarse “sobre el futuro político de nuestro país” el 9 N.

La cuantificación del dinero público gastado en la preparación y ejecución de la consulta suspendida deberá ser objeto de esclarecimiento en el procedimiento judicial.

El querellado Artur Mas, en el momento de depositar su voto, hizo constar ante los medios de comunicación que el responsable de la jornada era él mismo y su gobierno. Asimismo, ese día la querellada Joana Ortega compareció en varias ocasiones de manera oficial en su calidad de Vicepresidenta del Gobierno para dar cuenta ante los medios de comunicación de los datos de participación y resultados del procesos suspendido.

El conjunto de esas decisiones y actos jurídicos y materiales llevados a cabo por el Gobierno de la Generalidad han producido, a juicio de la Fiscalía, la completa ineficacia de los mandatos  de suspensión cautelar contenidos en las providencias dictadas por el TC los días 29 de septiembre y 4 de noviembre de 2014.

 

 

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