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Defiende la
batería
de
medidas
presentadas
por
el
presidente
Rajoy
este
jueves
que
agravan
las
penas
de
inhabilitación
y se
aumentan
los
plazos
de
prescripción
de
los
delitos
relacionados
con
corrupción.
 Intensa
mañana
la
del
nuevo
Ministro
de
Justicia,
Rafael
Catalá
este
martes
dos
de
diciembre.
Si a
primera
hora
de
la
mañana
se
convertía
en
protagonista
absoluto
de
los
“Desayunos
de
Europa
Press”,
foro
en
el
que
un
personaje
invitado
ofrece
una
exposición
y
luego
se
somete
a
las
preguntas
de
los
asistentes,
con
posterioridad
acudía
ante
la
Comisión
de
Justicia
del
Senado,
para
analizar
algunos
de
los
aspectos
más
relevantes
de
la
hoja
de
ruta
de
las
reformas
que
ya
tiene
marcada
en
su
agenda.
En
síntesis
se
tratan
de
retoques
permitan
adecuar
la
reforma
de
la
Ley
de
Enjuiciamiento
Criminal
(LECrim)
y el
Proyecto
de
Ley
Orgánica
del
Poder
Judicial
(LOPJ)
para
hacer
más
próxima
la
Justicia
al
impulsar
un
servicio
cercano,
ágil
que
pueda
poner
freno
a la
corrupción.
Catalá
que
defendió
las
medidas
del
presidente
Rajoy
para
luchar
contra
la
misma
corrupción
dejó
claro
que
en
el
tema
tasas
judiciales
no
hay
novedades.
Ni
siquiera
la
Comision
Mixta
formada
entre
Justicia
y el
CGAE
ha
servido
para
desbloquear
el
tema.
Catalá
piensa
en
un
ajuste
a la
baja
siempre
que
se
demuestre
que
se
vulneran
los
derechos
de
los
ciudadanos
y el
CGAE;
ya
nos
lo
conto
el
presidente
Carlos
Carnicer
el
pasado
20N
http://goo.gl/F9IzTo
fecha
del
segundo
aniversario
de
esta
Ley
de
Tasas
piensa
en
su
derogación
inmediata.
Una de las
cuestiones
que
más
le
preocupa
al
Ministro
de
Justicia
es
la
situación
de
la
planta
judicial.
Hay
un
45
por
cien
que
supera
cualquier
carga
de
trabajo
normal
y
otra
que
no
llega
ni a
la
media
de
su
capacidad.
Con
objeto
de
arreglar
esta
situación
para
que
ningún
ciudadano
resulte
perjudicado
en
cuanto
a
los
tiempos
de
respuesta
de
los
órganos
judiciales
se
establecerán
nuevos
criterios
para
el
reparto
provincial
de
asuntos
sin
que
desaparezcan
los
partidos
judiciales.
Así,
cuando
un
juzgado
supere
el
máximo
de
la
carga
de
trabajo
prevista,
con
la
finalidad
de
evitar
retrasos
y
demoras,
se
repartirán
los
asuntos
a
otros
próximos
con
carga
inferior.
Catalá señaló,
además,
la
importancia
de
adecuar
la
plantilla
judicial
a
las
necesidades
reales
de
los
ciudadanos.
En
este
sentido
ha
recordado
que,
según
el
reciente
informe
de
la
Comisión
Europea
para
la
Eficacia
de
la
Justicia,
España
tiene
11,2
jueces
por
cada
100.000
habitantes
lo
que
nos
sitúa
en
torno
a la
media
europea;
muy
cerca
de
Holanda
(14,4),
Bélgica
(14,3),
Suecia
(11,8)
y
por
delante
de
otros
países
como
Noruega
(11),
Francia
(10,7),
Italia
(10,6)
o
Reino
Unido
(4).
Se
sabe
que
se
van
a
aprobar
282
plazas
judiciales
de
jueces
que
están
en
expectativa
de
destino
pero
el
Ministro
sigue
sin
desvelar
qué
va a
pasar
con
los
jueces
sustitutos.
Un colectivo
maltrecho
por
los
poderes
públicos
que
hace
dos
años
llegaron
a
ser
el
20
de
la
plantilla
y el
30
por
cien
de
las
resoluciones
y
que
ahora
malvive
en
una
lista
donde
se
les
exige
disponibilidad
pero
ningún
derecho.
Llama
mucho
la
atención
que
sea
el
propio
Carlos
Carnicer
quien
salga
en
defensa
de
esos
profesionales
mientras
que
el
propio
Carlos
Lemes,
presidente
del
CGPJ,
“la
casa
de
todos
los
jueces”
como
a él
le
gusta
llamar
al
Consejo,
no
haya
movido
ni
un
dedo
por
ellos
después
de
tantos
años
de
dedicación
a un
trabajo
mal
remunerado
y
prácticamente
exento
de
derechos.
Esta
entrevista
que
hacíamos
a Fruitos
Richarte
hace
un
mes
presidente
de
AJudicat,
deja
claro
http://goo.gl/Kl3B2e
como
está
ese
espinoso
asunto
en
el
que
las
asociaciones
judiciales
también
han
preferido
mirar
para
otro
lado.
Asistencia
jurídica
gratuita
Sobre el proyecto
de
ley
de
asistencia
jurídica
gratuita
sabemos
que
Justicia
detuvo
su
tramitación
parlamentaria
ante
el
clamor
generalizado
de
su
contenido.
Ese
gesto
fue
entendido
por
el
propio
Carnicer
como
un
elemento
a a
tener
en
cuenta.
Ahora
sería
deseable
que
sea
Comisió
Mixta
creada
entre
Justicia
y
CGAE
revisará
el
contenido
de
la
reforma,
una
reforma
que
parece
más
dirigida
por
el
Ministerio
de
Economía
que
por
Justicia.
Catalá hoy en
el
Senado
ha
avanzado
que
esta
reforma
empezará
a
debatirse
en
el
Senado
donde
se
introducirán
las
correspondientes
enmiendas.
De
sus
palabras
se
deduce
que
el
texto
será
menos
agresivo
que
el
que
planteaba
el
Ministro
saliente
Gallardón
aunque
aun
no
ha
trascendido
nada
del
mismo.
En cuanto a
la
ampliación
del
número
de
beneficiarios
de
la
asistencia
jurídica
gratuita,
el
ministro
ha
asegurado
que
en
el
trámite
de
la
ley
que
pronto
comenzará
a
debatirse
en
el
Senado
se
introducirán
enmiendas
de
mejora
para
que
"nadie
se
quede
sin
ejercer
su
derecho
a la
tutela
judicial
efectiva
por
falta
de
recursos".
En este sentido,
ya
se
ha
introducido
una
enmienda
en
la
tramitación
de
los
Presupuestos
Generales
del
Estado
para
2015
para
financiar
con
6
millones
de
euros
la
partida
destinada
a
justicia
gratuita.
El
reparto
de
esta
cantidad
se
materializará
a
través
de
convenios
con
las
comunidades
autónomas
para
garantizar
la
mejor
prestación
del
servicio.
La reforma de
las
tasas
judiciales
ha
sido
otro
de
los
asuntos
abordados
por
el
ministro
en
el
Senado.
Catalá
ha
propuesto
estudiar
los
datos
y la
información
aportados
por
el
Consejo
General
del
Poder
Judicial,
de
los
Puntos
de
Estadística
Judicial
y de
la
Agencia
Tributaria
para
“asegurarnos
que
las
tasas
nunca
puedan
generar
una
limitación
al
derecho
de
acceso
a la
justicia
por
los
ciudadanos”.
Como se ve
este
es
el
punto
de
partida
del
Ministro,
desde
que
el
pasado
mes
de
septiembre
tomara
las
riendas
del
Ministerio
de
Justicia.
Desconocemos
las
cuantías
en
las
que
piensa
el
propio
Catalá
aunque
una
vista
a
las
apelaciones
se
observa
que
en
la
actualidad
hay
cuantías
muy
elevadas
como
las
de
los
800
euros
de
apelación
y
los
1.200
de
casación,
además
de
honorarios
de
abogados
y
procuradores.
Lucha contra
la
corrupción
Rafael Catalá
ha
destacado
el
reto
que
supone
para
todas
las
Administraciones
luchar
contra
la
corrupción,
una
lucha
en
la
que
ha
subrayado
la
“batería
histórica
de
reformas”
que
anunció
el
pasado
jueves
el
presidente
del
Gobierno
en
su
comparecencia
del
Congreso
de
los
Diputados.
Entre esas
medidas,
el
ministro
ha
recordado
que,
por
primera
vez
en
democracia,
se
crea
el
delito
específico
de
financiación
ilegal
de
los
partidos
políticos,
se
agravan
las
penas
de
inhabilitación
y se
aumentan
los
plazos
de
prescripción
de
los
delitos
relacionados
con
corrupción.
En materia
procesal,
la
reforma
de
la
Ley
de
Enjuiciamiento
Criminal
permitirá
agilizar
las
causas
más
complejas
para
hacer
posible
instruir
y
juzgar
delitos
sin
necesidad
de
concatenar
piezas
e
impedir
así
que
los
procesos
se
alarguen
durante
años.
Además,
la
reforma
fijará
un
plazo
máximo
de
instrucción
y se
regulará
de
nuevo
el
comiso
a
través
de
la
modificación
de
la
carga
de
la
prueba
que
contribuirá
a
que
la
sociedad
vea
cómo
el
delincuente
devuelve
los
bienes
que
se
le
encuentran
y
que
no
es
capaz
de
justificar. | 
