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OPINION

Día Internacional contra la Violencia de Género

 
Violencia de Género: ¿Prohibir sin regular la Mediación Penal?
MADRID, 25 de NOVIEMBRE de 2014 - LAWYERPRESS

Por Silvia Landa Ocón. Abogada y Mediadora. Experta Universitaria en Criminología

Silvia Landa OcónCon ocasión del Día Internacional contra la Violencia de Género y de los diez años de la norma que se ocupa de la protección integral de las víctimas, quisiera plantear una cuestión: ¿es posible y conveniente la mediación en estos supuestos?

Para ello, en primer lugar, me referiré al concepto de violencia de género; en segundo lugar, al marco legal actual en relación con la mediación; en tercer lugar, a mencionar las tesis a favor y en contra de permitir la mediación en este ámbito y en último lugar, a unas breves conclusiones al respecto.

1.- Concepto de violencia de género.

Desde un punto de vista normativo encontramos la definición de violencia de género en la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género[1], en concreto en su artículo 1º  como  toda “violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia”.

Concepto diferente a violencia doméstica en el ámbito familiar, en el que la agresión física o psicológica está dirigida a las personas del entorno familiar o doméstico del autor o autora, con la exigencia de que vivan bajo el mismo techo. La diferencia básica entre los dos conceptos se encuentra en la autoría del delito, pues en este caso ya no se trata estrictamente de una agresión hombre-mujer, sino que cualquier miembro de la familia o del entorno de convivencia puede ser autor y/o víctima del mismo.

2.- Marco normativo de la mediación en el ordenamiento jurídico.

Si atendemos a la mediación penal, observamos que no se encuentra regulada en nuestro ordenamiento jurídico, con la salvedad de menores infractores, a los que se aplica la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores[2]. Y que la única mención que se hace de ella es precisamente para excluirla en los supuestos de violencia de género, en aplicación del artículo 44.5º [3]de la Ley 1/2004, al introducir el artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

3.- Tesis a favor y en contra de incorporar la mediación penal en este ámbito.

En contra: la base de esta exclusión se encuentra en los colectivos que ven que la mediación puede suponer un retroceso en la lucha contra la violencia de género, manifestando que sería perpetuar la situación de control y de dominio del agresor frente a la víctima.

Igualmente, muchas de las críticas se basan en las relaciones asimétricas existentes entre las partes, así como que el consentimiento de la víctima podría estar viciado, al no ser asumida de forma voluntaria, sino más bien dado bajo presión o miedo.

Asimismo exponen que no satisfacen los fines de la prevención general.

A favor: otro sector se muestra favorable a que no se excluya en todos los supuestos de violencia de género, siendo que lo haría depender de las circunstancias concurrentes y en especial de la voluntad de la víctima y del tipo de delito cometido.

Entre las circunstancias concurrentes, se deberá valorar si se entiende que puede resultar un beneficio para la víctima, así como la situación psicológica en la que se encuentra.

Respecto a la voluntad de la víctima: se sostiene que no en todos los supuestos de violencia de género existe una situación de asimetría, como por ejemplo cuando nos encontramos ante un episodio ocasional.

Y por último, en función de los tipos penales: de forma que lo excluyen en los delitos de violencia habitual (art. 173.2º del Código Penal), lesiones graves (art. 148 C.P.) o amenazas graves (art. 169 C.P.), al entender que efectivamente la voluntad y el consentimiento de la víctima podrían estar viciados, mientras que lo dejan abierto a aquellos otros como podrían ser el delito de maltrato (art. 153 C.P.), amenazas leves (art. 171.4º C.P.) o faltas de injurias y vejaciones (art.620 C.P.).

4.- Mis conclusiones.

Si atendemos a la Exposición de Motivos de la Ley 1/2004 observamos que dice: “La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”.

Con la exclusión de la mediación penal en todos los supuestos, aún sin conocer y escuchar a la mujer víctima de la violencia de género ¿acaso el legislador no adopta una papel paternalista, eliminado la libertad y capacidad de decisión de estas mujeres, tomando la decisión por ellas, perpetuando la situación?.

A mi juicio, debiera:

1º.- Eliminarse dicha prohibición, debiendo dejarse a la valoración de cada caso. Lo mismo podría decirse respecto a la prohibición de aproximación[4].

2º.- Escucharse a la víctimas (de todas las infracciones penales), devolviendo a éstas la palabra en los procedimientos judiciales, más allá de para recoger su testimonio como un mero medio de prueba.

3º.- Dar el protagonismo del procedimiento a las víctimas, con posibilidad de exponer qué les haría sentirse reparadas, ya que posiblemente poco tendrá que ver con la que está prevista en el Código Penal, evitando la victimización secundaria, donde se sienten culpables por la situación en la que se encuentra el agresor tras interponer la denuncia. Bien lo sabemos los abogados que trabajamos en este campo.

3º.- Dotar a la Administración de Justicia de los recursos necesarios para la intervención profesional especializada en víctimas (Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito, etc,…), que pudieran trabajar para dotar a éstas de los recursos y estrategias para afrontar la situación y prepararlas, si así lo desean, para poder iniciar un proceso de mediación, con profesionales formados en la materia.

4º.- Potenciarse, para favorecer la responsabilidad de los agresores por sus conductas y hacerles conscientes de las consecuencias que éstas han tenido en sus víctimas, favoreciendo que dichos comportamientos no se repitan.

5º.- Incorporarse la resolución pacífica de los conflictos en los planes de estudio, a fin de que desde edades tempranas los niños tengan habilidades para afrontarlos desde el diálogo y no desde la violencia, como base de la prevención, así como en el respeto a los derechos y libertades y en la igualdad entre hombres y mujeres, valores recogidos en el art. 4 de la Ley 1/2004[5].

“Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres”  Pitágoras


 

[1] Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de 2004 (B.O.E. 29/12/2004).

[2] Ley Orgánica 5/2000, de 5 de enero (B.O.E. 13/01/2000).

[3] 5. “En todos estos casos está vedada la mediación”.

[4] Castillejo Manzanares, Raquel, Torrado Tarrío, Cristina y Alonso Salgado, Cristina (Revista de Mediación Año 4, nº 7, Mayo 2011).

[5]Artículo 4 Principios y valores del sistema educativo: 1. El sistema educativo español incluirá entre sus fines la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. Igualmente, el sistema educativo español incluirá, dentro de sus principios de calidad, la eliminación de los obstáculos que dificultan la plena igualdad entre hombres y mujeres y la formación para la prevención de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos.

2. La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en la infancia el aprendizaje en la resolución pacífica de conflictos.

3. La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en el alumnado su capacidad para adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos y para comprender y respetar la igualdad entre sexos.

4. La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.

5. El Bachillerato y la Formación Profesional contribuirán a desarrollar en el alumnado la capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral, que les permita actuar de forma responsable y autónoma y para analizar y valorar críticamente las desigualdades de sexo y fomentar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

6. La Enseñanza para las personas adultas incluirá entre sus objetivos desarrollar actividades en la resolución pacífica de conflictos y fomentar el respeto a la dignidad de las personas y a la igualdad entre hombres y mujeres.

7. Las Universidades incluirán y fomentarán en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en igualdad de género y no discriminación de forma transversal.

 

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