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JUSTICIA

 
El juez Ruz abre juicio oral contra dos ex directivos de Caja Castilla-La Mancha por falseamiento de cuentas
MADRID, 17 de DICIEMBRE de 2014 - LAWYERPRESS
 

Les impone una fianza solidaria de 138 millones de euros por el “perjuicio económico” sufrido por la entidad

El responsable del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha dictado apertura de juicio oral al ex presidente de Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, y al ex director general de la entidad, Ildefonso Ortega, por los delitos societarios de falseamiento de las cuentas anuales y administración desleal. El magistrado cita a los acusados este viernes 19 de diciembre. El expresidente de CCM estaba  imputado desde enero del 2010 por los delitos de administración desleal, estafa, falsedad contable, falsificación en documentos mercantiles y negativa del derecho de información de los socios, de los que le acusan seis miembros del Partido Popular en la Asamblea General de la entidad en una denuncia presentada a mediados de 2010. Se da la circunstancia que en aquel año del 2009 Caja Castilla-la Mancha fue la primera entidad financiera intervenida por la administración allá por el 2009. El Banco de España decídia  la Caja de Castilla-La Mancha (CCM), cesando al Consejo de Administración y nombrando a tres administradores que gestionarán la entidad, en la que se inyectaron entre 2.000 y 3.000 millones de euros avalados por el Gobierno –que respaldó préstamos hasta 9.000 millones de euros-, para garantizar su funcionamiento ante la falta de liquidez que amenaza a la caja.

En un auto que los medios informativo conocimos en la tarde de ayer, el magistrado requiere a ambos acusados para que en diez días y de forma solidaria, presten fianza de responsabilidad civil de 138.200.000 euros, atendiendo a la solicitud de la acusación ejercida por Banco Castilla-La Mancha en concepto de indemnización por el perjuicio económico sufrido por la entidad en relación con las operaciones investigadas en este caso.

En la resolución, el juez apercibe a los acusados de que se decretara el embargo de sus bienes en caso de que no constituyan la fianza impuesta. Ruz declara competente para el enjuiciamiento del procedimiento al Juzgado Central Penal y da diez días a los acusados para que formulen escrito de conformidad o disconformidad con la acusación.

Hay que recordar a nuestro lector que esta entidad fue la primera caja de ahorros intervenida por el Gobierno alla en el 2009. El Banco de España decídia  la Caja de Castilla-La Mancha (CCM), cesando al Consejo de Administración y nombrando a tres administradores que gestionarán la entidad, en la que se inyectaron entre 2.000 y 3.000 millones de euros avalados por el Gobierno –que respaldó préstamos hasta 9.000 millones de euros-, para garantizar su funcionamiento ante la falta de liquidez que amenaza a la caja.

El Ejecutivo aprobaba en marzo de ese año,  en un Consejo de Ministros extraordinario y urgente, un Decreto Ley que garantiza, mediante un aval del Tesoro Público, la financiación que el Banco de España proporcione a la entidad, hasta un límite de 9.000 millones de euros. Sin embargo, el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, estimaba en aquel entonces,  que no será necesario inyectar todo ese montante en la entidad castellano manchega, sino que "la cantidad con la que vamos a empezar está entre 2.000 y 3.000 millones de euros".

Curiosamente dos años después El expresidente de Caja Castilla La Mancha (CCM), Juan Pedro Hernández Moltó, aseguraba  ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que la intervención de la entidad por parte del Banco de España no era necesaria y que hubiera podido seguir funcionando con normalidad, según fuentes jurídicas.

Durante su primera declaración como imputado, Hernández Moltó afirmó que la intervención en marzo de 2009 fue una "cuestión política", al tiempo que ha atribuído las dificultades que atravesaba entonces CCM a la crisis económica y financiera, causante de la falta de liquidez que sufrió todo el sistema.

También sostuvo que buena parte de los problemas de la entidad financiera estuvieron motivados por la "falta de reputación y credibilidad" de la entidad que provocó la salida de varios miembros del PP del consejo de administración.

 

 

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