La Fiscalía
Superior
de
Cataluña
presentó
este
viernes
ante
el
Tribunal
Superior
de
Justicia
de
Cataluña
una
querella
criminal
contra
el
Presidente
de
la
Generalitat,
Artur
Mas,
la
Vicepresidenta
del
Gobierno,
Joana
Ortega,
y la
Consejera
de
Educación,
Irene
Rigau,
para
que
se
investigue
la
presunta
comisión
de
los
siguientes
delitos:
Prevaricación
administrativa
continuada
del
art.
404
y
74.1
del
Código
Penal.
Desobediencia
grave
cometido
por
autoridades
públicas
del
art.
410
del
Código
Penal,
Usurpación
de
funciones
u
obstrucción
a la
Justicia
cometido
por
Autoridad
o
funcionario
público
del
art.
508.1
del
Código
Penal
Y
Malversación
de
caudales
públicos
de
los
arts.
432
y
433
del
Código
Penal.
La
Fiscalía
solicita
al
Tribunal
Superior
que
admita
a
trámite
la
querella
y
que
nombre
magistrado
instructor.
Si
se
aceptasen
a
trámite
el
TSJC
designaría
un
instructor
que
se
encargaría
de
investigar
a
los
querellados.
Pero
si
se
acuerda
la
inadmisión,
la
decisión
del
tribunal
autonómico
sólo
es
recurrible
en
súplica,
es
decir,
ante
los
mismos
magistrados.
La
ley
no
prevé
la
revisión
de
la
inadmisión
por
el
Tribunal
Supremo.
En la querella,
de
30
folios,
se
relata
que
el
pasado
domingo
9 de
noviembre
se
celebró
en
Cataluña,
así
como
en
otras
ciudades
situadas
fuera
del
territorio
nacional,
una
consulta
planificada,
auspiciada
y
financiada
por
el
Gobierno
de
la
Generalidad
de
Cataluña.
Dicha
convocatoria
se
articuló
a
través
de
la
página
web
www.participa2014.cat
que
ha
servido
de
órgano
institucional
de
referencia,
en
el
que
se
animaba
a
los
ciudadanos
a
participar
en
la
consulta.
Esta
convocatoria,
denominada
proceso
de
participación,
había
sido
suspendida,
y
así
se
recuerda
en
el
escrito,
por
el
Tribunal
Constitucional
(TC)
reunido
en
Pleno
el 4
de
noviembre.
La querella
afirma
que:
“El
Gobierno
de
la
Generalidad,
personado
como
parte
en
dicho
proceso,
y
conocedor
de
sus
obligaciones,
desplegó
sin
embargo
una
conducta
incompatible
con
el
contenido
de
dicha
resolución,
pues
el
proceso
prosiguió
hasta
su
consumación
del
día
9 de
noviembre
de
2014.
En
los
actos
de
impulso
han
participado
de
manera
personal
y
directa
los
querellados”.
El Fiscal
considera
que:
“”El
Gobierno
de
la
Generalitat
(...)
con
el
único
y
exclusivo
fin
de
eludir
el
control
jurisdiccional
que
hasta
entonces
se
lo
había
obstaculizado,
adoptó
una
nueva
estrategia:
la
de
impulsar
el
mismo
proceso
mediante
actos
jurídicos
no
formalizados
y
actos
materiales
de
impulso,
estableciendo
una
vía
de
comunicación
con
la
ciudadanía
por
medio
de
la
página
web
institucional
www.participa2014.cat”.
La querella
relata
diversas
actuaciones
del
Gobierno
encaminadas
todas
ellas
a la
celebración
del
mencionado
proceso
de
participación
ciudadana,
como
por
ejemplo
la
existencia
de
la
ya
citada
página
web,
mantenida
activa
en
todo
momento,
así
como
la
elaboración
por
parte
de
internos
de
un
Centro
Penitenciario
de
las
papeletas
de
votación,
así
como
la
distribución
de
urnas
asignadas
a
los
respectivos
centros
de
votación.
Los
presos
desarrollaron
voluntariamente
jornadas
de
doce
horas
de
trabajo
tanto
el
sábado
18
de
octubre
como
el
domingo
19
de
octubre,
urgidos
por
el
Gobierno
autonómico.
El
30
de
octubre
el
Gobierno
exigió,
vía
correo
electrónico,
a
las
emisoras
de
radio
privadas
que
emiten
en
Cataluña
y a
las
cadenas
privadas
de
televisión
con
sede
en
esa
Comunidad
que
difundieran
gratuitamente
los
anuncios
de
la
campaña
informativa
de
la
consulta.
La víspera
del
9 de
noviembre
se
franqueó
el
acceso
a un
número
no
determinado
de
Institutos
de
enseñanza
media,
Colegios
y
centros
oficiales
dependientes
de
la
Generalitat.
La Generalitat
de
Cataluña
ha
incurrido
igualmente
en
gasto
de
fondos
públicos
al
poner
a
disposición
de
la
realización
de
la
consulta
suspendida
funcionarios
públicos
y al
cuerpo
de
los
Mossos
d´Esquadra.
Igualmente,
una
empresa
de
mensajería
distribuyó
buzón
por
buzón
la
propaganda
electoral
con
la
que
el
Gobierno
autonómico
pretendía
animar
a
los
ciudadanos
catalanes
exhortándoles
a
pronunciarse
“sobre
el
futuro
político
de
nuestro
país”
el 9
N.
La cuantificación
del
dinero
público
gastado
en
la
preparación
y
ejecución
de
la
consulta
suspendida
deberá
ser
objeto
de
esclarecimiento
en
el
procedimiento
judicial.
El querellado
Artur
Mas,
en
el
momento
de
depositar
su
voto,
hizo
constar
ante
los
medios
de
comunicación
que
el
responsable
de
la
jornada
era
él
mismo
y su
gobierno.
Asimismo,
ese
día
la
querellada
Joana
Ortega
compareció
en
varias
ocasiones
de
manera
oficial
en
su
calidad
de
Vicepresidenta
del
Gobierno
para
dar
cuenta
ante
los
medios
de
comunicación
de
los
datos
de
participación
y
resultados
del
procesos
suspendido.
El conjunto
de
esas
decisiones
y
actos
jurídicos
y
materiales
llevados
a
cabo
por
el
Gobierno
de
la
Generalidad
han
producido,
a
juicio
de
la
Fiscalía,
la
completa
ineficacia
de
los
mandatos
de
suspensión
cautelar
contenidos
en
las
providencias
dictadas
por
el
TC
los
días
29
de
septiembre
y 4
de
noviembre
de
2014. |